El presidente llama al Estado y al resto de las comunidades autónomas a cumplir la ley para acabar cuanto antes con la situación de hacinamiento que sufre el sistema de acogida de las islas
El Gobierno canario pide de forma oficial la declaración de contingencia migratoria extraordinaria al acoger 5.037 niños y niñas, lo que supone triplicar de largo los 737 menores de su capacidad ordinaria
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este miércoles máxima celeridad en la aplicación de la “ley en vigor” que pone en marcha un sistema nacional de distribución de los menores migrantes no acompañados. Clavijo ha hecho un llamamiento al Estado y al resto de las comunidades autónomas para que “cumplan y hagan cumplir” el nuevo marco legislativo de forma que se pueda acabar cuanto antes con el hacinamiento que sufren en la actualidad los 5.037 menores acogidos en los 85 dispositivos operativos en el archipiélago.
“Una vez que tenemos culminada la estructura legal, ya no hay excusas para que la ley se cumpla, para que se haga cumplir la ley y para que se pueda resolver este grave problema de hacinamiento que hoy sufre Canarias, pero que mañana puede sufrirlo Baleares o pasado Andalucía”, sentenció el jefe del Ejecutivo autonómico.
Fernando Clavijo anunció que este miércoles, 24 horas después de la aprobación del real decreto en Consejo de Ministros, que Canarias ya ha elevado al Estado la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria por triplicar los 747 menores que al archipiélago le corresponde acoger.
Cumplido este procedimiento, el jefe del Gobierno autonómico pide al Estado agilidad en los procedimientos para poner en marcha el sistema de distribución de los menores migrantes. Además, recordó que a partir de hoy todos los menores migrantes que lleguen a las costas canarias sin familiares tendrán que tener asignada en un plazo máximo de 15 días la comunidad autónoma a la que van, lo que hará que los centros del archipiélago dejen de recibir nuevos niños y niñas.
De forma paralela, el decreto establece un plazo de un año para que vayan saliendo de Canarias los más de 3.000 menores migrantes en que supera su capacidad de acogida. “Esperamos que se cumplan estos plazos para no tener que acudir otra vez a los tribunales”, indicó el presidente tras adelantar que por su parte el Gobierno autonómico reforzará sus servicios con 26 trabajadores más para tramitar en tiempo y forma la documentación necesaria para cumplir con todos los procedimientos.
Clavijo se mostró confiado en la capacidad del país para acoger a los menores migrantes. Según recalcó, la migración es un fenómeno estructural “que hay que aprender a gestionar y gestionarlo con dignidad, y no utilizarlo como una herramienta política xenófoba, racista y que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de la piel”. “Hemos gestionado la llegada de miles de ucranianos y sin embargo no ha habido esta contestación por parte del populismo xenófobo que está jugando con el dolor de estos niños de manera mezquina simplemente por arañar un puñado de votos», añadió.
Integración plena
En cuanto a la oposición de algunas comunidades a acoger menores migrantes, el presidente canario pide a los presidentes de estas regiones que “piensen que estamos hablando de niños y de niñas”, por lo que espera “que cumplan la ley y que la cumplan de manera que la integración de estos niños y niñas sea plena”. “En un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 menores”, añadió para subrayar que “el que quiera que se genere ese debate está haciéndole un flaco favor a la democracia y a los derechos de la infancia”.
El jefe del Gobierno canario defendió la solidez jurídica del sistema de distribución de menores migrantes ya en marcha. Recordó que el Tribunal Supremo “ha hablado en tres autos muy claramente de la situación de hacimiento de los menores migrantes no acompañados en Canarias”, mientras que el Tribunal Constitucional ha considerado que “se trata de una competencia concurrente donde las comunidades autónomas tenemos nuestras obligaciones pero también el Estado tiene la obligación de garantizar la solidaridad y sobre todo de proteger el interés superior del menor”.
Fernando Clavijo realizó estas declaraciones tras una reunión con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y otros representantes del sindicato. El presidente agradeció a UGT y a toda la sociedad canaria el respaldo en la “lucha” por los menores, un éxito logrado tras dos años de negociación que atribuyó a que el archipiélago ha defendido con una sola voz los derechos de estos niños y niñas.
También el número uno del sindicato alabó el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia migratoria, además de reclamar al resto de las comunidades autónomas solidaridad y humanidad para cumplir con los derechos de la infancia.
Solicitud oficial
El Gobierno de Canarias ha solicitado este miércoles de forma oficial a la presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la declaración de contingencia migratoria extraordinaria del archipiélago al superar de largo el triple de su capacidad ordinaria. La ministra de Juventud e Infancia tiene esta petición sobre la mesa un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que culmina el proceso legislativo para poner en marcha la distribución de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónoma.
Este Real Decreto 743/2025, ya en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañada de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. En el caso de Canarias dicha capacidad ordinaria se fija en la acogida de 737 niños y niñas.
Sin embargo, Canarias atiende en la actualidad a 5.037 menores migrantes no acompañados, con lo que supera de largo el requisito establecido por el real decreto para que una comunidad autónoma pueda solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria: superar tres veces su capacidad ordinaria, lo que en el caso del archipiélago es 2.211 niños y niños al multiplicarse por tres 737.
Tres decretos fruto de una larga batalla
La solicitud de Canarias de declaración de contingencia migratoria extraordinaria llega tras año y medio de trabajo y batalla política por parte del Gobierno de Fernando Clavijo para lograr un cambio de la Ley de Extranjería que garantice la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.
Tras declarar la emergencia migratoria el 1 de agosto y llegar a tutelar cerca de 6.000 menores migrantes, el Ejecutivo abrió una negociación con el Estado para conseguir un cambio legislativo y aliviar la presión y hacinamiento del sistema de acogida que sufre el sistema de acogida de las islas desde hace más de año y medio.
Fruto de ese trabajo encabezado por el presidente Fernando Clavijo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de marzo un primer real decreto que introdujo una nueva disposición adicional undécima en la Ley de Extranjería de 2020 para poner en marcha un sistema de distribución obligatoria de la infancia migratoria. En dicha disposición se regulo por primera vez en la historia la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y se establecieron criterios técnicos para su reparto entre las comunidades autónomas.
A continuación, el 22 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó un segundo real decreto en el que establecía el proceso para la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria, y que las resoluciones serían dictadas por la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la ministra del área.
Por último el real decreto aprobado este martes y que ha entrado en vigor este miércoles aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañada de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
