Este operativo se realiza en el marco de un convenio con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias
El Cuerpo General de la Policía Canaria, a través del Grupo de Policía Administrativa de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), ha desarrollado un Plan de inspección de centros públicos y privados dedicados a la atención de personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, tras la firma del convenio con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el pasado mes de marzo, y que ha dado como resultado la evaluación, control y seguimiento en 13 centros asistenciales de mayores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El director general de Seguridad, David Del Pino, señala que “este tipo de instituciones, piezas claves en el conjunto social, se configuran como espacios esenciales, lugares seguros y cómodos para los ancianos y, por este motivo, el grupo de agentes a los que se les encomendó esta función ha fijado entre sus objetivos principales velar para que la atención que reciben nuestros mayores goce de todas las garantías, averiguar sobre la existencia y ubicación de recursos no autorizados, así como poner en conocimiento de la administración competente cualquier hecho constitutivo de infracción penal o administrativa”.
Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, afirmó que, a través de estas actuaciones, realizadas en el marco del convenio establecido entre ambos centros directivos, “garantizamos un mayor control y seguridad en estos dispositivos, lo que significa que protegemos mejor tanto a la población más vulnerable como a los trabajadores y trabajadores de las entidades que prestan estos servicios”.
Los agentes del Cuerpo, de forma coordinada con el personal técnico de la Consejería, llevan a cabo semanalmente inspecciones previamente planificadas en los que se revisa de manera integral que reúnen las autorizaciones de apertura y funcionamiento pertinentes, que cumplen las condiciones de seguridad exigibles y que cuentan con un equipo de personal facultativo y titulado, tales como gerocultores, enfermeros, terapeuta ocupacional, psicólogo y/o trabajador social entre otros.
También existe un protocolo de prevención y uso de sujeción física o farmacológica que comprometen o limitan derechos fundamentales, y sobre el que se realiza una precisa observación documental, pues sobre este proceder deben de primar derechos como el de excepcionalidad, necesidad, mínima intensidad posible o tiempo estrictamente necesario, entre otros.
Evaluación de los centros asistenciales
Hasta el momento, solo se ha localizado una instalación que no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y que, además, presentaba otras irregularidades, hecho que se ha puesto en conocimiento del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Bienestar Social para que, en su caso, y valoradas las oportunas actuaciones, incoe el expediente de procedimiento correspondiente.
La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa tiene entre sus funciones la actuación policial preventiva, de investigación y denuncia de infracciones administrativas en los ámbitos de, entre otros, medio ambiente y recursos naturales, ordenación del turismo en Canarias, patrimonio cultural canario, Administración Tributaria, transporte, juego y apuestas, así como aquellas otras que le sean encomendadas, de conformidad con la Resolución de 16 de enero de 2024, de la Dirección General de Seguridad.
