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El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

Julio Pérez y Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, alcanzan un acuerdo con los representantes de los trabajadores que supone un avance muy positivo para los empleados del 1-1-2 Canarias y del SUC

Entre otras mejoras destacan la formación de nivel para todo el personal, el cambio de modelo en la gestión de localizados, activaciones extras y la regulación de la disponibilidad de los trabajadores

El acuerdo, impulsado tras haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Ejecutivo canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), han alcanzado este miércoles un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Andrés Hernández y Lorenzo Galindo, respectivamente, que supone un avance muy positivo en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública que gestiona el CECOES 1-1-2 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El acuerdo, logrado tras sucesivas reuniones entre ambas partes y haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Gobierno canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC. En él se recogen una serie de compromisos y pactos que surtirán efecto una vez recabada la pertinente autorización y aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, este acuerdo debe ser un punto de partida para seguir mejorando los servicios de seguridad y emergencias que presta el Gobierno de Canarias, no solo en la parte retributiva sino procedimental. Ha mencionado las complicaciones encontradas para superar el escollo del 5% y las derivadas de lo que supone organizar una empresa que se dedica a las emergencias, y ha agradecido a los trabajadores que, a pesar del conflicto, este no haya repercutido en el servicio que prestan, lo que demuestra su identificación con la labor que desarrollan y que pretenden mejorar sus condiciones laborales, pero continuar trabajando en este servicio público esencial.

El titular de Sanidad también ha resaltado la importancia del acuerdo, por tratarse de un servicio público esencial, una de las prioridades del Gobierno de Canarias, al que se llega tras una reivindicación salarial justa, compleja de resolver, que introduce mejoras desde el punto de vista funcional que redundarán en una mejor prestación del servicio. Con esto avanzamos y hacemos más Canarias, ha recalcado.

Por su parte, los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Galindo, y Las Palmas, Andrés Hernández, han valorado de forma positiva el acuerdo, han agradecido la disposición del Consejo de Administración de GSC para alcanzarlo y han mostrado su satisfacción por haber conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, como la restitución del 5% de los salarios, y haber avanzado en más cuestiones de regulación del personal de la empresa pública.

Entre los trece puntos incluidos en el documento que da forma al acuerdo se encuentra el impulso de la formación de nivel para todo el personal de GSC; la rebaja de la conflictividad laboral, con la resolución de expedientes pendientes de manera pactada con los trabajadores y el establecimiento de un protocolo de mediación; y la modificación de instrucciones para evitar conflictos al establecer turnos.

Cambios organización

También recoge cambios en la organización de las guardias localizadas y las activaciones extra, para garantizar el disfrute ininterrumpido de las horas de descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; y el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

La empresa va a continuar con los procesos de selección de empleados que se encuentran en curso en la actualidad y publicará otros para una serie de puestos operativos. Además, mantendrá actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la adecuada contratación de todas las categorías profesionales.

Igualmente, GSC establecerá un Plan de Riesgos Psicosociales para todo el personal y medidas especiales ante el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Otros puntos que destacar son la incorporación de dos técnicos de atención a la mujer (TAM) en la estructura del actual colectivo; de un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; de personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches; y la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Los dos consejeros y los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han estado acompañados, entre otros, por la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencias, Alicia Álvarez; el gerente de GSC, Juan Ignacio Nieva; y algunos miembros del comité de empresa, Estefanía Ramos, María José Reiriz y José Luis Izquierdo.

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Canarias se prepara para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción

Canarias se prepara para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad inicia los trabajos dirigidos a establecer los mecanismos previstos en esta norma que entró en vigor el lunes

La ley proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave

Una de las claves de esta normativa es la implementación de canales de información de situaciones de corrupción

El Gobierno de Canarias ha iniciado ya, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, los trabajos destinados a implantar los procedimientos y mecanismo previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con–, que ha entrado en vigor este lunes 13 de marzo.

Según ha explicado la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, esta ley tiene como finalidad proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Con este propósito, prohíbe las represalias contra el denunciante y protege a intermediarios, compañeros o familiares del mismo.

En su implantación trabajan ya, entre otros centros directivos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y la Secretaría General Técnica.

Dentro de las claves de esta normativa, Conde ha destacado la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse “de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante”.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Estos canales deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

Respecto a las sanciones, establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.

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El Gobierno organiza las II Jornadas de Seguridad y Emergencias en el Patrimonio Cultural en el MAB

El encuentro se desarrollará del 16 al 18 de marzo en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane

‘La protección del patrimonio cultural desde el ámbito territorial’ es la temática de esta nueva edición en la que participan casi veinte ponentes

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Seguridad y Emergencias y en colaboración con el Cabildo insular de La Palma, organiza las ‘II Jornadas de Seguridad y Emergencias en el Patrimonio Cultural: la protección del patrimonio cultural desde el ámbito territorial’ los días 16, 17 y 18 de marzo en el Museo Arqueológico Benahoarita (MAB) de Los Llanos de Aridane.

Casi una veintena de responsables de diferentes instituciones públicas con competencias en la conservación, protección, custodia y salvaguardia del patrimonio cultural de sus respectivos territorios participan en esta segunda edición, que se retoma tras cinco años. Con estas jornadas se pretende poner en común criterios y metodologías que puedan aplicarse en el Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural de La Palma como proyecto piloto para el resto islas.

La entrada para asistir como público a las jornadas es previa inscripción gratuita a través de un formulario web, tanto para acudir de manera presencial como en línea: https://cutt.ly/O84cLxa. Además, las personas inscritas recibirán una certificación de asistencia por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

16 de marzo

La apertura de las jornadas será el jueves a las 9:00 horas con las intervenciones de la directora general de Patrimonio Cultural, Nona Perera, y la consejera de Patrimonio Histórico del cabildo insular, Jovita Monterrey, para inaugurar el acto.

La sesión de mañana se centrará en el ámbito territorial de La Palma con la primera charla, a partir de las 9:30 horas, que correrá a cargo de la directora general de Patrimonio Cultural bajo el título “El patrimonio cultural como recurso estratégico para el desarrollo sostenible en las Islas Canarias”. A continuación, María del Carmen Ramírez, jefa de sección de la Dirección General de Patrimonio Cultural, expondrá algunos apuntes del “Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural en las Islas Canarias”.

La coordinadora del Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural de La Palma, Alicia Castillo, explicará en qué consiste este programa piloto liderado por el Gobierno de Canarias durante la erupción del volcán de Tajogaite centrado en la gestión participativa e innovación dentro del tratamiento patrimonial.

El “Proyecto Guanclima”, también financiado por el Departamento que dirige Nona Perera, tendrá su espacio en las jornadas con la ponencia de Ezequiel Navío, de la asociación ADACIS, para hablar de la vulnerabilidad y potenciales amenazas climáticas en el Patrimonio Cultural, específicamente en los casos de las islas de Fuerteventura y El Hierro.

La sesión de tarde, bajo la temática “Los Planes de Salvaguarda para Bienes Culturales”, empezará a las 16:00 horas, donde Ángel Luis de Sousa, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, tratará varios temas relacionados con el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio (PNEGR), como las principales líneas de trabajo de este programa así como la “Génesis y evolución de los instrumentos, mecanismos y estrategias desarrollados en España, desde Lorca al PNEGR”.

Juan Carlos Molina, coordinador del PNEGR en la región de Murcia, dará una charla en torno a las “Normativas, competencias, agentes y capacidades frente a emergencias” y otra sobre “La creación de Unidades de Emergencia en patrimonio cultural en las CC.AA. como instrumento de prevención y respuesta”.

De Sousa vuelve a intervenir en las jornadas con los aspectos más teóricos sobre los planes de emergencia: “Los Planes de Salvaguarda: definición, objeto y metodología básica de elaboración”, “Del plan de autoprotección al plan de salvaguarda; información, análisis y objetivos comunes”, “La implantación efectiva de los planes de salvaguarda; inserción en los planes locales y territoriales de Protección Civil” y “La futura transcendencia de los planes de salvaguarda en la política cultural; los efectos de Nôtre Damme”. Como contenido más técnico, Juan Carlos Molina recupera la palabra para explicar “Las fases para la elaboración de un plan de salvaguarda; la guía básica y su contenido; la guía práctica de procedimientos y protocolos” y la “Elaboración y contenido básico de un pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un plan de salvaguarda de bienes culturales»

17 de marzo

El viernes a las 9:00 horas comienza la sección destinada a “La actividad sísmica y volcánica y su afectación al patrimonio cultural. El caso de La Palma” con la ponencia de Gloria Moreno, de la Guardia Civil, para analizar los riesgos a los que está expuesto el Patrimonio Cultural desde la perspectiva de la seguridad pública.

La Policía Canaria tendrá representación en las jornadas con la participación de Jesús González en las que hablará sobre las intervenciones en materia de Patrimonio Cultural por parte de este Cuerpo General.

Con el título “Los servicios de gestión de emergencias en Patrimonio Cultural. La gestión operativa de intervención de emergencia”, Alberto Betancor, del Consorcio de Bomberos de Tenerife pondrá de manifiesto la importancia de este sector en situaciones de peligro.

Jorge Naranjo, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, señalará algunos aspectos que afectan a la conservación de los bienes culturales a través de su charla “Riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos. Mapa de riesgos y afección al Patrimonio Cultural en Canarias. Instrumentos para la gestión de riesgos”.

De la Dirección General de Seguridad y Emergencias también interviene Jorge Parra para reflexionar en torno a los tipos de vulnerabilidad a los que está expuesto el patrimonio así como los planes territoriales y especiales frente a las emergencias en Canarias.

Para cerrar la sesión matinal, Miguel Ángel Rodríguez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CESIC), se conectará en línea para explicar la “Arqueosismología y efectos geológicos de terremotos afectando al patrimonio: claves para su protección futura”.

A las 16:00 horas se retomarán las jornadas con un apartado sobre “Los aprendizajes de la gestión de crisis volcánica en la isla de La Palma desde una perspectiva patrimonial” en la que personal técnico del Cabildo de La Palma expondrá con ejemplos algunas particularidades.

Javier Lozano, tratará el patrimonio arquitectónico, y Jorge Pais, el patrimonio arqueológico. Para adentrarse en los “Museos y Colecciones”, Isabel Concepción e Isabel Santos darán otra charla, al igual que Verónica Ojeda, que se centrará en los “Archivo y bibliotecas”. Por último, Joshua Jonitz, del Ayuntamiento de El Paso, hablará de “Cultura de volcán y turismo”.

Finalmente, a las 18:00 horas, se celebrará una mesa redonda moderada por Alicia Castillo con las personas que han participado en las ponencias para poner un común toda la información generada durante este encuentro. Asimismo, en este espacio también se dará paso a preguntas y otras apreciaciones del público asistente.

18 de marzo

Las jornadas finalizarán el sábado con un encuentro entre personal técnico para la preparación de un ejercicio táctico de Emergencias en Patrimonio Cultural en base a un protocolo preestablecido, que empezará a las 9:30 horas.

 

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El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/. En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.

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El Gobierno habilita la herramienta ‘Gobcan Verifica’ para incrementar la seguridad de sus aplicaciones

El Gobierno habilita la herramienta ‘Gobcan Verifica’ para incrementar la seguridad de sus aplicaciones

Esta nueva utilidad digital, implementada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ahorrará 100.000 euros anuales y permitirá eliminar los SMS

A través de esta aplicación, que ya se han descargado, bien desde Google Store, en Android, o bien desde App Store, en iOS, 1.700 usuarios, se recibe un código de verificación cuando se es requerido para reforzar la autenticación

Su desarrollo es producto del esfuerzo realizado por la Consejería que dirige Julio Pérez, en materia de digitalización, con el fin de garantizar servicios siempre disponibles, fáciles de usar, seguros, económicos y de calidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, una herramienta digital, denominada GobCan Verifica, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en las aplicaciones del Gobierno de Canarias, mediante un doble factor de autenticación (2FA), que se activa en el acceso a través del Single Sign On (SSO) Corporativo o inicio de sesión único.

Según el director de general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, esta aplicación, que ya se puede descargar desde Google Store, en Android, o App Store, en iOS, es especialmente útil cuando se intenta iniciar sesión en equipos y dispositivos móviles que no estén conectados a la red corporativa.

Además, este nuevo método implementado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para, mediante un segundo factor de autenticación, verificar la identidad del usuario en los sistemas del Gobierno de Canarias, va a permitir un ahorro de unos cien mil euros al año al sustituir a los SMS, que es la fórmula configurada ahora mismo para el 2FA.

Desde noviembre de 2022 hasta el pasado 25 de enero, han utilizado GobCan Verifica, para acceder a alguna aplicación, 1.174 usuarios distintos, siendo 1.700 el número de usuarios que se la han descargado. Las descargas de la nueva utilidad, en ese periodo de tiempo, desagregados, es de 1.126, en Android, y 614, en IOS.

GobCan Verifica es producto del esfuerzo realizado, en materia de digitalización, por el departamento que dirige Julio Pérez, con el fin de garantizar servicios TIC siempre disponibles, fáciles de usar, seguros y de calidad, tanto para los empleados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias como de otras administraciones públicas y la ciudadanía.

Este trabajo se ha visto reflejado también en los logros conseguidos en la administración electrónica, con el establecimiento de la sede única y la incorporación del gobierno del dato, así como con el desarrollo de los portales de Datos Abiertos y de Gobierno Abierto, la plataforma de teletrabajo y las herramientas para la ciberseguridad.

La administración electrónica, ha señalado Víctor Melián, es uno de los pilares troncales del mapa de servicios que influyen en la transformación digital. El nivel de disponibilidad de la sede electrónica para la tramitación de expedientes por la ciudadanía o la gestión de estos por el personal público es un indicador fundamental.

En su opinión, uno de los principales esfuerzos para conseguir un alto nivel de transformación digital es, por un lado, la disponibilidad máxima y de calidad de las infraestructuras tecnológicas hardware, software y de comunicaciones que dan soporte técnico a la administración electrónica. Por otro, también es importante tener el máximo número de procedimientos electrónicos disponibles para tramitación y de servicios electrónicos asociados (registro electrónico, métodos de identificación y de firma digital, servicios electrónicos de la plataforma de interoperabilidad, notificaciones electrónicas, etc.).

En este momento, en el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC) hay aproximadamente 2.250 actuaciones externas publicadas con tramitación electrónica en nivel N3 (inicio por medios electrónicos) o N4 (tramitación íntegra en sede electrónica) con inicio por el interesado y otras 150, con inicio de oficio. De ellas, unas 1.150 se encuentran activas (con el plazo de presentación abierto), es decir, se podrían iniciar hoy a través de la sede electrónica (SEDEe).

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GSC paga más de 1,2 millones de euros a 201 trabajadores por el recorte del 5% de sus retribuciones

GSC paga más de 1,2 millones de euros a 201 trabajadores por el recorte del 5% de sus retribuciones

Esta cuantía corresponde a la actualización de las anualidades de 2019 (422.844,25 euros) y de 2022 (834.844,61 euros)

En marzo se llevará a cabo el abono del montante correspondiente a 2020 (429.500,01 euros) y, en 2024, se hará efectivo el de 2021 (438.007,16 euros), tal y como quedó establecido en el acto de conciliación realizado en noviembre de 2021

GSC cumple así, de forma rápida el acuerdo adoptado el 30 de diciembre por su Consejo de Administración, presidido por Julio Pérez, que mandató restituir las remuneraciones minoradas a la mayor brevedad posible

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, ha realizado este jueves el primer pago de las retribuciones del 5% minoradas en 2010 a sus empleados, al abonar 1.257.688,86 euros a 201 trabajadores. Este montante corresponde a la actualización de las anualidades de 2019 (422.844,25 euros) y de 2022 (834.844,61 euros).

El resto, el importe de 2020 (429.500,01 euros) se reembolsará el próximo mes de marzo y el de 2021 (438.007,16 euros), en 2024, tal y como señala el acto de conciliación acordado en el proceso de conflicto colectivo nº 12/2020. En total, la cuantía a restituir asciende a 2.125.196,03 euros.

Con este primer pago, GSC cumple de forma rápida el acuerdo adoptado, por unanimidad, por su Consejo de Administración, en la reunión celebrada el pasado 30 de diciembre, bajo la presidencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Dicho acuerdo mandató a su Comisión Ejecutiva y a su director gerente, Juan Ignacio Pérez-Nievas, ejecutar, a la mayor brevedad posible, la recuperación salarial del 5%, una vez que el Gobierno de Canarias había autorizado su restitución un día antes.

Además, según ha anunciado el director gerente, junto a este primer pago, a partir del presente mes de enero las retribuciones de los empleados de GSC también incorporarán el incremento del 5% recortado a los trabajadores en 2010 debido a la crisis económica.

La recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse, por parte de 201 trabajadores de GSC que estaban en 2010 en la empresa pública y permanecen aún en ella, fue autorizada por el Consejo de Gobierno desarrollado el pasado 29 de diciembre, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, en los que se consideraba que no existía obstáculo para ello.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado en noviembre de 2021 por empresa y empleados, para que la actualización salarial se realizara desde el 1 de enero de 2022, no se había podido materializar, debido a que la Comunidad Autónoma de Canarias había incumplido la regla de gasto en el ejercicio 2019. Un escollo que se ha logrado resolver gracias al tesón del Consejo de Administración de GSC, que, durante esta legislatura, no ha cejado en su empeño, hasta dar con la solución a un problema que tiene su origen en 2010.

La empresa pública GSC tiene encomendada una amplia cartera de servicios, como son las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria, a través del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

Su Consejo de Administración está conformado, junto con su presidente, Julio Pérez, por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en calidad de vicepresidente; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez; la secretaria general técnica de Sanidad, Isabel León; la secretaria general técnica de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Elizabeth Hernández; el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas; la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúritz.

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El Gobierno regional y el sector pesquero canario mejoran la seguridad de la flota isleña

La adaptación del proyecto de real decreto ha favorecido las condiciones de la flota pesquera canaria y del resto de la flota pesquera nacional

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería del Sector Primario, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y las tres federaciones de cofradías de pescadores de Canarias y de la Asociación de Constructores Navales y Carpinteros de Ribera de Canarias (Ascarican), han impulsado la mejora de las condiciones de seguridad marítima y de trabajo de la flota canaria y, también, del resto de la flota nacional.

Se trata del resultado de una petición conjunta del sector pesquero canario con el departamento autonómico para la regulación de uso del margen no empleado de la capacidad (arqueo y potencia) de la flota pesquera de las islas para la mejora de sus condiciones de seguridad marítima y de trabajo a bordo que ha quedado recogida en el Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera. Por lo tanto, la propuesta canaria ha sido incluida por el Ministerio en el real decreto y aplicada a nivel nacional.

La adaptación del proyecto de real decreto ha favorecido las condiciones de la flota pesquera canaria y del resto de la flota pesquera nacional, que incluso permite la mejora de la estabilidad de los buques pesqueros por razones de seguridad, o el aumento del espacio de las instalaciones de alojamiento de la tripulación, según determinen posteriores órdenes ministeriales.

Cabe recordar que este decreto, aprobado la pasada semana, regula por primera vez en España el uso de la capacidad no empleada de los buques pesqueros en baja definitiva, para la mejora de las condiciones de seguridad marítima, de trabajo a bordo, eficiencia energética y reducción de la contaminación de la flota nacional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha destacado el trabajo conjunto del sector pesquero canario, que se ha venido apoyando y defendiendo desde la Consejería durante los dos últimos años. La responsable regional del área ha valorado la importante repercusión nacional conseguida en pro de la mejora de las condiciones de seguridad marítima y de trabajo a bordo de toda la flota pesquera de España.

Además, añadió que “esta buena noticia parte tanto de la deseable unidad del sector pesquero canario como del apoyo técnico riguroso que merece la flota pesquera de las islas, que es la de mayor edad media de todo el caladero nacional”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La representante diplomática se reúne con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y destaca la tranquilidad que ofrece Canarias a los numerosos visitantes de su país

En 2019 llegaron al archipiélago 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando una vez dejada atrás la pandemia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana la visita de la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio, y el cónsul de este país en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, con quienes ha analizado la situación de los casi 4.000 residentes fineses que hay en las islas –2.500 en Las Palmas y 1.500 en Santa Cruz de Tenerife–, una comunidad que goza de un gran aprecio por parte de los canarios y que ha sabido aprovechar la tranquilidad y seguridad que ofrece el archipiélago.

Durante el encuentro, la embajadora, que se encuentra en su primera visita oficial en Canarias, ha agradecido a Julio Pérez estas cualidades que las islas ponen a disposición tanto de los residentes, una buena parte de ellos jubilados que han decidido instalarse aquí o jóvenes empresarios dedicados al mundo de la restauración, como a los miles de visitantes de su país.

En este sentido, hay que apuntar que en el año 2019 llegaron a Canarias alrededor de 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando, una vez dejada atrás la pandemia, gracias, entre otras razones, a las conexiones directas que las distintas aerolíneas mantienen entre las islas y el país nórdico.

Sari Rautio, que tomó posesión de su cargo hace más de un año, en septiembre de 2021, sustituyendo a Tina Jortika-Laitinen, representante diplomática en España durante cuatro años, llegó a Madrid procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores del país báltico, donde había trabajado desde 2018 como directora de la Unidad de Seguridad Política y Gestión de Crisis. Con anterioridad, había ocupado diversos cargos en el Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y en misiones de Finlandia en el extranjero. Sus puestos en la diplomacia finlandesa incluyen servicios en las embajadas de Moscú, Addis Abeba y Madrid.

El consejero ha expuesto en detalle y trasladada documentación a la embajadora sobre algunos de los asuntos que en este momento constituyen la agenda del Gobierno y que son motivo de atención y de preocupación por la ciudadanía y la opinión pública de Canarias. En algunos de ellos, como la importancia de incrementar el uso de energías renovables o el fomento y la extensión de la digitalización, se produce una notable coincidencia entre las perspectivas y puntos de vista del archipiélago y los del gobierno y la sociedad de Finlandia.

La embajadora Rautio ha mostrado interés particular por las relaciones y la atención que se presta desde Canarias a la evolución de la situación política, económica y social en los países africanos vecinos y en la importancia de mantener las vías de cooperación y de ayuda a los estados con graves dificultades en la actualidad, en concreto los países del Sahel.

A su vez, el consejero ha prestado interés por la posición de Finlandia sobre la situación general de Europa. Todo ello, ha dicho Julio Pérez, sin dejar de tener en cuenta que las relaciones internacionales del Reino de España son responsabilidad del Gobierno de la nación.

Al término del encuentro, en el que participó e intervino el cónsul de Finlandia en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, todos han manifestado la conveniencia de mantener el contacto y las comunicaciones necesarias para facilitar la continuidad y la extensión de las relaciones económicas y sociales entre Finlandia y Canarias.

A lo largo de su estancia en Tenerife, la embajadora ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con la numerosa comunidad de finlandeses que reside en Puerto de la Cruz, además de otras reuniones con representantes del mundo empresarial y del sector portuario del archipiélago.

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El Gobierno amplía en 100 plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria

El vigente hasta ahora, aprobado mediante el Decreto 108/2021, de 11 de noviembre, constaba de 376 efectivos

El incremento supone 84 policías, doce oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO)

Esta medida pretende facilitar el despliegue del cuerpo por todas las islas y está justificada por lo dispuesto en la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se amplía en cien plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), que pasa a tener 476 efectivos, en concreto, 84 policías, 12 oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO).

Esta ampliación, con la que se pretende facilitar el despliegue del CGPC por todas las islas, está justificada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, y con el artículo 6 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y el artículo 3, apartado f, de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, que establece que el Gobierno de Canarias tiene competencia respecto al CGPC para la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, previo informe del Consejo de Política de Seguridad.

Una vez aprobado el proyecto de decreto, el catálogo de puestos de trabajo de CGPC queda constituido por un comisario jefe, designado por el procedimiento de libre nombramiento con convocatoria pública, pudiendo ser removido libremente; dos comisarios principales, que accederán a este empleo por concurso de méritos entre los comisarios del CGPC, los mandos equivalentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; un comisario de la Brigada Móvil (Brimo), que será provisto por concurso específico, y tres comisarios de la Unidad de Recursos Operativos (URO), que alcanzarán este cargo por concurso entre los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subcomisarios, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en dicho empleo, no hayan sido sancionados por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada la sanción, y cuenten con la titulación exigible.

Además, el catálogo prevé dos subcomisarios de la Brimo y ocho subcomisarios de la URO, los primeros por concurso específico y los segundos por concurso oposición libre, con reserva de hasta el 50% de las plazas para los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de inspector y cumplan las condiciones antes citadas para los comisarios; dos inspectores de la Brimo y diez de la URO, con acceso por concurso específico y de méritos, respectivamente, entre los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subinspector y reúnan los requisitos ya detallados, y cuatro subinspectores de la Brimo y dieciocho de la URO, elegidos bajo el mismo procedimiento que los inspectores, salvo que saldrán de aquellos que tengan el empleo de oficial.

Precisamente, el catálogo incluye ocho oficiales de la Brimo y cuarenta de la URO, designados mediante concurso específico y concurso-oposición de entre los policías con al menos dos años de antigüedad, que no hubieran sido objeto de sanción firme por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada; y sesenta policías de la Brimo y 317 de la URO, que accederán por concurso específico y oposición libre, respectivamente.

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El Gobierno premia con siete medallas y tres placas colectivas el trabajo de las policías locales de Canarias

El Gobierno premia con siete medallas y tres placas colectivas el trabajo de las policías locales de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, firma la orden por la que se conceden las condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022

La Medalla al mérito policial distingue a aquellos funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias que hayan destacado de forma relevante por su actividad profesional, por su trabajo humanitario o por su notoria entrega al servicio

La Placa colectiva al mérito policial reconoce a uno o varios Cuerpos de Policía Local, unidades operativas o grupos de funcionarios que desarrollen una diferenciada o específica actuación policial, por su decisiva contribución a la dignificación y reconocimiento público de las policías locales

El Gobierno de Canarias ha concedido esta semana, a través de una orden aprobada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, las condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad, en su modalidad de Medalla al mérito policial y Placa colectiva al mérito policial, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, retomando así una práctica suspendida con motivo de la pandemia de la COVID-19.

En concreto, tal y como recoge la citada orden, a propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, tras considerar la valoración e informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en su sesión celebrada el 21 de octubre, el consejero Julio Pérez ha resuelto conceder siete condecoraciones en su modalidad de Medalla al mérito policial y otras tres en su modalidad de Placa colectiva al mérito policial.

Las siete medallas, otorgadas por su destacada actividad profesional, han sido concedidas al comisario jefe del Cuerpo de la Policía Local (CPL) de Santa Lucía, José Luis Herrera (correspondiente al año 2020); al subinspector del CPL de Telde, José Luis Ramos (2020); al inspector del CPL de Las Palmas de Gran Canaria, César Lorenzo Robaina (2020); a título póstumo, al agente del CPL de Santa Lucía Pedro Bruno Henríquez (2020); a los agentes del CPL de Telde Faina Laura Cruz y Armando Jesús Martín (2021); y al oficial del CPL de Telde José Juan Florido (2022).

Las tres placas colectivas, concedidas por su decisiva contribución y meritoria labor colectiva en favor de la dignificación y reconocimiento público de las policías locales, así como en su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas, han sido otorgadas a la Unidad de Medio Ambiente del CPL de Telde (2020); a la Unidad de Atestados del CPL de San Cristóbal de La Laguna (2020); y a la Unidad de Educación Vial del CPL de Las Palmas de Gran Canaria (2020).

Estas condecoraciones y distinciones del Sistema Canario de Seguridad fueron creadas a través del Decreto 55/2007, de 13 de marzo, “con la finalidad de reconocer y premiar públicamente la actuación de los funcionarios pertenecientes a los diferentes Cuerpos de Policía Local de Canarias en el ejercicio de sus funciones, así como de aquellas personas cuya conducta y actuación en aras del estudio, promoción, dignificación o apoyo de la función policial les haya hecho merecedoras de ello”.

El artículo 1 del citado decreto distingue varias modalidades de condecoraciones y distinciones. Así, en su apartado a) define la Placa colectiva al mérito policial como la condecoración “destinada a distinguir a uno o varios Cuerpos de Policía Local, unidades operativas de los mismos o grupos de funcionarios que desarrollen una diferenciada y específica actuación policial, por su decisiva contribución y meritoria labor colectiva en aras a la dignificación y reconocimiento público de las Policías Locales, así como en su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas”.

En el apartado b) define la Medalla al mérito policial como la condecoración “otorgada a título individual y destinada a distinguir a aquellos funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias que hayan destacado de forma relevante por su actividad profesional, por su trabajo humanitario o por su notoria entrega al servicio”.

Estas condecoraciones serán entregadas a los interesados en un acto público, según establece el artículo 4 del Decreto 55/2007, de 13 de marzo.

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