La propuesta para la modificación de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario se elevará el próximo lunes a Consejo de Gobierno
Mariano H. Zapata: “Si esta modificación se aprueba, estaremos cumpliendo, una vez más, con nuestro compromiso de aportar medidas eficaces y efectivas apenas habiendo cumplido nuestros 100 primeros días de gestión”
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha anunciado que se elevará a Consejo de Gobierno la propuesta para la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Un planteamiento cuyo objetivo es dotar al Gobierno canario de plazos más amplios, y ser más eficaces a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.
Dicha medida, en palabras de Zapata, “es una apuesta decidida más, por parte de este Gobierno, para ser contundentes con aquellas empresas que no cumplan, y que servirá para dar una respuesta más efectiva a los usuarios afectados”. Un trámite que, según apunta “hemos realizado, entre otros muchos, apenas habiendo cumplido nuestros 100 primeros días de gestión, en los que adquirimos el compromiso de aportar soluciones reales ante la situación de emergencia energética que actualmente padece Canarias”.
“Esta medida se plantea tras detectar que existen ciertas complicaciones para llevar a cabo el procedimiento sancionador actual, ya que los plazos han demostrado ser en muchas ocasiones, insuficientes para completar todo el proceso burocrático” explica Zapata.
La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.
Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.
El decreto ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.
Medidas para paliar la Emergencia Energética de Canarias
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha llevado ya a término una serie de medidas en apenas 100 días de gestión, que, según valoración del consejero Mariano H. Zapata, “están demostrando ser decisiones efectivas, ágiles y reales” teniendo muy presente también que “estamos haciéndolo de la mano de la administración, con ayuntamientos, cabildos y empresas para dar soluciones que aporten”.
Entre esas medidas, se encuentra la Declaración de Emergencia Energética, aprobada el pasado lunes 2 de octubre en el Consejo de Gobierno y aprobado posteriormente con mayoría en el Parlamento, mediante la cual se permitirá marcar los ejes en torno a los que girarán las acciones concretas que deben seguirse a corto, medio y largo plazo, en cuestiones como generación, renovación de infraestructuras, interconexiones o almacenamiento de la energía obtenida a través de fuentes renovables.
En esta línea, se ha realizado una convocatoria para presentar propuestas para la instalación de potencia de generación adicional para cubrir las deficiencias eléctricas en Canarias, con un total de 15 empresas interesadas, y cuyas ofertas ya se están estudiando.
Asimismo, desde la Consejería se han presentado alegaciones en el mes de septiembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la intención de que se convoque cuanto antes el procedimiento de concurrencia competitiva para la adjudicación de la potencia a efectos económicos (régimen retributivo adicional) en Canarias, y para la que se están manteniendo reuniones de seguimiento semanales, para conseguir que dicha convocatoria sea una realidad lo antes posible.
