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El Ejecutivo saca a licitación las obras de rehabilitación energética de ocho viviendas públicas en Gáldar

La actuación, que se desarrollará en el Residencial Los Lentiscos-I, cuenta con un presupuesto de 182.180,96 euros

Los trabajos forman parte de un contrato conjunto que contempla la mejora energética de 89 viviendas públicas de cinco municipios de Gran Canaria

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de ocho viviendas protegidas de promoción pública situadas en el Residencial Los Lentiscos-I, en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 182.180,96 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 5 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las ocho viviendas de Gáldar, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida; 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara; 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo; y 10 viviendas del grupo Lanzarote, en Valleseco.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.

 

 

 

El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de rehabilitación de 25 viviendas públicas en Santa Brígida

La actuación, que se desarrollará en el grupo Las Arenillas, cuenta con un presupuesto de 779.707 euros

Los trabajos forman parte de un contrato conjunto que contempla la mejora energética de 89 viviendas públicas de cinco municipios de Gran Canaria

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 25 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el grupo Las Arenillas, en el municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 779.707,34 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 1 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las 25 viviendas de Santa Brígida, el contrato incluye 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara; 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo; 10 viviendas del grupo Lanzarote, en Valleseco; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.

El Ejecutivo inicia la contratación de las obras de rehabilitación de 10 viviendas públicas en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias inicia la contratación de las obras de rehabilitación energética de 10 viviendas públicas en Betancuria, Fuerteventura

El Instituto Canario de la Vivienda inicia el expediente de contratación de la actuación, con un presupuesto base de licitación de 252.141,20 euros

La intervención permitirá mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y reducir su consumo energético, contribuyendo a unas mejores condiciones de habitabilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación de las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de las 10 viviendas protegidas de promoción pública ubicadas en el Valle de Santa Inés, en el municipio de Betancuria, en Fuerteventura.

La actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 252.141,20 euros, se enmarca en el Programa 1 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir el consumo de energía primaria no renovable y contribuir a unas mejores condiciones de habitabilidad para las personas residentes.

Las 10 viviendas del Valle de Santa Inés se integran en un expediente conjunto, con un valor estimado de 2.378.453,67 euros, sin IGIC, que incluye también las actuaciones en 50 viviendas del grupo Fabelo, en Puerto del Rosario, y 40 viviendas del grupo La Oliva II, en el municipio de La Oliva. En total, el contrato contempla actuaciones de mejora energética en 100 viviendas públicas de Fuerteventura, distribuidas en tres lotes.

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Las obras de soterramiento de Belén María modifican la circulación en la GC-1 durante la noche del lunes

La Consejería realiza este sábado trabajos en la glorieta de Belén María

La interrupción de la circulación en sentido sur se realizará el lunes 9 de noviembre, entre las 22:00 y las 06:00 horas, para ejecutar los trabajos de configuración de los desvíos de tráfico

La actuación afectará también a la calle José Guerra Navarro y supondrá el cierre de un carril en sentido norte, mientras que los vehículos procedentes del Puerto y El Sebadal podrán acceder a la GC-1 por la calle Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha programado nuevas afecciones al tráfico en el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la noche del próximo lunes, 9 de noviembre, con motivo de las obras de soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces de Belén María-Torre Las Palmas.

Las afecciones tendrán lugar entre las 22:00 y las 06:00 horas. Durante este intervalo será necesario cerrar al tráfico la calzada de la GC-1/AM en sentido sur, desde la glorieta de Belén María y en un tramo aproximado de 300 metros, para llevar a cabo los trabajos de configuración de los desvíos de circulación previstos en el desarrollo de la actuación.

Asimismo, se procederá al cierre de la calle José Guerra Navarro, que permite el acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM. En sentido norte, se cerrará uno de los carriles de circulación, aunque la vía permanecerá abierta al tráfico.

Como itinerario alternativo, los vehículos procedentes del Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la GC-1/AM a través de la calle Gran Canaria. Por su parte, el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud de El Puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

La Consejería recomienda a los conductores que tengan previsto circular por esta zona durante la noche del lunes que planifiquen sus desplazamientos con antelación y atiendan en todo momento a la señalización provisional instalada en el entorno de las obras.

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El II Congreso de Marinas de España abre su jornada institucional con el foco en la modernización

Pablo Rodríguez y Tomás Azcárate abordan los retos de modernización de las marinas y destacan su papel estratégico en la economía y el desarrollo del litoral

El II Congreso Nacional de Marinas de España ha abierto este jueves su jornada institucional en el Salón Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan, con una bienvenida en la que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, han situado la modernización de las instalaciones, la seguridad jurídica y el reconocimiento económico y social del sector entre los principales asuntos de trabajo.

El Congreso, que reúne en Gran Canaria a más de 250 participantes de 64 puertos deportivos y a representantes de administraciones, empresas y organizaciones vinculadas a la actividad náutico-portuaria, cuenta con el apoyo y la colaboración de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez destacó que la celebración en Canarias del segundo Congreso de Marinas de España supone un respaldo al trabajo que se desarrolla para modernizar las marinas y los puertos deportivos del archipiélago. El consejero defendió que Canarias dispone de condiciones especialmente favorables para este tipo de instalaciones y señaló la necesidad de actualizar infraestructuras que, en muchos casos, han quedado obsoletas.

Rodríguez explicó que una de las líneas desarrolladas por el Gobierno de Canarias es la ampliación de las concesiones próximas a su vencimiento o ya vencidas, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones privadas. Según detalló, estas prórrogas pueden movilizar más de 60 millones de euros de capital privado para la modernización de las marinas canarias.

Como primeros ejemplos, citó Pasito Blanco, en Gran Canaria, y Puerto Calero, en Lanzarote, las dos primeras marinas que han prorrogado sus concesiones dentro de este modelo. Ambas instalaciones prevén movilizar conjuntamente más de 15 millones de euros en inversiones para su transformación durante los próximos años.

El consejero vinculó esta política a una visión más amplia sobre el papel de las marinas en Canarias. Recordó que el archipiélago dispone de alrededor de 1.500 kilómetros de costa y defendió que la actividad portuaria deportiva genera empleo y actividad económica más allá del atraque de embarcaciones, a través de servicios como la reparación naval, los suministros y otras actividades empresariales ligadas a las instalaciones.

Rodríguez señaló también que Puertos Canarios gestiona, de forma directa e indirecta, alrededor de 50 puertos, refugios y marinas, y explicó que durante la legislatura se han desarrollado actuaciones orientadas a mejorar su eficiencia mediante energías renovables, tecnología y nuevos sistemas de gestión.

Por su parte, Tomás Azcárate centró su intervención en la necesidad de reforzar la cohesión del sector a escala nacional y avanzar en el reconocimiento de los puertos deportivos y turísticos como infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral.

El presidente de Marinas de España agradeció expresamente el apoyo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios a la celebración del Congreso y al trabajo desarrollado por el sector. Azcárate defendió que la colaboración con las administraciones resulta necesaria para abordar problemas comunes y para que las marinas puedan avanzar en sostenibilidad, actividad económica, navegación, turismo y relación con las ciudades.

Azcárate subrayó también la dimensión social de estas instalaciones, a las que definió como “puertas de acceso al mar” para la ciudadanía, y reclamó un mayor conocimiento institucional y estadístico de la actividad que generan.

Según explicó, el sector representa alrededor de 27.000 empleos directos e indirectos, aunque todavía carece de una clasificación estadística específica que permita identificar con precisión el conjunto de la actividad económica vinculada a las marinas y a las empresas que operan en ellas.

El presidente de Marinas de España señaló que alrededor de los puertos deportivos conviven concesionarios, actividades portuarias, restauración, comercio, embarcaciones de excursiones y tránsito y otras empresas vinculadas al mar. Esta concentración de actividad, afirmó, convierte a las marinas en polos de atracción e influencia económica para los territorios en los que se ubican.

La inauguración institucional abre una jornada con ponencias y ocho mesas de debate sobre concursos y pliegos concesionales, estrategias marinas y costas, prórrogas concesionales, gestión ambiental y biodiversidad, grandes esloras, innovación y digitalización, mercado náutico europeo y coordinación, seguridad y emergencias.

El tramo final del II Congreso Nacional de Marinas de España incluye una plenaria con representación de las asociaciones territoriales de la Federación y culmina con el Pacto de Canarias por las Marinas, una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad.

El Pacto de Canarias por unas marinas sostenibles 

El Pacto de Canarias por las Marinas, adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria en la Jornada Institucional del II Congreso de Marinas de España, es una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad. Reconoce a las marinas y puertos deportivos como infraestructuras estratégicas del litoral y como un servicio de interés general. Defiende la cooperación leal entre administraciones, la colaboración público-privada como motor de inversión y calidad, y la seguridad jurídica y una administración ágil y proporcionada como condiciones para invertir y modernizar.

El texto recoge además compromisos para cuidar el medio marino y avanzar de forma progresiva en la reducción de emisiones, abrir el mar a todas las personas, integrar las marinas en la ciudad y en los destinos turísticos, impulsar la formación y el empleo de calidad y tener en cuenta las particularidades de las marinas insulares. Es una declaración institucional que está abierta a la adhesión libre y gratuita de administraciones, entidades, empresas y personas.

 

 

 

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El Ejecutivo inicia la contratación de las obras de rehabilitación de 40 viviendas en La Oliva, en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias adjudica la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética de 828 viviendas públicas

El Instituto Canario de la Vivienda inicia el expediente de contratación de la actuación, con un presupuesto base de licitación de 843.651,23 euros

La intervención permitirá mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y reducir su consumo energético, contribuyendo a unas mejores condiciones de habitabilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación de las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de las 40 viviendas protegidas de promoción pública del grupo La Oliva II, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.

La actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 843.651,23 euros, se enmarca en el Programa 1 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir el consumo de energía primaria no renovable y contribuir a unas mejores condiciones de habitabilidad para las personas residentes.

Las 40 viviendas de La Oliva II se integran en un expediente conjunto, con un valor estimado de 2.378.453,67 euros, sin IGIC, que incluye también las actuaciones en 50 viviendas del grupo Fabelo, en Puerto del Rosario, y 10 viviendas de Valle Santa Inés, en Betancuria. En total, el contrato contempla actuaciones de mejora energética en 100 viviendas públicas de Fuerteventura, distribuidas en tres lotes.

El Ejecutivo inicia las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte

Obras Públicas redirige el tráfico de la TF-1 para continuar con las obras de ejecución del tercer carril

La Consejería comienza los trabajos, que cuentan con una inversión de 58,1 millones de euros

La actuación permitirá ampliar de dos a tres carriles la autopista en sentido Santa Cruz de Tenerife y remodelar los enlaces de Guamasa y San Lázaro, además de construir un nuevo acceso directo al aeropuerto

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de ejecución del tercer carril de la autopista TF-5, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El comienzo de los trabajos se produce tras la firma del acta de replanteo, que marca el inicio efectivo de esta actuación para mejorar la capacidad y las condiciones de circulación de una de las principales vías de Tenerife.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha destacado la importancia de esta intervención para mejorar la movilidad en uno de los tramos con mayor complejidad circulatoria de la isla.

“Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la TF-5 con un tercer carril y, además, rediseñar los enlaces de Guamasa y San Lázaro para mejorar la fluidez de la circulación y las condiciones de seguridad”, ha señalado Rodríguez.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha señalado que la actuación contempla diferentes intervenciones en el trazado y los enlaces de la TF-5 para reorganizar los accesos y mejorar la circulación en este tramo de la autopista.

Coordinación con los vecinos

Por otra parte, el equipo técnico de la Dirección General de Infraestructura Viaria mantendrá esta tarde un encuentro con los vecinos de la zona para explicarles los detalles del proyecto, informarles sobre el desarrollo de los trabajos y atender sus consultas.

La obra ha sido adjudicada a la UTE formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido.

Una nueva configuración de los accesos al aeropuerto

El proyecto contempla la ampliación de dos a tres carriles de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de incrementar la capacidad de la vía y mejorar las condiciones de circulación para los conductores que utilizan diariamente esta infraestructura.

Asimismo, los trabajos incluyen la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá diferenciar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema de acceso único por conexiones independientes.

De esta forma, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, sin necesidad de continuar hasta San Lázaro, como ocurre actualmente. Esta reorganización contribuirá a mejorar la distribución del tráfico y la fluidez de los desplazamientos en este tramo de la autopista.

Con el inicio de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la ejecución de las infraestructuras previstas en el Convenio de Carreteras, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.

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La Consejería avanza a la FECAM el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias 

El encuentro da continuidad a la ronda de reuniones con los distintos sectores implicados para recoger aportaciones y favorecer un proceso participativo

El Ejecutivo destaca la importancia de contar con los municipios en la elaboración de una norma que tenga en cuenta las particularidades del litoral canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha mantenido este miércoles un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), presidido por Mari Brito, para presentar las principales líneas del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, que actualmente se encuentra en fase de información pública.

Esta reunión da continuidad a los encuentros impulsados por la Consejería con los distintos colectivos vinculados a la gestión del litoral, después de la reunión de la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas celebrada esta semana. El objetivo es generar espacios de diálogo y colaboración que permitan conocer las distintas realidades del Archipiélago y recoger aportaciones para enriquecer el texto normativo.

Pablo Rodríguez ha destacado que “Canarias necesita una Ley de Costas propia que adapte la normativa a las singularidades de nuestro Archipiélago. Hablamos de 1.500 kilómetros de costa, ocho islas y unas circunstancias territoriales muy diferentes a las del conjunto del Estado. Esta norma busca dar respuesta a esa realidad y, además, establecer un marco de cooperación entre administraciones que nos permita gestionar nuestro litoral de una manera más eficiente. Queremos proteger mejor nuestra costa y dar más seguridad a quienes viven en ella y de ella, acercando las decisiones al territorio”.

Durante el encuentro, Rodríguez y Acosta han explicado el alcance de la futura norma, que pretende establecer un marco propio de ordenación y gestión del litoral canario, teniendo en cuenta las particularidades del Archipiélago. “77 de nuestros 88 municipios tocan el mar, y son los ayuntamientos los que gestionan la costa día a día: limpian las playas, atienden a los vecinos de los núcleos costeros y conocen cada charco y cada rincón de su litoral. Nadie conoce mejor la costa que los ayuntamientos; por eso esta ley tiene que contar con ellos, porque quienes mejor conocemos el territorio somos los que vivimos, trabajamos y luchamos para que esta tierra salga adelante”, ha señalado el consejero.

El anteproyecto aborda cuestiones fundamentales para la planificación y protección de la costa, entre ellas la ordenación de los núcleos costeros tradicionales, la gestión de las playas y la regulación de los espacios de baño naturales, así como la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en el litoral.

Diálogo y colaboración con los municipios  

La reunión con la FECAM permite acercar el contenido de la futura norma a las administraciones locales, cuya participación resulta fundamental en la ordenación y gestión del territorio costero.

En este sentido, el consejero ha subrayado que “los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y las que atienden y cuidan diariamente nuestras costas, junto al resto de administraciones. Por eso, su participación es esencial en la elaboración de esta ley. Habrá Ley de Costas de Canarias si existe consenso con los ayuntamientos”.

Asimismo, ha señalado que “esta reunión con la FECAM es fundamental y no será la última. Queremos que la futura norma llegue al Parlamento de Canarias con un amplio consenso municipal, porque los ayuntamientos deben tener un papel protagonista en este proceso”.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha agradecido la presencia del consejero y del director general de Costas, destacando la importancia de avanzar en el desarrollo de la Ley de Costas de Canarias desde el diálogo y el consenso entre administraciones. “Esta ley representa una oportunidad para Canarias. No podemos vivir de espaldas al mar, sino que debemos gestionar nuestro litoral de forma eficiente y sostenible. Para ello, es fundamental la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, a través de la FECAM como órgano de representación e interlocución municipal”.

Además, ha indicado que “necesitamos establecer un marco común, con competencias y criterios claros y consensuados, que permita a todos los municipios actuar de manera coordinada y colaborar en la protección y gestión de nuestro litoral”, a la vez que ha añadido que “confiamos en que durante los próximos meses podamos seguir trabajando en el texto y alcanzar su aprobación en esta legislatura. Es importante, además, que este instrumento cuente con el necesario consenso del Estado, para dar respuesta a cuestiones que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos no podemos resolver desde el ámbito municipal. El objetivo compartido debe ser disponer de una herramienta que nos permita gestionar nuestras costas de forma coordinada, eficaz y sostenible”.

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El Ejecutivo eleva a 249 millones de euros la inversión en vivienda para 2027, cerca de un 26% más que en 2026

El consejero Pablo Rodríguez presenta ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias unas cuentas de más de 551 millones de euros para la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

Rodríguez subraya que vivienda, infraestructuras y movilidad se han planificado como un conjunto, con el territorio y las oportunidades de cada isla como eje

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha presentado este martes ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias el presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 551.082.944 euros, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Las cuentas refuerzan la inversión en vivienda y garantizan la continuidad de las principales actuaciones en infraestructuras viarias, transporte público y movilidad, costas y Puertos Canarios. El esfuerzo inversor del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) alcanzará los 249.052.938 euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.

Durante su intervención, Rodríguez ha explicado que “estos presupuestos responden a las necesidades actuales de Canarias y parten de una idea: vivienda, infraestructuras y movilidad no son compartimentos estancos. Dónde se construye una promoción de vivienda pública condiciona cómo se van a desplazar quienes vivan en ella, y la red de carreteras, el transporte público o los puertos determinan las oportunidades de cada isla. Por eso hemos planteado unas cuentas que atienden lo inmediato sin perder de vista el modelo territorial que necesita Canarias a medio plazo”.

Según ha detallado el consejero ante la Cámara, el Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de 249.052.938 euros, un 26% más que en 2026, lo que lo sitúa como el presupuesto más elevado de su historia por cuarto año consecutivo. De esta cantidad, 93,3 millones de euros se destinarán a la construcción de vivienda pública; 84,7 millones, a subvenciones para el alquiler, la adquisición de vivienda para jóvenes, el medio rural y otros programas; y 51 millones, a actuaciones en barrios y edificios para la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento del parque público.

La actuación conjunta del ICAVI y VISOCAN permitirá seguir ampliando el parque público de vivienda en todas las islas, que suma ya 3.963 viviendas en diferentes fases: 1.307 en Gran Canaria, 1.116 en Tenerife, 701 en Lanzarote, 478 en La Palma, 236 en Fuerteventura, 97 en La Gomera y 28 en El Hierro.

“La vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias, y por eso la cuantía que destinamos a esta área atiende a todas sus caras”, ha señalado Rodríguez en sede parlamentaria. “Construir parque público es la respuesta estructural. Las ayudas al alquiler y a la adquisición acompañan a las familias mientras ese parque crece. Y rehabilitar el que ya existe es imprescindible, porque una vivienda pública que no está en condiciones es también una vivienda que falta. A eso se suma movilizar vivienda vacía y suelo, y colaborar con ayuntamientos y sector privado, porque ninguna administración puede abordarlo sola”.

En esta línea, Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias y, por tanto, una prioridad para el Gobierno de Canarias. Destinar el mayor presupuesto hasta ahora refleja la voluntad de mantener un esfuerzo sostenido para incrementar la oferta pública, impulsar nuevas promociones y facilitar el acceso a una vivienda, especialmente a quienes encuentran mayores dificultades”.

Por su parte, VISOCAN continuará desarrollando distintas líneas de actuación para incrementar la oferta de vivienda pública y asequible. Entre ellas se encuentran el programa Rehabita Canarias, el desarrollo de suelo propio para construir viviendas en régimen de alquiler, la captación de vivienda vacía, la gestión urbanística de nuevos suelos y la colaboración con las entidades locales y con el sector privado mediante fórmulas como el derecho de superficie.

En materia de infraestructura viaria, la Dirección General contará con 227,4 millones de euros. De esta cantidad, 215 millones corresponden a la anualidad de 2027 del Convenio de Carreteras 2018-2027, cuyo marco financiero global asciende a 1.448,2 millones de euros tras la aprobación de su tercera adenda. Esta dotación permitirá continuar con las obras comprometidas y avanzar en los proyectos previstos en la planificación de la red viaria del archipiélago.

En cuanto a Transportes y Movilidad, el presupuesto ascenderá a 147,3 millones de euros. De esta cantidad, 99,6 millones se destinarán a medidas de apoyo al transporte público: 47,7 millones para transferencias a los cabildos insulares, 10,1 millones para el Bono Residente Canario y 42 millones para garantizar la gratuidad del transporte público.

Además, las cuentas mantienen el impulso a un modelo de movilidad más sostenible, eficiente e inteligente, con recursos para el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias o el MobilityLab. Por un lado, también se mantienen las partidas para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y los Planes de Movilidad Insulares Sostenibles (PMIS). Por otra parte, el estudio y la implantación de carriles BUS-VAO dispondrán de 244.091 euros, un 22,04% más que en el ejercicio anterior.

“Carreteras y transporte público forman parte de la misma planificación”, ha afirmado el consejero. “El Convenio de Carreteras nos permite avanzar en las obras comprometidas, y el apoyo al transporte público, con la gratuidad incluida, busca que la guagua sea una alternativa real al vehículo privado. En un territorio fragmentado y con el suelo limitado, la demanda de movilidad no puede resolverse únicamente con más infraestructura viaria”.

Asimismo, Puertos Canarios dispondrá de 30,4 millones de euros, de los que cerca de 19,9 millones se destinarán a inversiones a través de su Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF). Las actuaciones previstas permitirán continuar mejorando y conservando la red de puertos de Canarias, dotar las instalaciones de servicios de interés, avanzar en la transición energética mediante la incorporación de placas fotovoltaicas y reforzar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras portuarias.

La Viceconsejería de Infraestructuras contará con 10,6 millones de euros, que permitirán mantener distintas líneas de trabajo vinculadas a la innovación, la movilidad y la economía azul. Entre ellas destacan la colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) para establecer puntos de trabajo en instalaciones de Puertos Canarios en todas las islas, el desarrollo de un tanque de oleaje para la modelización física de la Universidad de La Laguna y el proyecto Biocrit, en Lanzarote.

Por último, la Dirección General de Costas dispondrá de 3,6 millones de euros para continuar desarrollando sus competencias y avanzar en los trabajos preparatorios para la elaboración de una Ley de Costas de Canarias, que permita definir un marco normativo propio para la ordenación y gestión del litoral del archipiélago.

Rodríguez ha cerrado su intervención subrayando que “el litoral es para Canarias infraestructura, recurso y territorio al mismo tiempo. Las inversiones en Puertos Canarios, la incorporación de energía fotovoltaica en sus instalaciones, la colaboración con PLOCAN y la Universidad de La Laguna y los trabajos hacia una Ley de Costas propia parten de una misma idea: gestionar el mar con un marco adaptado a la realidad del archipiélago y aprovechar su potencial de innovación”.

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La Consejería presenta a la Comisión Mixta de Afectados la futura Ley del Litoral de Canarias

La Consejería presenta a la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas el borrador de la futura Ley del Litoral de Canarias

Antonio Acosta defiende la necesidad de proteger y conservar los núcleos costeros tradicionales, mejorar sus servicios públicos y estudiar vías para su legalización
El Gobierno de Canarias trabaja en un censo de los asentamientos y de las personas afectadas para conocer la realidad de cada enclave y garantizar que ningún vecino o vecina quede atrás

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha presentado este martes a los colectivos afectados por la Ley de Costas el borrador de la futura Ley del Litoral de Canarias, durante una nueva reunión de la Comisión Mixta. El documento recoge las líneas de trabajo del Gobierno de Canarias para abordar la situación de los núcleos costeros tradicionales, proteger su historia y preservar el arraigo de las familias que viven en el litoral del Archipiélago.

Acosta ha explicado que el objetivo de la propuesta es dar respuesta a una problemática que afecta desde hace años a numerosos asentamientos de las Islas. En este sentido, ha defendido que la futura normativa debe contemplar la ordenación de estos núcleos, la mejora y puesta en funcionamiento de sus servicios públicos y el estudio de vías que permitan avanzar en su legalización.

“Los núcleos costeros forman parte de la historia de Canarias y de la vida de muchas familias. Tenemos claro que debemos conservarlos, protegerlos y dotarlos de servicios, porque hay personas que viven allí y tienen todo su arraigo en esos lugares”, ha señalado el director general.

La protección y conservación de los núcleos costeros

Durante la reunión, Acosta ha explicado que el borrador recoge diferentes vías para estudiar la posible legalización de estos asentamientos, siempre atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. En este sentido, ha insistido en que resulta necesario analizar individualmente su situación y encontrar alternativas que permitan proteger estos enclaves y a las familias que residen en ellos.

“Hay que valorar cada uno de los núcleos y conocer en qué situación se encuentran. Nuestro objetivo es conservarlos y protegerlos, teniendo siempre presente que detrás de cada vivienda hay personas y familias”, ha afirmado Acosta.

Un censo para conocer la realidad de los núcleos costeros

Asimismo, Acosta ha indicado que la Dirección General trabaja actualmente en la elaboración de un censo de los núcleos costeros de Canarias junto con Grafcan y prevé realizar este año una nueva encomienda específica para ampliar los trabajos de identificación y conocimiento de estos asentamientos.

Acosta ha explicado que actualmente no existe un registro completo que permita conocer con exactitud cuántos núcleos costeros hay en Canarias, cuántas viviendas están habitadas ni cuántas personas se encuentran afectadas por la normativa de Costas. El censo permitirá recopilar información sobre las características de cada enclave, la situación de las viviendas y su relación con el dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre.

La participación ciudadana, clave en la elaboración de la futura Ley del Litoral

Para finalizar, Acosta ha destacado que la participación ciudadana es fundamental durante la elaboración de la futura Ley del Litoral. En este sentido, ha animado a los vecinos, vecinas y asociaciones a conocer el borrador y aportar propuestas que permitan enriquecer el documento y recoger las distintas realidades del litoral canario.

“Queremos que este borrador sea participativo, que la gente lo lea y que pueda aportar ideas que podamos incorporar”, ha señalado.

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