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Canarias, conforme con modificar los boletines estadísticos judiciales para mejorar la calidad de la información

El Gobierno de Canarias respalda los cambios propuestos en la Comisión Nacional de Estadística Judicial

El Gobierno de Canarias, a través de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, mostró su conformidad a las modificaciones en los boletines estadísticos propuestas en la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Bonnet participó ayer miércoles en esta reunión en representación de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. La directora general recalca que estos cambios se han debido, o bien a reformas legislativas, o bien a la necesidad de desglosar datos para obtener una mejor calidad de la información estadística.

La Comisión Nacional de Estadística Judicial está integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia —entre ellas Canarias—, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y tiene como fin aprobar los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia, así como establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.

En este encuentro se ha propuesto la adaptación de los Boletines a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; además de proponer modificaciones para que se reflejen datos de los nuevos procedimientos judiciales.

Respecto a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el boletín correspondiente se adaptará y recogerá los datos correspondientes al  nuevo expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad ,con medidas como la incorporación de modificaciones en los expedientes relativos a la tutela y la curatela, o el establecimiento de modificaciones al expediente para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con discapacidad.

Así mismo, se han adaptado los boletines de los Juzgados Centrales de Instrucción y Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Por otro lado, también se ha aceptado el cambio en todos los boletines para sustituir el apartado Pendiente de incoar por dos apartados: Asuntos repartidos pendientes de aceptar y Aceptados pendientes de incoar. Con este cambio se precisa en qué estado se sitúa cada trámite y se depura la información existente.

Por último, en los autos finales, se desglosará igualmente entre los civiles y penales, lo que permitirá determinar si existe retraso en alguna de las jurisdicciones competencia de estos órganos judiciales. Asimismo, en el cómputo de los autos dictados, se mejora el desglose de la información, distinguiéndose entre los dictados en fase declarativa de los emitidos en ejecución, lo que aportará información muy relevante en orden a conocer la carga de trabajo de las salas Civiles y Penales.

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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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