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El Gobierno ratifica su compromiso con la memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Barragán inaugura el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. En su intervención, Barragán ratificó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la memoria y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

En este sentido, destacó que se trata de un compromiso de las administraciones canarias en general, y en especial del Gobierno de Canarias, para con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior que, según recordó, se ha materializado en medidas y actuaciones concretas que evidencian la preocupación e interés en lo relacionado con la memoria histórica, y marca así un camino a seguir en el futuro en esta materia que no puede tener vuelta atrás ni pausa.

En su repaso, se refirió de forma expresa a la aprobación el año pasado de la Ley de memoria histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que calificó de hito en la historia de nuestra comunidad autónoma. Explicó que salió adelante en el Parlamento autonómico con el apoyo de casi todos los grupos, que fueron quienes impulsaron su tramitación.

En particular, destacó que la norma remarca que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista representan un “deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española”, y que la norma advierte de que “la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”.

Su finalidad, apuntó, es articular en el ámbito de Canarias actuaciones como el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en ese periodo, la exhumación de sus restos, la elaboración de un registro de víctimas, facilitar el reencuentro entre parientes separados, o la divulgación de los hechos ocurridos en las Islas desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. Además, la ley canaria reconoce de forma expresa que, en muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de las y los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa.

También recordó el empuje y dedicación de estas asociaciones, que llevó a que el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del ahora presidente en funciones, Fernando Clavijo, haya acordado el año pasado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, entre otros, a las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica, alta distinción que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias se han hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario.

Con el otorgamiento de ese reconocimiento, señaló que el Gobierno canario puso en valor la labor de estas asociaciones, que fomentan la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, además de la elaboración de un registro de víctimas, la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar hasta el fin de la dictadura y recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas.

En definitiva, finalizó Barragán, en Canarias existe un compromiso con el impulso al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que el Gobierno autonómico impulsa políticas y medidas en materia de memoria histórica desde el convencimiento de que la reparación moral de las víctimas y sus familiares es justa y un auténtico ejercicio de democracia.

Las jornadas

En el encuentro participan numerosas personas expertas de primer nivel que aportan sus conocimientos y experiencias en diversos aspectos. La cita, que empezó hoy, termina mañana, y tiene lugar en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.

Participa el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria, que diserta sobre la memoria histórica en el contexto de los derechos humanos, además de otros especialistas que intervendrán en tres mesas que abordarán la legislación de la memoria desde la administración autonómica (gestión y participación); la Memoria Histórica desde perspectiva forense y arqueológica, y el movimiento ciudadano por la Memoria Histórica en el Estado español.

Además, habrá tres mesas redondas en las que se debatirán las políticas de memoria en Canarias desde la ciudadanía; la memoria de los niños robados y la Ley de Memoria Histórica de Canarias y procesos participativos.

Al acto también acudió la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo.

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Puerto del Rosario contará con un edificio judicial emblemático que ayudará a crear ciudad

Presentación proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario

El jurado considera que la propuesta ganadora del concurso de ideas plantea una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de los espacios de la futura sede del partido judicial

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario es la propuesta que se presentó bajo el lema C1TR1NOS, que obtuvo una puntuación de 87 sobre 100 y se impuso a otras 19 candidaturas, además de otras siete que resultaron excluidas. El arquitecto jefe de proyecto del mismo, Gustavo Adolfo Souto, plantea un inmueble emblemático llamado a convertirse en icono de la capital majorera que contempla una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de sus espacios.

Barragán así lo explicó en compañía del alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

El consejero remarcó que este nuevo avance confirma que este proyecto siempre ha sido una de las prioridades marcadas por el área de Justicia del Gobierno de Canarias, y puso en valor el trabajo coordinado de las distintas administraciones para llevarlo a cabo hasta este punto. Se mostró confiado en que seguirá adelante a buen ritmo en lo que resta de legislatura con el fin de que pueda estar ultimado para la siguiente, de manera que el partido judicial de Puerto del Rosario cuente con una nueva sede moderna y adecuada a las necesidades actuales y futuras lo antes posible, lo que dará satisfacción a una legítima pretensión de la ciudadanía de Fuerteventura y de los operadores jurídicos de la Isla.

En cuanto al proyecto ganador, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los cinco criterios con que se valoraron las propuestas: la evaluación arquitectónica general (25 puntos); la evaluación funcional del proyecto (25 puntos); la conectividad del edificio con los viales circundantes y relación con su entorno (15 puntos), y el grado de desarrollo de la solución (15 puntos), mientras que obtuvo siete puntos (sobre un máximo de 20) en sostenibilidad económica, sustentabilidad medioambiental, eficiencia energética e incidencia en mantenimientos.

En este sentido, el informe del jurado destaca que esta propuesta tiene vocación de edificio representativo llamado a ser un icono urbano destacado, y añade que usa muy inteligentemente las direcciones de los elementos de fachada para enfatizar la riqueza del volumen. Destaca que la propuesta combina un aspecto exterior distintivo con la claridad volumétrica interior, de gran calidad, a través de una solución práctica y funcional, que se estima como muy buena.

Por otra parte, contempla una superficie construida de 24.914,48 metros cuadrados de los que 14.574,75 serían bajo rasante y otros 10.339,73, sobre rasante. Entre otros aspectos, contempla la construcción de dos sótanos y el aprovechamiento de las zonas libres de la parcela en el norte (calle Manuel Velázquez Cabrera), sur (nuevo vial trasera del cuartel) y este (calle República de México). Es los sótanos se ubicarán, entre otras dependencias, parte de las zonas generales (como los aparcamientos y locales de mantenimiento), archivos de documentación y dependencias del IML.

Asimismo, contempla las preceptivas zonas de seguridad para detenidos y presos con tratamiento diferenciado de los calabozos de hombres, mujeres y menores (y sus aseos), con separación entre ellos conforme a las disposiciones legales, por lo que el traslado de las personas detenidas al Juzgado de Guardia y de las personas presas a las plantas superiores se producirá de forma segura e íntima a través de circuitos restringidos.

El acceso principal del público, en la planta baja, se resuelve desde la plaza. Existirá un acceso diferenciado para el Juzgado de Guardia, que puede ser utilizado igualmente por el personal funcionario y del edificio, además de contar con otro para la Sala de Bodas y el Registro Civil. Por lo que respecta a la Clínica Médico-Forense, estará conectada al IML del sótano. Cuenta con salas polivalentes de formación, despachos sindicales y biblioteca, así como dependencias para la Policía Judicial y una Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

En las tres plantas siguientes se situarán los Colegios Profesionales, las Salas de Vistas, el Servicio Común Procesal General y el de Ejecución, los cuartos de Testigos Protegidos, las Salas Polivalentes, los despachos profesionales, las Salas Gesell, las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de las diferentes jurisdicciones, así como las dependencias de la Fiscalía y las de los Servicios Administrativos.

La propuesta combina la adaptación a la topografía del terreno con la conexión con los futuros espacios situados al oeste, creando ciudad. El jurado estima que la solución que presenta en relación con los espacios libres circundantes es la más “humana” de las presentadas, considerando igualmente en el subsuelo de la plaza un aparcamiento público, exento del edificio y con acceso independiente, con clara visión de futuro.

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