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Barreto: “Este libro arroja luz sobre una época oscura en la isla, poniendo dignidad para reparar el daño»

La consejera de Presidencia presenta el primer volumen de la obra ‘Memoria y Cultura Democrática. La Semana Roja’, dedicado a La Palma

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha presentado hoy en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma, el libro ‘Memoria y Cultura Democrática. La Semana Roja’. Esta obra, editada por la Consejería, recoge el testimonio de lo ocurrido en la isla desde 1936 hasta la llegada de la democracia en 1978 y forma parte de las medidas de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y se completará con otros volúmenes que recopilen lo sucedido en otras islas.

Nieves Lady Barreto apuntó que, con esta iniciativa, la Consejería continúa colaborando con la Comisión de Memoria Histórica de Canarias para cumplir con la Ley y “arrojar luz sobre esa época oscura, poner dignidad donde la historia no la puso, y reparar el daño ocasionado por el odio”. La consejera se mostró orgullosa de este primer volumen y del trabajo realizado durante muchos años por tantas personas que, de manera voluntaria y sin ningún tipo de interés, han conseguido que se reconozcan los derechos de quienes sufrieron la intolerancia y la represión de la dictadura.

En la redacción del libro han participado destacados profesionales procedentes del ámbito académico, de investigación, de comunicación y de la docencia y recoge, además, testimonios directos de los protagonistas de ese periodo histórico que abarca desde el alzamiento militar hasta la aprobación de la Constitución, bajo la dirección y coordinación de Luis Ortega.

En el acto, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó que este trabajo habla de una responsabilidad compartida por todas las administraciones para cumplir con esa ley de Memoria histórica para restaurar heridas y de darle la dignidad a los familiares.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González, resaltó que nos encontramos en un punto muy esperanzador: “Tenemos las autoridades preocupadas y firmes en cuanto a la aportación de los recursos que son necesarios para terminar de recuperar a las cincuenta personas que, en desaparición forzosa, perdimos en La Palma en el año 36”.

 

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La Consejería de Presidencia promueve dos proyectos de Memoria Histórica en el cementerio de San Juan de La Laguna

Tienen como objeto una intervención arqueológica y un sondeo para localizar restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista en Tenerife

La Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, está desarrollando dos proyectos en el cementerio de San Juan, en San Cristóbal de La Laguna, para fomentar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante el periodo comprendido desde el inicio de la Guerra Civil en 1936 hasta la aprobación del texto constitucional de 1978.  

El primero es un proyecto de intervención arqueológica que tiene por objeto localizar los restos de los llamados “Once de San Juan,” once personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen franquista en Tenerife. Este proyecto es liderado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHIT) y se fundamenta en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que reconoce el derecho de las víctimas de la represión franquista y sus familias a recuperar y honrar la memoria de sus seres queridos.

El segundo corresponde a un proyecto de sondeo para la localización de represaliados de la Guerra Civil en Tenerife en dicho cementerio. Esta iniciativa nace de la necesidad de seguir investigando hechos que acontecieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista en Canarias ya que diversas fuentes históricas y testimonios orales apuntan a múltiples localizaciones en Tenerife donde podrían hallarse restos de represaliados.

Ambos proyectos, que se ejecutan desde la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, tienen un presupuesto de 32.000 euros y se encuadran dentro de la línea 1 de la dotación prevista por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con el fin de realizar tareas de búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

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La Consejería de Presidencia alerta a Igualdad sobre retrasos con los dispositivos telemáticos para proteger a VVG

Traslada al Ministerio su preocupación por la ausencia de técnicos en todas las islas y el riesgo que supone en la protección de las mujeres

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Justicia, ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en la que traslada la preocupación del Gobierno por las disfunciones detectadas en la implantación de los dispositivos temáticos para protección de las mujeres víctimas de violencia de género en las islas no capitalinas y solicita que se supervise el servicio que ofrece la empresa concesionaria en esta comunidad autónoma para asegurar que las órdenes judiciales se tramiten con la celeridad debida.

En el escrito, firmado por el viceconsejero Cesáreo Rodríguez, se detalla la información recabada tanto por su departamento, como la remitida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a una comunicación de los juzgados de Los Llanos de Aridane donde se alerta sobre la escasez de dispositivos y el hecho de que la empresa concesionaria que debe entregar y poner en funcionamiento el transmisor que se ajusta a la muñeca o el tobillo del investigado, encausado o condenado no dispone de técnicos en las islas no capitalinas. “Esto supone un retroceso en la prestación del servicio que podría desembocar en una disminución de la necesaria protección de las víctimas de violencia y poner en riesgo la integridad de las mujeres”, señala Rodríguez.

Cesáreo Rodríguez advierte que, de ser cierta la información recibida de que solo hay dos de técnicos destinados por provincias, este número sería insuficiente para ofrecer el servicio en varias islas a la vez, ya que los dispositivos deben estar preparados para ser instalados el mismo día que se acuerde por la autoridad judicial, independientemente de la hora y la fecha, cualquier día de la semana.

Según el viceconsejero, “el hecho de que la empresa concesionaria no disponga de técnicos en todas las islas es un retroceso en la prestación del servicio que podría menoscabar la protección de las víctimas de violencia de género y poner en riesgo su integridad”.

El sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual permite verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género y por violencia sexual en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El sistema proporciona, además, información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.

Según informa el propio Ministerio de Igualdad, la prestación del servicio del sistema de seguimiento está contratado a una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos del Sistema de seguimiento. Estas tareas son desarrolladas por el Centro COMETA, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. COMETA está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.

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El área de Justicia cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática

El área de Justicia cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática

El III Consejo Territorial de Memoria Democrática aprueba por unanimidad la distribución de fondos correspondiente a 2023 y concede a las islas 51.592,63 euros, que se suman a los 149.500 de financiación propia

Estos fondos permiten, entre otras cuestiones, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 51.592,63 euros distribuidos en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado, en formato online, bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y que contó con la participación del titular de este departamento, Julio Pérez, y de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2023 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas.

El montante distribuido en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en la elaboración de censos de víctimas y proyectos de tratamiento de series documentales relacionadas.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado que por tercer año consecutivo las islas reciben fondos a través de esta vía, así como el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, durante la reunión, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

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El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tiene como objeto asesorar al Gobierno de Canarias en el cumplimiento de los fines contemplados por la Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias

Según reza la norma, debe elaborar un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas, y reunirse al menos una vez al año

La Ley se aprobó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado que asesorará al Ejecutivo para el cumplimiento de los fines contemplados en la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Está conformada por dos miembros en representación del Ejecutivo canario, uno de los cuales ostentará la presidencia, un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otro de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas, a los efectos contemplados en la citada norma.

Siguiendo estas reglas, recogidas en el artículo 10 de la citada ley, la comisión está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, teniendo como suplente a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y está integrada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez; la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (suplente); el alcalde de La Aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración Pública de Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez; la técnica jurídica Trinidad Pérez (suplente); la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (suplente); el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

En esta primera sesión, a la que han asistido también la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de Servicio de Coordinación y Planificación Estratégica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Karolin Bruns, que ha actuado como secretaria de la Comisión, se ha abordado, por parte de los representantes de los colectivos de víctimas afectadas, la problemática que padecen en cuanto a las limitaciones en el acceso a archivos y registros públicos, así como la necesidad de que se preste apoyo específico por parte de las Administraciones Públicas en la realización de estudios y trabajos de investigación que hagan aflorar esta realidad al conocimiento general.

Por parte de la Consejería se ha puesto de manifiesto el compromiso de las Administraciones Públicas para impulsar las políticas necesarias y cumplir con las obligaciones de la ley, así como mantener, dentro de los instrumentos que permite la normativa vigente, una relación de colaboración con el colectivo de víctimas, que implique también a otras instituciones como las universidades, con el fin de contar con estudios científicos serios y detallados que permitan determinar el alcance de esta realidad en Canarias, su divulgación y dignificación de sus víctimas.

Reparación

La Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias se dictó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación.

Su objetivo es garantizar el conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, así como su reparación, favoreciendo acciones que tiendan a la identificación de sus familiares. En su contenido, a lo largo de sus 10 artículos, reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres biológicas la condición de víctimas y establece las obligaciones de los poderes públicos canarios de promover acciones que lleven a su esclarecimiento y a la identificación y reconocimiento de quienes lo padecieron.

Las principales obligaciones que recoge esta norma para la Administración Pública son facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que, sobre estos hechos, pueda existir en los archivos y registros públicos dependientes de las administraciones canarias, siempre en los términos que lo permita la legislación vigente (artículo 5), y colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en las labores de investigación que se lleven a cabo (artículo 6) e incorporar los datos de los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de las víctimas y sus familiares.

Además, la mandata a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, que se centran en las labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en los itinerarios curriculares de educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas (artículo 7).

Estas obligaciones y competencias no precisan de un desarrollo reglamentario, sino que se encuentran ya perfectamente determinadas y se proyectan principalmente frente a la Administración Pública y el ámbito educativo, quienes al amparo de esta norma deberán desarrollar líneas específicas de actuación que satisfagan los fines que la ley recoge.

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Educación convoca el proyecto “Archipiélago Memoria” para fomentar el estudio histórico de las islas de 1931 a 1982

Proyecto educativo Archipiélago Memoria

Entre los principales objetivos de esta iniciativa figura la promoción del pensamiento crítico y el análisis sobre las etapas recientes de nuestra autonomía, y la reflexión sobre la importancia de conceptos como los derechos humanos y la memoria democrática, entre otros

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha convocado el proyecto “Archipiélago Memoria” en el marco de las actuaciones impulsadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través del Programa Enseñas del Servicio de Innovación Educativa, dirigidas a facilitar conocimientos, recursos y estrategias que permitan al profesorado integrar el patrimonio histórico, natural y cultural de las islas en la educación en los centros docentes. La finalidad de esta actuación es contribuir a la investigación y el estudio de los hechos que tuvieron lugar en el archipiélago durante el siglo XX, con especial atención a las etapas históricas comprendidas entre 1931 y 1982, es decir, entre la proclamación de la Segunda República y la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias, así como en los entornos locales de las islas, a fin de promover un pensamiento crítico y de análisis en torno a etapas recientes de nuestra historia y fomentar el trabajo de investigación y el uso correcto de las fuentes históricas.

En este sentido, cabe recordar que desde hace dos décadas en España se viene impulsando el denominado proceso de recuperación de la Memoria Histórica, promovido por los familiares de las víctimas de la represión franquista. A partir de diversas iniciativas de asociaciones y colectivos, se ha tratado de dignificar la memoria de las personas represaliadas y de localizar sus cuerpos. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 definió el desarrollo posterior de unos acontecimientos que pusieron fin a la primera experiencia democrática en la historia de España. Además, significó el inicio de la Guerra Civil y marcó la llegada de la posterior dictadura, de casi cuatro décadas de duración, que implicó la desaparición de los derechos y las libertades de las personas. Una vez muerto el dictador Francisco Franco, se inició el proceso de transición hacia la democracia actual.

Atendiendo a todo lo anterior, esta acción fomenta en el alumnado el conocimiento de nuestro pasado reciente. Se pone especial énfasis en el estudio de cuestiones como la libertad y la democracia; el pluralismo político, social y cultural; la represión política, social y sexual; el hambre y la pobreza; las migraciones; el medio natural y la supervivencia; el adoctrinamiento religioso y educativo; el papel de la mujer en la democracia y la dictadura; y la represión sobre la diversidad sexual y de género, entre otras cuestiones.

También se persigue el fomento de principios y valores democráticos propios de una ciudadanía crítica que favorezcan una perspectiva integradora del material objeto de estudio, así como remarcar los conceptos de derechos humanos y de memoria democrática para contribuir al conocimiento del pasado y reflexionar sobre su presente, además de investigar y reflexionar sobre la importancia de la democracia, la violencia, la guerra, la dictadura o la libertad, entre otros, así como impulsar el trabajo de investigación y el uso correcto de las fuentes históricas por parte del alumnado.

El profesorado coordinador participará a dos sesiones de formación online en horario de tarde (Balances sobre educación y pasado reciente de España y Canarias e Introducción al trabajo con fuentes históricas), y fomentará el trabajo de investigación con su estudiantado en torno a temáticas como la democracia en Canarias y los logros conseguidos; la represión política, social, económica y cultural durante la Guerra Civil y el franquismo en Canarias; la participación en los frentes de batalla en la península o en la Segunda Guerra Mundial; la oposición y el antifranquismo; el papel de la mujer en la historia reciente de Canarias; la recuperación de testimonios o de documentos sobre las etapas mencionadas, y el antimilitarismo, pacifismo y luchas medioambientales.

La ejecución de esta actividad educativa se llevará a cabo durante los meses de febrero a junio de 2022, iniciativa que está dirigida a todos los centros escolares públicos no universitarios que imparten Educación Secundaria (IES, CEPA, EA, CEO, CIFP) en Canarias, dispondrán de diez días hábiles para solicitar su participación a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución (10 de enero de 2022).

La dirección del centro deberá realizar la solicitud de inscripción, incluyendo en la misma al profesorado participante, en el aplicativo destinado a este fin a través del siguiente enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/archipielago-memoria-21-22/

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Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, comparten iniciativas sobre protección a víctimas del delito

El Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana celebraron hoy en Tenerife una reunión bilateral para compartir iniciativas sobre la protección de las víctimas del delito, como la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina Especializada de Denuncias de Violencia de Género, en la comunidad Valenciana, o el Juzgado de Protección y Atención a la Infancia, proyecto piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La reunión estuvo encabezada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, y consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quienes abogaron por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas.

En la reunión también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Maria José Meilán, y la jefa de sección de Mediación de la Viceconsejería de Justicia, Elisa Santiago. Por parte delegación valenciana asistieron la directora general de Modernizaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón. Ambas partes compartieron la preocupación por la formación y especialización en competencias relacionadas con la infancia.

Carla Vallejo explicó que el juzgado de Protección y Atención a la Infancia es un proyecto pionero, que se inicia en Las Palmas, un juzgado especializado cuyo funcionamiento efectivo comenzará el 1 de octubre. Actualmente, dijo, se está diseñando todo el programa de atención integral porque las víctimas menores requieren una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial.

Se trata de un proyecto piloto, precisó Vallejo, quien confió en que tenga éxito y que sirva para que se cree una jurisdicción especializada en atención a menores víctimas, como la hay para mujeres víctimas de violencia de género, ya que los y las menores víctimas requieren de una atención específica y con personal especialmente cualificado para ello.

Al respecto, la consellera de la Generalitat Valenciana destacó que los menores, como víctimas, requieren de una mirada especial y una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para estas víctimas, y abogó también por una jurisdicción especializada para menores víctimas.

Así, Bravo consideró dicho piloto desarrollado en Las Palmas como fundamental porque cualquier menor que se ve en la obligación de pasar por un juzgado soporta una revictimización muy dura, y mostró su interés en ponerlo en marcha también en la Comunidad Valenciana.

Bravo destacó que la Generalitat Valenciana desde hace cinco años se ha centrado en políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas y habló de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, única red pública en toda España que ha puesto en marcha centros en cada uno de los partidos judiciales. Se trata de oficinas, indicó, donde un equipo multidisciplinar atiende a las víctimas del delito, colocándola en el centro del proceso.

Presentó también la única oficina de denuncias especializada en violencia de género, donde las víctimas pueden ir a presentar su denuncia y a informarse en un espacio amable y seguro, en el que están apoyadas y arropadas por un equipo multidisciplinar.

 

 

 

 

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Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

El proyecto, financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, abre nuevas líneas de investigación en posibles fosas

El trabajo se ha centrado en una labor de indagación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes

Un estudio financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha permitido elaborar una lista contrastada de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión generada durante la represión franquista en Tenerife entre personas desaparecidas, fallecidas por ejecuciones extrajudiciales o como consecuencia de las acciones represivas o torturas sufridas en prisión y  aquellas ejecutadas en consejos de guerra. Esta indagación abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas de personas desaparecidas.

En relación al perfil de las 182 víctimas, en la mayoría de los casos se trataba de hombres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, miembros de organizaciones obreras y/o partidos republicanos, con especial preeminencia del sindicato anarcosindicalista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), si bien también afectó a integrantes del Parido Socialista, el Partido Comunista y la Izquierda Republicana. Dentro de los mismos había personas trabajadoras y campesinos, pero también integrantes de la pequeña y mediana burguesía.

La mayoría pertenecían a la isla de Tenerife, pero también existe un número importante de personas naturales de otras islas de la provincia occidental y de la Península, lo que señala a Tenerife como punto de centralización de la represión franquista en las islas occidentales. Según los testimonios recuperados y los nuevos recabados, la represión no terminó en el asesinato de estas personas, sino que además se extendió a sus familias, que padecieron procesos de acoso e indefensión y que motivó una parte sustancial de la emigración producida en la posguerra.

En el proyecto de investigación, realizado entre noviembre de 2020 y abril de 2021 por las investigadoras Nuria Álvarez Rodríguez y María Laura Bencomo Fernández, se indica que si bien el número de personas desaparecidas y los asesinatos tuvo que ser bastante superior, solo se recogen en el estudio los datos contrastados durante el estudio, que se ha centrado en una labor de investigación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes.

Esta indagación ha permitido actualizar y arrojar luz sobre los efectos de la represión franquista en la isla de Tenerife y abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas, ya que se han investigado igualmente las potenciales localizaciones en las que pudieran hallarse parte de las personas desaparecidas avanzado en nuevas líneas de trabajo que pueden llegar a ser productivas, según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Proyecto de interés público

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se trata de un proyecto de interés público pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española, y supone un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Otro de los objetivos fundamentales de esta investigación ha sido el análisis de diferentes puntos señalados por la historiografía y la tradición oral como lugares en donde se localizaban víctimas mortales en fosas, tales como el cementerio de San Juan, en La Laguna, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo en Fuente Cañizares en La Laguna, una cueva en el Tablero, una cueva de Bocacangrejo, el Pozo de los Alemanes en Arona, unas localizaciones en Valle Jiménez y San Andrés y por último, la localización de las fosas existentes en el interior del Cementerio de Santa Lastenia, que se relaciona con las personas fusiladas en la batería del Barranco de El Hierro.

Pese a la ralentización de los trabajos debido a la pandemia motivada por la COVID-19, se ha avanzado en nuevas líneas de investigación y se ha adelantado el trabajo de perfilar la ubicación de dichas localizaciones, para en un futuro proyecto poder sondear algunos de los que parecen tener más probabilidades de poseer restos de víctimas mortales.

Para la ejecución del proyecto, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concedió el 14 de noviembre de 2020 una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros.

Carla Vallejo señala que los datos derivados de dicha investigación abonan la posibilidad de profundizar en las investigaciones iniciadas y justifican en algún caso el inicio de labores de prospección.

En esta línea, indica, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en diversos proyectos para localizar a las personas desaparecidas afectadas por la represión de aquel momento histórico y este año emprenderá otros proyectos en el mismo sentido, en el marco de los compromisos en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática constituida el pasado mes de marzo.

En dicha conferencia se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, para actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de los que 71.707,65 de euros corresponden a Canarias.

Así, con cargo a dichos fondos se han propuesto dos proyectos a desarrollar en la isla de La Palma; uno para un estudio con Geo-radar 3D multifrecuencia en una cela situada en Fuencaliente y, el otro, para la realización de sondeos en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de 15.996 euros.

Se contempla asimismo una partida de 5.889,51 euros para llevar a cabo un estudio sobre posible localización de las víctimas canarias de la Guerra Civil que figuran como desaparecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como otro proyecto, por importe de 33.826,14 euros, para la revisión y actualización del Mapa Georeferenciado de Fosas de Canarias y del Portal de Memoria Histórica de Canarias.

 

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Gobierno y Parlamento homenajean a las víctimas canarias del campo de concentración y exterminio de Mauthausen

Gobierno y Parlamento homenajean a los canarios del campo de concentración de Mauthausen

La Cámara autonómica acoge hasta el próximo 3 de julio la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con competencias en memoria histórica, ha financiado la exposición que, para Julio Pérez, es un acto de memoria, justicia y consuelo

El Gobierno de Canarias y el Parlamento autonómico han rendido hoy homenaje a los 45 canarios que estuvieron prisioneros durante la II Guerra Mundial en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) en un acto celebrado en la Cámara regional con el objetivo de que la sociedad canaria conozca el sufrimiento de quienes padecieron el horror de los campos de concentración nazis y mantener viva su memoria. La situación que padecieron los canarios en el campo de exterminio, 28 de los cuales fueron asesinados, se puede conocer a través la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera, que permanecerá hasta el 3 de julio en la sala Estatuto de Autonomía del Parlamento canario.

El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el presidente de la Fecai, Mariano Zapata, y el autor de la exposición intervinieron en el acto, en el que también participaron la chelista Caridad Rosa Varona, que interpretó la pieza musical ‘La lista de Schindler’ del autor John Williams; así como la escritora y Medalla de Oro de Canarias 2016 Elsa López, quién recitó los nombres y apellidos de los canarios de Mauthausen y sus lugares de procedencia.En el homenaje estuvieron presentes asimismo la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet.

Cabrera dijo que las víctimas canarias de Mauthausen, que han vivido demasiado tiempo en el olvido, sufrieron la mayor aberración de la que es capaz el ser humano. “Hoy volvemos a pronunciar sus nombres y podemos decir, por fin, que ya están de vuelta, ya están en casa”, afirmó.

Pérez mostró su satisfacción por el hecho de que su departamento, que tiene competencias en materia de memoria histórica, haya contribuido con su financiación a la realización de la exposición, que tiene, remarcó, una dignidad y una calidad verdaderamente singulares. El consejero destacó que el homenaje a los canarios en los campos de concentración nazis es importante porque no supone un acto de rencor, sino de memoria, justicia y consuelo.

Al respecto, precisó que el acto construye memoria, sin la cual no se puede vivir, supone un acto de justicia, que siempre es oportuna, para los 45 canarios y otros ciudadanos que sufrieron el horror del holocausto, y representa un acto de consuelo porque ante el horror y la maldad siempre cabe preguntarse si la humanidad verdaderamente progresa o no, si es mejor ahora que hace años y si es posible el consuelo. “Sí es posible porque sin esa posibilidad no sería viable vivir”, añadió.

El presidente del Parlamento afirmó que con esta exposición, el recuerdo de los canarios de Mauthausen “permanece vivo, porque no los hemos olvidado”. Indicó que estas personas no acabaron ahí de forma aleatoria, “sino que eran demócratas y republicanos que tuvieron la desgracia de ser perseguidos en nuestro país”. Esa persecución, subrayó, “tuvo que ver con su lucha por la libertad, por la democracia y con la defensa de un mundo mejor”.

Matos señaló que la historia de los canarios en los campos de concentración nazis es “profundamente desconocida” y, en su intervención, recordó el caso de Sebastián Perera, concejal socialista en San Cristóbal de La Laguna en la II República que, tras pasar por las prisiones de Fyffes y Barcelona, huyó a Francia y terminó, finalmente, en un campo de concentración nazi en la II Guerra Mundial. “Murió víctima de los nazis por haber cometido el único pecado de defender la democracia y las ideas progresistas”. El presidente hizo hincapié en la necesidad de no olvidar historias como esta, “porque la democracia es muy frágil y se rompe cada día”.

El presidente de la Fecai agradeció el trabajo, el esfuerzo y la implicación de todas las personas que han hecho realidad el proyecto con el que se pretende traer de vuelta a casa a las víctimas canarias de Mauthausen. Zapata señaló que en las fuentes documentales constan entre las víctimas del campo de concentración vecinos de cinco de las ocho islas, pero, agregó que con independencia del origen y de los nombres, todas las víctimas son canarias.

Un viaje incómodo, pero necesario

Tras el recuerdo a las víctimas se inauguró la exposición, que consta de seis paneles explicativos en los que, en castellano e inglés, se narra el recorrido de los prisioneros, desde su llegada al pueblo de Mauthausen, a orillas del Danubio, pasando por el campo de concentración y la cantera de 186 escalones en la que los prisioneros realizaban los trabajos forzosos.

El trazado de la muestra culmina en la ‘Habitación de los nombres’ que, según Cabrera, es un lugar de recogimiento y reflexión donde se pueden visualizar los nombres y apellidos de las víctimas, tanto de las fallecidas como de las supervivientes, y su lugar de procedencia “para que podamos traerlos de vuelta a casa.

Aseguró que es un viaje incómodo, pero necesario, y manifestó que cualquier persona normal puede convertirse en un monstruo si se dan las circunstancias adecuadas, circunstancias que se construyen con discursos que siembran el conflicto, la diferencia, el rencor y la sed de venganza, y también utilizando las palabras para sembrar el odio hacia otros seres humanos.

“Hoy tenemos la historia, por eso es tan importante contarla tal y como sucedió, con sus luces y sus sombras, porque solo así podremos trasmitir a las generaciones venideras el aviso de lo que somos capaces de hacer si nos dejamos llevar por la semilla del odio”, enfatizó Cabrera, quien pidió recoger el testigo y volver a pronunciar los nombres de quienes lucharon para sobrevivir y contarle al mundo lo que sucedió en los campos de exterminio nazis.

“No dejemos escapar la ocasión para contarlo a quienes mañana tendrán en sus manos las decisiones y las palabras. Construyamos un mañana en el que no quepa repetir el pasado”, solicitó Cabrera, quien ha realizado investigaciones in situ en distintos campos de concentración de Austria, Polonia y Alemania.

Canarios en Mauthausen

Algunos de los canarios en Mauthausen fueron reclutados para combatir en la Península durante la Guerra Civil. Otros, que estaban presos en Canarias fueron intercambiados por otros presos de la Península y, al término de la Guerra Civil, se vieron obligados a huir a Francia, donde algunos continuaron presos y otros se unieron a la resistencia. Capturados por los nazis tras la invasión de Francia, fueron enviados al campo de concentración y exterminio.

La cifra establecida de 45 canarios, 28 asesinados y 17 supervivientes de Mauthausen, está constatada con las distintas fuentes y archivos consultados, entre ellos el archivo oficial del Memorial de Mauthausen. Todas las víctimas son hombres, no figuran mujeres dado que no fueron llamadas a combatir, circunstancia por la que no fueron prisioneras.

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