El Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción de la Consejería comparte con empresarios y técnicos el desarrollo de diferentes proyectos encaminados que tienen como objetivo promover la economía circular

Más de 40 profesionales del sector de la construcción han participado en una jornada para debatir sobre el futuro de las obras en Canarias en base a los criterios de sostenibilidad vigentes y a la innovación respecto a las técnicas y materiales.

El encuentro, organizado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, ha tenido como objetivo ser un nexo entre la Administración y los profesionales del sector para impulsar prácticas comprometidas con la eficiencia y la economía circular.

La iniciativa, que ha llevado por título ‘Jornadas técnicas para el desarrollo sostenible de la actividad de la construcción en Canarias’, pretende tener continuidad en el tiempo fomentando la colaboración entre la Administración y el sector privado, estableciendo vías por las que garantizar la durabilidad y calidad de las actuaciones en materia de obras y adecuarlas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La presentación ha contado con la participación del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; del viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González; y del jefe del servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción, Francisco Javier Jubera.

Pablo Rodríguez ha explicado que uno de los propósitos de esta legislatura es dar a conocer el servicio de Laboratorios y Calidad en la Construcción, ya que “permite a la Administración y a los diferentes agentes privados acceder a estudios e investigaciones realizados por expertos, que son clave a la hora de implantar técnicas innovadoras que, además de mejorar la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad, son clave para la adecuación a las nuevas normativas en materia medioambiental”.

El consejero ha destacado el papel de esta entidad en el futuro de la construcción en Canarias, generando vías limpias, apostando por la innovación y por el traspaso de conocimiento. Asimismo, ha agradecido “la implicación de los representantes empresariales en estas jornadas, porque nos permite conocer cuáles son sus necesidades y sus demandas a la hora de afrontar los retos que supone la transformación verde, permitiendo que exista una simbiosis entre la Consejería y los profesionales de la construcción”.

Por su parte, el viceconsejero Francisco Javier González ha subrayado la importancia de avanzar en sostenibilidad de la mano de los diferentes agentes sociales implicados, porque “solo así nos aseguraremos de que estos criterios medioambientales sean aplicados con la celeridad necesaria”.

“Además de la normativa y la legislación, como Administración también tenemos la responsabilidad de ser un apoyo y un acompañante en este camino hacia un futuro verde”, ha añadido.

Asimismo, González ha reconocido el compromiso del Ejecutivo de continuar trabajando de la mano con los colegios profesionales y con las patronales: “Queremos arrancar el trabajo conjunto con una primera mesa, con la que tratar cuestiones relacionadas con la producción de áridos, la caracterización de productos, la certificación de materiales y la relación con la gestión pública”.

El encuentro, que también tiene como propósito difundir el trabajo del Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción de la Consejería, ha permitido a empresarios y representantes de asociaciones profesionales del sector debatir y compartir ideas en torno a los desafíos que encuentran en este proceso de transformación y las capacidades innovadoras del servicio. Esta jornada representa el primer paso con el que el Gobierno pretende analizar posibles medidas de apoyo que faciliten la adaptación de las obras a los criterios de sostenibilidad establecidos en las normativas vigentes.

Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción

El Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción del Gobierno de Canarias desempeña un papel clave en la investigación y desarrollo relacionado con el ámbito del sector de la construcción en las Islas. Entre sus funciones se encuentra la realización de ensayos y análisis de materiales como hormigón, acero, suelos y asfaltos, para verificar que cumplen con las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Además, realiza la inspección de obras, supervisando y controlando la calidad en todas las fases de ejecución para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

También ofrece asesoramiento técnico especializado a empresas constructoras, profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura sobre normativas y técnicas constructivas, y es responsable de la certificación y homologación de materiales y procesos, asegurando su conformidad con los requisitos legales.

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La Consejería de Turismo y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), financia esta iniciativa con 1.300.000 euros

Los trabajos han consistido en la rehabilitación del IES Profesor Antonio Cabrera Pérez del municipio grancanario de Telde

La viceconsejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León; el viceconsejero de Formación Profesional (FP), Francisco Rodríguez Machado; la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, y la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, clausuraron este miércoles el Programa Mixto de Formación y Empleo para la rehabilitación y la eficiencia energética del IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, en el municipio grancanario de Telde. Esta iniciativa público-privada es una de las políticas activas que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, impulsa junto con la Fundación Laboral de la Construcción para facilitar la inserción laboral de la población desocupada.

El programa formativo, financiado por el SCE por importe de 1.300.000 euros, alterna el aprendizaje con la realización de un trabajo remunerado en prácticas durante un periodo de once meses y ha permitido que cuarenta y cinco personas obtengan un certificado de profesionalidad que les habilita para trabajar en el sector de la construcción.

La viceconsejera de Empleo, Isabel León, felicitó a los participantes del proyecto y señaló que “esta iniciativa público-privada es integral y es una apuesta más del Gobierno para acercar la oferta a la demanda en sectores como la construcción, un sector en el que no se puede trabajar sin una formación previa”.

Por su parte, la directora del SCE destacó la apuesta decidida del organismo por una formación que responde a las demandas del mercado laboral actual. “Hemos puesto en marcha una iniciativa formativa específica en energías renovables, un sector clave para el desarrollo sostenible de nuestras islas y para la creación de empleo de calidad”, afirmó María Teresa Ortega.

La presidenta de la Fundación, María de la Salud Gil, señaló la importancia de la formación vinculada directamente a proyectos que combinan el aprendizaje con un empleo real. “Este enfoque no solo facilita la incorporación de mujeres, al ofrecerles un salario y una contratación estable, sino que también ayuda a incorporar a los jóvenes, dos de los grandes desafíos que enfrentamos actualmente”.

En palabras del viceconsejero de FP, Francisco Rodríguez Machado, “estos proyectos tienen como objetivo promover la inserción laboral sin olvidar que redundan en la mejora de los espacios y dependencias del centro educativo, gracias a la colaboración interdepartamental”, concluyó.

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La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el director general estatal de la Fundación Laboral de la Construcción, Julio Gil, y los presidentes provinciales de la entidad, María de la Salud Gil y Óscar Izquierdo, han presentado un convenio por dos millones de euros, que permitirá organizar cerca de cuarenta acciones formativas especializadas

El Servicio Canario de Empleo (SCE) y las delegaciones de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en las dos provincias canarias han suscrito un convenio de colaboración que permitirá organizar 36 cursos, para dar formación a 715 personas, preferentemente desempleadas.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, de quien depende el SCE, explicó en la presentación del proyecto que la construcción es uno de los sectores más resilientes y elogió “el esfuerzo continuado de la Fundación Laboral de la Construcción por dar siempre formación actualizada y renovar un sector en plena transformación, que ofrece un enorme atractivo para generar empleo de calidad”.

En este sentido, Julio Gil, director general de la Fundación, recordó cómo el trabajo de la entidad “surge del interés de empresas y sindicatos por mejorar el sector y ahora se está viendo esta transformación en un sector con una tasa de abandono muy baja y un alto índice de emprendimiento, que se mejora gracias a acciones como la sensibilidad de este Gobierno”.

Por su parte, María de la Salud Gil, presidenta de la FLC en Las Palmas, señaló que este proyecto, de nombre Construye-T, “es una gran oportunidad para incorporarse a un sector con un buen convenio colectivo y que ya no es aquél sobre el que se tenían tantos prejuicios, sino uno que avanza en su transformación, con más tecnologías y trabajos fuera de la propia obra cada vez”.

La inversión será de 2 millones de euros, con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias, con los que se impartirán cursos que respondan a las necesidades del sector que han detectado desde la Fundación en ambas provincias y cubren desde la formación sobre nuevos materiales, hasta las últimas tecnologías aplicadas a la construcción. Con esta oportunidad, Óscar Izquierdo, presidente de la FLC en Santa Cruz de Tenerife, instó sobre todo “a jóvenes y a mujeres a incorporarse al sector, porque ahora mismo solo el 6% de los puestos los ocupan ellas y por cada cien jubilaciones, se incorporan solo 6 personas, lo que da una idea de la gran oportunidad que ofrece la construcción para desarrollar una carrera profesional sólida”.

El desarrollo de este proyecto formativo permitirá adaptar la oferta formativa que se desarrolla actualmente en oficios del sector demandados como la albañilería, pintura, etc., aplicando nuevas metodologías de trabajo o los últimos materiales, etc, contando con la colaboración de fabricantes y expertos que realizarán demostraciones al alumnado y les acercarán las últimas novedades del sector.

Además, se implementará la adquisición de competencias digitales de los trabajadores y su especialización en el ámbito de la rehabilitación y construcción sostenible, como por ejemplo la colocación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) o la instalación de fachada ventilada, para lo cual se incluyen especialidades formativas que dan respuesta a estas necesidades.

Las destinatarias del proyecto serán preferentemente personas desempleadas, inscritas en las oficinas de empleo, aunque se admitirá un máximo del 30% de personas ocupadas. Entre las personas que reúnan los requisitos para participar en el proyecto se priorizará a

Jóvenes demandantes menores de 30 años; de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y mujeres víctimas de violencia de género.

Colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción

Durante la rueda de prensa de presentación del acuerdo, que contó también con la presencia de la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, la consejera incidió en la importancia que ha cobrado la Fundación Laboral de la Construcción en el desarrollo de la formación de calidad en las islas.

De hecho, afirmó que “con esta iniciativa, afianzamos la relación del Servicio Canario de Empleo con una Fundación que siempre se ha caracterizado con su proactividad y su interés por alinear la iniciativa privada y la pública para el desarrollo del sector hacia unos objetivos comunes. No obstante, en los últimos dos años, la Fundación ha recibido más de 14,5 millones de euros para desarrollar sus actividades formativas y muchas de esas partidas las ha obtenido en convocatorias abiertas a concurrencia competitiva, lo que es una muestra de su continua preocupación por contribuir a ese progreso del sector en las islas”.

El sector de la Construcción ha demostrado además tener una gran capacidad de resiliencia en el complicado contexto actual y ha sido de los primeros en lograr recuperar e incluso superar los niveles de empleo previos a la pandemia. Al cierre de 2022, el sector tenía 4.400 personas menos registradas en el paro y 5.200 afiliadas más a la Seguridad Social, que en 2019.

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El curso de Transformación digital para empresas y personal de dirección inicia la segunda fase del Plan de digitalización para el sector, que desarrolla la Asociación de Empresas de Promoción y Construcción de Las Palmas con financiación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil e Ignacio Zabaleta, director de la Canary Islands Business School, centro de negocios donde se imparte el curso, inauguraron una formación de catorce semanas, en la que directivas y directivos de las empresas del sector conocerán herramientas fundamentales para mejorar la competitividad del sector de la construcción en la provincia a través de la digitalización.

Durante su intervención, Máñez incidió en que la digitalización “ya no es opcional, sino una obligación para todas las empresas, de cualquier sector, que pretendan mantenerse en el mercado”. La consejera hizo especial hincapié en la necesidad de las empresas más pequeñas y las personas autónomas inicien ya un proceso “que evoluciona cada día y puede dejar obsoletos todos los modelos de negocio que no puedan competir con quienes tienen sólidos proyectos digitalizados”.  En este sentido, invitó a las empresas presentes a aprovechar todos los recursos y herramientas que la Consejería ha puesto a disposición del tejido productivo canario, “desde las subvenciones de Innobonos orientadas a la mejora tecnológica, hasta la formación ‘a la carta’ que ofrecemos a las empresas para recualificar a su personal o formar a las nuevas incorporaciones, pasando por programas como Diginnova, con el que pagamos prácticas no laborales a egresados y egresadas de universidades y FP superior para que ayuden con la digitalización, la transición verde o la innovación a las empresas, con tanto éxito en su primera edición que muchas empresas han decidido contratarles después”.

María de la Salud Gil remarcó la intervención de la consejera al hablar de la digitalización como una “necesidad inexcusable” para el sector y recordó que con el curso “iniciamos la segunda fase de un Plan de digitalización de la construcción a medio plazo, que comenzó el año pasado con un diagnóstico de la situación “en el que el sector hemos de reconocer que no sacó buena nota, ante una realidad que nos arrolla”. De ahí que la presidenta de la patronal provincial considerase como “una de las partes más importantes de toda la transformación digital del sector, la formación de sus empresarios y empresarias y de su personal directivo, porque sin su implicación y sin que tengan el convencimiento de que es imprescindible, todo el proceso estará condenado al fracaso. En este sentido, recordó que con el plan, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, adscrita a la Consejería, ya se han elaborado los planes directores de transformación digital del sector, que se implantarán en una tercera fase del proyecto, “con los que queremos llegar especialmente a las empresas pequeñas y muy pequeñas, que son la que tienen mayores dificultades para lograr la transformación digital”.

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Con un coste de 125.000 euros, aportados a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la primera fase del Plan de digitalización del sector de la Construcción ha detectado que muchas empresas del ramo desconocen que será vital para ellas incorporarse al nuevo modelo económico

La primera fase del Plan de digitalización del sector de la Construcción, impulsado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Constructores y Promotores de Las Palmas (AECPLPA), con el apoyo de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, evidencia que más de la mitad de las empresas del sector presentan un grado de digitalización insuficiente. De hecho, el 53 por ciento de las analizadas obtuvo una puntuación por debajo del cinco, en una escala de 10 puntos, en materia de madurez digital.

Además, de las doscientas empresas contactadas para ofrecerles participar en el estudio del sector, solo treinta y cinco, menos del dieciocho por ciento, colaboraron completando los cuestionarios de autodiagnóstico que permiten obtener una visión general de cómo se encuentra el sector. De ahí que Elena Máñez, la consejera de Economía, destacase “la necesidad perentoria de que todas las empresas del sector, sin importar su tamaño, sean conscientes de que la empresas que no se digitalicen pueden estar condenadas a desaparecer”. “De nada sirve” -continuó- “que hayamos cuadruplicado el presupuesto para digitalización con respecto al que había al inicio de legislatura y lo hayamos situado en 23 millones de euros anuales, si no logramos que los colectivos a quienes nos dirigimos, sean empresas u otros colectivos, no perciben la importancia de esta transformación”.

En esta misma línea se pronunciaba la presidenta de la AECPLPA, María de la Salud Gil, quien invitó a todas sus empresas asociadas a participar en los procesos de digitalización, sin importar si son muy pequeñas y tienen escasos recursos “porque existen toda una serie de subvenciones, ayudas y apoyo para el asesoramiento que pueden aportar un enorme salto de calidad para las pymes y personas autónomas del sector”. Gil enfatizó sobre todo en la virtud de herramientas como los Planes directores de transformación digital, que la consultora contratada, Velorcios Group, ha elaborado para cada una de las empresas que han querido participar en el proyecto “y que ahora saben a la perfección todos los pasos que tienen que dar para tener un completo control sobre su presencia en el mundo digital o sobre las herramientas que deben implementar para obtener el mayor rendimiento a su negocio, porque miles de pequeñas empresas en la construcción y, para que el sector funcione, necesitamos que todas, sin importar el tamaño, estén digitalizadas”.

El CIO de Velorcios, Jorge Alonso, que fue el encargado de presentar el balance de esta primera fase del Plan, señaló cómo eta primera fase de diagnóstico ha servido para “evidenciar la necesidad de seguir profundizando en acciones específicas para el sector”, entre las que enumeró la elaboración de un programa formativo de transformación digital dirigido a personas propietarias de empresas o directivas, la creación de una Oficina Técnica de digitalización para el sector, similar a la Red CIDE DIGITAL, impulsada por la Consejería para el empresariado en general; o crear un hub sectorial de la innovación, que permita acelerar todos los procesos digitalizadores, a través de la colaboración.

Todas estas propuestas surgen después de elaborar Planes de Transformación para 35 empresas y detectar las carencias e inquietudes que se manifiestan en el sector. Precisamente con la intención de evidenciar el sentir de las personas que deciden dar este paso, el acto de presentación de la primera fase del plan de digitalización contó con la participación de tres empresas de diferentes tamaños:

Amparo Hernández, de la empresa familiar MH Reformas y Construcciones, explicó las dificultades de empresas y personas autónomas para satisfacer a un cliente “que cada vez más quiere conocer por adelantado los materiales, calendarios y, sobre todo, el resultado final de la reforma”. En este sentido, destacó todas las herramientas que están descubriendo gracias a su plan personalizado “y al uso correcto de la nube, que nos permite tenerlo todo y en todo momento”.

Ana Kurson, Arquitecta, apuntó la relevancia de que “todo el ecosistema del sector dé el salto a la digitalización, porque no sirve de nada que yo utilice el BIM” -sistema que se está convirtiendo en el nuevo estándar de diseño virtual de las edificaciones- “si después las empresas contratistas o el resto de escalones del proceso constructivo no tiene acceso a la misma tecnología”.

Como ejemplo de gran empresa, Santiago Báez, del Departamento Técnico de Construplan, incidió en que su compañía lleva más de 10 años aplicando soluciones de digitalización y que eso le ha servido para multiplicar su facturación. Aun así, reconoció que les queda mucho por desarrollar aún, en un proceso de digitalización que no se detiene. “Ahora, por ejemplo, estamos en la línea de salida para la implantación definitiva de la realizada virtual en nuestra empresa y, gracias al asesoramiento que nos brinda este plan, podremos afrontarla cometiendo menos errores que en todo el proceso de digitalización anterior de nuestra compañía”.

Según el cronograma previsto para el desarrollo del Plan, el próximo año se abordará la ejecución del Plan director de Transformación Digital de cada empresa; se darán pasos hacia la creación de una oficina técnica de Transformación Digital, en 2024, y, al año siguiente, se espera tener constituido definitivamente el ‘Digital Hub de la Construcción’, como instrumento de intercambio y colaboración de todas empresas del sector. Por su parte, la consejera se comprometió a mantener e incluso incrementar el apoyo de su departamento a un proyecto “determinante” para el futuro del sector.

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A través de un convenio de colaboración con el Servicio Canario de Empleo, cerca de 600 personas desempleadas del ramo de la construcción se podrán especializar en los conocimientos concretos necesarios para la edificación de la nueva central hidroeléctrica, promovida por Red Eléctrica de España

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil, y la delegada en Canarias de Red Eléctrica de España (REE), Ainara Irigoyen, presentaron esta mañana una novedosa propuesta de formación, orientada a la cualificación de trabajadores y trabajadoras en las especialidades que puede demandar la construcción del proyecto “Salto de Chira”.

La consejera de Empleo, Elena Máñez, destacó el valor añadido que aporta a las políticas activas de empleo la colaboración de las entidades públicas con el tejido productivo y sus empresas, que son quienes conocen al detalle las habilidades que necesitan en sus empleados y empleadas. En este sentido, Máñez recordó que “el Servicio Canario de Empleo ya viene trabajando desde hace tiempo en este tipo de formación modular y especializada, que ya impartimos, por ejemplo, en empresas de reparación naval y que permite a nuestra población ir formándose en habilidades que a veces no ofrece la enseñanza más formalizada y reglada, pero que resultan determinantes para incrementar la competitividad de nuestras empresas.”

Durante su intervención, Antonio Morales incidió en la oportunidad de impulsar los empleos relacionados con el desarrollo verde y sostenible y, en este sentido, remarcó que el proyecto del Salto de Chira “va a convertir a Gran Canaria en referencia mundial con un proyecto energético singular, que nos permitirá avanzar en la soberanía energética, pero también hídrica, por el gran aprovechamiento del agua que permitirá la central hidroeléctrica, con el mayor proyecto que se ha realizado en la isla en los últimos años y que permitirá contar con más de 3.000 puestos de trabajo durante su construcción.”

Los 40 cursos de formación especializada previstos se impartirán en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción, cuya presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil, destacó las competencias en digitalización como el gran reto al que se enfrenta el sector “y que pueden marcar la diferencia entre nuestras empresas y las que puedan venir de fuera”. Gil definió el proyecto presentado hoy como “un prototipo de lo que debe ser la colaboración público-privada” e invitó a ver la situación de crisis pandémica y la llegada de fondos europeos a las islas como “una oportunidad para acelerar la capacidad de transformación en todo aquellos que nos haga más competitivos”. Así, incidió en la gran mejora de la empleabilidad que van a suponer estos cursos para cada uno de sus participantes “que tendrán los conocimientos precisos que demanda el sector de la construcción civil y, por tanto, tendrán muchas más posibilidades de elegir dónde trabajar después”.

La delegada de Red Eléctrica de España en Canarias, Ainara Irigoyen, agradeció, por su parte, la visión del Servicio Canario de Empleo de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y de la Fundación Laboral de la Construcción por la promoción de la formación profesional, al considera que supondrá una importante cualificación y aumentará las capacidades competitivas de un gran número de trabajadoras y trabajadores de Gran Canaria. En su intervención, Irigoyen enfatizó “el compromiso de Red Eléctrica de crear valor compartido en todos los territorios donde desarrolla sus proyectos”, antes de manifestar su convencimiento de que estos cursos “puedan aumentar la empleabilidad de los trabajadores de Gran Canaria, para poder participar en esta obra o en otras que puedan requerir una especialización similar”. La representan de REE concluyó apuntando que la empresa participará y colaborara con la Fundación, impartiendo formación con profesionales de la compañía, ya que son especialistas en la materia y tienen una alta experiencia en muchas de las modalidades de formación”.

La Fundación Laboral de la Construcción y REE detectaron la oportunidad de incrementar la capacitación de los trabajadores y trabajadoras, con los conocimientos precisos para poder trabajar en un proyecto tan singular e incluso REE ofreció a sus profesionales como docentes en esta formación tan especializada. Así, ante la elevada oferta de empleos prevista, se diseñó un programa de formación con materias específicas, que permite cubrir esas lagunas y mejorar sustancialmente la empleabilidad de decenas de personas, tanto para esta infraestructura como para otras obras de construcción civil, que se puedan emprender gracias a la colaboración del Servicio Canario de Empleo para tener población suficientemente preparada en las Islas.

Algunos detalles del proyecto

Gracias a la estrecha colaboración entre todas las partes implicadas, se podrá impartir formación extraordinaria:

1.-A profesionales especialistas, en aspectos como la metodología BIM, que se basa en el trabajo colaborativo aplicado al sector de la construcción, para facilitar la gestión de los proyectos.

2.-A encargados y encargadas de obra y capataces, en el control de los trabajos y en competencia matemática.

3.-Y a operadores y operadoras en el manejo de la maquinaria específica que requiere este proyecto, y que les capacitará para atender las necesidades exactas que tiene Red Eléctrica y para las que no encontraba con facilidad perfiles idóneos en el mercado laboral canario.

Además, esta iniciativa les brindará formación transversal en competencias como la seguridad en espacios confinados, la prevención en trabajos en altura y otras.

Este proyecto se ha orientado hacia aquellas personas para las que un pequeño impulso formativo puede suponer la diferencia a la hora de conseguir trabajo, sin olvidar los criterios transversales que se aplican a los procesos selectivos del SCE.

Así, las personas a formar deberán estar desempleadas e inscritas en las oficinas de empleo y, entre las que reúnan los requisitos para cada especialidad, se priorizará, entre otros criterios, a:

–       Jóvenes menores de 30 años y a mayores de 45 años

–       Demandantes desempleados de larga duración

–       Mujeres víctimas de violencia de género

–       Personas con discapacidad reconocida igual o mayor al 33%.

Por último, se procurará que la cuota de participación a favor de las mujeres, en un porcentaje en torno al 55%, con la finalidad de facilitar su presencia en sectores en los que tradicionalmente han estado infrarrepresentadas.

La estimación durante la fase de construcción de la central hidroeólica es que se necesiten 4.366 puestos de trabajo, de los que 3.518 se generarían en Gran Canaria.

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El consejero Sebastián Franquis informa en el Parlamento que la Consejería ha logrado paralizar más de 500 procesos de desahucios en toda Canarias en los últimos dos años

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy en el Parlamento regional que en los primeros seis meses de ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 se ha gestionada la adquisición, construcción y rehabilitación de más de 5.300 viviendas de protección social en toda Canarias. Además, se han puesto en marcha varias ayudas al alquiler a familias vulnerables. Todas estas actuaciones suponen que el Gobierno de Canarias, en estos primeros seis meses del Plan, ha comprometido cerca de 94 millones de euros tanto en la compra, construcción y rehabilitación de viviendas, como en ayudas al pago de alquiler a familia con pocos recursos.

“La vivienda pública es una prioridad para el Gobierno de Canarias, de ahí la aprobación del Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, en diciembre del año pasado”, manifestó el consejero Franquis, “pero no sirve de nada que el Gobierno realice un Plan y lo apruebe el Parlamento, si el resto de las instituciones y agentes no entienden este objetivo. Tenemos que ser capaces de aumentar el parque público de vivienda para contribuir a controlar los precios del alquiler. Sacar más vivienda en alquiler para tener la posibilidad de cumplir con la exigencia constitucional que es el derecho a la vivienda en nuestra Comunidad Autónoma”.

En estos seis meses de ejecución del Plan se han ido desarrollando los tres grandes ejes de los diferentes programas líneas de actuación: la construcción o compra de viviendas semiacabadas, la rehabilitación y la política de ayudas al alquiler de viviendas. El consejero recordó que se han puesto en marcha más de una docena de actuaciones vinculadas a los programas que integra el Plan de Vivienda. Entre otras, se ha gestionado la compra de 323 viviendas inacabadas para ser destinadas a alquiler protegido, la adquisición de otras 50 casas para el programa Canarias Pro Hogar destinado a la población en riesgo de desahucio, y se ha iniciado la licitación para redactar los proyectos de las 437 primeras viviendas de protección social de nueva construcción recogidas en el Plan de Vivienda 2020-2025.

“Todas estas actuaciones suman cerca de 94 millones de euros que ya se han comprometido presupuestariamente por parte del Gobierno, un dinero que se invertirá en la rehabilitación de unas 4.098 viviendas y la adquisición o construcción de otras 1.204 que se destinarán al alquiler a precios asequibles”, señaló el consejero.

Además, añadió Sebastián Franquis en referencia al programa Canarias Pro Hogar, la Consejería ha evitado en los últimos dos años de legislatura paralizar 505 procesos de desahucio que afectaban a medio millar de familias repartidas en varias promociones por todas las islas, tras negociar con los propietarios el aplazamiento o suspensión de los lanzamientos previstos. “Por tanto, estamos poniendo en marcha los principales programas del Plan, un Plan en el que damos mucha importancia al programa Prohogar, en un momento delicado como el que estamos viviendo, para atender a estas familias, conjuntamente con los ayuntamientos, que se encuentran en un proceso de desahucio”, aseguró el consejero regional, “insisto, hemos atendido en estos dos años a 505 familias que afortunadamente la hemos liberado de esa situación complicada de enfrentarse a un desahucio”.

También destacó el consejero el reciente convenio firmado con la FECAM para evitar la despoblación en el medio rural y que implica una inversión de 14,5 millones de euros en viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes, o la convocatoria en los últimos seis meses de una línea de ayudas al alquiler para el bienio 2020-2021 dotada con 17,5 millones de euros y a la que se han presentado más de 18.5000 solicitudes.

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Elena Máñez visita al alumnado de un proyecto que se desarrolla gracias a una subvención de 1,3 millones de euros del SCE y que cuenta con la colaboración del Instituto Canario de la Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción

La consejera destaca “la colaboración de las administraciones con la iniciativa privada en un sector clave para la recuperación económica” y señala “la importante presencia de mujeres” participantes pese a tratarse de “una actividad masculinizada”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), impulsa con una subvención de 1,3 millones de euros un proyecto de formación y contratación de 45 personas sin trabajo durante un año para la rehabilitación de 150 viviendas públicas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Mediante una visita a los bloques de Bellavista, la consejera, Elena Máñez, examinó este lunes los detalles del Plan de Formación y Empleo para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética, en desarrollo desde el pasado agosto gracias al convenio de colaboración entre el SCE, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la Fundación Laboral de la Construcción.

“Es un proyecto completo en un contexto de crisis como la actual, porque se realiza en un sector clave para la recuperación económica como la construcción, une la colaboración entre administraciones públicas como el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la iniciativa privada, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, y además cumple un objetivo social al rehabilitar viviendas”, destacó la consejera, que subrayó además “la importante presencia de mujeres” en el proyecto “pese a tratarse de una actividad, la construcción, muy masculinizada”.

De hecho, casi se alcanza la paridad de género entre las 45 personas que se benefician de la iniciativa, un proyecto que les ofrece cualificación profesional a la vez que favorece su inserción laboral.

Además de Elena Máñez, se desplazaron hasta el entorno de las calles Alfredo Kraus y Teresa Berganza el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, y María Isabel Santana como directora del Icavi, organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en representación de la administración autonómica. También acudieron a la visita la alcaldesa de San Bartolomé, María Concepción Narváez, las concejalas de Cultura y Desarrollo Local, María Elena Espino, de Igualdad, Diversidad y Juventud, Irasema Hernández, y el edil de Vivienda, Alexis Gustavo Moreno, por la administración local, junto a la presidenta del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, y el vicepresidente, José Manuel Ojeda, entre otras personas representantes de la entidad sin ánimo de lucro constituida por la patronal y los sindicatos del sector.

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Franquis: “Acudimos a este parlamento con un Plan de vivienda dotado de 664 millones con más de 5.900 nuevas viviendas protegidas, 10.200 acciones en rehabilitación y ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios”

El consejero regional ha explicado ante la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento que se va a crear una oficina técnica con personal público para coordinar la gestión, ejecución y seguimiento del Plan

“La mejor política para controlar los precios del alquiler de la vivienda es aumentar el parque de vivienda y para eso es necesario un plan ambicioso y coherente como el que presentamos”, aseguró Franquis

El responsable regional de Vivienda afirmó que en la situación actual la colaboración público-privada, más que necesaria, es esencial, de ahí que este Plan ofrezca seguridad jurídica para que el sector se implique con garantías

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha iniciado hoy en el Parlamento regional el trámite que va a permitir poner en marcha en el mes de septiembre el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, un ambicioso Plan que se promueve con el objetivo de combatir la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago e impulsar la reactivación económica de Canarias. “Acudimos a este parlamento con un Plan de vivienda dotado de 664 millones con más de 5.900 nuevas viviendas protegidas, 10.200 acciones en rehabilitación y ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios”, explicó Franquis.

Este Plan prevé acometer en los próximos seis años un total de 88.195 actuaciones de fomento de la vivienda en todas las islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas, como en rehabilitación o en ayudas al alquiler a familias con pocos recursos.

El consejero Franquis presentó hoy el nuevo Plan a los diputados que forman parte de la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento regional tras entregarlo a la Presidencia de la cámara para su tramitación la semana pasada. A la finalización de esta comisión, la presidenta de la misma, la diputada Nira Fierro, procederá a designar una Ponencia entre los mismos diputados para que redacte un informe sobre el mismo.

La tarea de este nuevo Plan de Vivienda es promover el crecimiento del parque público de viviendas en alquiler en el Archipiélago, con la finalidad de garantizar una vivienda digna y atender las necesidades de los colectivos más sensibles y vulnerables, aseguró Franquis. “Vamos a dar un enorme impulso a la construcción de viviendas para el alquiler porque estamos convencidos de que la mejor política para controlar los precios del alquiler es aumentar el parque de vivienda en las islas, y para eso es necesario un plan ambicioso y coherente como el que presentamos hoy aquí”.

En este sentido, el concejal anunció también que su Consejería creará una oficina técnica para evaluar la implementación del Plan como programa estratégico de políticas públicas en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, con personal público para coordinar la gestión, ejecución y seguimiento del Plan.

El Plan presentado hoy, aseveró Franquis, recoge los objetivos fundamentales del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, impulsado por el consejero y suscrito por más de 30 colectivos sociales, empresariales, profesionales, institucionales y partidos políticos de las Islas el pasado mes de marzo. Antes de llegar a ese día, el consejero trazó el itinerario que ha seguido este Plan de Vivienda hasta llegar a la comisión celebrada hoy. Franquis recordó que el documento empezó a realizarse en abril de 2018 por el anterior Gobierno regional, que un año después presentó ya como proyecto al Consejo Económico y Social. Este organismo, sin embargo, tachó ese proyecto del mandato anterior de “poco riguroso” y falto de objetivos concretos, por lo que el consejero Franquis, con el nuevo Gobierno ya instalado, promovió la realización de un gran Pacto por la Vivienda Digna que incluyera a toda la sociedad de las Islas implicada en los asuntos de vivienda. Ese pacto, que finalmente se suscribió el 12 de marzo de este mismo año, sirvió para impulsar la redacción de un proyecto nuevo de Plan de Viviendas es que el que ahora se debate en el Parlamento regional.

El consejero aseguró ante los diputados que forman parte de la comisión, que el Plan de Vivienda cumple con una doble función: la social, al dar respuesta a la emergencia sanitaria del Archipiélago; y una importante función económica, ya que la inversión prevista servirá para estimular a varios sectores productivos de la comunidad autónoma y además contribuye decididamente a la reactivación económica y social que promueve el Gobierno canario para superar la crisis generada por la alerta sanitaria del COVID-19. En este sentido, explicó, el Plan de Vivienda supondrá un importante estímulo principalmente para el sector de la construcción, uno de los motores de la reactivación económica y social que promueve el Ejecutivo, ya que se calcula que con todas las viviendas de nueva construcción que se van a edificar con cargo al Plan se van a crear en el Archipiélago más de 28.000 empleos directos e indirectos relacionados con este sector.

El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 prevé en el horizonte del mismo incrementar el parque de viviendas protegidas del Archipiélago en 5.971 viviendas durante sus seis años de vigencia. Con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma el Plan recoge la construcción de 3.634 nuevas viviendas protegidas en esos seis años, el 63,70% en régimen de alquiler público (2.315 viviendas), y el 36,30% en régimen de alquiler privado (1.319 viviendas).

Por otro lado, y con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Plan Vivienda cifra en 2.337 el número de viviendas obtenidas a través de los diferentes programas. En concreto, con cargo al Plan 20.000 del Estado, se construirán 894 nuevas viviendas en Canarias, y con el Programa al fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento otras 450 nuevas viviendas. Asimismo, con el Programa de Viviendas Vacías se pretende alcanzar la cifra de otras 600 viviendas, en este caso ya construidas, en el horizonte del Plan.

Las viviendas de nueva construcción en régimen de alquiler promovidas tanto por el ICAVI, como por VISOCAN como por el Plan 20.000 se repartirán territorialmente de la siguiente forma: 1.735 viviendas en la isla de Gran Canaria; 1.440 en la isla de Tenerife; 622, en Lanzarote; 298, en Fuerteventura; 157, en La Palma, 68, en La Gomera; y 58, en El Hierro. Además, se reserva una bolsa de 150 viviendas más para aquellos municipios que aún no han concluido sus procesos internos para ceder el suelo al Gobierno canario para la construcción de las viviendas protegidas.

El consejero Franquis también especificó que esta territorialización busca dar respuesta a las mayores bolsas de demandantes de vivienda de las Islas, principalmente localizados en los grandes núcleos urbanos. De esta forma, las cuatro grandes ciudades de Canarias, las de más de 1000.000 habitantes, concentran el 51% de los demandantes de vivienda de las islas, por eso en estas ciudades se levantará el 44% de las nuevas casas previstas en el Plan. En las poblaciones de entre 20.000 y 100.000 habitantes, que concentran el 39% de los solicitantes, se construirá otro 44% de nuevas viviendas. Y por último, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con un 10% del total de solicitantes, se construirá el 12% restante de las nuevas viviendas.

La empresa pública VISOCAN comenzará la construcción de las primeras 180 viviendas del Plan a finales de este mismo año para los que ya hay consignados 84 millones en el presupuesto del Plan para este 2020.

Sebastián Franquis afirmó también que este Plan va a implicar de forma activa a las empresas del sector con la finalidad de aumentar el parque de viviendas y dar respuesta ala emergencia habitacional que sufre el Archipiélago. “En la situación actual la colaboración público-privada, más que necesaria, es esencial, de ahí que ofreceremos seguridad jurídica para que el sector se implique con garantías”, añadió.

Además, el Plan contempla otras actuaciones novedosas en el Archipiélago, como la cesión de 50 viviendas en régimen de cooperativa de cesión de uso o cohousing, también se van a adquirir 343 viviendas destinadas al programa Canarias Prohogar y otras 45 en ayuda a la autoconstrucción.

En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo el apoyo a actuaciones que beneficiarían a 10.227 viviendas en todo el Archipiélago a través de los diferentes programas existentes ya sea en entornos urbanos como rurales. Dentro de estas actuaciones se incluyen programas como el de las áreas de renovación y regeneración (ARRU) que se van a continuar o iniciar en las islas en los próximos seis años.

En el ámbito rural, el Plan confiere un tratamiento especial a los municipios de menos de 20.000 habitantes en los que se prevé la construcción de 614 nuevas viviendas para combatir la despoblación.

También adquieren una importancia fundamental dentro del Plan los diferentes programas de ayudas al alquiler de vivienda que se pondrán en marcha en los próximos seis años para ayudar a los hogares con menos recursos y con los que se pretende llegar a los 71.984 beneficiarios.

La ficha financiera del Plan de Vivienda recoge una primera partida de 84 millones de euros a invertir este mismo año, al que seguirán 110 millones en el año 2021, otros 110 millones en el año 2022 y desde 2023 y hasta 2025, 120 millones cada año hasta sumar los 664 millones del total.

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El número de personas desempleadas sube en agosto en 511 respecto a julio, pero se registra una bajada del 0,9%, con 1.844 personas menos, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Canarias es una de las tres comunidades autónomas españolas en las que no bajan las afiliaciones a la Seguridad Social, que se mantienen.

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, reafirma la necesidad de “aunar la complicidad de los sectores económicos y sociales de Canarias” y “trabajar de manera conjunta para bajar las cifras de paro en Canarias”. Así se pronunció tras la publicación de los últimos datos de paro en la Comunidad Autónoma, correspondientes al mes de agosto, según los cuales el número de personas desempleadas ha subido en 511 respecto a julio, hasta llegar a las 205.173, con una variación mensual del 0,25%, dentro de la tónica general del Estado. Mientras tanto, en la comparativa interanual se registró una bajada del 0,9%, con 1.844 personas menos.

El dato de paro registrado, que crece en todas las comunidades autónomas menos Castilla y León, Ceuta y Melilla, experimenta en Canarias “una ligera subida” respecto al mes anterior, teniendo en consideración, señaló Santana, que “si bien en el sector de la construcción el paro subió un 2,4%, en el sector servicios bajó un 1%”. Entre las comunidades que han registrado una mayor subida están Baleares, con un 3,56% y la Comunidad Valenciana, con un 3,72%.

En cuanto al dato de afiliación a la Seguridad Social, la bajada es generalizada salvo en Canarias, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla. En nuestra comunidad autónoma, las afiliaciones se mantienen y llegan hasta las 806.414 personas afiliadas. En la variación interanual, Canarias ha experimentado un crecimiento en afiliaciones del 2,20% respecto a agosto de 2018, con 17.514 personas más.

En un contexto de “enfriamiento de la economía”, de ligera subida del paro y de mantenimiento de las afiliaciones a la seguridad social, Santana insistió en la importancia de “trabajar mano a mano con los agentes económicos y sociales para buscar entre todos y todas soluciones para mejorar las cifras de paro”.

Por sexo, el número de hombres parados subió en 710 personas (con una variación del 0,82% respecto a julio), situándose en 87.148 personas; mientras que el paro femenino bajó en agosto hasta las 118.025 personas, 199 menos que en julio, con un descenso del 0,17%.

Bajada en agricultura y hostelería

Por sectores económicos, en agosto de 2019 se redujo el paro en agricultura y hostelería, con una bajada del 4,8 y del 1%, respectivamente, mientras que aumentó en los sectores comercial (0,17%), industrial (1,14%), construcción (2,19%) y resto de servicios (0,72%).

En cuanto a la variación interanual, la tasa de paro baja en todos los sectores respecto a agosto del año pasado, salvo en agricultura y resto de servicios, con una subida del 3,5 y del 0,3%, respectivamente.

Alta temporalidad

En agosto se firmaron en Canarias 70.066 contratos, 13.151 menos que el mes anterior, con un descenso del 15,8% y una variación respecto al mismo mes de 2018 de 4.070 contratos menos, lo que supone una bajada del 5,49%. En este sentido, el viceconsejero de Empleo avisó de que se mantiene la tónica de “una alta temporalidad en la contratación” y subrayó el hecho de que el 21,23% de los contratos firmados en agosto, un total de 14.874, “tiene una duración de entre uno y tres días”.

Pese a todo, Canarias tiene una tasa de contratos indefinidos superior a la de la media del Estado, con un 9,61% frente al 8,11% nacional.

Por sexo, las contrataciones cayeron en los dos casos respecto al mes pasado: 35.735 contratos firmados por hombres, 7.072 menos que en julio (un -16,52%); y 34.331 contratos firmados por mujeres, 6.079 menos (un -15,04%).

“Nuestro objetivo es contribuir a cambiar esta tendencia”, apuntó Santana, quien reiteró el “objetivo claro” de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de “estimular la calidad y estabilidad del empleo a partir del diálogo y la concertación con los agentes sociales y económicos”.

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