En el último año y medio la Consejería de Obras Públicas ha gestionado 56 peticiones para la puesta a disposición de 2.137 nuevos inmuebles por el sector privado, lo que supone un récord histórico en los últimos años
Este incremento se ha visto favorecido por el Decreto Ley 1/2024, que ha permitido agilizar los procedimientos e impulsar los expedientes para la calificación de estos inmuebles en diferentes islas
Otra modificación clave ha sido la actualización del Módulo Básico, -el precio del metro cuadrado para la construcción de vivienda protegida-, que ha permitido ajustarlo a la realidad de los costes de construcción en Canarias y al incremento de los precios
El consejero Pablo Rodríguez destaca que este incremento “refleja la efectividad de las políticas públicas que hemos puesto en marcha, demostrando así el compromiso del Ejecutivo con la solución del problema habitacional en Canarias”
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha registrado en el último año y medio un incremento sin precedentes en las peticiones para la puesta a disposición en el mercado de 2.137 nuevas viviendas protegidas.
Durante ese periodo, se han recibido 56 solicitudes para la calificación de esos 2.137 inmuebles como protegidos, para llevar a cabo su construcción o rehabilitación en el archipiélago. Se trata de un aumento significativo en comparación con los dos años anteriores.
En este sentido, en 2021 solo se recibieron 3 solicitudes para la calificación de 112 viviendas; y en 2022, la cifra bajó a 2 solicitudes con 78 viviendas. Unos datos que se vieron incrementados en 2023 con 14 solicitudes para 414 viviendas, y en 2024 con 42 peticiones para 1.723 inmuebles.
La cédula de calificación definitiva, que es la petición que hacen, en este caso, los promotores privados, es un documento que emite la Comunidad Autónoma en relación con una promoción de viviendas, por la que se declara su protección pública y se establece su régimen legal, y reciben una subvención por ello. Puede solicitarse por las personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), las cooperativas o las comunidades de bienes.
Rodríguez ha subrayado que medidas como el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que impulsa la disponibilidad de suelo y la reutilización de edificaciones para uso residencial, así como otras iniciativas destinadas a fomentar la promoción y construcción de inmuebles protegidos, han sido determinantes para garantizar el acceso a una vivienda digna. “De hecho, este incremento en el número de solicitudes y su resolución se ha visto favorecido por el Decreto Ley 1/2024, que ha permitido agilizar los procedimientos e impulsar los expedientes para la calificación de estos inmuebles en diferentes islas”.
El consejero ha destacado que “el aumento en las solicitudes y el número de viviendas calificadas desde el inicio de este grupo de Gobierno refleja la efectividad de las políticas públicas que hemos puesto en marcha, así como el impulso de la colaboración público-privada para que el sector sume esfuerzos junto a las administraciones públicas y, a través de la inversión en activos inacabados, por ejemplo, se puedan poner en el mercado un mayor número de viviendas. Estamos hablando, concretamente, de que se ha multiplicado por cuatro el número de solicitudes de viviendas protegidas en el conjunto de las islas, lo que es una muy buena señal de que el decreto ley, efectivamente, ha servido de impulso a la construcción de vivienda protegida en el archipiélago”.
“Otra modificación que ha sido clave para este incremento de las solicitudes, recogida también en el decreto ley, es la actualización y revalorización del Módulo Básico Canario, es decir el precio del metro cuadrado para construir vivienda protegida, conforme a la realidad de los costes de construcción en Canarias, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los materiales en los últimos años, adecuándose a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha señalado.
Asimismo, ha resaltado que “el mercado de la vivienda, prácticamente paralizado desde la crisis inmobiliaria de 2008, precisaba de respuestas y cambios normativos desde la administración pública, que permitieran volver a niveles pre-crisis e incentivar la oferta de vivienda. Ahora mismo nos encontramos en fase de aprobar un segundo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsar la construcción”.
De las solicitudes recibidas para la calificación de viviendas protegidas durante el último año y medio, 37 pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para un total de 1.234 viviendas, mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron 19 peticiones, sumando un total de 903 inmuebles.
