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La Consejería destinará 1,5 millones a facilitar los procedimientos administrativos del sector primario

Un plan para fomentar la cercanía, la innovación y la emprendeduría

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias refuerza la cercanía y atención a las personas vinculadas al sector primario a través de un Plan Estratégico de Mejora Continua e Innovación 2019-2021 dotado con cerca de 1,5 millones, una cuantía contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio.

Este programa de actuaciones supondrá una mejora y agilización en la prestación de los servicios a la ciudadanía vinculada al sector primario a través de la modernización de una administración formada por un equipo con conocimiento multidisciplinar especializado en la atención al ámbito primario, que ofrecerá servicios de calidad para fomentar el desarrollo sostenible del sector en Canarias.

La apuesta de la Consejería por modernizar la administración fija un presupuesto de 1,4 millones para dicho plan, además de la elaboración de estadísticas para la obtención y mejora de los datos más representativos del sector primario, con 52.531 euros, y la mejora en los puestos de trabajo y las instalaciones de la Consejería en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con una cuantía que asciende a 74.085 euros.

Las líneas principales de actuación se vertebran en dos ejes estratégicos: El vertical, conel “Gobierno Abierto”, dirigido a la ciudadanía y al personal de la Consejería que contempla la publicidad activa, la información pública y la garantía de reutilización de datos; y de mejora de la actividad administrativa en la Consejería, con cinco líneas de actuación basadas en la coordinación administrativa, la dirección por objetivos, la mejora de los procedimientos, la transformación digital y la perspectiva de género, orientadas a la gestión interna del departamento.

Por otra parte, el eje transversal, que está formado por cuatro líneas de intervenciónencaminadas a facilitar la ejecución de la planificación, que se sustenta en el acompañamiento a las personas, necesidades formativas, la comunicación y el seguimiento y evaluación.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explica que “la visión de este nuevo plan busca convertir al departamento en una organización administrativa abierta y cercana, con capacidad para mejorar las condiciones de vida de las personas cercanas al sector, porque es nuestra tarea favorecer la innovación, el emprendimiento y la divulgación de la información, siendo respetuosos con el medio ambiente y generando empleo”.

Por último, subraya que “es esencial “humanizar la Consejería y aplicar la perspectiva de género en todas nuestra actuaciones”.

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El director de Modernización disertará en Colombia sobre mecanismos de transparencia y registros fiscales

Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo Hernández, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), ha sido invitado por el Consejo de Estado y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para participar en un seminario internacional e impartir clases de Máster

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández, viaja esta semana a Bogotá para ofrecer, desde el Consejo de Estado de Colombia, una conferencia sobre ‘El concepto de beneficiario efectivo y la atribución de rentas’. En la ponencia, dirigida a jueces y juezas del país sudamericano, explicará la noción de beneficiario activo, que se usa para limitar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales y en los registros de transparencia para prevenir la corrupción y otros delitos e infracciones administrativas relacionadas.

Hernández, que en 2016 recibió el premio de Tesis Doctoral de Derecho Fiscal de la Universidad parís 1 Pantheon-Sorbonne por su trabajo sobre beneficiario efectivo, participará asimismo en el Seminario Internacional Tax Meeting invitado por el departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, donde disertará sobre ‘Clausulas especiales Anti-abuso en los convenios de doble imposición’.

Profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), Hernández abordará igualmente los convenios de doble imposición en la mesa redonda de relaciones fiscales con EEUU, en la que hablará sobre el convenio de doble imposición entre ese país y España, que fue aprobado por el Senado estadounidense el pasado mes de julio, y que pretende potenciar las inversiones entre ambos países.

Asimismo, el director ha sido solicitado por la institución académica colombiana para impartir clases de Máster sobre planificación fiscal agresiva y planificación de abuso fiscal, que versarán sobre las normas más recientes en la Unión Europea y la OCDE para prevenir la planificación fiscal abusiva de las multinacionales y hablará de la Zona Especial Canaria como régimen fiscal especial que no es perjudicial.

Durante su estancia en el país sudamericano, ofrecerá también una conferencia en la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), patronal de Colombia, sobre las nuevas normas anti-abuso, seguridad jurídica y los nuevos mecanismos de compliance y cumplimiento cooperativo para facilitar la administración, gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las líneas de investigación de Hernández sintonizan con algunas de las actuaciones y trabajos que el consejero Julio Pérez ha puesto en marcha en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Así por ejemplo, Pérez ha remarcado el papel de la transparencia como instrumento transversal de todas las demás políticas del Departamento, al tiempo que ha defendido el establecimiento de un sistema de gestión y conocimiento de datos para su reutilización y aprovechamiento por parte de la ciudadanía y las empresas y la incentivación de la participación de personas particulares y también de asociaciones y grupos sociales en la tramitación de instrumentos normativos y actuaciones que lo permitan.

Así, una de las líneas de actuación del Ejecutivo en esta legislatura es aumentar la transparencia en la gestión con el objetivo de alcanzar una ‘Administración de cristal’, por lo que esta debe dejar de ser una fase posterior a la acción del Gobierno para convertirse en una fase simultánea a la misma.

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Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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El Programa de Desarrollo Rural ha permitido invertir 135.744.270 euros en 4.000 proyectos en las Islas

Las líneas de modernización (58 millones) y apoyo a jóvenes (17 millones) suman más de la mitad de lo invertido y, junto al gasto privado, ha supuesto una inyección económica en el sector de más de 100 millones para su renovación

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, ha tramitado ya el 73% del total previsto del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2014-2020 (que podrá ampliarse hasta 2023), sin contabilizar las convocatorias que actualmente se encuentran en vías de resolución y que permitirán cubrir la totalidad de la inversión pública prevista, que es de 185 millones de euros. Al terminar el mes de mayo el gasto público ascendía a 135.744.270 euros con un número de beneficiarios finales de 3.980.

El titular de este departamento autonómico, Narvay Quintero, ha explicado que el trabajo de este Gobierno ha pretendido que el sector sea “más equilibrado, menos dependiente del clima, más competitivo y moderno e innovador, además de la incorporación de jóvenes y de la promoción de la labor de la mujer”.

Este Programa de Desarrollo Rural cuenta hasta 2020 con los citados 185 millones de euros para impulsar medidas en el sector primario promoviendo su modernización, mayor competitividad y equilibrio medio ambiental. Con el fin de hacer más efectivas estas ayudas, según ha explicado Quintero, Canarias incorporó para su tramitación diversas novedades como la solicitud telemática, la justificación de las inversiones mediante un precio medio ponderado, la publicación plurianual de las convocatorias y la cobertura de todas las solicitudes que cumpliesen con los requisitos establecidos.

El director general de Agricultura, César Martín, ha manifestado que estas medidas han permitido facilitar los trámites y aumentar la eficacia de esta línea de ayudas que ha detallado más en profundidad.

La línea de apoyo a la modernización ha sido la que más recursos ha reunido, 58 millones ya convocados, “incentivando a su vez una inversión privada para alcanzar los 100 millones de euros en total para modernizar e incorporar nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas en el Archipiélago”, ha explicado Martín. Las mejoras han tenido que ver con reestructuración y modernización, respecto a su tamaño u orientación productiva, y a retos relacionados con el medio ambiente, cambio climático y bienestar animal.

El objetivo ha sido mejorar los resultados económicos, a través de un mejor uso de los factores de producción,  la introducción de nuevas tecnologías y de innovación, y apostando por la calidad, diversificación o la producción ecológica.

El apoyo a nuevos emprendedores en el sector ha sido una apuesta de este PDR y en los últimos años ha permitido que se pongan en marcha 319 proyectos empresariales protagonizados por jóvenes menores de 40 años, de los 211 son explotaciones agrarias y 108, ganaderas.

El objetivo de esta línea es generar las condiciones para promover un relevo generacional necesario en el sector, así como la incorporación de la mujer a proyectos empresariales agrarios. La inversión total ha ascendido a 15,7 millones, a los que hay que añadir 1,8 sobre asesoramiento y otros incentivos en la línea de apoyo a la modernización como la puntuación preferente o el acceso hasta el 75% de la subvención.

El Programa de Desarrollo Rural ha apostado también por apoyar la comercialización, transformación o desarrollo de nuevos productos agrícolas, con una inversión de más de 10 millones de euros, o el compromiso por mejorar los sistemas de regadíos privados, que ha recibido un impulso de 4,4 millones de euros (más otro millón que se espera incrementar), que han de sumarse a los más de 11 millones invertidos por el Gobierno autonómico en obras en diferentes Islas, partida que se verá incrementada en otros 6 millones de euros en los próximos meses.

Este PDR ha servido, además, para incentivar la cohesión social en las zonas rurales de las Islas, así como el desarrollo de proyectos para mejorar los servicios en las medianías y paliar así su despoblamiento. En total, casi 20 millones de euros invertidos.

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