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La Consejería de Presidencia inicia un Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración General

Nieves Lady Barreto: “Damos respuesta a una reivindicación histórica de un colectivo de más de 7.000 trabajadores, que representa el 64% de los efectivos”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un Plan de Ordenación de los recursos humanos del Personal Laboral de la Administración General de la comunidad autónoma. Nieves Lady Barreto manifestó que este plan es un tema de justicia social porque reconoce los derechos del personal laboral: “Después de más de 15 años, damos respuesta a una reivindicación histórica de 7.150 trabajadores, que representan el 64% del total de efectivos de la Administración General”.

Nieves Lady Barreto destacó que el Plan de Ordenación permitirá dimensionar adecuadamente el número de efectivos necesarios, sus perfiles profesionales, la movilidad, la promoción interna, la formación, la adaptación de la clasificación profesional al sistema educativo, además de permitir acceder voluntariamente a procesos de funcionalización.

“Para ello -manifestó- constituiremos una mesa de trabajo entre la Administración y los sindicatos, que analice las propuestas y elabore el documento conjuntamente para que pueda ser sometido a sus trámites preceptivos, incluida su negociación formal en la mesa correspondiente. La consejera agradeció la predisposición de las organizaciones sindicales para trabajar movidos por un mismo fin “que no es otro que la ordenación de este colectivo tan importante de trabajadores”.

La consejera estuvo acompañada en la presentación de esta iniciativa por el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens y por el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez.

Según explicó el director general de Función Pública, este Plan de Ordenación debe descansar sobre la base de varios ejes de actuación que aborden los elementos esenciales del estatuto jurídico del personal laboral.

En primer lugar, se deberá abordar la actualización de la clasificación profesional de este personal para que se adapte no sólo al actual marco educativo y de regulación de profesiones, sino también depurando aquellas funciones que por el devenir del tiempo han quedado obsoletas y aquellas que han de consolidarse y reforzar.

En segundo lugar, se trabajará para contar con una definición clara y uniforme entre los cuerpos funcionariales y las categorías laborales, en cumplimiento de la Ley, delimitando cuáles son sus ámbitos propios de actuación.

En este sentido esta Consejería ya ha dado el primer paso aprobando en el mes de marzo el Catálogo de categorías laborales sujetas a conversión funcionarial y ahora se tratará de implementarlo a través del citado plan de ordenación.

En tercer lugar, se planificará la selección de personal laboral fijo de la Administración, definiendo el contenido de nuestras Ofertas de Empleo Público, su dimensión, su horizonte de ejecución y las bases o normas que regularán la selección de este personal.

El Plan de Ordenación debe incluir también una planificación del derecho a la movilidad del personal laboral por cuanto constituye uno de los derechos esenciales de su carrera profesional, permitiendo que puedan aspirar a ocupar otros puestos de trabajo de forma que el plan determine los elementos esenciales a tener en cuenta para garantizar la concurrencia y la igualdad en la concurrencia en estos procedimientos de traslado.

Este Plan debe igualmente contemplar la promoción profesional, horizontal y vertical, por cuanto constituye otro de los elementos esenciales de la carrera profesional, pero también un valor en alza del capital humano porque permite ascender a quienes ya son personal laboral de esta Administración, a grupos profesionales distintos o superiores.

Al respecto, Francisco Javier Rodríguez señaló que la promoción interna supone un aprovechamiento eficaz y eficiente del factor humano ya existente dado que las personas que acumulan experiencia y formación dentro de la propia organización pasan a desempeñar otras funciones, de igual o superior relevancia, incorporando a ese nuevo desempeño su bagaje profesional.

Para el director general de Función Pública, este Plan de Ordenación debe asumir también la solución a una de las asignaturas pendientes que afecta a la práctica totalidad de las Administraciones Públicas en España. “Se trata de permitir y poner en ejecución procesos de funcionarización de aquel personal laboral que viene desempeñando puestos de trabajo o funciones que son propias del personal funcionario, procedimientos voluntarios que ofrezcan la posibilidad de que dicho personal opte por su funcionarización sin merma de sus derechos profesionales”, dijo.

Balance de Función Pública

En estos 20 meses, la Consejería ha llevado a cabo varias iniciativas legislativas como la tramitación en febrero por el Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias. Antes, en septiembre de 2024, el Parlamento de Canarias convalidó el Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad del empleo público en Canarias, que se está tramitando como Proyecto de Ley.

En cuanto a los procesos selectivos, la Dirección General de Función Pública se encontró en julio de 2023 que aún se estaba ejecutado parte de la Oferta Ordinaria de Empleo Público de 2018 y la de 2019 y pendientes de convocar la de los años 2020, 2021 y 2022. Tampoco se había tramitado la Oferta de Empleo Público del año 2023, lo que suponía un riesgo de pérdida de la tasa de reposición autorizada por el Estado, y, por ende, una pérdida de oportunidad de incorporar nuevos efectivos. Hay que sumar, además, una Oferta de Empleo adicional del año 2022 para personal laboral fijo.

A día de hoy, todas están ya en marcha y está aprobada la OPE de 2024 y destaca también que la de 2023 incorpora por primera vez el turno específico pata personas con discapacidad intelectual.

En total, se ha tenido que gestionar 6.160 plazas en 345 procesos selectivos, sumando todas las OPEs (1.857 plazas), la OPE adicional (783 plazas) y los procesos de estabilización (3.520 plazas).

Sobre los procesos de estabilización, reseñar que para 3.520 plazas de personal funcionario y laboral fijo en 188 procesos selectivos se presentaron 10.640 solicitudes y que todas las pruebas selectivas finalizaron a 31 de diciembre de 2024, cumpliendo los plazos marcados por la Ley, a pesar de encontrar en agosto de 2023 que, habiéndose agotado la mitad del plazo de 3 años que daba la Ley para cumplir con la estabilización, solo habían concluidos los plazos de presentación de solicitudes.

Mejoras en los procesos selectivos

En 2024 se aprobaron una serie de medidas para mejorar los procesos selectivos. En este sentido figura el código de buenas prácticas para la confección, por parte de los tribunales calificadores, de los cuestionarios tipo test que, como prueba selectiva, forman parte de los procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como el manual de buenas prácticas en la actuación administrativa de los tribunales calificadores.

También se cuenta ya con un protocolo de actuación para garantizar la efectiva participación de mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, ahora se exige superar al menos el primer ejercicio de la fase de oposición para poder formar parte de una lista de empleo, entendiendo que solo eso puede garantizar un mínimo de idoneidad para formar parte de las listas.

Entre las actuaciones en marcha está aprobar listas de empleo adicionales basadas en la idoneidad de las personas aspirantes, sin que su acceso pueda ser universal sin mérito o capacidad alguno. Y se está trabajando en la aprobación de un Decreto de nueva regulación de las listas de empleo.

Por otro lado, se han rebajado y unificado las tasas para acceder a los procesos de selección de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma estableciendo una tarifa única de 15 euros para todos los grupos y subgrupos profesionales (es una rebaja de hasta el 80% respecto a las tarifas vigentes hasta ahora), salvo para la Agrupación Profesional de Subalternos que es de 10 euros.

Otra de las actuaciones relevantes para la Consejería es el Plan de Igualdad. En este sentido, ya ha finalizado el diagnóstico de situación de la Administración General y también el de Justicia, que son los que dependen directamente, y se está impulsando el de Sanidad y Educación, con el objetivo puesto en poder disponer del primer Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias en esta legislatura.

 

 

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Comunicado urgente de suspensión de las pruebas selectivas por alerta meteorológica

ACLARACIÓN: A la vista de las consultas recibidas en relación con el comunicado realizado en el día de hoy y si bien se trata de una convocatoria única de pruebas selectivas, parece necesario aclarar que la suspensión de las pruebas selectivas abarca la totalidad de los lugares de celebración, por cuanto supone una suspensión total de la prueba selectiva.

El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencias ha procedido en el día de hoy a actualizar la situación por fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a parte del archipiélago de Canarias en el día de mañana 15 de diciembre de 2024.

En concreto se ha declarado la alerta máxima por viento muy fuerte y localmente huracanado que podría alcanzar los 120 kilómetros por hora en las islas de El Hierro, La Gomera y parte de la isla de Tenerife.

Esta altera meteorológica afecta directamente a una de las islas en las que se celebran las pruebas selectivas previstas para el día de mañana (Tenerife), así como a las personas aspirantes residentes en otras islas que deban desplazarse.

Conforme a la información proporcionada por el Gobierno de Canarias, las rachas más intensas se prevén a partir de la madrugada del domingo, recomendando entre otras medidas, evitar los desplazamientos, salvo que sean estrictamente necesarios.

Por este motivo, en aras de garantizar la seguridad y la integridad de las personas aspirantes que concurren a estos procesos selectivos, de los tribunales calificadores y del personal colaborador, la Dirección General de la Función Pública ha decidido SUSPENDER, por motivos de prudencia y para la seguridad e integridad de las personas, siguiendo las recomendaciones de protección civil del Gobierno de Canarias, la celebración de las pruebas selectivas previstas para mañana domingo día 15 de diciembre de 2024.

Los procesos selectivos afectados son los siguientes:
Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General (turno libre)
Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión Financiera y Tributaria (turno libre)
Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera (turno libre)
Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente (turno libre)
Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General (promoción interna) Cuerpo Administrativo (promoción interna)
Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración Financiera y Tributaria (promoción interna)

Lamentamos profundamente este inconveniente que es ajeno totalmente a la voluntad de esta Dirección General.

Las personas aspirantes volverán a ser convocadas en tiempo y forma para la celebración de la prueba selectiva.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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La Consejería de Presidencia aprueba las bases generales de selección de personal funcionario de la Administración

Nieves Lady Barreto: “Hemos cumplido con uno de los compromisos que asumimos para modernizar la Administración y que sea más eficiente, gestionando un proceso participativo con la ciudadanía y las organizaciones sindicales”

Las bases generales, que entran hoy en vigor, aportarán a los futuros procesos selectivos mayor nivel de transparencia y seguridad jurídica

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado las órdenes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, por las que se aprueban las Bases Generales que han de regir los procesos para la selección del personal funcionario de carrera de la Administración General en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales. “Cumplimos con uno de los primeros compromisos adquiridos en el área de Función Pública para modernizar las bases de la Administración General y disponer de una nueva regulación de acceso al empleo público que simplifica los procesos, es más transparente y da mayor seguridad jurídica”, manifestó Nieves Lady Barreto.

La consejera añadió que “gestionamos para tener una Administración eficaz y eficiente y asumimos retos para solucionar los problemas” y destacó que las nuevas bases son el resultado de un proceso negociador y participativo, que han recogido la inmensa mayoría de las aportaciones de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales para corregir las debilidades detectadas en la norma de 2016 y poder introducir mejoras.

En este sentido, la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de tramitación realizado por la Dirección General de Función Pública no se ha limitado a la negociación de las bases en la Mesa Sectorial de personal funcionario, sino que previamente se celebraron reuniones informativas donde se expusieron los contenidos a incluir en las bases y se confirió un trámite de audiencia a los sindicatos representados en dicha mesa para aportaciones y sugerencias.

Las bases generales entran hoy en vigor y regirán los futuros procesos selectivos, siendo los primeros que se convoquen los relativos a la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2021, cuya convocatoria se realizará en breve.

Estas bases generales permitirán a las personas aspirantes acreditar su conocimiento y en su caso la experiencia, a través de pruebas que, por un lado, valoren diferentes capacidades y habilidades más allá de los conocimientos teóricos estrictos y, de otra parte, que no se sustenten en exclusiva en la acreditación memorística de los mismos, lo que a su vez viene unido también a la necesidad de revisar los programas de contenidos exigibles.

Para ello, apuestan decididamente por un mayor nivel de transparencia y certeza jurídica en relación con las reglas sobre las que se desenvolverán los procesos selectivos. Se incorporan previsiones concretas en relación con los programas de temas exigibles, no sólo en cuanto a su publicidad y la antelación con la que deben aprobarse y publicarse sino también en la obligación de dividir entre los contenidos teóricos y los prácticos que han de ser objeto de valoración concreta en sus correspondientes pruebas o parte de éstas. También se proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto al procedimiento y los plazos de sus diferentes trámites, regulando además de forma expresa las impugnaciones y alegaciones que contra cada una de las pruebas selectivas pueden formular las personas aspirantes.

Las bases incorporan previsiones relativas a la designación y funcionamiento de los tribunales calificadores, en aras de su especialización profesional y de su designación objetiva e imparcial, incorporando además la previsión legal de representación sindical ante el tribunal calificador.  Además, se incluyen reglas obligatorias de transparencia, publicidad y seguridad jurídica en distintos apartados de estas bases respecto a los acuerdos que adopte el tribunal calificador en la realización y valoración de las pruebas selectivas y de los méritos.

Contienen también previsiones relativas a garantizar la indemnidad de las pruebas selectivas, su confidencialidad, la regla general de anonimato salvo las excepciones de procesos selectivos en los que al menos una prueba debe realizarse conociendo la identidad de la persona aspirante al ser necesario la valoración de actitudes y aptitudes personales.

Cumpliendo el principio de seguridad jurídica, estas bases establecen una metodología única para todos los tribunales en relación con la determinación de la calificación de las pruebas selectivas que se basen en la valoración de sus miembros.

Se incorpora a nuestro sistema selectivo la posibilidad de conservación de calificaciones anteriores. También se adoptan medidas específicas de racionalización y eficiencia de los procesos selectivos, tales como primar la realización simultánea de los ejercicios por parte de todos los aspirantes frente a pruebas individuales, se potencia el anonimato en la mayor parte del proceso selectivo, se opta por la especialización de las pruebas según su contenido teórico o práctico.

En los procesos selectivos del Grupo C y de las agrupaciones profesionales E la fase de oposición se concentra en un solo ejercicio, mediante cuestionario tipo test, teórico-práctico y basado por completo en el anonimato de la persona aspirante.

Estas bases prevén también, de forma novedosa, la realización de una prueba adicional de eficiencia para el caso de que realizada la fase de oposición quedaren plazas desiertas y no fuera posible una nueva convocatoria de éstas por caducidad de la oferta de empleo público o por su próxima caducidad, de manera que, bajo determinadas circunstancias, las personas aspirantes que no hubiesen superado toda la fase de oposición puedan optar a dicha prueba.

Respecto a la fase de méritos, estas bases apuestan por una simplificación de los méritos centrándolos en aquellos que están directamente relacionados con la mejor idoneidad de las personas aspirantes, incorporando la experiencia previa en el sector público, como personal funcionario y en su caso como personal laboral, las titulaciones académicas distintas a la empleada para el acceso, así como la superación de pruebas selectivas anteriores.

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La Consejería de Presidencia aplicará la ampliación al 10% del cupo a personas con discapacidad en la OPE 2024

Nieves Lady Barreto apuntó también que el Gobierno ha incluido, por primera vez, la tasa de discapacidad intelectual del 2% del total de plazas reservadas para este colectivo

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy en el Parlamento del paquete de medidas que está poniendo en marcha su departamento para fomentar y facilitar el acceso “real” al empleo público de las personas con discapacidad y proteger sus derechos en la Administración, muchas de las cuales ya se han materializado en estos meses porque, recordó, “es uno de los objetivos principales de esta Consejería”.

“Somos conscientes de que la empleabilidad de las personas con discapacidad encuentra serias limitaciones en el mercado de trabajo y en tal sentido entendemos que la Administración debe abanderar la plena inserción laboral de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad igual o superior al 33%, no solo para que puedan ejercer de forma real y efectiva su derecho constitucional al trabajo, sino como referente para el sector privado para que adopte medidas reales y efectivas de inserción laboral de este colectivo”, señaló Barreto.

En este sentido, Nieves Lady Barreto, en respuesta a una pregunta en el Pleno, resaltó que el Gobierno aplicará el nuevo cupo para este colectivo en la oferta de empleo público del año 2024, después de haber aprobado en Consejo de Gobierno pasar del 7 al 10%, lo que significa un avance importante en la reserva de plazas para estas personas.

Además, la consejera hizo referencia también a que en la oferta de empleo público que se aprobó para el ejercicio 2023 se ha contemplado por primera vez en la Administración General, la tasa de discapacidad intelectual que está prevista en la normativa vigente de un 2% del total de plazas reservadas para la discapacidad, de manera que en dicha oferta existen plazas reservadas (9) para la agrupación profesional de subalternos, que se ejecutará en el año 2025.

La consejera añadió que en este mandato se trabajará en un análisis de la discapacidad en el acceso al empleo público para permitir establecer decálogos o protocolos que, de una forma más objetiva y eficiente, establezcan las medidas de ajuste necesarias para una participación con total garantía de las personas con discapacidad en el empleo público.

En este sentido, Nieves Lady Barreto manifestó que la Dirección General de Función Pública se ha reunido con la Plataforma Plena Inclusión Canarias para avanzar en los mecanismos de publicidad en las convocatorias, con el objetivo de que sean más claras, con una lectura comprensible de las bases, un diseño adecuado de todo el proceso selectivo, la identificación de los entornos de trabajo y un acompañamiento desde el momento en que se abre el proceso selectivo, hasta los primeros momentos en los que las personas se incorporen a sus puestos de trabajo.

 

 

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Función Pública convoca la Mesa Sectorial para la negociación colectiva de las futuras bases generales de selección

El proyecto cuenta con las aportaciones recogidas de la consulta pública a la ciudadanía y el trámite de audiencia de las organizaciones sindicales representadas

La Dirección General de la Función Pública ha convocado la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración Pública de Canarias para mañana viernes, a fin de continuar con el proceso de negociación de las nuevas bases generales que han de regir los futuros procesos de selección de personal funcionario de carrera en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales de la Administración General, que sustituyan a las vigentes del año 2016.

Este proceso comenzó en octubre del año pasado con una consulta pública previa a la ciudadanía y la mayoría de las aportaciones realizadas han sido incorporadas al proyecto de bases generales.

Además, se han realizado sesiones informativas previas con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial para una real y efectiva participación en la fase de elaboración de las bases y un trámite de audiencia de quince días hábiles. En este sentido, la Dirección General informa que gran parte de las propuestas planteadas por las cinco organizaciones sindicales han sido admitidas y forman también parte del texto que se llevará a la citada mesa de negociación.

Una vez concluya el proceso de negociación colectiva, se llevará a cabo la tramitación interna de este proyecto de bases generales, solicitando los preceptivos informes hasta su aprobación mediante Orden de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Esta iniciativa normativa es fruto del análisis de la experiencia acumulada a lo largo de estos últimos años de vigencia de las bases generales que han venido rigiendo los procesos de selección del personal funcionario donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar una nueva regulación que, garantizando en todo caso los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, proporcionen un instrumento eficaz, eficiente y de simplificación.

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La Consejería de Presidencia fomenta el empleo público de personas con discapacidad intelectual

El Gobierno de Canarias ha incorporado por primera vez un cupo de reserva específico para personas con este tipo de discapacidad

La Dirección General de Función Pública y Plena Inclusión Canarias han puesto en común las medidas necesarias para impulsar la contratación de este colectivo

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha mantenido un encuentro con la plataforma Plena Inclusión Canarias, que reúne a entidades de representación y apoyo a personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de impulsar el empleo público de personas de este colectivo.

El director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, junto a personal técnico de la Dirección General de Discapacidad, se reunió con la presidenta de la plataforma, Carmen Laucirica, para poner en común las iniciativas y medidas que posibiliten un ejercicio real y efectivo de personas con discapacidad intelectual en el empleo público de la administración autonómica.

En esta línea, el Gobierno de Canarias ha incluido por primera vez un cupo de reserva específico para personas con discapacidad intelectual en la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, incorporando un total de nueve plazas para la agrupación profesional de personal subalterno, que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias, número 248, de 20 de diciembre de 2023.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, asegura que “ha de fomentarse el acceso de personas con discapacidad al empleo público por ser una pieza clave para la empleabilidad de este colectivo de personas que tienen especiales dificultades para su inserción en el mercado de trabajo, y dentro de éstas, aún más especialmente las personas con discapacidad intelectual”.

Por su parte, el director general de Función Pública señala que con este nuevo cupo “se da cumplimiento a una exigencia ya prevista en nuestro decreto de acceso de personas con discapacidad al empleo público de nuestra Administración aprobado en el año 2011”.

Ambas partes se han comprometido a colaborar activamente en la publicidad de la convocatoria, la lectura comprensible de sus bases, el diseño adecuado del proceso selectivo, la identificación de los entornos de trabajo donde desempeñarán sus funciones y el acompañamiento de las personas aspirantes durante todo el proceso selectivo y en los momentos iniciales de su incorporación.

Otros asuntos tratados en la reunión fueron cuestiones relativas a la necesidad de estandarizar las adaptaciones de pruebas selectivas a determinados colectivos que por razón de su discapacidad precisan de éstas para valorar su potencial como aspirantes a un empleo público, haciendo especial hincapié en el colectivo de personas con autismo sin discapacidad intelectual.

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La Consejería de Presidencia aprueba un código de buenas prácticas para los procesos de selección de empleados

Servirá de orientación a los tribunales calificadores para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha aprobado a través de la Dirección General de la Función Pública un código de buenas prácticas para la confección, por parte de los tribunales calificadores, de los cuestionarios tipo test que, como prueba selectiva, forman parte de los procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Así, se establecen orientaciones en relación con la formulación de las preguntas, en aspectos tales como la necesaria relación entre el programa exigible y el contenido de las mismas, la relación entre el nivel de dificultad y el nivel académico exigido, la formulación de enunciados simples, basados en la certeza jurídica o de la disciplina objeto de evaluación, o la prohibición de preguntas basadas en la doble negación.

Este código de buenas prácticas aborda también el procedimiento de elaboración, impresión, depósito, entrega y custodia de los cuestionarios, en aspectos tales como la forma en que se distribuye entre los miembros del tribunal calificador, cómo se alojan en lugar seguro, se imprimen, se depositan y se entregan.

Esta resolución forma parte del conjunto de medidas que viene adoptando la Consejería de Presidencia para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes. Para ello establece una serie de orientaciones que han de tomar en consideración los tribunales calificadores a la hora de confeccionar un cuestionario tipo test, sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la que gozan y de la autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El establecimiento de buenas prácticas en los procesos selectivos obedece, en primer lugar, a que la selección de personal forma parte de la política de planificación de recursos humanos, no tratándose únicamente de reclutar efectivos sino de orientar la selección hacia determinados perfiles profesionales.

Además, en la medida en que todos los tribunales calificadores aborden la elaboración de los cuestionarios tipo test sobre la base de unos mismos criterios, la actuación de la Administración será más objetiva y homogénea y se evitarán agravios comparativos entre procesos selectivos.

Por otro lado, si bien la realización de un cuestionario tipo test por parte de las personas aspirantes está sometida, en cuanto a concurrencia competitiva, a un tiempo máximo, estos deben ser formulados de una manera que permita su fácil comprensión en cuanto a los planteamientos formulados y un fácil manejo del documento.

Se plantean buenas prácticas también en la formulación de las respuestas, de forma que se limite el número de éstas y que sean excluyentes entre sí -es decir, que ninguna pueda considerarse más verdadera que la otra-, que se evite el uso abusivo de respuestas que se basen en la veracidad o falsedad de las demás o que la literalidad de las respuestas sea tan igual entre sí que dificulte su diferenciación.

De otra parte, se establecen buenas prácticas en cuanto a la confección del documento en sí mismo, en aspectos tales como su extensión, de forma que exista una correlación razonable entre el tiempo de realización y el que resulte necesario para su lectura, contestación y revisión, que garantice una lectura fácil y cómoda con una adecuada estructura de texto.

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Función Pública anuncia que el lunes comienzan a publicarse las puntuaciones de los procesos de estabilización

La Consejería de Presidencia gestiona un total de 187 procesos en el ámbito de la Administración general para reducir la tasa de temporalidad de empleo público

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comenzará a publicar el lunes, 13 de mayo, a través de la Dirección General de Función Pública, las primeras resoluciones de las comisiones de valoración y de los tribunales calificadores relativas a las puntuaciones provisionales, otorgadas en la fase de concurso, de las personas aspirantes a los 187 procesos selectivos en el ámbito de la Administración General de la comunidad autónoma que hayan superado la nota de corte. Estos procesos tienen como finalidad reducir la temporalidad en el empleo público.

Las personas participantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones respecto a la valoración de los méritos obtenida. Las puntuaciones se irán publicando en el apartado correspondiente a cada proceso, a medida en que vaya finalizando la evaluación por la comisión correspondiente.

La Dirección General de Función Pública anuncia también que, exclusivamente para el personal funcionario de corta duración, se celebrará la tercera semana del mes de julio el ejercicio tipo test de la fase de oposición de la veintena de procesos selectivos de estabilización de empleo público.

Por último, Función Pública recuerda que, tal y como dispone las bases específicas, la conclusión de estos procesos selectivos no conllevará la formación de lista de empleo.

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La consejera de Presidencia pide celeridad al Ministerio para definir la tasa de reposición y convocar la OPE 2024

Nieves Lady Barreto cuestiona el retraso que puede ocasionar en los procesos selectivos y reclama mayor concreción sobre su posible eliminación

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, pidió celeridad al Ministerio para que defina la tasa de reposición y que las comunidades autónomas puedan convocar la oferta de empleo público del año 2024. Nieves Lady Barreto hizo referencia a esta situación generada por la falta de presupuestos del Estado en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, donde explicó las imitaciones en la reposición de efectivos, lo que ha impedido a las Administraciones hacer una planificación de su crecimiento.

En su intervención, la consejera manifestó que la ejecución de tales Ofertas de Empleo Público es el instrumento que disponemos para garantizar, dentro de los límites presupuestarios establecidos por el momento por el Estado, la reposición de efectivos. En este sentido reclamó mayor concreción ya que el Estado ha anunciado su intención de eliminar la tasa de reposición en el año 2025 si bien que habremos de esperar cómo y cuándo lo hará.

Según la consejera, las Administraciones Públicas han venido manifestando ante el Estado la necesidad de superar un período, demasiado largo, de imposición de restricciones en las ofertas de empleo público, a través de las denominadas tasas de reposición.

Por tanto, en la medida en que los gastos de personal que asume una Administración, como la canaria, ya están sujetos a determinadas reglas de disciplina presupuestaria, la consejera considera que, en el ejercicio de la autonomía organizativa, las plazas vacantes con dotación presupuestaria, que representan las necesidades de una Administración, puedan y deban ser ofertadas para poder planificar y atender las necesidades mediante su oferta definitiva y no mediante nombramientos o contrataciones temporales.

 

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La Consejería de Presidencia pone en marcha un plan de choque para hacer frente a 344 procesos selectivos

Función Pública refuerza su personal para afrontar los procesos que ya están en marcha y los que se van a convocar de aquí a 2026

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó en el Parlamento de Canarias sobre el plan de choque puesto en marcha por la Dirección General de Función Pública para hacer frente a 344 procesos selectivos para dotar de personal a la Administración autonómica. Entre las medidas adoptadas está la contratación de 26 personas de refuerzo.

“Función Pública tiene una enorme carga de trabajo y hemos tenido que tomar medidas extraordinarias para sacar adelante los 232 procesos selectivos que se están ejecutando en estos momentos y los 112 procesos más que están previstos hasta 2026, que dotarán un total de 6.139 plazas de empleados públicos”, señaló.

Parte de estos procesos corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2020. “Cuando llegamos al Gobierno, en julio, nos encontramos con que no se había convocado la OPE de 2020 y logramos sacarla in extremis tres días antes de que caducara, y encontramos también que la OPE de 2023 estaba sin tramitar, de ahí que la carga que ahora tiene Función Pública sea desproporcionada”.

Respecto a la OPE de 2024, la consejera aclaró que no se puede convocar hasta que el Estado no establezca la tasa de reposición para este año.

Nieves Lady Barreto explicó que la otra parte del plan de choque de Función Pública se centra en solucionar el problema de la larga tramitación que requieren los procesos selectivos. “Cuando nos incorporamos a la Consejería, hace 9 meses, nos encontramos con que todavía no se habían adjudicado las plazas ofertadas en 2018 y que, tras cinco años, hay procesos selectivos que aún se están ejecutando”.

En este punto, la consejera informó de que una de las acciones que su consejería ha puesto en marcha desde la Dirección General de Función Pública ha sido la modificación de las bases generales que han de regir estos procesos de selección de personal. “Nuestro objetivo es diseñar un nuevo modelo más eficiente en cuanto a la tramitación y los plazos de ejecución”.

“Por otro lado, tras detectar irregularidades en procesos selectivos iniciados en la pasada legislatura, hemos aprobado un acuerdo marco para la modernización, publicidad y transparencia de los procesos de designación de los tribunales calificadores”, añadió.

Durante su intervención Barreto alertó, por otro lado, de que en torno a un 10% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma se habrá jubilado en 2026 y que la media de edad en estos momentos es de 53 años, “en 10 años nos enfrentaremos a un relevo generacional motivado por la jubilación”. Este problema, recalcó, no es exclusivo de Canarias y tanto el Estado como el resto de Comunidades Autónomas se enfrentan a una situación similar. “No se trata, por tanto, de que una Comunidad tome medidas aisladas para afrontar este problema del relevo generacional en la Administración, hacen falta medidas generales para todo el Estado”.

Precisamente, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el Gobierno en este sentido es la existencia de una tasa de reposición fijada por el Estado, “que no ha permitido en estos últimos años que las administraciones puedan planificar a medio plazo”. En este punto valoró el anuncio del Ministerio de Función Pública de que esta tasa de reposición desaparecerá en 2025, pero lamentó que la medida no se haya tomado antes. “Lo lógico es que la Administración, que ya está sometida a reglas de disciplina presupuestaria, pueda ofertar libremente las plazas que necesita”.

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