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Barreto pide voluntad de consenso para aprobar en esta legislatura la Ley de Coordinación de Policías Locales

La consejera espera recibir en breve la designación de los vocales de la FECAM para convocar la Comisión y retomar la negociación

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, demandó hoy voluntad de consenso a todas las partes para poder alcanzar un acuerdo esta legislatura y aprobar una Ley de Coordinación de las Policías Locales que establezca un marco normativo que se adapte a las necesidades actuales. Nieves Lady Barreto, que compareció en la la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, señaló que la Ley actual, de 1997, tiene ya más de veintisiete años y está obsoleta y que será necesario tener valentía para acometer un nuevo proyecto de ley después de dos intentos fallidos, en la que “necesariamente tendrá que haber cesiones”.

Para empezar a trabajar, la consejera espera recibir en breve la designación de los vocales de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en representación de los ayuntamientos y convocar la Comisión de Coordinación de Policías Locales donde se puedan abordar asuntos relevantes para el colectivo, a través de este órgano consultivo, deliberante y de participación. “Recojo el guante en nombre del Gobierno para llevar al Parlamento un texto consensuado por Gobierno y ayuntamientos que salga de la Comisión, donde también puedan participar y tener voz los sindicatos y el colectivo profesional”.

Nieves Lady Barreto, que defendió la profesionalización de las policías locales y la coordinación con la Policía Autonómica para conseguir un Sistema Público de Seguridad que se recoge en el Estatuto de Autonomía, recordó que en el 2018, durante su anterior etapa de consejera del Gobierno, se presentó una proposición de ley en el Parlamento que contaba con unanimidad y que ahora hay sobre la mesa el proyecto de ley de 2022 presentado por la FECAM, que introducía modificaciones, pero que no fue consensuado, ni con los sindicatos ni con la federación de Jefes de Policías Locales de Canarias.

En este sentido, la consejera reconoció que ya hay mucho trabajo adelantado, pero que aún persisten importantes diferencias como las referidas a la incorporación de interinos para el desarrollo de funciones de personal funcionario de carrera, o que la composición de la Comisión de Coordinación sea solo bilateral Gobierno y ayuntamientos y deje sin voz a los profesionales, además de abordar la posibilidad de extinguir una policía local o que se elimine la antigüedad mínima en la movilidad entre los cuerpos.

Al respecto, Nieves Lady Barreto manifestó que es consciente de las dificultades, pero que mantiene su compromiso para sacar adelante esta ley “porque no nos podemos permitir otro fracaso que perjudique a los ayuntamientos y a los profesionales que velan por nuestra seguridad en los municipios de Canarias”.

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El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

Julio Pérez y Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, alcanzan un acuerdo con los representantes de los trabajadores que supone un avance muy positivo para los empleados del 1-1-2 Canarias y del SUC

Entre otras mejoras destacan la formación de nivel para todo el personal, el cambio de modelo en la gestión de localizados, activaciones extras y la regulación de la disponibilidad de los trabajadores

El acuerdo, impulsado tras haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Ejecutivo canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), han alcanzado este miércoles un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Andrés Hernández y Lorenzo Galindo, respectivamente, que supone un avance muy positivo en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública que gestiona el CECOES 1-1-2 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El acuerdo, logrado tras sucesivas reuniones entre ambas partes y haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Gobierno canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC. En él se recogen una serie de compromisos y pactos que surtirán efecto una vez recabada la pertinente autorización y aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, este acuerdo debe ser un punto de partida para seguir mejorando los servicios de seguridad y emergencias que presta el Gobierno de Canarias, no solo en la parte retributiva sino procedimental. Ha mencionado las complicaciones encontradas para superar el escollo del 5% y las derivadas de lo que supone organizar una empresa que se dedica a las emergencias, y ha agradecido a los trabajadores que, a pesar del conflicto, este no haya repercutido en el servicio que prestan, lo que demuestra su identificación con la labor que desarrollan y que pretenden mejorar sus condiciones laborales, pero continuar trabajando en este servicio público esencial.

El titular de Sanidad también ha resaltado la importancia del acuerdo, por tratarse de un servicio público esencial, una de las prioridades del Gobierno de Canarias, al que se llega tras una reivindicación salarial justa, compleja de resolver, que introduce mejoras desde el punto de vista funcional que redundarán en una mejor prestación del servicio. Con esto avanzamos y hacemos más Canarias, ha recalcado.

Por su parte, los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Galindo, y Las Palmas, Andrés Hernández, han valorado de forma positiva el acuerdo, han agradecido la disposición del Consejo de Administración de GSC para alcanzarlo y han mostrado su satisfacción por haber conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, como la restitución del 5% de los salarios, y haber avanzado en más cuestiones de regulación del personal de la empresa pública.

Entre los trece puntos incluidos en el documento que da forma al acuerdo se encuentra el impulso de la formación de nivel para todo el personal de GSC; la rebaja de la conflictividad laboral, con la resolución de expedientes pendientes de manera pactada con los trabajadores y el establecimiento de un protocolo de mediación; y la modificación de instrucciones para evitar conflictos al establecer turnos.

Cambios organización

También recoge cambios en la organización de las guardias localizadas y las activaciones extra, para garantizar el disfrute ininterrumpido de las horas de descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; y el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

La empresa va a continuar con los procesos de selección de empleados que se encuentran en curso en la actualidad y publicará otros para una serie de puestos operativos. Además, mantendrá actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la adecuada contratación de todas las categorías profesionales.

Igualmente, GSC establecerá un Plan de Riesgos Psicosociales para todo el personal y medidas especiales ante el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Otros puntos que destacar son la incorporación de dos técnicos de atención a la mujer (TAM) en la estructura del actual colectivo; de un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; de personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches; y la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Los dos consejeros y los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han estado acompañados, entre otros, por la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencias, Alicia Álvarez; el gerente de GSC, Juan Ignacio Nieva; y algunos miembros del comité de empresa, Estefanía Ramos, María José Reiriz y José Luis Izquierdo.

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Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

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Félix Francisco Casanova, Letras Canarias 2023

Félix Francisco Casanova, Letras Canarias 2023

El Gobierno de Canarias acuerda dedicar la próxima edición al poeta, tras numerosas adhesiones de la comunidad literaria, cultural y bibliotecaria de las islas

El Gobierno de Canarias dedicará  la próxima edición del Día de las Letras Canarias a Félix Francisco Casanova, una de las voces más singulares de la poesía y la narrativa de las islas. La designación del poeta palmero ha contado con el respaldo unánime de la comunidad literaria, cultural y bibliotecaria de Canarias. El Consejo de Gobierno ha dado este jueves su visto bueno a la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para poner el foco en la difusión de su obra a lo largo del próximo año.

El Ejecutivo autonómico homenajea anualmente, desde 2006, a través del Día de las Letras Canarias, a una figura relevante de la literatura canaria, a la que dedica durante doce meses un amplio programa de actividades para contribuir a difundir su obra y su trascendencia literaria. Esta agenda comienza con el acto institucional que se celebra cada 21 de febrero, día en el que se conmemora el fallecimiento de José de Viera y Clavijo en 1813. En las últimas ediciones han protagonizado esta celebración grandes nombres como Josefina de la Torre, Natalia Sosa Ayala y Dolores Campos-Herrero.

Félix Francisco Casanova (Santa Cruz de La Palma, 1956-Santa Cruz de Tenerife, 1976) era hijo del poeta y médico Félix Casanova de Ayala. En los años sesenta, la familia trasladó su residencia a Tenerife y en ese tiempo comenzaron a percibirse sus inquietudes artísticas. Fue un gran apasionado de la música y la poesía llegó con esta, ya que sus primeros poemas fueron escritos en inglés como letras de rock. Otras pasiones de Casanova fueron el cine, el cómic o la fotografía. Su actividad creativa se intensificó en los primeros años del decenio de los setenta. De hecho, comenzó dando a conocer en la prensa varios textos que había escrito junto con su amigo Ángel Mollá, con el nombre de Equipo Hovno. Ambos llegarían a firmar un manifiesto.

En 1973, a los diecisiete años, obtuvo con su libro El invernadero el principal premio de poesía de Canarias, el Julio Tovar. En 1974 ganó el Pérez Armas de novela con la obra reeditada por Demipage, El don de Vorace. Un mes antes de su muerte ganó, con el poemario Una maleta llena de hojas, el Premio Matías Real, organizado por el periódico La Tarde. Félix Francisco es también autor del diario Yo hubiera o hubiese amado, escrito en 1974 y publicado en 1983. Tras su fallecimiento, a los diecinueve años, su padre se encargó de publicar La memoria olvidada (1980), que reúne la mayor parte de los poemas de Casanova; además de varias obras creadas en conjunto, entre las que destaca Cuello de botella (1976).

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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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Gobierno y sindicatos firman un acuerdo de mejora del sistema educativo a través del aumento del personal docente

FOTO FAMILIA ACUERDO MARCO

La consejera de Educación, Manuela Armas, explicó hoy en rueda de prensa que el aumento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este curso se dirige a mejorar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y las organizaciones sindicales con representación en el sector de la enseñanza pública han firmado hoy lunes, 18 de julio, un acuerdo para la mejora del sistema educativo público canario mediante la dotación de recursos humanos y la adopción de medidas que redunden en la progresión positiva de los indicadores académicos y la eficiencia de dicho sistema, que comenzará su vigencia en el curso 2022-2023. Esto supondrá un incremento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este periodo lectivo que se encamina a la mejora de la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas, así como de las condiciones de trabajo del profesorado en el marco del fortalecimiento de la educación en el archipiélago.

Al acto acudieron la consejera del área, Manuela Armas, y el director General de Personal, Fidel Trujillo, por una parte, y en representación de los sindicatos, Víctor González, por ANPE Canarias; Emilio José Armas, por Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria STEC-IC; José Ramón Barroso, por Federación de Enseñazas de CCOO Canarias; Evelín Díaz, por Docentes de Canarias-Insucan (DCI); Francisco Javier Bautista, por UGT-Servicios Públicos Canarias; y Nieves Alonso, por Unión Sindical de Profesores de Secundaria-Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (USPS-SEPCA).

Para Armas, es un acuerdo “magnífico” que da cumplimiento a un objetivo “fundamental” de la Consejería, como es la mejora del sistema educativo de las islas, y recalcó que se trata de un día importante para la sociedad canaria en general, y para la educación de las islas en particular a fin de lograr que esté acorde con las necesidades de la sociedad del archipiélago.

También agradeció a los sindicatos su disposición para alcanzar estas medidas y recalcó que el aumento del personal docente (1.060 el año pasado y 1.600 en este) logra que en dos años el incremento supere los 2.600 profesionales, que se destinarán a la atención a la diversidad; la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado; al aumento de especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, y las bajadas de ratios en los niveles “clave”, todo lo cual, apuntó, permitirá mejorar la equidad y la igualdad en el sistema educativo de Canarias, “y que nadie se quede atrás”.

Por su parte, Trujillo reiteró el agradecimiento a la disposición de los sindicatos para alcanzar este acuerdo tras muchas horas de trabajo y conseguir consensos en los criterios a aplicar “más que los números”, de forma que se consiga un sistema “más equitativo”.

Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano, la consecución de un mejor rendimiento y la reducción de la desigualdad de oportunidades en la fase de transición del alumnado, así como la mejora de la atención a la diversidad del estudiantado en centros con desventaja social, económica o cultural, a través del incremento de las plantillas docentes.

Así, se establece un nuevo catálogo para la determinación de las plantillas correspondientes al Cuerpo de Maestros y Maestras. Entre otros, se señala que el horario lectivo del personal docente se rebaja de 25 a 23 horas. Esas dos horas que se reducen son de obligada permanencia en el centro, y se destinarán a actividades de coordinación de carácter pedagógico, así como al desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos que cada centro lleve a cabo y que se reflejarán en su proyecto de gestión. Asimismo, se procurará la mínima rotación del profesorado por grupo.

Por otra parte, se recoge la mejora de las dotaciones de los recursos humanos para la configuración de las plantillas orgánicas de la especialidad de Orientación Educativa. Así, destaca que se dispondrá de un orientador u orientadora por cada 400 estudiantes del 2º ciclo de Infantil y Primaria en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros del Profesorado de Canarias (CEP) y Escuelas de Educación Infantil (EEI).

En cuanto a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), habrá un orientador u orientadora en centros con más de 275 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).

En los Centros de Educación Obligatoria (CEO), la relación será de un orientador u orientadora cuando haya más de 250 estudiantes, y se añadirá otro más a partir de 401 alumnos y alumnas. En los Centros de Educación Especial (CEE) habrá un orientador u orientadora cuando haya entre 30 y 60 estudiantes, a los que se añadirá otro a partir de 61 alumnos y alumnas.

El acuerdo contempla asimismo medidas encaminadas a la mejora de las dotaciones de los recursos humanos en la especialidad de Pedagogía Terapéutica en los CEIP y los CEP. El número de especialistas será de uno cuando el número de grupos se encuentre entre ocho y 16; dos, si está entre 17 y 25, y tres, cuando sean más de 25. En los IES, habrá un especialista cuando haya cuatro o más grupos de 1º y 2º de ESO.

En el caso de Audición y Lenguaje, la relación será de una o un profesional por cada 300 alumnos o alumnas en conjunto de Infantil y 1º y 2º de Primaria, y a los centros con 27 o más unidades de Infantil y Primaria les corresponderá un maestro o maestra en la plantilla.

El acuerdo fija, entre otras cuestiones, nuevas ratios. En los CEIP y los CEP, cuando exista al menos un grupo autorizado en cada uno de los cursos de Infantil y Primaria no habrá mixtos en el tercer ciclo de Primaria. De la misma manera, se eliminarán los grupos mixtos en el primer y segundo ciclo de Primaria progresivamente.

Los niveles de 1º y 2º ESO mantienen (esta medida se puso en marcha durante el curso 2021/22) una ratio de 27 alumnos o alumnas, y 1º y 2º de Bachillerato 30 estudiantes.

Finalmente, con el fin de compensar las desigualdades en los centros con indicadores socioeconómicos y culturales más desfavorables, las dotaciones de recursos humanos se verán incrementados tomando como referencia el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) de la última evaluación de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Así, los CEIP y los CEP con un ISEC medio-bajo tendrán una dotación adicional de dos horas lectivas por grupo. En el caso de los IES y los CEO, cuando tengan una ratio mayor de 20 alumnos o alumnas, contarán con un profesor o profesora si tienen de dos a cuatro grupos de 1º y 2º de ESO; dos docentes, para los casos de cinco a ocho grupos; y tres si suman más de ocho grupos.

El acuerdo-marco ratificado hoy puede consultarse a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/acuerdo_mejora_sistema_publico_educativo_canarias.pdf

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Gobierno, sindicatos y patronales presentan el primer acuerdo autonómico sobre igualdad y brecha salarial en España

Reunión de la Mesa de Concertación Social

El presidente, Ángel Víctor Torres, destaca “la altura de miras” ante un mecanismo que será transversal y que marcará el camino “para una sociedad más resistente, justa e igualitaria”

El acuerdo, consensuado en el marco de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género en Canarias

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad del Archipiélago presentaron este lunes en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria el primer acuerdo sobre igualdad y brecha salarial. El documento, que ha sido consensuado en la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género y establece la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de estas políticas para velar por su cumplimiento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que éste es el primer acuerdo firmado en España por una comunidad autónoma en el marco del diálogo social. El jefe del Ejecutivo agradeció la “altura de miras de los representantes de la patronal y de los sindicatos” y aseguró que “este mecanismo será transversal y marcará el camino para una sociedad más resistente después de la crisis, pero de una manera más justa e igualitaria, combatiendo la brecha salarial entre mujeres y hombres”.

En el desarrollo de este acuerdo han participado, además de los interlocutores sociales, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo; la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Instituto Canario de Igualdad (ICI). De hecho, como señaló el presidente, la igualdad “es un objetivo transversal a todas las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Canarias y resulta fundamental para lograr una economía más sólida e inclusiva y avanzar hacia sociedades más justas”.

El documento aprobado recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género, que se organizan en dos ejes: uno sobre negociación colectiva y planes de igualdad y otro sobre políticas públicas. A su vez, estos dos ejes incorporan diez áreas temáticas relativas a negociación colectiva, coordinación interadministrativa con perspectiva de género, conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a las pymes, políticas activas de empleo con perspectiva de género, medidas en educación, cuidados y corresponsabilidad, sensibilización, leyes y otras políticas públicas y fomento del distintivo de igualdad.

El presidente, que de manera previa a la presentación del acuerdo participó en la reunión de la Mesa General de los VII Acuerdos de Concertación Social -con la participación de la CEOE Tenerife, CCE Las Palmas, UGT y CCOO-, enumeró algunas de las 76 medidas que incluye el documento, entre las que destaca la revisión y adaptación de la Ley Canaria de Igualdad a la actual normativa estatal; la promoción de cláusulas de igualdad en los convenios sectoriales y de menos de 50 personas trabajadoras; el impulso a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los convenios colectivos; o la colaboración en las campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para vigilar los casos de desigualdad o discriminación laboral.

En el marco educativo, el documento propone, entre otras cuestiones, mejorar las competencias del profesorado en materia coeducativa e implementar progresivamente la educación universal y gratuita de 0 a 3 años; intensificar la educación inclusiva en las actividades deportivas; o sensibilizar a las personas menores de edad de la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral a la hora del cuidado de hijos, hijas y otras personas dependientes.

Además, se plantea aumentar el gasto en protección social y destinar más recursos a bienes y servicios para la atención a la dependencia, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la formación y el empleo en ramas profesionales tradicionalmente masculinizadas y feminizadas.

En la presentación, en la que estuvo presente la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Silvia Jaén, intervino la secretaria de Acción Sindical de CCOO Canarias, Esther Martín, quien destacó que con este acuerdo “Canarias se pone a la vanguardia en pro de alcanzar una igualdad real y efectiva”.  En la misma línea se manifestó Manuel Navarro, secretario General de UGT Canarias, que mostró su satisfacción por el acuerdo “que nos abre el camino para futuras negociaciones en ámbitos como las políticas sociales, el empleo juvenil o la vivienda”. En la comparecencia también intervino el secretario general de la CCE Las Palmas, José Cristóbal García, que agradeció “la capacidad de consenso demostrada por sindicatos, patronal y el Gobierno” al mismo tiempo que señaló el compromiso de “fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos”.

Ley Canaria de Conciliación

Torres recordó que, también el marco de la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial, hay una comisión específica encargada de elaborar un anteproyecto de Ley Canaria de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, cuyos trabajos avanzan “a buen ritmo”. En este sentido, agradeció el compromiso y altura de miras de los agentes sociales y económicos de Canarias que, una vez más, han contribuido desde la unidad de acción al desarrollo de políticas vinculadas a una cuestión tan relevante para el desarrollo de Canarias como la igualdad de género.

 

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El Gobierno firma con los interinos en huelga y anuncia que quiere incorporar a todos los sindicatos en la solución

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El documento firmado hoy por SEPCA, CO.BAS e Intersindical Canaria incorpora el informe jurídico que define su alcance y lo delimita como instrumento de negociación política y sindical

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha llevado a cabo hoy la firma material de un acuerdo con las organizaciones sindicales SEPCA, CO.BAS e Intersindical Canaria que completa el contenido del primer acuerdo para acabar con el abuso de temporalidad en el sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que estaba previsto que se firmara el pasado mes de abril, al incluir, además, dos incorporaciones respecto al original: aclara su alcance jurídico y anuncia el propósito del Gobierno de crear un espacio de diálogo y estudio al que se sumen todos los sindicatos.

En relación al primer aspecto, el nuevo acuerdo ratifica el alcance definido en el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que da margen al Ejecutivo autonómico y las organizaciones que representan al personal público para impulsar las actuaciones de carácter político y sindical que crean convenientes para abordar y encontrar soluciones al abuso de temporalidad que sean posible y en el ámbito competencial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En relación a lo segundo, el acuerdo suscrito hace constar el propósito el Gobierno de sumar al resto de organizaciones sindicales del Archipiélago en ese análisis de la situación y en el diseño de una solución al abuso de la temporalidad a través de la creación del denominado Grupo de Diálogo y Estudio del conjunto del problema de la temporalidad en el empleo público, del que participen todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El Gobierno cierra con patronales y sindicatos el tercer acuerdo del Consejo de Relaciones Laborales sobre los ERTE

Elena Máñez y Gustavo Santana

El acuerdo, que se elevará hoy mismo a la Comisión Tripartita Laboral, propone el mantenimiento de las prestaciones al 70% y de las actuales exoneraciones a empresas, al tiempo que aboga por ampliar la prórroga automática de los ERTE turísticos al comercio y la hostelería

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y representantes de los agentes económicos y sociales más representativos, acordaron este miércoles en el marco del Pleno del Consejo Canario de Relaciones Laborales la propuesta canaria sobre expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que será remitida a la Comisión Tripartita Laboral, órgano competente en la materia en el ámbito estatal. El documento, que persigue mantener las grandes líneas del anterior acuerdo suscrito en Canarias, recoge las principales reivindicaciones de las Islas en este sentido, como la extensión de los ERTE de manera indefinida para todos los sectores de actividad mientras duren las restricciones sanitarias; el mantenimiento de las actuales exoneraciones de las cuotas empresariales; que se mantenga la prórroga automática de los ERTE del sector turístico, que las prestaciones por desempleo de los trabajadores y trabajadoras sigan abonándose al 70% de la base reguladora, sin que afecte al tiempo de cotización, y la apuesta por el mantenimiento del empleo.

La consejera, que participó en la reunión acompañada por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y por el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, valoró el acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales y subrayó que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del diálogo social a la hora de proteger el empleo y a las empresas, un diálogo que ha cristalizado en medidas como los ERTE, que han supuesto “un colchón social fundamental y han impedido unas consecuencias mucho peores sobre la economía y el empleo”.

“Mientras se recupera la normalidad sanitaria y la actividad económica en las Islas, debemos seguir transitando esta crisis confiando en estos mecanismos de protección del empleo y del tejido productivo”, señaló. Entre abril y octubre de 2020, esta medida ha supuesto la inyección en Canarias por parte del Estado de más de 1.250 millones de euros entre exoneraciones de cuotas empresariales y prestaciones por desempleo.

Tercer acuerdo fruto del diálogo social en Canarias

En el acto de firma de la propuesta participaron representantes de las organizaciones sindicales CCOO Canarias y UGT Canarias, de la Confederación Canaria de Empresarios y de CEOE Tenerife. El acuerdo alcanzado es el tercero que se cierra, fruto del diálogo social en Canarias, sobre la prórroga de los ERTE y está dirigido a mantener las grandes líneas establecidas en el anterior, de septiembre pasado, cuyo contenido fue incorporado casi en su totalidad en el acuerdo que se selló en el ámbito estatal.

Tras este nuevo consenso, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se reafirma en que los ERTE deben prorrogarse con carácter indefinido mientras dure la pandemia. También mantiene que las exoneraciones de cuotas empresariales deben seguir siendo de entre un 75% y un 100% en el caso de que las restricciones sanitarias limiten o impidan la actividad de todos los sectores.

Prórroga automática para el comercio y la hostelería

Además, se considera necesario que la prórroga automática de los ERTE del sector turístico siga manteniéndose, incluyendo además al comercio y la hostelería, tal como ha aprobado recientemente el Gobierno de España a través del Plan de Refuerzo a la Hostelería, Turismo y Comercio. De hecho, los datos de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ponen de manifiesto el buen acuerdo alcanzado por el Consejo Canario de Relaciones Laborales en septiembre, que posibilitó que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 30/2020, en Canarias se beneficiaran todos los sectores pertenecientes a la cadena de valor del sector turístico o que dependieran indirectamente de estos en más de un 50% de la facturación.

Cuadro con los sectores beneficiados por la prórroga automática de los ERTE desde octubre de 2020.
Cuadro con los sectores beneficiados por la prórroga automática de los ERTE desde octubre de 2020.

“Todos los sectores se han beneficiado del acuerdo sobre los ERTE que impulsó el Consejo Canario de Relaciones Laborales y que ahora sigue apostando por ellos”, señaló la consejera, quien hizo un balance “muy positivo” del nuevo acuerdo y agradeció y felicitó a los agentes sociales y económicos de Canarias por su “compromiso, responsabilidad y altura de miras a la hora de pactar las soluciones para esta crisis, lo que ha permitido que lleguemos a grandes consensos”.

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El presidente de Canarias valora la renovación de los ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos”

El presidente de Canarias valora la renovación de los ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos” porque “da tranquilidad” a empresas y trabajadores

Torres se congratula del pacto entre el Gobierno central, los sindicatos y la patronal para prolongar los ERTE hasta el 31 de enero, con la opción de que lleguen a los subsectores vinculados al turismo y sin merma de ingresos

“Si hay una comunidad autónoma que necesitaba ese pacto, esta es Canarias, porque el 60% de los trabajadores acogidos a ERTE de fuerza mayor pertenecen a la hostelería y el comercio”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió a pedir esta mañana, en el Parlamento regional, máxima unidad política y alejarse de los discursos del no por sistema ante cualquier propuesta, plan o acuerdo concebido para afrontar las consecuencias de la crisis socieconómica por la COVID-19. Torres insistió una vez más en la necesidad de anteponer el bien general y aludió al pacto refrendado hoy por el Ejecutivo central, los sindicatos y la patronal para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero próximo. Este, dijo, “es el mejor ejemplo de lo que se necesita en estos momentos España y Canarias”. “Lo conseguido hoy es para estar satisfechos” porque “da una tranquilidad clave en los próximos meses”, tanto a empresarios como a trabajadores, destacó el presidente.

Además, Torres recalcó que ese acuerdo unánime, que hoy se aprueba como real decreto-ley en el Consejo de Ministros y que luego debe refrendarlo el Congreso, resulta esencial para el Archipiélago hasta que no cambie el panorama actual de la pandemia por la COVID-19.

A su juicio, es un pacto crucial para que no haya merma en los ingresos de los trabajadores en ERTE, que seguirán cobrando el 70% de la base reguladora como prestación, y no el 50% que se había previsto para cuando pasaran los seis primeros meses en esa situación. Además, esos empleados no consumirán el paro. A su vez, se incluye en esa extensión de los ERTE hasta enero próximo el turismo y las actividades ligadas a este en la modalidad de fuerza mayor.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Torres insistió en la relevancia de ese acuerdo tripartito y aludió a la importancia que ha tenido en lo conseguido hoy la disposición adicional referida expresamente a Canarias que se incluyó en el real decreto-ley vigente hasta este 30 de septiembre. Gracias a esa “palanca legal, ahora hemos podido incluir, tras un acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales con los sindicatos, las patronales isleñas y el Gobierno regional, los puntos solicitados a Madrid.

El presidente de Canarias valora la renovación de los ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos” porque “da tranquilidad” a empresas y trabajadores
El presidente de Canarias valora la renovación de los ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos” porque “da tranquilidad” a empresas y trabajadores

El presidente también resaltó las exenciones en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que quieren mantener a trabajadores activos y para los que están en ERTE. Esta “es una novedad y una petición específica de Canarias”. Además, habrá ERTE de rebrote con una exoneración en el pago de la Seguridad Social para las empresas de hasta el 100% en el primer mes, el de octubre.

También, los empresarios podrán acogerse a otras fórmulas ventajosas (hasta tres modalidades de ERTE), mientras que los de fuerza mayor no tendrán que volver a pedirse. Según indicó el presidente de Canarias, hay un 60% de trabajadores en las Islas en ERTE de la hostelería y el comercio, que se mantendrán hasta el 31 de enero, pero con una disposición adicional en el nuevo real decreto-ley para prorrogarlos si ello fuera preciso a partir de ese mes, siempre reuniendo a la mesa tripartita. “La región que más necesitaba esto era Canarias y el acuerdo es para estar satisfechos porque responde a lo que queríamos. Da una tranquilidad clave para los próximos meses”, subrayó el presidente de Canarias.

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