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El Plan de Ordenación del Personal Laboral da un nuevo paso con la constitución de la Comisión de Seguimiento

Estará coordinada por la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia y contará con tres grupos de trabajo

El Plan contempla la movilidad, la promoción interna y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario para más de 7.700 trabajadores de la Administración de la Comunidad Autónoma

El Plan de Ordenación del Personal Laboral ha dado un nuevo paso con la constitución, la semana pasada, de la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación de Personal Laboral, que cuenta con presencia de la Administración y de los representantes sindicales designados por el Comité Intercentros de Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Bajo la coordinación del director de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, se cumple con la planificación establecida en el Plan, una vez formalizado por los sindicatos y la consejera Nieves Lady Barreto en una firma pública celebrada en Presidencia del Gobierno, y su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Para velar por su cumplimiento y supervisar la ejecución de este Plan, también se han creado tres grupos de trabajo que tendrán como misión, estudiar y elaborar propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que le hayan sido encomendados.

En este sentido, los grupos 1 y 2 iniciarán sus trabajos a lo largo del mes de mayo y estarán respectivamente destinados a elaborar propuestas de actuación para los derechos profesionales de movilidad y para el dimensionamiento de la plantilla de personal laboral. El grupo 3, destinado a diseñar un futuro modelo de clasificación profesional, comenzará sus trabajos en septiembre de este año.

El Plan, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, se construye en base a ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral, como son los derechos profesionales de movilidad y promoción; la reducción del empleo público temporal y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario. También contempla la selección de las futuras generaciones de personal laboral y la clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la Administración.

El Plan de Ordenación de Personal Laboral de esta Administración involucra en la actualidad a 7.749 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 3.891 es personal laboral fijo y el resto, 3.858 es personal temporal. De la totalidad del personal laboral, las mujeres representan el 78,5%.

 

 

 

 

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Clavijo: “Este acuerdo es un acto de justicia para más de 7.700 empleados públicos”

Administración y sindicatos firman en Presidencia del Gobierno el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma

La consejera Nieves Lady Barreto destaca que casi el 79% son mujeres

El plan contempla la movilidad, la promoción interna y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario, entre otros derechos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado hoy que el Gobierno y los sindicatos hayan conseguido aprobar por unanimidad el primer Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma. “Este acuerdo es un acto de justicia que fortalece a la Administración y que tiene como fin último prestar un mejor servicio la ciudadanía”.

Este plan, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha sido refrendado hoy por los sindicatos representados en el Comité Intercentros de Personal Laboral y la consejera Nieves Lady Barreto, en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno.

Barreto agradeció el trabajo que, desde el año pasado, ha venido desarrollando por el equipo humano de la la Dirección General de Función Pública para dar forma a este Plan de Ordenación que afecta a un total de 7.749 trabajadores y trabajadoras, de los que 3.891 es personal laboral fijo y el resto es personal temporal. Al respecto, la consejera destacó que las mujeres representan casi el 79% del total, “lo que es un reflejo de la diferencia en el acceso al mercado laboral público que han tenido a lo largo de los años, aun teniendo la misma formación, por el tiempo que hay que dedicar para preparar una oposición”.

“Tras finalizar el proceso de estabilización, nos marcamos como objetivo mejorar los derechos de nuestro personal laboral y dotarlo de un marco regulatorio que diera respuesta a una reivindicación histórica, reforzando de nuestra política para transformar la relación de la Administración General con sus empleados públicos”, añadió Nieves lady Barreto.

Como representantes de los trabajadores, han firmado el acuerdo el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA); Intersindical Canaria (IC); Sindicato de Comisiones de Base (COBAS); Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

El Plan se construye en base a cinco ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral. Contempla el derecho a la movilidad, el derecho a la promoción interna, la reducción del empleo público laboral temporal, la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario y la selección de las futuras generaciones de personal laboral de esta Administración. También abordará un nuevo sistema de clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la Administración.

Tal y como anunció hoy la consejera Nieves Lady Barreto, para velar por su cumplimiento y supervisar los trabajos de ejecución de este Plan, se constituirá una comisión mixta y paritaria entre la Administración y las organizaciones sindicales.

Asimismo, se crearán los correspondientes grupos de trabajo que tendrán como misión estudiar y elaborar propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que le hayan sido encomendados.

El diseño de estas actuaciones va a tomar en consideración el principio de perspectiva de género, de la mano del reciente Plan Sectorial de Igualdad de Administración General cuya ejecución ya se ha iniciado, tramitándose actualmente la creación del correspondiente Comité de Igualdad de Administración General que, como comisión de seguimiento, reunirá a representantes de la Administración y de los sindicatos.

El Gobierno de Canarias, consciente de que la ejecución de esta Plan va a suponer un importante esfuerzo en la gestión de los procedimientos vinculados a los ejes de actuación, reforzó desde mediados del año pasado la Dirección General de la Función Pública mediante la creación de una Unidad Administrativa Temporal que será clave dado que la ejecución del Plan compromete a varias de sus unidades y servicios. Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tendrá una vigencia de cuatro años.

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Gobierno y sindicatos alcanzan un acuerdo unánime en la regulación del personal laboral

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo consigue el consenso de ambas partes sobre un Plan Estratégico de Ordenación para la Administración

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, avanza en la regulación del personal laboral tras el acuerdo unánime alcanzado hoy con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral para aprobar un Plan Estratégico.

El Plan se construye en base a cinco ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral. Contempla el derecho a la movilidad, el derecho a la promoción interna, la reducción del empleo público laboral temporal, la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario y la selección de las futuras generaciones de personal laboral de esta Administración. También abordará un nuevo sistema de clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la Administración.

En el mes de abril de 2025, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció el compromiso de este Gobierno para iniciar un plan de ordenación del personal laboral que cuente con una política sólida y permanente. “Después de 15 años damos respuesta a una reivindicación histórica de más de 7.000 trabajadores, que representan el 64% de los efectivos de la Administración general, dijo.

El siguiente paso fue la constitución de una mesa de trabajo entre la Administración y los sindicatos que permitiera elaborar una propuesta de acuerdo del plan, que se sometería a su correspondiente negociación colectiva.

Tras varios meses de reuniones, hoy se ha celebrado sesión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral, que reúne a los representantes de esta Administración con las organizaciones sindicales presentes en el Comité Intercentros de Persona Laboral, y se ha alcanzado el consenso unánime de ambas partes sobre un plan estratégico de ordenación del personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta propuesta consensuada será ahora sometida a los informes preceptivos y será finalmente elevada a Gobierno para su aprobación formal y publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral tendrá una vigencia inicial cuatro años. Para velar por su cumplimiento y supervisar los trabajos de ejecución de este Plan, se prevé la constitución de una Comisión Paritaria de Seguimiento compuesta de doce miembros, seis representantes sindicales y seis de la Administración.

Además, para cada eje de actuación, se constituirá un grupo de trabajo cuya misión será la de estudiar y elaborar las propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que le hayan sido encomendados.

El director general de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, que ha presidido la sesión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo celebrada hoy, ha trasladado a las organizaciones sindicales la intención es constituir la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo correspondientes para poder iniciar las actuaciones.

 

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El Gobierno acuerda con los sindicatos la actualización del complemento de 2.600 trabajadores de Justicia

Nieves Lady Barreto anunció que Canarias destinará 13 millones de euros al incremento salarial, que se abonarán en tres anualidades, para “dar respuesta a una justa reivindicación y reconocer el esfuerzo y trabajo de este personal”.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha presentado hoy el acuerdo que se ha alcanzado con las organizaciones sindicales STAJ, UGT, CSIF, IC y CCOO para el incremento salarial del complemento específico de más de 2.600 trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias al servicio de la Administración de Justicia, pertenecientes a los cuerpos de gestores, tramitadores, auxilios judiciales y forenses, por un importe total de 13 millones de euros, a abonar en tres anualidades.

Nieves Lady Barreto agradeció la voluntad negociadora mostrada por los cinco sindicatos desde que se iniciaron las conversaciones en el mes de mayo y que hoy se cierra. “El Gobierno de Canarias da respuesta a una reivindicación justa y necesaria tras la decisión del Ministerio de Justicia de subir este complemento solo a las comunidades que no tienen transferida la Justicia después de dos años de huelga y movilizaciones, dejando fuera al resto de comunidades autónomas”.

La consejera señaló que todos hemos tenido que ceder en algo para poder llegar a un punto de encuentro satisfactorio con el que se reconoce el trabajo y el esfuerzo de más de 2.600 trabajadores de la Administración de Justicia y poder sacar a Canarias de los últimos puestos de la tabla en que se encontraba antes de este acuerdo, entre las 12 comunidades que tienen transferida la Justicia.

Las cuantías actuales del complemento específico aumentarán entre los 325 y 345 euros mensuales al finalizar el plazo de los tres años, según los cuerpos. Para llegar a ello, en el año 2025 se abonará el 30%, en 2026 el 40% y en 2027 el 30% restante.

La consejera manifestó que la intención es firmarlo en las próximas semanas, una vez se someta a la ratificación de las organizaciones sindicales y a la Mesa Sectorial de Justicia, con el finde poder llevarlo a Consejo de Gobierno y que se recoja en la Ley de Presupuestos del año 2025.

Con este reconocimiento, Canarias se suma a la actualización de los complementos y retribuciones que ya se alcanzó para el personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y en comunidades autónoma como Madrid y Cataluña y se negocia en otras, dentro de la revisión de la organización de la Administración de Justicia, que implica la asunción de nuevas tareas y adaptación de funciones para la modernización de la gestión pública.

La transformación ya se está materializando con el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por otra parte con la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos con la implantación de los tribunales de instancia y el nuevo modelo de oficina de justicia que les dará soporte.

El acuerdo será de aplicación al personal de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, auxilio judicial y cuerpos médicos forenses que desarrollen su actividad en los órganos judiciales y/o fiscales, registros civiles, así como del Instituto de Medicina Legal y forense de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Barreto pide voluntad de consenso para aprobar en esta legislatura la Ley de Coordinación de Policías Locales

La consejera espera recibir en breve la designación de los vocales de la FECAM para convocar la Comisión y retomar la negociación

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, demandó hoy voluntad de consenso a todas las partes para poder alcanzar un acuerdo esta legislatura y aprobar una Ley de Coordinación de las Policías Locales que establezca un marco normativo que se adapte a las necesidades actuales. Nieves Lady Barreto, que compareció en la la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, señaló que la Ley actual, de 1997, tiene ya más de veintisiete años y está obsoleta y que será necesario tener valentía para acometer un nuevo proyecto de ley después de dos intentos fallidos, en la que “necesariamente tendrá que haber cesiones”.

Para empezar a trabajar, la consejera espera recibir en breve la designación de los vocales de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en representación de los ayuntamientos y convocar la Comisión de Coordinación de Policías Locales donde se puedan abordar asuntos relevantes para el colectivo, a través de este órgano consultivo, deliberante y de participación. “Recojo el guante en nombre del Gobierno para llevar al Parlamento un texto consensuado por Gobierno y ayuntamientos que salga de la Comisión, donde también puedan participar y tener voz los sindicatos y el colectivo profesional”.

Nieves Lady Barreto, que defendió la profesionalización de las policías locales y la coordinación con la Policía Autonómica para conseguir un Sistema Público de Seguridad que se recoge en el Estatuto de Autonomía, recordó que en el 2018, durante su anterior etapa de consejera del Gobierno, se presentó una proposición de ley en el Parlamento que contaba con unanimidad y que ahora hay sobre la mesa el proyecto de ley de 2022 presentado por la FECAM, que introducía modificaciones, pero que no fue consensuado, ni con los sindicatos ni con la federación de Jefes de Policías Locales de Canarias.

En este sentido, la consejera reconoció que ya hay mucho trabajo adelantado, pero que aún persisten importantes diferencias como las referidas a la incorporación de interinos para el desarrollo de funciones de personal funcionario de carrera, o que la composición de la Comisión de Coordinación sea solo bilateral Gobierno y ayuntamientos y deje sin voz a los profesionales, además de abordar la posibilidad de extinguir una policía local o que se elimine la antigüedad mínima en la movilidad entre los cuerpos.

Al respecto, Nieves Lady Barreto manifestó que es consciente de las dificultades, pero que mantiene su compromiso para sacar adelante esta ley “porque no nos podemos permitir otro fracaso que perjudique a los ayuntamientos y a los profesionales que velan por nuestra seguridad en los municipios de Canarias”.

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El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

Julio Pérez y Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, alcanzan un acuerdo con los representantes de los trabajadores que supone un avance muy positivo para los empleados del 1-1-2 Canarias y del SUC

Entre otras mejoras destacan la formación de nivel para todo el personal, el cambio de modelo en la gestión de localizados, activaciones extras y la regulación de la disponibilidad de los trabajadores

El acuerdo, impulsado tras haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Ejecutivo canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), han alcanzado este miércoles un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Andrés Hernández y Lorenzo Galindo, respectivamente, que supone un avance muy positivo en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública que gestiona el CECOES 1-1-2 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El acuerdo, logrado tras sucesivas reuniones entre ambas partes y haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Gobierno canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC. En él se recogen una serie de compromisos y pactos que surtirán efecto una vez recabada la pertinente autorización y aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, este acuerdo debe ser un punto de partida para seguir mejorando los servicios de seguridad y emergencias que presta el Gobierno de Canarias, no solo en la parte retributiva sino procedimental. Ha mencionado las complicaciones encontradas para superar el escollo del 5% y las derivadas de lo que supone organizar una empresa que se dedica a las emergencias, y ha agradecido a los trabajadores que, a pesar del conflicto, este no haya repercutido en el servicio que prestan, lo que demuestra su identificación con la labor que desarrollan y que pretenden mejorar sus condiciones laborales, pero continuar trabajando en este servicio público esencial.

El titular de Sanidad también ha resaltado la importancia del acuerdo, por tratarse de un servicio público esencial, una de las prioridades del Gobierno de Canarias, al que se llega tras una reivindicación salarial justa, compleja de resolver, que introduce mejoras desde el punto de vista funcional que redundarán en una mejor prestación del servicio. Con esto avanzamos y hacemos más Canarias, ha recalcado.

Por su parte, los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Galindo, y Las Palmas, Andrés Hernández, han valorado de forma positiva el acuerdo, han agradecido la disposición del Consejo de Administración de GSC para alcanzarlo y han mostrado su satisfacción por haber conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, como la restitución del 5% de los salarios, y haber avanzado en más cuestiones de regulación del personal de la empresa pública.

Entre los trece puntos incluidos en el documento que da forma al acuerdo se encuentra el impulso de la formación de nivel para todo el personal de GSC; la rebaja de la conflictividad laboral, con la resolución de expedientes pendientes de manera pactada con los trabajadores y el establecimiento de un protocolo de mediación; y la modificación de instrucciones para evitar conflictos al establecer turnos.

Cambios organización

También recoge cambios en la organización de las guardias localizadas y las activaciones extra, para garantizar el disfrute ininterrumpido de las horas de descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; y el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

La empresa va a continuar con los procesos de selección de empleados que se encuentran en curso en la actualidad y publicará otros para una serie de puestos operativos. Además, mantendrá actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la adecuada contratación de todas las categorías profesionales.

Igualmente, GSC establecerá un Plan de Riesgos Psicosociales para todo el personal y medidas especiales ante el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Otros puntos que destacar son la incorporación de dos técnicos de atención a la mujer (TAM) en la estructura del actual colectivo; de un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; de personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches; y la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Los dos consejeros y los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han estado acompañados, entre otros, por la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencias, Alicia Álvarez; el gerente de GSC, Juan Ignacio Nieva; y algunos miembros del comité de empresa, Estefanía Ramos, María José Reiriz y José Luis Izquierdo.

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Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

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Félix Francisco Casanova, Letras Canarias 2023

Félix Francisco Casanova, Letras Canarias 2023

El Gobierno de Canarias acuerda dedicar la próxima edición al poeta, tras numerosas adhesiones de la comunidad literaria, cultural y bibliotecaria de las islas

El Gobierno de Canarias dedicará  la próxima edición del Día de las Letras Canarias a Félix Francisco Casanova, una de las voces más singulares de la poesía y la narrativa de las islas. La designación del poeta palmero ha contado con el respaldo unánime de la comunidad literaria, cultural y bibliotecaria de Canarias. El Consejo de Gobierno ha dado este jueves su visto bueno a la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para poner el foco en la difusión de su obra a lo largo del próximo año.

El Ejecutivo autonómico homenajea anualmente, desde 2006, a través del Día de las Letras Canarias, a una figura relevante de la literatura canaria, a la que dedica durante doce meses un amplio programa de actividades para contribuir a difundir su obra y su trascendencia literaria. Esta agenda comienza con el acto institucional que se celebra cada 21 de febrero, día en el que se conmemora el fallecimiento de José de Viera y Clavijo en 1813. En las últimas ediciones han protagonizado esta celebración grandes nombres como Josefina de la Torre, Natalia Sosa Ayala y Dolores Campos-Herrero.

Félix Francisco Casanova (Santa Cruz de La Palma, 1956-Santa Cruz de Tenerife, 1976) era hijo del poeta y médico Félix Casanova de Ayala. En los años sesenta, la familia trasladó su residencia a Tenerife y en ese tiempo comenzaron a percibirse sus inquietudes artísticas. Fue un gran apasionado de la música y la poesía llegó con esta, ya que sus primeros poemas fueron escritos en inglés como letras de rock. Otras pasiones de Casanova fueron el cine, el cómic o la fotografía. Su actividad creativa se intensificó en los primeros años del decenio de los setenta. De hecho, comenzó dando a conocer en la prensa varios textos que había escrito junto con su amigo Ángel Mollá, con el nombre de Equipo Hovno. Ambos llegarían a firmar un manifiesto.

En 1973, a los diecisiete años, obtuvo con su libro El invernadero el principal premio de poesía de Canarias, el Julio Tovar. En 1974 ganó el Pérez Armas de novela con la obra reeditada por Demipage, El don de Vorace. Un mes antes de su muerte ganó, con el poemario Una maleta llena de hojas, el Premio Matías Real, organizado por el periódico La Tarde. Félix Francisco es también autor del diario Yo hubiera o hubiese amado, escrito en 1974 y publicado en 1983. Tras su fallecimiento, a los diecinueve años, su padre se encargó de publicar La memoria olvidada (1980), que reúne la mayor parte de los poemas de Casanova; además de varias obras creadas en conjunto, entre las que destaca Cuello de botella (1976).

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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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Gobierno y sindicatos firman un acuerdo de mejora del sistema educativo a través del aumento del personal docente

FOTO FAMILIA ACUERDO MARCO

La consejera de Educación, Manuela Armas, explicó hoy en rueda de prensa que el aumento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este curso se dirige a mejorar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y las organizaciones sindicales con representación en el sector de la enseñanza pública han firmado hoy lunes, 18 de julio, un acuerdo para la mejora del sistema educativo público canario mediante la dotación de recursos humanos y la adopción de medidas que redunden en la progresión positiva de los indicadores académicos y la eficiencia de dicho sistema, que comenzará su vigencia en el curso 2022-2023. Esto supondrá un incremento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este periodo lectivo que se encamina a la mejora de la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas, así como de las condiciones de trabajo del profesorado en el marco del fortalecimiento de la educación en el archipiélago.

Al acto acudieron la consejera del área, Manuela Armas, y el director General de Personal, Fidel Trujillo, por una parte, y en representación de los sindicatos, Víctor González, por ANPE Canarias; Emilio José Armas, por Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria STEC-IC; José Ramón Barroso, por Federación de Enseñazas de CCOO Canarias; Evelín Díaz, por Docentes de Canarias-Insucan (DCI); Francisco Javier Bautista, por UGT-Servicios Públicos Canarias; y Nieves Alonso, por Unión Sindical de Profesores de Secundaria-Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (USPS-SEPCA).

Para Armas, es un acuerdo “magnífico” que da cumplimiento a un objetivo “fundamental” de la Consejería, como es la mejora del sistema educativo de las islas, y recalcó que se trata de un día importante para la sociedad canaria en general, y para la educación de las islas en particular a fin de lograr que esté acorde con las necesidades de la sociedad del archipiélago.

También agradeció a los sindicatos su disposición para alcanzar estas medidas y recalcó que el aumento del personal docente (1.060 el año pasado y 1.600 en este) logra que en dos años el incremento supere los 2.600 profesionales, que se destinarán a la atención a la diversidad; la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado; al aumento de especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, y las bajadas de ratios en los niveles “clave”, todo lo cual, apuntó, permitirá mejorar la equidad y la igualdad en el sistema educativo de Canarias, “y que nadie se quede atrás”.

Por su parte, Trujillo reiteró el agradecimiento a la disposición de los sindicatos para alcanzar este acuerdo tras muchas horas de trabajo y conseguir consensos en los criterios a aplicar “más que los números”, de forma que se consiga un sistema “más equitativo”.

Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano, la consecución de un mejor rendimiento y la reducción de la desigualdad de oportunidades en la fase de transición del alumnado, así como la mejora de la atención a la diversidad del estudiantado en centros con desventaja social, económica o cultural, a través del incremento de las plantillas docentes.

Así, se establece un nuevo catálogo para la determinación de las plantillas correspondientes al Cuerpo de Maestros y Maestras. Entre otros, se señala que el horario lectivo del personal docente se rebaja de 25 a 23 horas. Esas dos horas que se reducen son de obligada permanencia en el centro, y se destinarán a actividades de coordinación de carácter pedagógico, así como al desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos que cada centro lleve a cabo y que se reflejarán en su proyecto de gestión. Asimismo, se procurará la mínima rotación del profesorado por grupo.

Por otra parte, se recoge la mejora de las dotaciones de los recursos humanos para la configuración de las plantillas orgánicas de la especialidad de Orientación Educativa. Así, destaca que se dispondrá de un orientador u orientadora por cada 400 estudiantes del 2º ciclo de Infantil y Primaria en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros del Profesorado de Canarias (CEP) y Escuelas de Educación Infantil (EEI).

En cuanto a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), habrá un orientador u orientadora en centros con más de 275 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).

En los Centros de Educación Obligatoria (CEO), la relación será de un orientador u orientadora cuando haya más de 250 estudiantes, y se añadirá otro más a partir de 401 alumnos y alumnas. En los Centros de Educación Especial (CEE) habrá un orientador u orientadora cuando haya entre 30 y 60 estudiantes, a los que se añadirá otro a partir de 61 alumnos y alumnas.

El acuerdo contempla asimismo medidas encaminadas a la mejora de las dotaciones de los recursos humanos en la especialidad de Pedagogía Terapéutica en los CEIP y los CEP. El número de especialistas será de uno cuando el número de grupos se encuentre entre ocho y 16; dos, si está entre 17 y 25, y tres, cuando sean más de 25. En los IES, habrá un especialista cuando haya cuatro o más grupos de 1º y 2º de ESO.

En el caso de Audición y Lenguaje, la relación será de una o un profesional por cada 300 alumnos o alumnas en conjunto de Infantil y 1º y 2º de Primaria, y a los centros con 27 o más unidades de Infantil y Primaria les corresponderá un maestro o maestra en la plantilla.

El acuerdo fija, entre otras cuestiones, nuevas ratios. En los CEIP y los CEP, cuando exista al menos un grupo autorizado en cada uno de los cursos de Infantil y Primaria no habrá mixtos en el tercer ciclo de Primaria. De la misma manera, se eliminarán los grupos mixtos en el primer y segundo ciclo de Primaria progresivamente.

Los niveles de 1º y 2º ESO mantienen (esta medida se puso en marcha durante el curso 2021/22) una ratio de 27 alumnos o alumnas, y 1º y 2º de Bachillerato 30 estudiantes.

Finalmente, con el fin de compensar las desigualdades en los centros con indicadores socioeconómicos y culturales más desfavorables, las dotaciones de recursos humanos se verán incrementados tomando como referencia el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) de la última evaluación de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Así, los CEIP y los CEP con un ISEC medio-bajo tendrán una dotación adicional de dos horas lectivas por grupo. En el caso de los IES y los CEO, cuando tengan una ratio mayor de 20 alumnos o alumnas, contarán con un profesor o profesora si tienen de dos a cuatro grupos de 1º y 2º de ESO; dos docentes, para los casos de cinco a ocho grupos; y tres si suman más de ocho grupos.

El acuerdo-marco ratificado hoy puede consultarse a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/acuerdo_mejora_sistema_publico_educativo_canarias.pdf

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