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El ICAP reúne a personal de las Administraciones para la implantación de los drones en los servicios públicos

El encuentro analizó los requisitos organizativos, jurídicos y operativos para constituir y operar unidades de drones con todas las garantías en ámbitos como emergencias, seguridad o inspección

El director del ICAP, Gustavo Pérez, señala que, al tratarse de una tecnología avanzada, el carácter de la formación va orientada a usarla de forma adecuada, con el procedimiento correcto, y así mejorar el servicio público

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que depende de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha celebrado este miércoles una jornada técnica sobre la implantación y funcionamiento de unidades de aeronaves no tripuladas (UAS) en el ámbito público. El encuentro, desarrollado de forma presencial en las aulas del ICAP y transmitido en modalidad online, ofreció a las personas asistentes una visión integral y práctica sobre cómo regularizar y operar este tipo de unidades de manera segura, trazable y con la debida cobertura legal.

Durante la jornada, se demostró que la incorporación de drones representa un salto cualitativo en la capacidad de respuesta de los servicios públicos en áreas como la gestión de emergencias, la protección civil, la seguridad, la inspección técnica o la atención municipal. No obstante, las ponencias enfatizaron que la puesta en marcha de estas capacidades trasciende la mera compra del equipamiento o la instrucción de pilotos, requiriendo un marco sólido de procedimientos, formación continua, mantenimiento, protección de datos y gestión de riesgos operativos.

La premisa fundamental de la jornada fue que la verdadera profesionalización del uso de aeronaves no tripuladas en el sector público radica en la solidez de la organización, la formación y el control operacional que respaldan cada vuelo.

El director del ICAP, Gustavo Pérez, señaló que, con esta cita, se continúa con la formación y las novedades en el ICAP. “En esta ocasión, se trata de una formación específica para los empleados públicos y los funcionarios que quieren prepararse para la utilización dentro del servicio público de las unidades de drones. Al tratarse de una tecnología avanzada, el carácter de la formación va orientada a usarla de forma adecuada, con el procedimiento correcto, y así mejorar el servicio público”, afirmó.

El subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria – Policía Autonómica, David Padrón Santana, destacó que “esta jornada es una gran oportunidad para las unidades de drones de los distintos equipos de seguridad y emergencias para su coordinación y ampliar conocimientos. En definitiva, de mejora de los servicios que prestamos al ciudadano”.

Por su parte, Juan Beltrami, de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, explicó que el objetivo principal de la jornada “es que todas las unidades que están en funcionamiento o que vayan a crearse, tengan un conocimiento de los riesgos jurídicos que conlleva el uso de los drones por la Administración Pública”.

Análisis normativo, gestión operacional y protección de datos

El programa de la jornada se estructuró en diversos bloques temáticos que abordaron de forma exhaustiva el ciclo de vida de una unidad UAS. Tras la apertura institucional, se analizó el régimen de operaciones excluidas de EASA (régimen No EASA), determinando las condiciones y responsabilidades jurídicas que asumen las Administraciones cuando gestionan este servicio directamente o mediante la contratación de operadores externos.

En el bloque ‘De comprar un dron a tener una capacidad UAS’, las ponencias incidieron en la necesidad de abordar la implantación como un proceso organizativo global. Asimismo, se profundizó en la trazabilidad documental como herramienta indispensable clave de respaldo jurídico en caso de accidentes o daños a terceros, analizando supuestos prácticos de responsabilidad patrimonial.

La gestión del espacio aéreo, la coordinación operacional adaptada a las particularidades insulares de Canarias y el estricto cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y captación de imágenes fueron otros de los pilares debatidos durante la sesión.

Simulación de operación real y debate final

Uno de los contenidos más destacados de la jornada fue la realización de una simulación de operación real. A través de este ejercicio práctico, se mostró de principio a fin el protocolo de actuación ante una alerta: planificación, coordinación, briefing, ejecución de la misión, gestión de contingencias y posterior registro de datos aplicables a escenarios como incendios forestales, grandes eventos o búsqueda y localización de personas.

El encuentro concluyó con la mesa redonda ‘¿Está preparada su Administración para operar UAS?’, en la que especialistas en la materia debatieron sobre los errores más frecuentes en la fase de constitución, la adaptación de unidades ya existentes y los mecanismos de coordinación entre distintos departamentos e instituciones.

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El Gobierno de Canarias sitúa a las personas mayores en el centro de la adaptación de los servicios públicos

El ICAP reúne los días 6 y 7 de octubre a profesionales y expertos para abordar la atención, la accesibilidad, la vivienda, la movilidad y la coordinación sociosanitaria

El director, Gustavo Pérez, subraya que “el cambio demográfico exige una Administración más accesible, coordinada y cercana a las personas mayores”

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), junto a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, celebrará los días 6 y 7 de octubre las I Jornadas sobre ‘La Admnistración Pública ante las Personas Mayores en Canarias: formación’, un encuentro que busca abordar el envejecimiento de la población desde una perspectiva transversal y analizar cómo deben adaptarse las Administraciones Públicas a esta realidad.

Las jornadas, que tendrán lugar en el salón de actos de la Sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife, reunirán a profesionales de distintas áreas de la Administración y personas expertas para analizar las necesidades de las personas mayores y avanzar hacia unos servicios públicos más accesibles, coordinados y cercanos.

El director del Instituto Canario de Administración Pública, Gustavo Pérez, subraya que “el cambio demográfico exige una Administración más accesible, coordinada y cercana a las personas mayores”. En este sentido, señala que “el envejecimiento no puede abordarse únicamente desde los Servicios Sociales, sino que debe formar parte de la planificación de todas las áreas que tienen relación con la vida cotidiana de la ciudadanía”.

Para Pérez, “la forma en la que diseñamos nuestras ciudades, gestionamos la vivienda, organizamos la movilidad, prestamos atención a la ciudadanía o coordinamos los servicios sanitarios y sociales tiene un impacto directo en la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores”. Por ello, considera necesario que el personal público “conozca esta realidad y cuente con herramientas para ofrecer una atención más adecuada, comprensible y humana”.

Una Administración que comprenda la realidad de las personas mayores

La primera jornada, que se celebrará el 6 de octubre, estará centrada en conocer la realidad demográfica de Canarias y analizar la relación de las personas mayores con las Administraciones Públicas.

El programa comenzará con una radiografía de la situación actual y las previsiones de evolución de la población mayor en Canarias, con especial atención a las diferencias entre islas y a las necesidades de recursos que plantea el cambio demográfico.

A partir de este diagnóstico, las jornadas pondrán el foco en la experiencia de las personas mayores cuando se relacionan con la Administración y en las barreras que pueden encontrar, como la burocracia, el lenguaje jurídico complejo, la brecha digital o la falta de coordinación entre administraciones.

También se abordará cómo facilitar el acceso al sistema de atención y a los recursos disponibles, así como el papel de los centros de mayores como espacios de envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

La jornada concluirá con una mesa redonda bajo el título ‘¿Está preparada la Administración Canaria para el envejecimiento de la población?’, en la que participará la directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer del Pino.

Entornos adaptados para garantizar autonomía y calidad de vida

El 7 de octubre, la jornada se centrará en las condiciones que deben reunir los entornos y servicios para favorecer la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

El programa abordará el papel de las actividades de envejecimiento activo, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva como herramientas de prevención y bienestar. También analizará la importancia del urbanismo, la movilidad y la accesibilidad de los espacios públicos, desde el diseño de las aceras hasta la disponibilidad de bancos, zonas de sombra, transporte adaptado o condiciones de seguridad en las calles.

La vivienda será otro de los asuntos centrales, con la presentación de nuevas soluciones residenciales, como las viviendas colaborativas o cohousing, junto a otras alternativas destinadas a adaptar los hogares a las necesidades de las personas mayores.

La coordinación sociosanitaria ocupará igualmente un espacio destacado, con el objetivo de analizar cómo mejorar la atención cuando intervienen diferentes servicios y evitar situaciones de desatención, especialmente en momentos como el alta hospitalaria.

La jornada también abordará dos retos que pueden permanecer invisibles: la soledad no deseada y el edadismo, con especial atención a la necesidad de garantizar un trato adecuado y respetuoso hacia las personas mayores y evitar situaciones de infantilización.

El encuentro finalizará con la mesa ‘Construyendo la Canarias amigable con las personas mayores’, en la que participarán la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora Izquierdo, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer del Pino. La clausura estará orientada a identificar compromisos institucionales de futuro para avanzar hacia una Canarias más amigable con las personas mayores.

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El ICAP aborda los retos jurídicos y operativos del uso de drones en la Administración Pública

La jornada técnica, que se celebrará el próximo 30 de septiembre, ofrecerá una visión práctica sobre la implantación, organización y operación segura de unidades UAS

El director del ICAP, Gustavo Pérez, subraya la necesidad de que los empleados públicos conozcan las posibilidades de estas tecnologías y las responsabilidades asociadas a su utilización

El Gobierno de Canarias impartirá, el próximo miércoles 30 de septiembre, una jornada técnica dirigida al personal de las Administraciones Públicas para abordar los principales aspectos relacionados con la implantación y funcionamiento de unidades de aeronaves no tripuladas (UAS) en los servicios públicos.

El encuentro, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se desarrollará de forma presencial en las aulas del ICAP y también en modalidad online, y ofrecerá una visión práctica sobre los requisitos necesarios para crear, organizar, regularizar y operar una unidad UAS de forma segura, trazable y con la adecuada cobertura jurídica.

La incorporación de aeronaves no tripuladas ofrece nuevas capacidades para ámbitos como la seguridad, las emergencias, la protección civil, la inspección y la gestión de servicios municipales. Sin embargo, la puesta en marcha de estas unidades requiere abordar aspectos que van más allá de la adquisición de aeronaves y la formación de pilotos, como la organización, la cobertura jurídica, los procedimientos operativos, la formación y competencia del personal, el mantenimiento, la gestión documental, la seguridad operacional y la trazabilidad.

Un servicio público moderno, seguro y eficaz

El director del Instituto Canario de Administración Pública, Gustavo Pérez, destaca que la formación de los empleados públicos debe estar vinculada a los nuevos retos que plantea la gestión de los servicios públicos y aportar herramientas que puedan trasladarse directamente al trabajo diario.

“La incorporación de nuevas tecnologías a la Administración exige también que nuestros profesionales conozcan sus posibilidades, pero, sobre todo, las responsabilidades y los procedimientos asociados a su utilización. Esta jornada nace con una vocación eminentemente práctica, para que las Administraciones puedan disponer de unidades UAS correctamente organizadas, con personal formado y con todas las garantías necesarias para prestar un servicio público seguro y eficaz”, señala Pérez.

El programa comenzará con una apertura institucional en la que se abordará la evolución de las capacidades UAS en los servicios públicos, sus principales ámbitos de aplicación y los retos actuales asociados a la implantación de estas unidades.

El primer bloque analizará el régimen No EASA, sus obligaciones y responsabilidades, con especial atención a las condiciones que determinan el régimen aplicable a las operaciones UAS desarrolladas por las Administraciones Públicas. También se estudiarán las diferencias entre las operaciones sujetas al régimen EASA y las actividades excluidas, las obligaciones de las organizaciones públicas y las responsabilidades cuando una operación se realiza mediante un operador externo.

A continuación, el bloque ‘De comprar un dron a tener una capacidad UAS’ abordará la creación de estas unidades como un proceso de implantación organizativa y no como una simple adquisición de medios tecnológicos. Se tratarán cuestiones como la identificación de necesidades y capacidades, las misiones y servicios a cubrir, la organización de la unidad, los roles y responsabilidades, la selección de aeronaves, la formación del personal, los procedimientos operativos y el mantenimiento de los equipos.

Respaldo jurídico de las UAS

La jornada continuará con un bloque dedicado a la documentación, trazabilidad y responsabilidad, que analizará la gestión documental como elemento de seguridad operacional y respaldo jurídico de la Administración. A través de un caso práctico se estudiará qué documentación puede presentar una Administración ante un accidente o daño a terceros y qué consecuencias puede tener no disponer de una adecuada trazabilidad documental.

Otro de los contenidos centrales será la gestión de dos áreas críticas: la protección de datos y la captación de imágenes, y el espacio aéreo y la coordinación operacional. En este apartado se analizarán, entre otras cuestiones, el tratamiento de imágenes obtenidas mediante UAS, la base jurídica y finalidad del tratamiento, las zonas geográficas UAS, el espacio aéreo controlado y los procedimientos de coordinación operacional, con especial atención a las particularidades de Canarias.

El programa incluirá además una simulación de una operación real, desde el aviso y la activación hasta la planificación, coordinación, briefing, operación, gestión de contingencias, finalización y registro. El ejercicio permitirá aplicar los contenidos anteriores a distintos escenarios, entre ellos seguridad y Policía, emergencias y protección civil, búsqueda y localización, incendios, grandes eventos e inspección y servicios públicos.

La jornada finalizará con una mesa redonda bajo el título ‘¿Está preparada su Administración para operar UAS?’, en la que se analizarán las principales dificultades para implantar estas unidades, los errores más frecuentes, la revisión o regularización de unidades existentes, la formación del personal y la coordinación entre departamentos y Administraciones.

La jornada parte de una idea central: la profesionalización de una capacidad UAS no depende únicamente de la aeronave utilizada, sino de la organización, la formación, los procedimientos, la seguridad operacional y el control que existen detrás de ella.

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La Consejería de Presidencia inicia una experiencia piloto para la evaluación del desempeño en la Administración

Se medirá la claridad y viabilidad del sistema propuesto y la utilidad de la herramienta informática diseñada como paso previo a la implantación del complemento de productividad.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha iniciado una experiencia piloto para la implantación de la evaluación del desempeño en la Administración General. Este pilotaje se desarrollará en diferentes fases con el personal de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos con el objetivo de medir la claridad y viabilidad del sistema propuesto y la utilidad de la herramienta informática diseñada. como paso previo a la implantación del complemento por la productividad el próximo año.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional, el rendimiento y el logro de resultados del personal empleado público. El sistema tendrá efectos en distintos ámbitos de la gestión de personal, como la provisión y continuidad en los puestos de trabajo, la formación, la carrera profesional horizontal y las retribuciones complementarias vinculadas al desempeño.

Actualmente, el Ejecutivo autonómico tramita una orden conjunta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que establecerá, previa negociación sindical, los criterios generales para la ordenación de la productividad y aprobará el manual que regulará los criterios de valoración y el procedimiento de evaluación.

El modelo se basa en principios de transparencia, objetividad, fiabilidad, periodicidad, adaptación a las funciones desempeñadas, imparcialidad, no discriminación y voluntariedad.

La evaluación medirá tanto el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos vinculados al Plan Estratégico del Gobierno de Canarias 2024-2027 como los resultados obtenidos en la actividad operativa de cada unidad administrativa. Para ello, el proceso de fijación y seguimiento de objetivos individuales se realizará mediante una herramienta informática diseñada para facilitar su utilización tanto por el personal como por los responsables de la evaluación.

En los próximos días Gobierno abrirá un proceso de consulta con las organizaciones sindicales y con el resto de los departamentos de la Administración autonómica. Las aportaciones recogidas permitirán introducir las mejoras necesarias antes de la aprobación definitiva del sistema.

La previsión es que el primer periodo oficial de evaluación se desarrolle durante 2027 y que el complemento de productividad derivado de los resultados pueda abonarse en 2028.

El nuevo modelo busca reforzar una cultura de gestión basada en el mérito, la capacidad y la orientación a resultados, alineando el reconocimiento profesional con el desempeño efectivo de las personas empleadas públicas. Asimismo, pretende incentivar la mejora continua, reconocer el valor añadido que aporta el trabajo de calidad, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos y contribuir a una Administración más eficaz y orientada a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

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El ICAP convoca subvenciones por 410.000 euros para la formación de los empleados públicos de las entidades locales

Esta línea de ayudas permite financiar cursos, jornadas y otras acciones formativas dirigidas a reforzar la cualificación de este personal

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha convocado las subvenciones destinadas a financiar los planes de formación del personal al servicio de los cabildos, ayuntamientos y demás entidades locales de Canarias correspondientes al ejercicio 2026. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cuenta con una dotación de 410.413,73 euros, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) y de acuerdo con el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 y las bases reguladoras de estas ayudas.

El anuncio ha sido presentado este martes a representantes de los cabildos y ayuntamientos canarios durante una sesión telemática presidida por el director del ICAP, Gustavo Pérez. Durante el encuentro se explicaron las principales novedades y se resolvieron las dudas de las entidades locales sobre el procedimiento de solicitud y ejecución de estas ayudas del organismo autónomo, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Gustavo Pérez explica que esta línea de subvenciones forma parte de los 770.730 euros que el ICAP gestionará durante este ejercicio para impulsar la formación de los empleados públicos de las entidades locales canarias, “con el objetivo de reforzar la cualificación de los profesionales y contribuir a una Administración pública más eficaz, moderna y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía”.

El objeto de la convocatoria es financiar planes de formación para el empleo promovidos por las propias entidades locales, así como por sus federaciones o asociaciones, favoreciendo la actualización permanente de conocimientos, el desarrollo profesional de los empleados públicos y la mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan.

Las entidades interesadas podrán presentar planes de formación de tres modalidades previstas en las bases reguladoras: planes unitarios, promovidos por una única entidad local; planes agrupados, desarrollados conjuntamente por varias entidades; y planes interadministrativos, en los que participan distintas administraciones públicas.

Las acciones financiadas podrán incluir cursos, jornadas, seminarios y otras actividades formativas. El importe máximo financiable por participante y hora se determinará en función de la modalidad y del nivel de la formación, conforme a los límites establecidos en las bases reguladoras.

Entre los gastos subvencionables figuran los directamente vinculados a la actividad formativa, como la contratación del personal docente, plataformas tecnológicas, equipos y materiales didácticos, alquiler de espacios, seguros o acciones de difusión.

Para ser subvencionables, los gastos deberán ajustarse al valor de mercado, realizarse durante el ejercicio 2026, haber sido efectivamente abonados antes del 31 de diciembre del año de concesión y estar debidamente justificados mediante facturas o documentos contables. Asimismo, deberán respetarse las obligaciones de concurrencia entre proveedores previstas en la normativa vigente. No serán objeto de financiación, entre otros conceptos, los impuestos indirectos susceptibles de recuperación, las sanciones administrativas o penales, los gastos judiciales o los cargos bancarios.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del ICAP, conforme al procedimiento previsto en la resolución de convocatoria y en las bases reguladoras. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

 

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La Consejería de Presidencia y el ICAP ponen el foco en los retos de los servicios públicos ante las emergencias  

Las jornadas reúnen a expertos en la materia los días 22 y 23 de junio, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife

El programa formativo aborda temas clave como el papel transversal del CECOES 112, el soporte psicológico en catástrofes, el uso de tecnología como drones y sistemas de información geográfica, o la contratación administrativa bajo la modalidad de emergencia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), celebrará los próximos días 22 y 23 de junio las jornadas formativas tituladas ‘La Administración Pública ante catástrofes naturales y emergencias’. El encuentro, que tendrá lugar en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, congregará a especialistas de primer nivel para abordar los retos logísticos, técnicos, jurídicos y humanos a los que se enfrentan las instituciones públicas durante una situación de crisis.

A lo largo de dos días, el programa formativo abordará temas clave como el papel transversal del CECOES 112, el soporte psicológico en catástrofes, las telecomunicaciones, la gobernanza, el uso de tecnología como drones y sistemas de información geográfica, y la contratación administrativa bajo la modalidad de emergencia, entre otros aspectos.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, destaca la trascendencia de este encuentro en un territorio con las singularidades de Canarias. «Nuestra condición de archipiélago y nuestra propia naturaleza geológica nos obligan a ser excelentes en la prevención y en la gestión de las emergencias. Estas jornadas no solo buscan actualizar conocimientos, sino robustecer la coordinación real entre administraciones, fuerzas de seguridad y personal técnico”, asegura.

Por su parte, el director del ICAP, Gustavo Pérez, pone en valor el papel de la formación continua, ya que el personal público es la primera respuesta ante una crisis. “Desde el ICAP asumimos la responsabilidad de capacitar a nuestros profesionales en competencias clave y de dotarlos de herramientas estratégicas. Este espacio de debate servirá para analizar casos prácticos muy cercanos, como la gestión administrativa tras la erupción del volcán Tajogaite o la preparación de planes de prevención volcánica en Tenerife, convirtiendo la experiencia acumulada en aprendizaje compartido para el futuro», explica.

Un programa especializado

El encuentro arrancará el próximo lunes 22 de junio, a las 09:00 horas, con la ponencia del director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias, Moisés Sánchez Arrocha, quien desgranará la coordinación operativa y el papel del 112 como eje de respuesta integral. A continuación, la decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares Albertos, abordará la gestión de la psicología y el comportamiento humano en situaciones de catástrofe.

A partir de las 11 horas, la jornada se diversificará en dos salas paralelas. En una de ellas Juan Beltrami Artime, miembro de la Unidad Aérea destinado en la Base Delegada de la Policía Nacional en Tenerife, analizará el uso estratégico de los drones en la gestión pública, seguido por el jefe del Servicio Técnico de Sistemas de Información Geográfica, Antonio Hernández Hernández, quien expondrá el uso de la información territorial para la toma de decisiones.

De forma simultánea, otra sala acogerá al jefe de Servicio Administrativo de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Javier Aythami García González, quien detallará el procedimiento administrativo y la atención a los afectados por el volcán Tajogaite. A continuación, el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Carlos Martín Esquivel, hablará sobre el marco estratégico y la gobernanza de emergencias.

El cierre de esta primera jornada técnica correrá a cargo de la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención a Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román Casamartina, quien compartirá los entresijos de la coordinación de la visita del Papa, dando paso a una mesa redonda de debate.

El martes 23 de junio, la jornada se enfocará en las comunicaciones críticas en situaciones de crisis, analizando la resiliencia, coordinación y continuidad operativa de la mano de Carlos García Batista, responsable de Tecnología del 112 Canarias y del Servicio de Urgencias Canario. Posteriormente, Miguel Sánchez Arrocha, técnico especialista en Seguridad y Control del Riesgo, centrará su intervención en los protocolos, la autoprotección y la respuesta operativa, mientras que Ana Vidal González, asesora de Comunicación en la Presidencia del Gobierno de Canarias, profundizará en la comunicación de crisis antes, durante y después del evento.

Tras el receso, se activará el segundo bloque de sesiones paralelas. De esta forma, el jefe de la División de Coordinación de Gran Canaria del Cuerpo General de la Policía Canaria, José Antonio Prieto Palma, analizará el rol del cuerpo de la policía autonómica, mientras que el subinspector de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, David Torres González, expondrá el papel de la policía local en las emergencias.

Paralelamente, en la segunda sala, el jefe de los Servicios Económicos en funciones de Interventor accidental del Ayuntamiento de Los Realejos, Francisco Rodríguez Pérez, explicará la contratación de emergencia y la gestión económico-financiera; seguido por Rubén D. Fernández González, técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria, que hablará sobre las competencias clave del personal público en catástrofes.

Por último, el jefe de Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Néstor J. Padrón Castañeda, explicará cómo se prepara la isla ante una posible erupción volcánica.

La jornada y el encuentro finalizará con una mesa redonda.

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La Consejería de Presidencia convoca los premios a la Calidad de los Servicios Públicos 2026

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril, en las modalidades de excelencia de los servicios públicos; mejores prácticas de calidad y mejores iniciativas o sugerencias de las personas empleadas públicas

La directora general Juana María Reyes destaca que estos galardones son un instrumento de reconocimiento a los órganos, organismos, entidades por su contribución a la mejora de la calidad, la innovación y la excelencia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, convoca los premios a la Calidad de los Servicios Públicos 2026, que reconocen las iniciativas innovadoras, proyectos de mejora y buenas prácticas que contribuyen a potenciar los servicios públicos en Canarias. El plazo de presentación de candidaturas se abre este miércoles, 1 de abril, y finaliza el 30 de abril.

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, impulsora de esta iniciativa, destaca que la calidad de los servicios públicos constituye un eje esencial de la actuación administrativa y un instrumento clave para reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. “La mejora continua de los servicios, la orientación a las personas usuarias, la evaluación de resultados y el reconocimiento de las buenas prácticas y de las iniciativas innovadoras del personal empleado público forman parte de las políticas públicas impulsadas por la Comunidad Autónoma de Canarias”, asegura.

En este sentido, Juan María Reyes apunta que los premios a la Calidad de los Servicios Públicos son un instrumento de reconocimiento a los órganos, organismos, entidades y personas que se hayan distinguido en la implantación de técnicas o instrumentos de mejora y por su contribución a la mejora de la calidad, la innovación y la excelencia en la prestación de los servicios públicos.

Estos galardones recogen tres modalidades y están dirigidos a los órganos, organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a los de la administración pública local.

La categoría a la excelencia de los servicios públicos reconoce a aquellos órganos que mediante su actividad de mejora hayan incrementado la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía y tengan aprobadas y publicadas las correspondientes Cartas de Servicios.

La de las mejores prácticas de calidad tiene por objeto reconocer a aquellos organismos que más se hayan distinguido en la implantación de técnicas o instrumentos de innovación y mejora que hayan contribuido a incrementar la calidad con la que se prestan los servicios públicos.

Por su parte, el premio a las mejores iniciativas o sugerencias de las personas empleadas públicas tiene por objeto premiar a las personas empleadas públicas que se hayan destacado por la promoción y el desarrollo de iniciativas o sugerencias que contribuyan a incrementar la eficiencia, la simplificación administrativa, la innovación y mejora en la atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios públicos

Igualmente, se incorpora como elemento destacado, la existencia de categorías específicas dirigidas a las administraciones locales canarias, lo que permitirá visibilizar el papel de los ayuntamientos y entidades locales en la mejora de los servicios que prestan a la ciudadanía.

Criterios de evaluación

Las candidaturas se evaluarán teniendo en cuenta los resultados en la mejora del servicio, la orientación a la ciudadanía, la innovación y eficiencia, así como la capacidad de replicarse en otras organizaciones, entre otros criterios.

La presentación de propuestas se realizará de forma electrónica, a través de su sede: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/3688 o en cualquiera de los registros electrónicos de la Administración.

Los premios consistirán en un diploma acreditativo y en el expediente de las personas empleadas públicas premiadas del Gobierno de Canarias quedará constancia de dicha concesión. Asimismo, podrá ser tenido en cuenta en el futuro como mérito en relación a la evaluación del desempeño y a la carrera profesional.

 

 

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La Consejería de Presidencia quiere que la población también defina la estrategia de integridad institucional

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos impulsa una encuesta para elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Administración

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, promueve la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia de Integridad Institucional, con la puesta en marcha de una encuesta que recabe la percepción sobre el funcionamiento de la Administración Pública.

Esta iniciativa pretende conocer la opinión de la población sobre aspectos fundamentales como la confianza en las instituciones, la transparencia en la gestión pública, la integridad institucional y la prevención de posibles malas prácticas. Las respuestas obtenidas formarán parte del primer diagnóstico, abierto a todos los sectores, que integrará la visión de la ciudadanía y colectivos sociales, junto a la de los empleados públicos y altos cargos.

Además de analizar el marco existente, el cuestionario ayudará a identificar fortalezas y debilidades, detectar riesgos y oportunidades de mejora, y recopilar buenas prácticas en materia de integridad institucional de la Administración, así como sobre los valores que deben guiar la actuación pública íntegra y cercana.

La participación ciudadana resulta especialmente relevante, ya que la futura Estrategia tiene como finalidad impulsar un cambio profundo en la cultura organizativa de la Administración, promoviendo valores, comportamientos y formas de gestión que refuercen la integridad pública.

Según Juana María Reyes, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, “se trata de avanzar hacia una Administración que sitúe a la ciudadanía en el centro de su actuación, fortaleciendo la confianza, la transparencia y el compromiso con lo público”.

El cuestionario garantiza el anonimato de las personas participantes. Todas las respuestas serán tratadas de forma confidencial, asegurando en todo momento la protección de la información.

https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/gestionconocimiento/_recursos/infografias/encuesta-integridad-ciudadania/genially.html

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La Consejería de Presidencia convoca este sábado a 9.215 personas para la oposición al cuerpo de auxiliar

La Dirección General de Función Pública organiza un llamamiento masivo para el ejercicio de la oposición por turno libre de 299 plazas para la Administración autonómica

La prueba se llevará a cabo en las sedes de las dos universidades canarias, con la ocupación de casi la totalidad de las aulas de los campus de Guajara y Tafira

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha convocado para este sábado, 14 de marzo, a un total de 9.215 personas para la realización del ejercicio único de la oposición para el ingreso, por turno libre, al Cuerpo Auxiliar de la Administración autonómica.

En este proceso selectivo se convocan un total de 299 plazas, de las cuales 14 se reservan para el turno de discapacidad de personas con un grado igual o superior al 33% y el resto para el turno general. Asimismo, con arreglo a la ley de medidas urgentes que se aprobó, primero como Decreto – Ley en el año 2024 y luego como Ley en el año 2025, se han adicionado 60 plazas para su posible cobertura durante los dos años siguientes a la terminación del procedimiento.

El llamamiento para el ejercicio se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en el Campus Universitario de Guajara de la Universidad de La Laguna y en el Campus Universitario de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo necesaria la ocupación de la práctica totalidad de sus aulas (81 en Tenerife y 88 en Gran Canaria). En concreto, 4.558 personas han optado por realizar la prueba en la sede Tenerife y 4.657 personas en la sede de Gran Canaria.

El Tribunal Calificador, compuesto por cinco personas titulares, estará asistido en todo momento por aproximadamente 600 personas colaboradoras para garantizar la correcta ejecución de la prueba.

Por las características del llamamiento de carácter masivo, la Dirección General de Función Pública lo ha puesto en conocimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, de las policías locales de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Emergencias, de la Dirección General de Seguridad, Dirección del Servicio de Urgencias Canario del Servicio Canario de la Salud y del 112 del Gobierno de Canarias. Se contará con presencia de transporte sanitario urgente medicalizado.

Además, el Cuerpo General de la Policía Canaria efectuará la recogida, traslado y custodia de los exámenes realizados hasta su traslado a la Dirección General de la Función Pública para su apertura y corrección.

 

 

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La Consejería de Presidencia tramita unas nuevas bases para los concursos de traslados del personal funcionario

Esta iniciativa de la Dirección General de Función Pública comienza con la consulta pública y responde a lo solicitado por los sindicatos para sustituir las vigentes del año 2012

Forma parte del paquete medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en la actual legislatura para reforzar el papel del personal funcionario de la Administración.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, inicia este mes los trámites para la aprobación de las nuevas bases generales que regulen los concursos de traslado de personal funcionario de carrera de la Administración, con la realización de una consulta pública previa a la ciudadanía en la que las personas interesadas en este asunto podrán formular sus propuestas y sugerencias.

La finalidad de estas nuevas bases generales es configurar de una forma adecuada y actualizada los distintos méritos profesionales del personal funcionario de nuestra Administración, a fin de permitir una correcta cobertura de los puestos de trabajo que lo son por concurso de méritos, valorándose cuestiones tales como la formación y el perfeccionamiento del personal, los méritos preferentes de los puestos de trabajo o la prestación previa de servicios.

La aprobación de las citadas bases generales permitirá sustituir a las que están actualmente vigentes que datan del año 2012 y responde a lo solicitado por la mayoría de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de negociación.

Al ser un proceso normativo de rango reglamentario, tras la consulta pública, la Dirección General de la Función Pública convocará a las organizaciones sindicales para la negociación del proyecto de bases generales.

Esta iniciativa de la Dirección General de la Función Pública forma parte del paquete medidas que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha en la actual legislatura para fomentar y reforzar el papel del personal funcionario de la Administración.

Cabe señalar al respecto que el Gobierno de Canarias, a propuesta de esta Consejería, aprobó, de urgencia, un Decreto Ley, luego tramitado como Ley de medidas urgentes en materia de empleo público, que contiene una serie de medidas que actualmente se están aplicando y que tienen por finalidad fomentar y reforzar al funcionariado de la Administración.

Así, se establece por primera vez en la Comunidad Autónoma la figura de la promoción interna temporal del personal funcionario que permite a este personal desempeñar puestos de superior categoría de forma temporal que les computará además como mérito profesional. Al mismo tiempo fomenta la participación en los procesos selectivos de promoción interna que han sido objeto de una nueva regulación que contiene medidas destinadas precisamente a promover esa participación como, por ejemplo, el aumento de la reserva de plazas a dicha promoción o el derecho a la conservación de calificaciones de procesos anteriores.

En la actualidad, las convocatorias de nuevos procesos selectivos, así como las que se realicen para el concurso de traslado, incluyen como mérito a valorar, la participación del personal funcionario en órganos de selección y provisión.

La Dirección General de Función Pública está apostando también por una mayor eficacia y eficiencia en la selección de las futuras generaciones de personal funcionario, acortando los tiempos y diseñando las pruebas selectivas de una forma más adecuada a los tiempos actuales lo que se ha traducido en la aprobación de unas nuevas bases generales que regulan el turno libre y que ya se están aplicando en los nuevos procesos selectivos.

Otra medida va en la línea de mejorar la clasificación de una parte importante del personal funcionariado de esta Administración, permitiendo emprender procesos de reclasificación del Cuerpo Auxiliar o la integración de los Administradores Generales en la Especialidad Jurídica cuando cuenten con la titulación en Derecho, que ya ha sido objeto de un acuerdo de Gobierno al respecto.

Esta Ley también prevé el establecimiento de medidas que incentiven la jubilación del personal funcionario de nuestra Administración. En este sentido, el Gobierno de Canarias abordará la regulación concreta de la jubilación parcial del personal funcionario cuando lo regule el Estado al ser una competencia básica estatal.

 

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