La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica en comisión parlamentaria que este recurso se ha reforzado con la incorporación de un total de 20 profesionales
“En los dos últimos años, el Servicio de Inspección de Centros, dependiente de la Viceconsejería de Bienestar Social, ha realizado un total de 442 visitas de inspección a 378 centros de mayores de todas las islas, entre 2023 y 2024”, explicó en comisión parlamentaria la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en respuesta a la pregunta a las medidas tomadas por el Ejecutivo para proceder al cierre de residencias de mayores que no cumplen con los requisitos.
“Las acciones puestas en marcha demuestran que el servicio de inspección de centros ha recibido una atención especial por parte de este Gobierno”, afirmó Delgado, quien matizó que “cuando nos pusimos al frente de la Consejería de Bienestar Social, el servicio estaba compuesto tan solo por tres personas, dos en Gran Canaria y una en Tenerife. En este momento, contamos con 20 profesionales (una jefa de Servicio, 15 técnicos-as universitarios-as de distintas especialidades y cuatro auxiliares administrativas) para desarrollar este cometido”.
A la incorporación de este nuevo personal mediante contrato-programa, la consejera de Bienestar Social aludió a otras medidas ejecutadas con el fin de mejorar y ampliar los servicios, entre ellos, el acuerdo de colaboración con la Policía Canaria, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, para que realice tareas de inspección en los centros sociosanitarios de las islas, “con gran éxito”.
En su intervención, Delgado aclaró que, para proceder al cierre efectivo de los centros, una vez constatado que existen razones legales para el mismo, instruido y resuelto el correspondiente expediente sancionador se adoptada medida provisional de suspensión temporal de las actividades del establecimiento, se efectúan visitas de seguimiento al centro para recabar los datos de los residentes, su identificación, grado de dependencia y familiares o personas responsables de contacto, así como para constatar que, por parte de los titulares, se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para proceder al cierre del centro.
“De esta forma, hay centros que han sufrido hasta nueve inspecciones durante los dos últimos años con el fin de garantizar que se cumplen las indicaciones que se les hacen”, matizó la responsable del Ejecutivo canario, quien aclaró que el proceso incluye instar a los titulares de los centros para que contacten con los familiares y/o responsables de los residentes y transmitirles el cierre del establecimiento y que procedan a la reubicación de los residentes.
Por su parte, el servicio de inspección contacta directamente con los familiares/tutores para comprobar que están informados de la situación y facilitar información disponible sobre distintas opciones de reubicación, así como coordina la reubicación de las personas usuarias cuyo traslado a otro establecimiento o domicilio haya resultado imposible por distintas causas.
El servicio de inspección, que depende de la Viceconsejería de Bienestar Social, tiene, entre sus funciones, además, la tramitación de los expedientes de acreditación, necesarios para la incorporación de estos a la Red pública del Sistema de la Dependencia de los Centros de titularidad privada, cuando lo soliciten.
