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Transición Ecológica priorizará la detección de parcelaciones ilegales ante el incremento de los últimos años

El Gobierno regional advierte que las parcelaciones en suelo rústico son conductas sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves

La  Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), priorizará de cara al próximo año la detección de las actuaciones de parcelación ilegal en suelo rústico, toda vez que causan un grave perjuicio al territorio y al medio ambiente del Archipiélago.

El máximo responsable del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que el objetivo será “limitar este problema al máximo ya que, actuando sobre estas prácticas irregulares, muy frecuentes en zonas y municipios de rápida expansión urbanística, se evita la proliferación de edificaciones ilegales sobre suelo rústico”.

El consejero regional recordó que “la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por ley es a través del planeamiento, y que no son asumibles este tipo de actuaciones destinadas a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos, ya que suponen un agravio comparativo y una injusticia con respecto a las personas que sí siguen todos los trámites y actúan siguiendo la legalidad”.

Cuando se adquiere una parcela de suelo rústico porque resulta más económico y se procede a su parcelación ilegal, se originan problemas de cara a la dotación futura de viales e infraestructuras sanitarias, escolares o deportivas, servicios que luego son prioritarios sin haber previsto espacios suficientes para su instalación.

Según señala el director ejecutivo de la ACPMN, Ángel Rafael Fariña, “las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

“Este mismo texto legislativo señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada”, subrayó Fariña.

Asimismo, el director de la ACPMN añadió que “siguiendo la misma norma, en el supuesto de parcelaciones ilegales de suelo rústico, las operaciones de restauración consistirán en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de vallados y cualquier otra que resulte necesaria a tal fin”.

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El Gobierno de Canarias realizó más de mil inspecciones medioambientales durante el año 2020

Imagen de una demolición

Un total de 655 actuaciones se desarrollaron en la provincia occidental, mientras que 535 se desplegaron en la oriental

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), realizó 1.190 actuaciones de inspección medioambiental en el Archipiélago durante el pasado año 2020, en colaboración con los cabildos insulares consorciados.

Del total de inspecciones efectuadas por los agentes de la ACPMN junto a las corporaciones insulares, 655 se desarrollaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 535 se desplegaron en la provincia de Las Palmas.

El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, detalló que “de los 1.072 expedientes abiertos a lo largo del pasado año, 406 se incoaron a partir de denuncias de los ayuntamientos; 295 se originaron tras denuncias del Seprona; 204 se abrieron a partir de actuaciones de la propia Agencia en colaboración con los cabildos consorciados; 85 provinieron de particulares; 14 partieron de la Dirección General de Protección de la Naturaleza; otros 14 más se originaron en la Demarcación de Costas; nueve fueron denuncias de la Policía Canaria y 45 más tuvieron su origen en otros denunciantes”.

Por su parte, el director de la ACPMN, Ángel Fariña, explicó que “de las 655 actuaciones desplegadas en la provincia occidental, 600 de ellas fueron efectuadas en Tenerife; 22 en La Gomera; otras 22 en La Palma y 11 en la isla de El Hierro, mientras que, en el caso de la provincia oriental, del total de 535 inspecciones, 366 se desplegaron en Gran Canaria; 86 en Fuerteventura y 83 en Lanzarote”.

Por tipología, en la provincia occidental sobresalen por número las 402 inspecciones relacionadas con infracciones urbanísticas; seguidas por las 134 vinculadas a infracciones a la Ley de Residuos; las 58 inspecciones por posibles infracciones medioambientales; las 21 inspecciones vinculadas a la Ley de Costas; las 13 relacionadas con vertidos al mar; siete más por presuntas infracciones en parques zoológicos; cinco por irregularidades en la Ley de Biodiversidad; cuatro por infracciones a la Ley de Calidad del Aire; cuatro casos en los que se solicitó inspección de agente; tres por vehículos abandonados fuera de uso; dos por infracciones a la Ley de Contaminación y dos relacionadas con extracción de áridos.

Por su parte, en la provincia oriental, de las 535 actuaciones desplegadas por los agentes destacan las 195 inspecciones relacionadas con infracciones urbanísticas, seguidas por las 157 vinculadas a infracciones a la Ley de Residuos; las 101 inspecciones por posibles infracciones medioambientales; las 26 actuaciones por vertidos al mar; las 19 inspecciones vinculadas a la Ley de Costas; 13 más por presuntas infracciones en parques zoológicos; cinco por posible incumplimientos de la Ley de Envases; cinco más por vehículos abandonados fuera de uso; cuatro por infracciones a la Ley de Contaminación; tres por parcelaciones; tres por posibles infracciones a la Ley de Biodiversidad; otras tres actuaciones en las que se solicitó la colaboración de la ACPMN; y, por último, una actuación relacionada con la extracción de áridos.

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El Servicio de Inspección Pesquera realiza más de 800 controles desde el inicio del estado de alarma

La Dirección General de Pesca acuerda que se han de respetar las tallas mínimas establecidas para determinadas especies

Los agentes del Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias han realizado más de 800 controles en todas las islas desde el inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo.

Las inspecciones realizadas durante estos meses por los agentes han registrado un total de 764 inspecciones sin denuncias y 55 con denuncias, destacando la pesca de caña (426 controles), la pesca desde embarcaciones (172) y el marisqueo (120 controles) como las actividades que han sido objeto de un mayor número de inspecciones. Asimismo, las denuncias contabilizadas responden en su mayoría a la práctica del marisqueo (22) y la pesca submarina (11).

De igual modo, se ha detectado la captura de especies de talla inferior a la reglamentaria, como bocinegros, brecas o sargos, especies más propensas a ser capturadas por debajo de su talla.

La normativa establece un máximo de capturas de cinco kilos por persona y día de acuerdo con el artículo 38.3 del Reglamento 182 del 2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.

Por otro lado, la Dirección General de Pesca ha recordado que se han de respetar las tallas mínimas establecidas para determinadas especies, ya que de este modo se asegura su reproducción al menos una vez a lo largo de su vida.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha apelado a la “responsabilidad individual y colectiva” y destaca “el trabajo eficiente de los agentes que han intensificado su actividad tras la autorización de la pesca recreativa”.

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