Ambos vertederos cuentan con procedimiento de restablecimiento incoado o resuelto por parte de esta Agencia, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), destinará 1.200.000 euros a la ejecución de obras para el sellado de los vertederos ilegales de Casa Pedro Alonso (Granadilla), en Tenerife, y El Sobradillo (Gáldar), en Gran Canaria.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, explica que ambos vertederos cuentan con un procedimiento de restablecimiento incoado o resuelto previamente por parte de la propia Agencia, como Organismo responsable de este tipo de expedientes. La ACPMN encomendará estas actuaciones a la empresa pública Gesplan, también integrada en la citada Consejería regional.

Por su parte, el director de la Agencia, Ángel Fariña, confirma que se ha constatado que la realización de la actividad de vertido de residuos en estos emplazamientos es constitutiva de una infracción tipificada en el artículo 39 de la Ley 171999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, procediendo a la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento de reposición de la realidad física alterada en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en este ámbito.

Estas actuaciones se engloban en el importante esfuerzo que está realizando la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para cumplir el compromiso asumido por el Gobierno de Canarias para dar solución al procedimiento de infracción 2015/2192 abierto por la Unión Europea a España en el año 2008.

De esta manera, desde la ACPMN se ha trabajado a lo largo del último año sobre más de 20 vertederos ilegales de Canarias para su sellado, clausura y restauración del paisaje correspondiente.

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El Gobierno regional advierte que las parcelaciones en suelo rústico son conductas sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves

La  Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), priorizará de cara al próximo año la detección de las actuaciones de parcelación ilegal en suelo rústico, toda vez que causan un grave perjuicio al territorio y al medio ambiente del Archipiélago.

El máximo responsable del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que el objetivo será “limitar este problema al máximo ya que, actuando sobre estas prácticas irregulares, muy frecuentes en zonas y municipios de rápida expansión urbanística, se evita la proliferación de edificaciones ilegales sobre suelo rústico”.

El consejero regional recordó que “la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por ley es a través del planeamiento, y que no son asumibles este tipo de actuaciones destinadas a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos, ya que suponen un agravio comparativo y una injusticia con respecto a las personas que sí siguen todos los trámites y actúan siguiendo la legalidad”.

Cuando se adquiere una parcela de suelo rústico porque resulta más económico y se procede a su parcelación ilegal, se originan problemas de cara a la dotación futura de viales e infraestructuras sanitarias, escolares o deportivas, servicios que luego son prioritarios sin haber previsto espacios suficientes para su instalación.

Según señala el director ejecutivo de la ACPMN, Ángel Rafael Fariña, “las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

“Este mismo texto legislativo señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada”, subrayó Fariña.

Asimismo, el director de la ACPMN añadió que “siguiendo la misma norma, en el supuesto de parcelaciones ilegales de suelo rústico, las operaciones de restauración consistirán en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de vallados y cualquier otra que resulte necesaria a tal fin”.

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La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha firmado las actas de inicio y replanteo de los trabajos

José Antonio Valbuena destaca los avances en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de Canarias para dar solución al procedimiento de infracción 2015/2192 abierto por la UE a España

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), ha firmado las actas de inicio y replanteo de los trabajos para la clausura del vertedero de inertes de Gonzalianez, en el municipio tinerfeño de Güímar, incluido en el dictamen europeo 2192-2015.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó los esfuerzos que se están realizando desde la Consejería para cumplir el compromiso adquirido por el Ejecutivo regional para sellar, clausurar y  restaurar el paisaje de los 24 vertederos canarios incluidos en el procedimiento europeo.

El director de la ACPMN, Ángel Rafael Fariña, explicó que en este caso se actuará sobre una superficie de 28.379 metros cuadrados, ampliando los 13.360 metros cuadrados recogidos en el dictamen europeo para asegurar la restauración del vertedero y de dos parcelas colindantes.

La orden de restablecimiento voluntario de la ACPMN es de septiembre de 2008 y la orden de ejecución forzosa y  subsidiaria, del 4 de febrero de 2019. Con fecha del 28 de diciembre de 2020, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A., Gesplan, sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, recibe la encomienda por un importe de 195.788,60 euros.

Las obras las ejecutarán en un plazo de tres meses por parte de la empresa Excavaciones y construcciones Montesdeoca S.L.U., adjudicataria de la licitación realizada por Gesplan.

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La Agencia de Protección del Medio Natural supervisó 250 restablecimientos durante el año 2020, entre reposiciones de la realidad física alterada y legalizaciones de lo ya ejecutado

En lo que corresponde a 2020, 121 casos correspondieron a infracciones de la Ley de Residuos, lo que representa casi la mitad de los expedientes restablecidos durante el pasado año

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha verificado en Canarias, desde el año 2001 hasta el año 2020, 3.481 restablecimientos efectivos del orden jurídico perturbado, distinguiendo entre legalizaciones  y restablecimientos de la realidad física alterada, forzosos y voluntarios. De esta cifra total, en 2.143 casos (62%) se trató de una reposición voluntaria, las reposiciones forzosas supusieron un 2%, con 87 expedientes; mientras que las legalizaciones sumaron 1.251, un 36% del total.

El responsable del departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que “por provincias, en Santa Cruz de Tenerife desde el año 2001 hasta el 2020 la ACPMN supervisó 2.318 expedientes de restablecimiento: 1.201 reposiciones voluntarias (casi un 52% del total), 1.061 legalizaciones de lo ejecutado (46%) y 56 reposiciones forzosas (2%). En la provincia occidental, fueron en el mismo período: 1.163 expedientes: 942 correspondieron a reposiciones voluntarias de la realidad física alterada (81%), 190 legalizaciones (16%) y 31 reposiciones forzosas, aproximadamente un 2% del total”.

Durante el pasado año 2020, la ACPMN verificó en 250 expedientes el efectivo restablecimiento del orden jurídico perturbado.

El trabajo de la ACPMN incluyó tanto la supervisión de aquellos casos en los que se repone la realidad física alterada, como aquellos otros en los que se comprueba la legalización de las obras ya ejecutadas. Estos datos aportados por el Servicio de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada fueron analizados durante la última reunión de los miembros del Consejo y la Asamblea de este organismo consorcial dirigido por Ángel Rafael Fariña.

De esta cifra, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, destacó cómo en 121 casos (48 en la provincia occidental y 73 en la oriental) se trató de infracciones a la Ley de Residuos, lo que representa  casi la mitad de los expedientes restablecidos durante el pasado año.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife se supervisaron el pasado año 149 expedientes de restablecimiento: 85 reposiciones voluntarias y 64 legalizaciones. En el caso de Las Palmas, se comprobó el restablecimiento de la realidad alterada en 101 casos, de los que 83 correspondieron a reposiciones voluntarias y 18 legalizaciones. En ninguna de ambas provincias se supervisaron el pasado año actuaciones de reposición forzosa.

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