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Canarias logra el compromiso del Estado para afrontar los pagos pendientes de la gratuidad del transporte público

María Fernández logra que el Ministerio aborde una cuestión que no figuraba en el orden del día y garantice la cobertura presupuestaria de la medida

El Ejecutivo canario presentará alegaciones para que los criterios de distribución de los 4.300 millones de euros procedentes de fondos europeos incorporen las singularidades del Archipiélago y garanticen el acceso a financiación para impulsar proyectos de movilidad sostenible ajustados a la realidad insular de Canarias

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha intervenido este lunes en la Comisión General de Directores Generales convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde ha trasladado la preocupación del Ejecutivo canario por la financiación de la gratuidad del transporte público, logrando el compromiso del Estado de atender los pagos pendientes y garantizar la continuidad de esta medida en Canarias.

En este sentido, Fernández ha explicado que “aunque este asunto no figuraba en el orden del día de la reunión, el Gobierno de Canarias ha solicitado que fuera abordado debido a la preocupación existente por los retrasos acumulados en los pagos correspondientes a esta medida”.

Además, la directora general ha añadido que “gracias a esta petición”, el Ministerio ha confirmado que ya dispone de partida presupuestaria para afrontar tanto la liquidación pendiente como el adelanto correspondientes. “Nos llevamos una buena noticia para Canarias, hemos conseguido que se abordara esta cuestión y el Ministerio nos ha asegurado que ya cuenta con crédito presupuestario para afrontar la liquidación de 2025 y las ayudas de 2026”, ha señalado la directora general”, ha añadido.

Durante su intervención, Fernández ha reclamado además que, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria, se agilice la tramitación de la justificación correspondiente al ejercicio 2025 para poder recibir las cantidades aún pendientes, así como adelantar en la medida de lo posible los anticipos correspondientes a 2026.

“Ahora que existe cobertura presupuestaria, es fundamental reducir los tiempos burocráticos para que los recursos lleguen cuanto antes y evitar que los anticipos vuelvan a retrasarse hasta finales de año”, ha indicado.

Asimismo, la directora general ha recordado que la gratuidad se ha consolidado como una herramienta clave para favorecer la movilidad sostenible, generar cohesión social, favorecer el acceso a trabajos y estudios, reducir el uso del vehículo privado y aliviar la economía de miles de familias canarias, en un contexto global complicado que se ve agravado por el encarecimiento de los precios de los combustibles.

Durante la reunión, la directora general ha trasladado, además, la necesidad de que Canarias sea tenida en cuenta en el reparto de los nuevos fondos europeos destinados a modernizar y descarbonizar la movilidad, dotados con más de 4.300 millones de euros para España.

En este contexto, ha defendido que el diseño de estas convocatorias incorpore las singularidades de los territorios insulares y ultraperiféricos para evitar que Canarias quede excluida de futuras líneas de financiación.

“Las regiones ultraperiféricas tienen necesidades específicas que deben ser contempladas. La realidad de nuestras islas, especialmente en las islas no capitalinas y las zonas rurales, exige instrumentos adaptados que permitan seguir impulsando el transporte público y garantizar la cohesión territorial”, ha indicado.

Es por ello que, el Gobierno de Canarias presentará alegaciones para que los criterios de reparto tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago y permitan acceder a recursos destinados a proyectos de movilidad sostenible adaptados a la realidad insular, ha puntualizado Fernández.

Para concluir, Fernández ha trasladado a la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Gobierno de España su preocupación por la intención de Aena de implantar nuevas tasas a las guaguas que permanecen en espera para recoger a turistas en los aeropuertos canarios, una medida que “puede generar efectos negativos sobre la movilidad y aumentar la congestión en los entornos aeroportuarios”. La responsable   estatal recogió esta preocupación y se comprometió a trasladarla para su valoración.

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Pablo Rodríguez defiende un modelo de gestión aeroportuaria acorde a las competencias reconocidas en el Estatuto

El consejero ha señalado que “aspira a alcanzar un marco adaptado a la realidad singular de Canarias, basada en lo que recoge el Estatuto de Autonomía, a diferencia de lo acordado con Euskadi, que no se ciñe a un marco estatutario”

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha comparecido hoy en el Parlamento de Canarias para informar sobre la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia aeroportuaria, destacando que el Ejecutivo sigue defendiendo su parecer en torno a la defensa de una gestión ajustada a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de las islas. 

Durante su intervención, Rodríguez ha explicado que el Gobierno de Canarias rechazó la propuesta planteada por el Estado relativa al traspaso de aeródromos y helipuertos que no tienen la consideración de interés general, al tratarse de competencias que ya ejerce la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ha defendido que “el verdadero debate debe centrarse en la participación de Canarias en la gestión de los siete aeropuertos de interés general del Archipiélago, que constituyen infraestructuras estratégicas para la movilidad de los ciudadanos, el turismo y la actividad económica”.

Rodríguez ha insistido en que el Ejecutivo autonómico apuesta por abordar de manera conjunta todas las competencias relacionadas con el tráfico aéreo en Canarias, evitando fragmentar la negociación entre infraestructuras de menor entidad y los grandes aeropuertos de interés general. “Canarias necesita una solución global que responda a sus necesidades reales de conectividad y desarrollo, no avanzar únicamente en una parte del proceso”, ha señalado.

El consejero ha valorado que el Estado haya abierto la puerta a negociar un modelo de cogestión para los aeropuertos canarios similar al acordado con Euskadi, aunque ha subrayado que el Ejecutivo “aspira a alcanzar un marco adaptado a la realidad singular de Canarias y a las facultades reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía, a diferencia de lo acordado con Euskadi, que no se ciñe a un marco estatutario”.

“Para Canarias, el modelo vasco es un punto de partida, no un techo. Nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018, reconoce expresamente competencias y mecanismos de participación que permiten aspirar a un nivel de intervención superior al acordado con otras comunidades autónomas”, ha afirmado.

Rodríguez ha recordado que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía reconoce el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, así como en las decisiones que afecten a las tasas aeroportuarias, las inversiones estratégicas y otras actuaciones relevantes para el funcionamiento de estas infraestructuras.

En este contexto, ha destacado que el Gobierno de Canarias ha intensificado en los últimos días los contactos con el Ministerio de Política Territorial para avanzar en la negociación y desbloquear un acuerdo que permita desarrollar plenamente las previsiones estatutarias. Asimismo, ha reiterado la necesidad de que el Estado remita la documentación relativa al acuerdo de participación reforzada alcanzado con Euskadi para analizar su adaptación al marco jurídico canario.

“El objetivo es alcanzar un modelo que haga justicia a la singularidad de Canarias y garantice una participación real y efectiva en las decisiones que afectan a unas infraestructuras esenciales para nuestro presente y nuestro futuro”, ha señalado.

Además, ha destacado la reciente aprobación en la Comisión Mixta sobre Insularidad de las Cortes Generales de una iniciativa para extender a Canarias y Baleares el modelo de cogestión aeroportuaria, respaldando las reivindicaciones planteadas por el Ejecutivo autonómico.

Finalmente, Rodríguez ha reiterado la disposición del Gobierno de Canarias a continuar trabajando con el Estado para alcanzar un acuerdo que garantice una participación efectiva de la Comunidad Autónoma en la gestión de los aeropuertos de interés general, reforzando la conectividad, la competitividad económica y la cohesión territorial del Archipiélago.

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Canarias sigue a la espera de la financiación estatal para sostener la gratuidad del transporte público

Pablo Rodríguez recuerda en el Parlamento que el Estado solo ha transferido 78 de los 120 millones comprometidos para 2025 y reclama agilizar la financiación de una medida cuyo coste real supera los 140 millones de euros anuales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha señalado hoy en el Parlamento de Canarias que el Estado aún no ha abonado la totalidad de la partida pendiente correspondiente a la financiación de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre durante 2025, una medida que ha calificado como un “éxito rotundo” por su impacto en el incremento del uso del transporte público en las Islas.

Durante su intervención, Rodríguez ha señalado que, hasta ahora, “el Estado solo ha pagado los primeros 78 millones de 2025. Todavía no se han abonado los 42 millones restantes correspondientes a la anualidad del año pasado”.

Asimismo, Rodríguez también ha advertido de que, pese a que la gratuidad del transporte público fue prorrogada para 2026 gracias a las negociaciones impulsadas por Canarias, el Estado no ha realizado hasta la fecha ninguna transferencia correspondiente al presente ejercicio.

Cabe recordar que la previsión inicial del Estado para financiar esta medida ascendía a 81 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento de la demanda del transporte público ha elevado el coste real de la gratuidad a los 140 millones de euros anuales para el conjunto de las administraciones implicadas.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias consiguió negociar con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que la financiación prevista para 2025 aumentara hasta los 120 millones de euros. El consejero ha recordado que, de esa cantidad, el Estado únicamente ha transferido hasta el momento el 65 % del total comprometido. En este contexto, ha insistido en la necesidad de revisar el actual sistema de financiación para adaptarlo tanto al coste real de la medida como a las necesidades de tesorería de las administraciones que la sostienen.

“El transporte gratuito ha permitido incrementar el número de usuarios como nunca antes en Canarias y se ha consolidado como una herramienta fundamental para fomentar la movilidad sostenible. Ahora necesitamos que la financiación llegue con mayor agilidad para evitar que el esfuerzo económico recaiga sobre las administraciones canarias y que sean los Cabildos los que adelanten un montante que no les corresponde”, ha concluido el consejero.

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Canarias reclama una representación específica de los territorios insulares en el futuro DOMOS estatal

El Gobierno canario presenta observaciones al proyecto de orden que regulará la comisión técnica encargada de elaborar el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible

La Consejería defiende que la planificación de la movilidad debe incorporar las singularidades de los territorios insulares y ultraperiféricos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha presentado observaciones al proyecto de orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que se crea la Comisión Técnica encargada de elaborar el anteproyecto del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS).

El Ejecutivo canario considera imprescindible que la futura comisión incorpore mecanismos que garanticen la participación efectiva de Canarias y de los territorios con singularidades estructurales, teniendo en cuenta las particularidades derivadas de la condición archipielágica y ultraperiférica del Archipiélago.

Fernández ha explicado que “el DOMOS está llamado a convertirse en el marco de referencia para la planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad en todo el territorio nacional, con incidencia directa sobre la política estatal de ayudas, la planificación de grandes infraestructuras y los procesos de descarbonización”. Por ello, Fernández subraya que las necesidades específicas de los territorios insulares no pueden abordarse con los mismos parámetros que los territorios continentales.

Entre las observaciones presentadas, la Dirección General solicita que la futura orden contemple una representación diferenciada para las comunidades autónomas insulares y ultraperiféricas dentro de la comisión técnica, garantizando además que dicha representación recaiga en perfiles técnicos especializados en materia de movilidad y transportes.

Asimismo, el documento pone el foco en las singularidades institucionales de Canarias, recordando que los cabildos insulares ejercen competencias propias en materia de programación, planificación y coordinación del transporte. En este sentido, se plantea que la participación canaria en la comisión tenga en cuenta esta realidad administrativa, incorporando la perspectiva de los cabildos insulares en el proceso de elaboración del DOMOS.

El Gobierno de Canarias también propone que la futura orden establezca mecanismos de consulta específica para los territorios insulares y ultraperiféricos antes de adoptar acuerdos relacionados con grandes infraestructuras de transporte, incentivos tecnológicos o sistemas de indicadores que puedan afectar de forma singular a su conectividad y accesibilidad.

Además, las observaciones trasladadas al Ministerio reclaman una mayor transparencia en el funcionamiento de la comisión técnica, defendiendo que el índice de contenidos del DOMOS pueda debatirse previamente por todos sus miembros y que las aportaciones realizadas por las distintas administraciones queden recogidas y motivadas formalmente.

“Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad consideramos igualmente necesario que el régimen de funcionamiento de la comisión garantice el acceso igualitario a la documentación de trabajo, permita la aportación de información y datos propios por parte de las administraciones participantes y contemple la posibilidad de incorporar expertos especializados en movilidad sostenible cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera”, ha añadido Fernández.

Con estas observaciones, el Gobierno de Canarias reafirma su voluntad de colaborar activamente en la elaboración del futuro Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible, defendiendo que las políticas estatales de movilidad incorporen de forma efectiva la diversidad territorial y las necesidades específicas de los territorios insulares y ultraperiféricos.

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Canarias pide al Estado que garantice la igualdad de la juventud canaria en el programa Verano Joven 2026

La Dirección General de Transportes y Movilidad solicita que las ayudas contemplen la realidad de los territorios insulares y ultraperiféricos

El Ejecutivo reclama que el coste de la conexión aérea y marítima con la Península no suponga una barrera para que los jóvenes accedan al programa en igualdad de condiciones

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la futura edición del programa Verano Joven 2026 incorpore medidas específicas que permitan a la juventud residente en Canarias acceder a esta iniciativa en condiciones de igualdad con el resto de jóvenes del Estado.  

A través de una carta remitida a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha trasladado la necesidad de que el futuro marco regulador del programa tenga en cuenta la realidad de los territorios extrapeninsulares y ultraperiféricos, donde no existe alternativa terrestre para los desplazamientos.

En esta línea, la directora general ha recordado que ya advirtió en la edición de 2025 de las dificultades que afronta la juventud del Archipiélago para beneficiarse de esta iniciativa en las mismas condiciones que los jóvenes residentes en la Península. “Mientras que estos pueden acceder a descuentos de hasta el 90% en servicios ferroviarios y de transporte por carretera, los jóvenes canarios deben asumir el coste del desplazamiento aéreo o marítimo que conecta las Islas con el territorio continental, el tramo más costoso y determinante del viaje”.

Fernández considera que esta situación “genera una desigualdad objetiva que limita el acceso de la juventud canaria al programa, ya que el coste residual de los desplazamientos entre Canarias y la Península continúa representando una barrera económica significativa”.

Asimismo, ha solicitado que cualquier medida que se adopte sea compatible y acumulable con la subvención al transporte de residentes, de forma que ambas ayudas puedan cumplir sus objetivos sin que una neutralice los efectos de la otra.

Por último, la directora general de Transportes y Movilidad ha trasladado al Ministerio su plena disposición a colaborar técnicamente en el diseño de soluciones que permitan garantizar la igualdad de oportunidades para la juventud canaria, aportando información sobre movilidad y facilitando la interlocución con los diferentes agentes implicados.

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El Ejecutivo y el CIFP Las Indias firman una carta de adhesión para impulsar proyectos de movilidad sostenible 

El Gobierno de Canarias y el CIFP Las Indias firman una carta de adhesión para impulsar proyectos de movilidad sostenible

La iniciativa permitirá que el alumnado desarrolle proyectos vinculados a retos reales de movilidad

La Dirección General de Transportes y Movilidad y el centro educativo trabajarán de forma coordinada en el desarrollo de iniciativas innovadoras relacionadas con la movilidad sostenible

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha firmado una carta de adhesión y colaboración con el CIFP Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de impulsar proyectos de innovación y movilidad sostenible vinculados a retos reales del Archipiélago.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado la importancia de conectar “las necesidades reales de Canarias con el talento del alumnado y de los futuros profesionales que diseñarán la movilidad del Archipiélago”. En este sentido, ha felicitado al equipo docente y al alumnado del centro “por la excelencia y el trabajo que desarrollan”, subrayando que “desde las instituciones tenemos la responsabilidad de tender puentes para que las grandes ideas puedan transformarse en soluciones reales para la ciudadanía”.

Fernández ha señalado que Canarias afronta “un cambio de paradigma en materia de movilidad”, marcado por la necesidad de avanzar hacia modelos “más sostenibles, accesibles y eficientes”. Asimismo, ha defendido que “la movilidad no es un fin en sí mismo, sino el medio que permite a las personas estudiar, trabajar, acceder a servicios o desarrollar su proyecto de vida”, por lo que ha insistido en que “nadie debería quedarse atrás por no poder desplazarse”.

La directora general también ha remarcado la necesidad de contar con profesionales especializados capaces de aportar soluciones innovadoras a los desafíos del territorio. “Necesitamos técnicos preparados y con visión para afrontar los retos de movilidad de Canarias, garantizando sistemas de transporte accesibles, suficientes y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía”, ha añadido.

Por su parte, el director del CIFP Las Indias, Gregorio Hernández, ha puesto en valor que la movilidad segura y sostenible “es actualmente un sector con un importante potencial de empleabilidad en Canarias”, destacando que esta promoción corresponde a “la primera del ciclo superior de movilidad segura y sostenible”.

Asimismo, Hernández ha señalado que la colaboración con la Dirección General de Transportes y Movilidad y la Fundación Nos Movemos permitirá abrir nuevas oportunidades formativas para el alumnado, incluyendo la posibilidad de desarrollar prácticas tanto en Canarias como en otros países europeos.

El director del centro también ha explicado que el CIFP Las Indias trabaja con metodologías basadas en retos y objetivos, alineadas con el nuevo modelo de Formación Profesional y con las dinámicas actuales de las empresas e instituciones. “El alumnado desarrolla proyectos vinculados a problemáticas reales planteadas por entidades públicas y privadas, orientando su formación hacia la búsqueda de soluciones concretas y aplicables”, ha explicado.

El acuerdo establece un marco estable de coordinación y comunicación entre ambas entidades para que el alumnado del centro pueda orientar sus proyectos de fin de curso hacia desafíos reales relacionados con la movilidad en Canarias, especialmente en ámbitos vinculados a la sostenibilidad y a la reducción de la dependencia del vehículo privado. Asimismo, contempla la posibilidad de valorar la implementación de aquellos proyectos que alcancen un nivel técnico suficiente.

Durante el acto también han estado presentes la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, y la directora general de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín.

 

 

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El Ejecutivo destina 3,1 millones para impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible en el Archipiélago

Transportes subvenciona con cerca de 2 millones de euros los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

La convocatoria permitirá financiar la elaboración, actualización e implementación de los PMUS en los ayuntamientos canarios durante las anualidades 2026 y 2027

La convocatoria actual amplía por primera vez el acceso a todos los ayuntamientos de Canarias, con el objetivo de reforzar la planificación de la movilidad sostenible en el conjunto del Archipiélago

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a la elaboración, actualización e implementación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de los ayuntamientos del Archipiélago, con una dotación total de 3,1 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027.

Esta línea de ayudas, gestionada por la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, tiene como objetivo seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más eficiente, accesible y sostenible en Canarias, favoreciendo la planificación municipal y la implantación de medidas que contribuyan a reducir emisiones, mejorar la conectividad y fomentar modos de transporte más sostenibles.

La convocatoria, cuyo extracto se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, se articula en dos líneas de actuación. La primera está destinada a la elaboración y actualización de los PMUS municipales, mientras que la segunda financiará actuaciones vinculadas a la implementación de estos planes.

Del importe total previsto, el 95% se destinará a actuaciones de implementación de los planes de movilidad urbana sostenible, mientras que el 5% restante se reservará para la redacción y actualización de estos instrumentos de planificación.

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la propia convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOC y deberá realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Consejería.

En esta legislatura, el Ejecutivo ha destinado más de 7,8 millones de euros a distintas convocatorias vinculadas a los PMUS. En 2023 se subvencionaron actuaciones por importe de 2,25 millones de euros; en 2024, por 2,55 millones; y en 2025, por más de 3 millones de euros.

Además, hasta la convocatoria de PMUS de 2025 estas ayudas estaban dirigidas únicamente a municipios de menos de 100.000 habitantes. La convocatoria actual amplía por primera vez el acceso a todos los ayuntamientos de Canarias, con el objetivo de reforzar la planificación de la movilidad sostenible en el conjunto del Archipiélago.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la movilidad sostenible y apoyar a las administraciones locales en la planificación de ciudades más habitables, conectadas y adaptadas a los retos climáticos y sociales actuales.

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El Ejecutivo canario solicita al Estado garantías sobre la continuidad de la ruta marítima Cádiz-Canarias

La Dirección General de Transportes y Movilidad reclama conocer la información y el calendario previsto para la adjudicación y entrada en vigor del nuevo contrato de Obligación de Servicio Público en esta ruta

El Gobierno de Canarias subraya la importancia estratégica de esta conexión para garantizar el abastecimiento, la cohesión territorial y la actividad económica del Archipiélago

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes, ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre el estado de la licitación del nuevo contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) de la ruta marítima estratégica Cádiz-Canarias, cuyo contrato actual finaliza el próximo 30 de junio.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha remitido un escrito al Estado en el que traslada la importancia de garantizar la continuidad de una conexión considerada estratégica para la conectividad, el abastecimiento y la actividad económica del Archipiélago.

En el documento, la directora general recuerda que “esta línea marítima conecta actualmente Cádiz con los puertos de Puerto del Rosario, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, desempeñando un papel clave en el transporte de mercancías y pasajeros entre Canarias y la Península”.

Asimismo, ha solicitado conocer la fase de tramitación del expediente del nuevo contrato para el periodo julio de 2026-diciembre de 2028, así como el calendario previsto para su adjudicación y entrada en vigor. En esta línea, la solicitud también ha reclamado información sobre las medidas previstas para asegurar la prestación del servicio marítimo regular a partir del 1 de julio, en caso de que el nuevo contrato no estuviera formalizado antes de esa fecha, con especial atención al mantenimiento de las conexiones actuales con todas las islas incluidas en la OSP.

En el escrito Fernández ha insistido, además, en “la relevancia de preservar una conectividad marítima suficiente y estable para Canarias, dada su condición de Región Ultraperiférica y su dependencia estructural del transporte marítimo y aéreo para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo económico del Archipiélago”.

Además, la directora general ha resaltado que “en un contexto de incremento de los precios del combustible, donde la conectividad se ha convertido en una necesidad esencial, resulta fundamental impulsar nuevas medidas sin dejar de lado las ya existentes, ya que eso situaría a Canarias en un escenario de mayor debilidad en un contexto político cada vez más complejo”.

Para concluir, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha trasladado también su disposición a colaborar con el Estado para asegurar la continuidad de este servicio estratégico para Canarias.

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El Ejecutivo y el Cabildo de La Palma avanzan con ayuntamientos y el sector en un modelo de transporte a demanda

La iniciativa busca mejorar la conectividad de los núcleos diseminados y facilitar el acceso al transporte público en las zonas de difícil acceso

María Fernández destaca que “el código postal no debería condicionar el acceso a la movilidad ni limitar las oportunidades de la ciudadanía”

Darwin Rodríguez subraya que el objetivo es conectar a los vecinos de los entornos más alejados con las líneas regulares ya existentes mediante soluciones adaptadas a cada zona

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández; el consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez; y la directora general de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín, han mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes de todos los ayuntamientos de la isla, la empresa concesionaria del transporte regular y el colectivo del taxi para avanzar en el diseño de un futuro modelo de transporte a la demanda en La Palma.

El encuentro, celebrado en la Casa Principal de Salazar, ha permitido analizar las necesidades de movilidad de los barrios y núcleos alejados de las líneas regulares de transporte público, así como estudiar distintas alternativas para mejorar la conectividad en aquellos entornos donde las dificultades orográficas o la baja densidad de población dificultan la implantación de servicios convencionales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha puesto en valor el compromiso del Cabildo de La Palma con la movilidad sostenible y ha destacado que esta iniciativa persigue “garantizar oportunidades de vida a las personas”.

“La movilidad no puede depender del código postal. No puede ser que vivir en un entorno diseminado limite el acceso a un empleo, a unos estudios, a servicios sanitarios o a cualquier oportunidad”, ha señalado Fernández, quien ha explicado que el objetivo de este encuentro es “examinar cada territorio y ofrecer soluciones específicas para responder a las necesidades reales de movilidad de los vecinos”.

Asimismo, ha recordado la experiencia impulsada en Gran Canaria con el proyecto ‘San Mateo en Ruta’, desarrollado a través del MobilityLab, que ha permitido mejorar la cohesión social, reducir emisiones y facilitar el acceso de muchas personas a servicios básicos y gestiones cotidianas.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, ha afirmado que esta reunión supone “el primer paso para construir un sistema eficiente de transporte a la demanda en la isla” de la mano del Gobierno de Canarias y de la Fundación Nos Movemos.

Rodríguez ha explicado que el modelo que se estudia pretende acercar a los vecinos de los núcleos diseminados hasta las líneas regulares de transporte público ya existentes mediante fórmulas flexibles y adaptadas a las características de cada zona. “Queremos que cualquier vecino, viva donde viva, pueda acceder al sistema público de transporte en igualdad de condiciones”, ha indicado.

En este sentido, durante la jornada se han abordado diferentes posibilidades para la prestación del servicio, tanto a través del sector del taxi como mediante vehículos de menor capacidad o adaptados a personas con movilidad reducida, con el objetivo de definir un sistema ajustado a la realidad de La Palma. Asimismo, las partes implicadas han acordado constituir mesas de trabajo para seguir avanzando en la definición y desarrollo del futuro modelo de transporte a la demanda en la isla.

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Canarias reclama al Estado una respuesta urgente para sostener la gratuidad del transporte público

María Fernández

 

El Ejecutivo demanda al Estado que desbloquee antes del 31 de mayo la resolución para justificar la gratuidad del transporte público para no colapsar el sistema

Este retraso pone en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del 100 % del transporte terrestre colectivo en las Islas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta urgente que permita garantizar la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas, y agilice ya la resolución que regula el procedimiento de justificación y liquidación de estas ayudas.

En el documento, dirigido a la directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Rivero, el Ejecutivo canario traslada su preocupación por el retraso en la aprobación definitiva de esta resolución, imprescindible para culminar correctamente el proceso administrativo y garantizar la seguridad jurídica de una medida que ha supuesto un importante avance social para la ciudadanía canaria.

La directora general de Transportes y Movilidad ha señalado que “la gratuidad del transporte público ha sido una medida de enorme impacto social en Canarias y no podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo su estabilidad financiera ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares”.

Fernández ha insistido en que “Canarias ha actuado siempre desde la colaboración institucional, pero necesitamos certezas jurídicas y administrativas para poder cerrar correctamente el expediente dentro de los plazos establecidos”. Asimismo, ha recordado que “los cabildos ya están soportando un importante esfuerzo económico para mantener esta medida y no pueden seguir asumiendo indefinidamente una situación de incertidumbre”.

El Gobierno de Canarias recuerda que la nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no estaban contempladas en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, una circunstancia que genera incertidumbre administrativa una vez iniciado el procedimiento de justificación por parte de los cabildos insulares.

Asimismo, el escrito expone la singularidad del modelo canario de gestión del transporte terrestre, descentralizado en los siete cabildos insulares, lo que obliga a coordinar la recopilación y validación de documentación procedente de múltiples administraciones y operadores de transporte. Esta estructura incrementa considerablemente la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado.

En este sentido, la directora general advierte de que el actual escenario de incertidumbre compromete los plazos establecidos para la justificación de las ayudas, cuyo límite finaliza el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo además con otros procedimientos estatales vinculados al transporte público. Por ello, solicita que la resolución definitiva quede aprobada no más allá del 31 de mayo de 2026, al considerar que se trata de un “límite material” para evitar riesgos sobre la financiación estatal de la medida.

“El éxito de esta medida está fuera duda. Miles de canarias y canarios utilizan cada día el transporte público gracias a esta bonificación y nuestro objetivo es garantizar que pueda seguir desarrollándose con normalidad y seguridad para todas las administraciones implicadas”, ha añadido Fernández.

Fernández también subraya que los cabildos insulares están asumiendo actualmente un importante esfuerzo financiero para sostener la gratuidad del transporte público, adelantando recursos propios mientras se resuelve el expediente estatal y soportando unos costes que, en muchos casos, superan la financiación prevista. “Además, a día de hoy, aún no hay créditos habilitados por parte del Estado para hacer frente a los pagos de los 42 millones correspondientes al 2025, ni a los fondos para el 2026”.

Por último, el Gobierno de Canarias reitera en su voluntad de mantener una relación de cooperación leal con el Ministerio y reclama que el procedimiento pueda resolverse con la máxima celeridad para garantizar la estabilidad del sistema de transporte público y la continuidad de una medida que ha demostrado un amplio respaldo ciudadano.

 

 

 

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