La directora de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias destaca, en el ‘VI Foro de Movilidad de Canarias’, el compromiso del Ejecutivo “por situar a la movilidad en el centro de las políticas públicas y por hacerla moderna, inclusiva y sostenible”
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha subrayado esta mañana, en el ‘VI Foro de Movilidad de Canarias. Movilidad sostenible: Un proyecto común para Canarias’, que la responsabilidad en materia de movilidad no recae solo en las administraciones, sino también en la ciudadanía, porque ambos son parte del problema, pero también deben ser parte activa de la solución.
En este sentido, María Fernández ha destacado que apostar por una movilidad sostenible no significa únicamente usar el transporte público, sino interiorizar y optimizar el uso de todos los modos disponibles: desde el coche compartido al tranvía o la guagua, pasando por el vehículo particular cuando sea necesario, combinándolos de forma inteligente en la rutina diaria. Ese cambio de hábitos —como ha ocurrido, por ejemplo, con el uso obligatorio del cinturón de seguridad o, en otros ámbitos, como con el reciclaje de residuos – supone un paso decisivo hacia una nueva mentalidad colectiva que permita avanzar hacia una movilidad más eficiente y responsable.
Durante la jornada, Fernández ha participado en una mesa redonda técnica junto a Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife; Pablo Oromí, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife; Luis Rodríguez, el director gerente de Transportes Insular La Palma (TILP), y Susana Rodríguez, integrante del equipo de Desarrollo de Negocio Mobility de Moeve. El encuentro ha permitido analizar los retos y oportunidades de la movilidad sostenible en el archipiélago, poniendo en valor el avance coordinado entre administraciones.
En esta línea, la directora general ha recalcado el compromiso del Ejecutivo “por situar a la movilidad en el centro de las políticas públicas y por hacerla moderna, inclusiva y sostenible mejorando la vida de la ciudadanía hoy y en el futuro”.
“La movilidad es esencial para la vida diaria, la cohesión social y el desarrollo en igualdad de oportunidades, especialmente en un territorio singular y fragmentado como Canarias. Por ello, impulsamos espacios de diálogo entre administraciones y agentes sociales, así como reformas normativas y proyectos estratégicos, como la futura Ley de Movilidad Sostenible y los protocolos de los trenes, que garanticen el derecho a una conectividad real para todas las personas, vivan donde vivan”, ha subrayado María Fernández.
Principales avances en movilidad y transportes
Como hito, el Ejecutivo ha logrado, durante el año 2025, que el Estado incremente la financiación destinada a la gratuidad del transporte público hasta 120 millones de euros, lo que ha permitido consolidar esta medida en Canarias. Posteriormente, tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, el pasado 13 de noviembre, se ha conseguido que la gratuidad quede garantizada para 2026, convirtiéndose en uno de los mayores avances sociales en el ámbito de la movilidad.
Durante el desarrollo de la legislatura, el Gobierno ha recuperado las reuniones del Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre, que no se convocaban desde julio de 2021. La Dirección General ha reanudado este órgano tras más de dos años de inactividad y ha mantenido posteriormente encuentros periódicos, reforzando el diálogo entre todos los agentes del sector.
Asimismo, se ha aprobado la modificación más relevante desde 2007 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Ha sido un proceso sustentado en el consenso con los grupos parlamentarios y con el propio sector, dando lugar a una norma actualizada que responde a necesidades reales del territorio.
Además, el Gobierno ha culminado también un proceso participativo sin precedentes para elaborar la primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias. Se han celebrado mesas técnicas insulares, consultas públicas, talleres interadministrativos y entrevistas en profundidad con sectores clave. El anteproyecto ha sido sometido a exposición pública, garantizando la máxima transparencia y participación desde la fase inicial.
En cuanto al transporte guiado, Canarias ha alcanzado un acuerdo político con el Ministerio y los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria para avanzar en los proyectos ferroviarios de ambas islas. Este impulso coordinado ha culminado con la firma del protocolo estatal que fija un marco estable para su desarrollo.
En materia de conectividad, la ruta marítima entre Tenerife y El Hierro ha pasado a régimen de libre prestación, duplicando la conexión con la isla y respondiendo a los retos derivados de la doble insularidad.
Paralelamente, el Ejecutivo ha elaborado un informe jurídico-técnico para actualizar los costes tipo del transporte, desfasados desde 2019. Parte de la propuesta canaria ha sido validada por la Abogacía del Estado, permitiendo avances en la metodología estatal. No obstante, el Ejecutivo continúa reclamando una revisión que refleje con exactitud el sobrecoste que soportan las empresas por la insularidad y la doble insularidad.
En el ámbito de la innovación, se ha potenciado el proyecto MobilityLab Canarias, orientado a convertir el archipiélago en un laboratorio de movilidad avanzada. En este marco, se ha firmado un protocolo de colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas para promover acciones de movilidad urbana sostenible.
Junto al Ayuntamiento de San Mateo y la Fundación Nos Movemos, el Gobierno ha lanzado la app “San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente”, que permite reservar trayectos a demanda en zonas rurales. El piloto, con cuatro rutas estratégicas, busca convertirse en un modelo replicable en otros municipios del archipiélago.
Asimismo, la Dirección General de Transportes y Movilidad ha diseñado además el calendario para la implantación del Título Único, que permitirá utilizar un mismo bono de transporte en cualquier isla y cuya financiación será asumida íntegramente por el Gobierno de Canarias, y ha avanzado en el desarrollo del Registro de Operadores, una herramienta pendiente desde hace más de 15 años. Su implantación está prevista para final de año y aportará mayor transparencia y seguridad al sector.
Para confluir, María Fernández ha destacado que todos estos avances han sido posibles gracias a un trabajo continuo, compartido y coordinado con cabildos, ayuntamientos y agentes del sector. Ha subrayado que la futura Ley de Movilidad Sostenible es fruto de un proceso abierto y participativo, diseñado para responder a las necesidades reales de todas las islas.
