Nieves Lady Barreto destaca que el objetivo es un nuevo modelo de organización y funcionamiento más eficiente y acorde con las necesidades de la ciudadanía

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha iniciado los trabajos para la redacción del anteproyecto de Ley del Sector Público de Canarias con la creación de una comisión que será la encargada de establecer las bases de esta iniciativa legislativa.

“La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias es de 1990”, explica Barreto. “Han pasado 34 años y Canarias debe definir un modelo organizativo y de funcionamiento más coherente con las necesidades y retos actuales. Una Administración que quiere prestar servicios públicos de calidad necesita un marco normativo avanzado y coetáneo
con la sociedad a la que sirve, y no del siglo anterior”.

Así, la consejera destaca que en estos años se ha consolidado el derecho de las personas a una buena administración, se ha extendido la preocupación institucional por
asegurar la simplificación burocrática y se han abierto canales de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. “Estos cambios deben plasmarse en una nueva regulación de las entidades del sector público de Canarias”.

La comisión de trabajo constituida este lunes tiene carácter temporal y ofrecerá apoyo administrativo a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. Entre sus funciones están estudiar los antecedentes, las diferentes opciones normativas y demás aspectos que resulten convenientes para facilitar la elaboración del anteproyecto de ley, que se prevé que se remita al Consejo de Gobierno en el último trimestre del año 2025.

No es esta la única medida impulsada por la consejera Nieves Lady Barreto para llevar a cabo el cambio profundo que necesita la Administración pública en Canarias. Con ese objetivo se aprobó el pasado mes de julio el Decreto Ley 7/2024 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público. Este decreto ya introduce cambios importantes en el sistema de acceso al empleo público y ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias que, en estos momentos, lo está tramitando como ley. Será una norma transitoria ya que, en su propio articulado, el decreto ley establecía la obligación del Gobierno de iniciar la elaboración y tramitación del anteproyecto de Ley de Empleo Público de Canarias en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Este proceso de redacción de la futura ley se pondrá en marcha en enero de 2025.

“Llevamos poco más de un año en el Gobierno y nuestra gestión va encaminada a implantar en la Administración canaria un nuevo modelo de organización y funcionamiento que sea más eficiente y acorde con las necesidades de la ciudadanía y también de los propios trabajadores y trabajadoras públicos. El objetivo final es poder ofrecer unos mejores servicios públicos”, señala la consejera.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor

Destaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completa

Resalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.

Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.

Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas.

Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.

En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.

Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.

Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

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El Gobierno pretende que la norma incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava

Las islas recibirán en junio el 90% de los 15 millones de euros procedentes de los fondos MRR para mejoras de la justicia, correspondientes a las anualidades 2022-2023

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, quiere cambiar el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, que se encuentra ya tramitándose en las Cortes Generales, con el fin de corregir, de forma puntual, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y que se incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava.

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, al término de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Administración de Justicia celebrada este viernes, bajo la presidencia del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en la que, entre otras cuestiones, se ha analizado el estado de la leyes que se encuentran en tramitación, principalmente la de Eficiencia Organizativa, que ya está en el Congreso de los Diputados, a punto de iniciar la fase de tramitación de enmiendas.

Vallejo ha indicado que el nuevo modelo organizativo (NUMO), basado en la estructura de los tribunales de Instancia y con el que se pretende dotar a la Administración de Justicia de un modelo de trabajo mucho más eficiente, parte de la actual estructura judicial de 431 partidos judiciales, pero que, en determinados casos, en los que existe amplio consenso, sería necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial con el fin de unificar algunos de ellos, como ocurre en Puerto de la Cruz y La Orotava.

No es la primera vez que el Gobierno canario efectúa una propuesta en este sentido. Sin embargo, ahora el Ministerio, aunque no tiene previsto una reforma general de la citada Ley de Demarcación y Planta Judicial, entiende que en aquellos supuestos concretos en los que sí hay una posición común de todas las administraciones, como sucede en el caso de Puerto de la Cruz y La Orotava, cabe introducir, a través de una enmienda, tal modificación dentro del proyecto de ley de Eficiencia Organizativa. De ahí que en esta Conferencia Sectorial se haya acordado trasladar a las Cortes la propuesta de Canarias, que insistirá en las justificaciones y motivos que se han dado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en la conformidad de los ayuntamientos.

La Conferencia Sectorial, a la que asisten representantes de las comunidades autónomas, ha aprobado también el cronograma de distribución de los fondos europeos de las anualidades 2022 y 2023, cuyos criterios de reparto ya se habían fijado en la Conferencia Sectorial celebrada en Avilés el pasado 25 de marzo, completando de este modo la totalidad de las transferencias de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para Justicia.

Según ha detallado la viceconsejera de Justicia, Canarias recibirá 15.079.522 euros entre 2022 y 2023, mediante dos transferencias. La primera, en junio de este año, por el equivalente a un 90% de la cantidad, y la segunda, en el año 2023, por el 10% restante.

Este montante se suma a la cantidad ya recibida en 2021, que asciende a 10.079.505 euros y con la que ya se trabaja, ha dicho Vallejo, en distintos contratos públicos destinados a la transformación digital de la Administración de Justicia.

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