El Ejecutivo ha trasladado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana alegaciones concretas que van desde la actualización de los criterios de reparto para la distribución de los créditos entre las Comunidades Autónomas, pasando por el reconocimiento de los sobrecostes en la construcción o la revisión de los umbrales de ingresos, entre otros
El consejero también ha solicitado una reunión con la ministra para abordar estas mejoras y obtener un compromiso firme de adaptación del plan a la realidad canaria
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha detallado hoy en sede parlamentaria las medidas que se recogen en el documento que ha presentado el Ejecutivo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el Plan de Vivienda que se está elaborando a nivel estatal recoja las singularidades de las islas para que estas políticas tengan “valor y sentido” en su aplicación al archipiélago.
Durante su intervención, el consejero ha explicado que entre las alegaciones planteadas, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), destaca la actualización de los criterios de reparto para la distribución de los créditos entre las Comunidades Autónomas, ya que, por ejemplo, se tiene en cuenta la renta per cápita atendiendo a cifras de 1991, es decir, de más de tres décadas. “Esto provoca que no se refleje de forma precisa la realidad económica, social y demográfica de la Comunidad Autónoma, lo que limita la efectividad de los recursos asignados”.
En este sentido, se propone también dar mayor peso específico al criterio de región ultraperiférica para tener en cuenta los sobrecostes asociados a dicha situación, aspecto reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; y también el sobrecoste que tiene construir vivienda en Canarias.
“Dada la evolución sustancial del contexto social, demográfico y económico de las islas, se hace imprescindible realizar una revisión exhaustiva de los criterios de reparto empleados. La incorporación de nuevos factores y parámetros que den cuenta de esta evolución resulta no solo necesaria, sino urgente; como la variación en la distribución de la población, las necesidades sociales, el envejecimiento poblacional, o las particularidades económicas y geográficas de cada Comunidad Autónoma”, ha apuntado.
Por otro lado, el ICAVI ha solicitado que se revise el umbral de ingresos de hasta 5 veces el IPREM para considerar a una persona como vulnerable para acceder a una vivienda pública, ya que es una cifra que contemplaría ingresos mensuales de más de 3.000 euros, lo que diluye el objetivo social de las prestaciones. Para ello, el Ejecutivo ha solicitado al Ministerio que permita a las comunidades autónomas modular esos límites en función de la realidad de cada territorio y del perfil de las personas que necesitan apoyo para acceder a una vivienda.
También entre las mejoras se contempla el reconocimiento, como financiables, de los gastos de gestión y administración que asumen las comunidades autónomas. Es decir, que los costes del personal, la tramitación de expedientes, el seguimiento, control y justificación de las ayudas se incluyan dentro del porcentaje de cofinanciación autonómica. “El Estado nos exige poner el 40% de la financiación, algo a lo que Canarias no se opone, pero sí exigimos que, ya que asumimos un importante porcentaje de aportación y contribución al plan, que también este contemple los recursos necesarios para hacerlo posible. No se pueden exigir más informes y trámites sin reforzar la gestión, porque eso acaba bloqueando la ejecución de los fondos y alejando las ayudas de quienes las necesitan”.
Entre otras mejoras, también la batería de propuestas contempla el abordaje de la morosidad, ya que no se puede pretender fomentar el alquiler sin abordar esta problemática. “Los propietarios no alquilarán sus viviendas si no tienen un respaldo y una protección, algo que no contempla el plan, y que tampoco recoge la ley de vivienda estatal. Si no se garantiza una seguridad jurídica a los arrendadores, no va a haber un parque de vivienda suficiente para cubrir la demanda”, ha concluido Rodríguez.
Para terminar su intervención, Rodríguez ha recordado que la semana pasada solicitó formalmente una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para trabajar y ahondar en todas las alegaciones presentadas, “incorporando propuestas, respetando las competencias y entendiendo que no todas las comunidades autónomas partimos del mismo punto ni tenemos los mismos problemas. No nos oponemos al Plan Estatal de Vivienda, lo que queremos es que funcione y que cada euro que se invierta tenga un propósito”.
