La consejera de Bienestar Social explicó en sede parlamentaria los criterios que se siguen para determinar el traslado de menores inmigrantes no acompañados entre islas

“En materia de protección de menores, este Gobierno sigue el principio fundamental del interés superior del menor, que guía todas las decisiones relacionadas con su bienestar. Esto implica garantizar que cualquier traslado esté orientado a mejorar las condiciones de vida del menor, proporcionando acceso a servicios esenciales como educación, salud, atención psicológica y un entorno seguro”, aseguró la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre los criterios que se siguen para determinar el traslado de menores inmigrantes no acompañados entre islas.

“El primer criterio es la disponibilidad de plazas en los centros de primera acogida en las islas a las que llegan las embarcaciones que transportan a los menores. Este factor es determinante para decidir si es necesario trasladar al menor a otra isla”, indicó Delgado, que recordó que el Archipiélago se encuentra en estos momentos en una situación crítica por la saturación de los dispositivos alojativos para la infancia migrante.

A este respecto, la responsable del área señaló que, en el caso de traslados entre islas de la misma provincia, se considera el tiempo que el menor lleva en el centro de acogida y se evalúa su nivel de integración tanto a nivel educativo como social, mientras que, en el traslado entre islas de distintas provincias, además de los criterios anteriores, se añade la existencia de un expediente de determinación de la edad abierto por la Fiscalía Provincial correspondiente”. En estos casos, si el expediente está en proceso, el menor no debe ser trasladado de provincia hasta que se resuelva la situación.

En su intervención, Delgado hizo alusión “al contexto de la crisis migratoria y humanitaria que ha afectado a esta Comunidad Autónoma” y recordó que “la falta de infraestructuras suficientes, tanto públicas como privadas, para la atención inmediata de estos menores hace que, en muchas ocasiones, sea necesario proceder a traslados urgentes entre islas”.

“Estos traslados se realizan en función de las previsiones de nuevas llegadas de migrantes, no obstante, el Gobierno toma en cuenta estos factores para garantizar que los menores migrantes no acompañados reciban la atención adecuada, en función de las circunstancias específicas de cada caso y siempre priorizando garantizar su protección en entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes”, concluyó.

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La consejera anuncia que el decreto que regula esta figura estará aprobado el próximo año y que ya se contempla una partida en el presupuesto

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, avanzó hoy en el Parlamento que Canarias tendrá aprobada en 2025 la norma que regule la figura del facilitador judicial, “poniendo en el centro del sistema a las personas que siempre han tenido más dificultades no sólo para hacerse entender, sino para entender lo que ocurre en un juzgado, desde que entra por primera vez hasta que finaliza el proceso”. 

Según indicó la consejera, el facilitador comenzará en un orden jurisdiccional para evaluar su funcionamiento y poder extenderlo al resto, y permitirá a las personas con discapacidad intelectual y los mayores de 75 años tener derecho a una tutela judicial efectiva de manera plena, con un acompañamiento que debe ser neutral y profesional, a petición del tribunal.

“Nuestra intención es tener aprobado el decreto el próximo año, por lo que seríamos la segunda comunidad autónoma en regular este experto, después de Madrid”, señaló Barreto, ya que cada comunidad autónoma desarrolla esta figura, establecida en la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, al carecer de un marco estatal.

Con el fin de acelerar su puesta en marcha, la consejera anunció que el 14 de octubre finalizará el periodo de consulta pública para recibir aportaciones, y que la previsión es que Viceconsejería de Justicia contemple en los presupuestos de 2025 una partida para iniciar el registro de profesionales.

Nieves Lady Barreto apuntó que tienen como objetivo que la norma cuente con la máxima participación de los colectivos de personas con discapacidad y asociaciones de personas mayores y que pare ello su departamento ha iniciado una ronda de encuentros en las ocho islas, que ya se ha celebrado en Fuerteventura y que continuará esta semana en Lanzarote. “Nuestra intención es estos colectivos que contribuyan a definir las funciones y el perfil profesional de la figura de los facilitadores judiciales que la Consejería pondrá en marcha en los juzgados de Canarias”, manifestó.

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La consejera Nieves Lady Barreto defendió que la norma incluye las medidas urgentes y necesarias para reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la agilización de los procesos selectivos

En el sector del juego de azar y apuestas, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años

Se tramitará como proyecto de ley para incorporar las aportaciones de partidos políticos, organizaciones sindicales, ayuntamientos y cabildos

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En el mismo Pleno se acordó su tramitación por proyecto de ley, con el objetivo de poder incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, así como para poder recoger aspectos que señala el informe del Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de contar con un decreto ley para poder adoptar medidas que son urgentes y necesarias para dar solución a los problemas actuales y agilizar las mejoras en la Función Pública “porque es necesario iniciar el proceso de transformación de la Administración Pública y abordar los cambios necesarios para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. La consejera destacó que para actualizar la Administración pública se requiere de toma de decisiones y, por lo tanto, es necesario poner en marcha procesos y este decreto ley es el inicio, además de recoger el compromiso de iniciar la tramitación de una nueva Ley de Empleo Público en un periodo de seis meses, “porque forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

El decreto ley recoge aspectos que tienen que ver con la ejecución de los procesos selectivos, con la promoción interna y con las formas en las que se constituyen las listas de empleo. Según Barreto, en cuanto a la selección de personal, nos encontramos con una ausencia total de medidas que fomentan la promoción interna. “Este decreto ley no solo reserva plazas hasta un 40% en determinados sus puestos a la promoción interna, sino que determina que algunos cuerpos y escalas puedan reservarse solamente a promoción interna y no exige la superación de nuevas pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores”, dijo.

En cuanto a la dificultad de acceso al empleo público de distintos colectivos, la consejera recordó que ya se ha blindado que el 10% de las plazas se reserven a las personas con discapacidad y pretendemos acabar con la media de seis años que se tarda en resolver los procesos selectivos, una media de seis años, ampliando la convocatoria, además, a un 20% adicional, de respecto de las plazas ofertadas inicialmente.

En su defensa del decreto ley, la consejera apuntó que soluciona también las especializaciones profesionales, en este caso de la Escala de Administradores Generales, Especialidad Jurídica, la de Igualdad de Género, la de Antropología para afrontar las tareas de reto demográfico, junto con otros. Además, Barreto manifestó que se regulan las listas de empleo, que eran obsoletas, y por lo tanto, permite sistemas y métodos más ágiles en el nombramiento del personal, además de abordar la renuncias a las ofertas, que conllevaba un fracaso constante de los llamamientos y por tanto en la cobertura de las plazas. En este sentido, la consejera añadió que se establece la imposibilidad de renunciar con una pena de suspensión forzosa de seis meses, entre otras medidas.

Protección de la infancia en el ámbito de juegos de azar y apuestas

El decreto ley también adopta un conjunto de medidas urgentes e inaplazables para garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas en Canarias a través del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en BOC.

El decreto ley permite para ganar en celeridad y corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023.

La disposición final séptima de este Decreto ley modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas para determinar reglamentariamente la zona de influencia en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La prohibición será extensiva a los bares, cafeterías o establecimientos similares, situados en la indicada zona de influencia que no tengan por actividad principal la práctica del juego.

A los efectos previstos, se consideran centros de enseñanza y de atención a menores los que, de acuerdo con su legislación sectorial, los que figuren inscritos como tales en los registros oficiales de la Administración sectorial correspondiente y cuyos usuarios potenciales tengan una edad comprendida entre los 6 y los 17 años, ambas inclusive.

Se añade también un artículo sobre la zona de influencia entre salones recreativos y de juegos y bingos para evitar concentraciones. En concreto, el decreto ley señala que la zona de influencia en la que no podrán estar ubicados salones recreativos y de juegos, sea por nueva instalación o por traslado de los autorizados, por la previa existencia de otro salón recreativo y de juegos, será la comprendida en un radio de acción de 200 metros en línea recta, medida sobre plano, desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar. Dicha distancia no será aplicable cuando se trate de salones recreativos y de juegos sin acceso directo a la vía pública en centros comerciales, si bien, para los que se pretendan instalar en una misma planta de dichos centros comerciales, la distancia a aplicar será la de 75 metros. También se fija la medida de 200 metros con las mismas características como zona de influencia entre un salón recreativo y de juego y una sala de bingo.

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Asistirán a los forenses de la isla en caso de ausencia del actual auxiliar

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy en el Parlamento que su departamento ultima con el Servicio Canario de la Salud un convenio de colaboración con el Hospital Doctor José Molona Orosa, en Lanzarote, para que el Instituto de Medicina Legal (IML) pueda formar a técnicos de anatomía patológica del centro hospitalario como auxiliares de autopsia. La consejería apuesta así por una fórmula que ya funciona en la isla de La Palma y en Fuerteventura con la formación de profesionales de los hospitales insulares para agilizar las autopsias, según apuntó la consejera.

En este sentido, Nieves Lady Barreto detalló que el equipo humano de la delegación del IML en Lanzarote está compuesto por cuatro médicos forenses, además de un tramitador procesal para tareas de gestión y un auxiliar de autopsias, que es el único profesional de esta categoría adscrito a una isla no capitalina. Además, la consejera explicó que, en caso de ausencia de este trabajador, el puesto se cubre con personal que se desplaza desde Gran Canaria, que es donde está la sede provincial del instituto y que, para disponer de personal suficiente, la Consejería ha reforzado recientemente el número de auxiliares de autopsias con nuevas contrataciones, igual que se ha hecho en el IML de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un total de cuatro incorporaciones.

Con este convenio se da un paso más y se establecerá un procedimiento de actuación con la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote para el desarrollo de las actividades que corresponde al servicio de patología forense en la isla con técnicos del Hospital Doctor José Molina Orosa, en aquellos casos en los que no pueda contarse con un auxiliar propio del IML.

La delegación del IML de Lanzarote cuenta varios despachos en el propio edificio judicial de Arrecife para valoración forense, tres salas de autopsias y seis cámaras de refrigeración dobles, con capacidad para 12 cuerpos, además de una sala de catástrofes para 15 fallecidos, que puede duplicar su número. La media de autopsias anuales se sitúa en 145.

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La consejera de Bienestar Social avanzó en sede parlamentaria que la nueva regulación permitirá reconocer el grado y el derecho a las prestaciones en un único acto administrativo, lo que reducirá notablemente los tiempos de tramitación

El texto incorporará alegaciones de entidades, corporaciones y ciudadanía para que el documento final se adecúe a las necesidades de la ciudadanía canaria

“Esperamos que el futuro decreto de la dependencia, en el que estamos trabajando, tenga un gran impacto en las personas dependientes que residen en Canarias, porque nos permitirá gestionar con mucha mayor rapidez sus expedientes”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, hoy, en una intervención parlamentaria en la que valoró el impacto que tendrá la aprobación de una nueva regulación relativa al procedimiento de reconocimiento y asignación de prestaciones del sistema de la dependencia.

El nuevo decreto permitirá pasar de las dos fases actuales a un procedimiento unificado en el que se reconocerá el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente. “Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá de forma notable a reducir la burocracia y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo”, subrayó.

Delgado recordó que la norma que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia data de 2006 y establece un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases -reconocimiento de la dependencia, primero, y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), después- en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos) y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

“Frente a los seis meses que establece la norma, lo cierto es que, en Canarias, según datos oficiales del IMSERSO, durante el año 2022, el tiempo medio de tramitación se situó en 977 días; es decir, más de dos años y medio. Sin embargo, la gestión que hemos realizado desde que asumimos las tareas de gobierno nos ha permitido reducir los tiempos hasta alcanzar los 594 días actuales, hemos disminuido en algo más de un año la tramitación de la dependencia. Somos consciente de que no es suficiente, por eso es imprescindible este decreto”, afirmó la consejera regional de Bienestar Social , quien recordó que “la solución definitiva al problema de la demora en la tramitación de este procedimiento exige también otras medidas no regulatorias, de tipo organizativo (refuerzo de personal y la definitiva implementación de nuevas herramientas informáticas, entre otras) que ya estamos poniendo en marcha”.

“Por supuesto, para contar con el mejor decreto estamos analizando todas las propuestas presentadas por la ciudadanía, los colectivos y las instituciones. Se incorporarán las propuestas que mejoren el texto para que contemos con una regulación acorde a las necesidades de la sociedad canaria”, aseguró Delgado.

El proyecto de decreto acaba de superar los trámites de consulta pública y se encuentra en proceso de análisis de las aportaciones realizadas en el plazo abierto para ello. A este respecto, Delgado indicó que se tomarán en cuenta las soluciones técnicas que se demuestren adecuadas o eficaces para alcanzar los fines perseguidos de simplificación de los procedimientos porque, concluyó, “lo que buscamos es dotar a Canarias de un decreto definitivo que sea producto del enriquecimiento de todos los procesos de información y consultas públicas y, sobre todo, garantice la atención a nuestra ciudadanía en situación de dependencia”.

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La consejera de Presidencia adelanta que solicitará la convocatoria de la Junta de Seguridad para pedir que el Ministerio de Interior asuma la financiación

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha asegurado hoy en el Parlamento que esta será la legislatura de consolidación de la Policía Autonómica canaria, para lo que ya se está trabajando en su despliegue en todas las islas.

“Cuando llegamos al Gobierno en julio, el Cuerpo General de la Policía Canaria contaba con 192 efectivos. Recientemente se han incorporado 79 más y ya tenemos en marcha la convocatoria de otras 141 plazas, con lo que cerraremos este año por encima de los 400 agentes. Por tanto, una vez que hemos dado ya el primer paso, que es el incremento de la plantilla, tenemos que abordar el segundo paso, que es la financiación”.

En este punto, Barreto recordó que, desde la creación en 2010 del Cuerpo, existe un acuerdo no escrito para que, cuando se alcancen los 300 efectivos, el Ministerio de Interior asuma la financiación al igual que lo hace con el resto de policías autonómicas del país.

“Tenemos un estudio ya realizado de cómo es la financiación en el resto de las policías autonómicas, cada una diferente, pero todas financiadas por el Gobierno de España. A cada una de ellas no solo se le financian los costes del personal, sino que también se financian las infraestructuras y gastos adicionales que tienen que ver con formación. Incluso, recientemente, en los últimos tres presupuestos, se han firmado acuerdos para que el Gobierno de España pague las jubilaciones anticipadas”, explicó la consejera.

Barreto recalcó que se trata de un asunto “de justicia” y que ya en la primera reunión que mantuvo con el ministro Marlaska en septiembre del año pasado le trasladó la intención del Gobierno de Canarias de empezar a negociar esa financiación. “Una vez que ya tenemos el estudio hecho, solicitaremos a lo largo de este mes de mayo la convocatoria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado para empezar a negociar la financiación”, adelantó.

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La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, expuso hoy en comparecencia parlamentaria los avances en materia de atención a las personas dependientes en las Islas

En los últimos cinco meses se han llevado a cabo alrededor de 1.000 revisiones de grado y se trabaja para poner al día el registro de solicitudes pendientes; ambas acciones habían sido paralizadas durante la legislatura anterior

“El nuevo enfoque que estamos dando a la Dependencia contempla todas las solicitudes que tienen entrada en el departamento, sin falsear los datos, porque lo importante son las personas, no las cifras”, recalcó la responsable del área

Canarias ha superado por primera vez las 40.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia, según datos publicados por el Imserso. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de solicitudes registradas que estaban pendientes, se ha reducido el tiempo de resolución de cada expediente, se han impulsado las revisiones de grado y se ha iniciado un procedimiento de simplificación administrativa. Así lo explicó hoy, en comparecencia parlamentaria, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien, no obstante, insistió en que hay que continuar trabajando para poner al día la dependencia en el Archipiélago, cumplir con los plazos que marca la ley y dar una atención digna a todas las personas que lo requieren.

Delgado explicó que el objetivo prioritario de su departamento es mejorar la vida de las personas y no mejorar las cifras, y defendió que los datos ofrecidos serán siempre transparentes y veraces, al tiempo que lamentó el “maquillaje” de las listas de espera llevado a cabo durante la legislatura pasada, cuando se paralizaron los registros de nuevas solicitudes.

“Durante los primeros meses de este año no se grabaron en el sistema las nuevas solicitudes que presentaban los ciudadanos y las ciudadanas para evitar que crecieran las listas de espera de la dependencia. Nosotros no desarrollamos acciones para que los números den bien, gestionamos para que los canarios y canarias puedan acceder lo antes posible a las prestaciones que les corresponden”, dijo.

“Este equipo -señaló- ha reorganizado toda la gestión en esta materia, de forma que, en julio del 2023 se grababan solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia con fecha de registro de entrada del año 2022 y en estos momentos estamos grabando solicitudes del segundo semestre de este mismo año 2023”.

“El nuevo enfoque que estamos dando a la dependencia contempla todas las solicitudes que tienen entrada en el departamento, sin falsear los datos, porque nos importan las personas, no los datos, y ello nos lleva a que actualmente la lista de espera para una valoración de dependencia sea de 6.759 personas, un dato que incluye también las solicitudes de revisiones de grado, que no se contemplaban en las cifras del anterior equipo de gobierno porque estaban paralizadas”, sentenció la responsable regional en Dependencia. Las revisiones de grado suponen una mejora de las prestaciones a las que tiene derecho la persona dependiente, lo que incide directamente en su calidad de vida.

“El número de solicitudes de dependencia que fueron resueltas en todo el año 2022 fue de 4.880. A día de hoy, sin terminar el año, hemos sacado adelante 2.000 más, llegando a 6.844 solicitudes. Este dato es un ejemplo más de cómo esta nueva Consejería se ha implicado en materia de dependencia en Canarias con realismo y responsabilidad”, priorizando la mejora de la gestión, aseguró la Delgado en su intervención.

“En cuatro meses de legislatura hemos reducido las listas de espera, pasando de 817 días que se tardaba en resolver las solicitudes de dependencia hasta el pasado mes de julio a los 687 días actuales”, enfatizó Delgado, quien matizó, asimismo, que se han reactivado las revisiones de grado, paralizadas durante el mandato anterior, y que “ya el número de revisiones de grado que se han realizado en estos últimos meses asciende a 1.000”.

Además, Delgado insistió en que hay que promover desde el Gobierno que existan servicio de asistencia especializada, porque, si no, no se consigue que la persona dependiente acceda a los recursos que le corresponden. “¿De qué ha servido la gestión llevada a cabo con anterioridad a los más de 6.000 canarios que entraron en el sistema de la dependencia, pero no tienen prestación alguna porque no han podido contratar el servicio de asistencia especializada que necesitan?”

En su intervención, la consejera afirmó, asimismo, que, en los últimos meses, el departamento ha pasado de contar con 24 personas técnicas valoradoras que había en julio a un total de 35, es decir, 11 más y que se ha impulsado la formación de 35 agentes del 012, para dar información telefónica especializada a los canarios y canarias en materia de dependencia.

Además, recordó que la firma del convenio con el Estado, a través del Imserso, por lo que la financiación en nivel acordado para las Islas en 2023 asciende a un global de 58.347.748,42 euros, una cifra que, explicó, “se ha visto incrementada porque el buen grado de cumplimiento del Gobierno de Canarias en materia de dependencia permitió aumentar la cuantía inicial con fondos procedentes de otras comunidades autónomas incumplidoras”.

Atención a las islas no capitalinas

En su intervención, Delgado hizo mención especial al esfuerzo realizado para mejorar la atención a las personas dependientes residentes en las islas no capitalinas, logrando ya que en algunas de ellas no haya lista de espera.

A este respecto, indicó que “nos hemos volcado de manera especial en las islas no capitalinas, así, en La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura hoy podemos afirmar que estamos al día en cuanto a dar respuesta a las solicitudes de valoración de reconocimiento inicial de la situación de dependencia presentadas en estas islas”.

Además, indicó que, en estos momentos, se está trabajando con más de 150 solicitudes de revisión del grado de dependencia de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, “cuyos solicitantes serán citados en breve para recibir la visita del técnico que valorará su grado de dependencia”.

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La consejera de Sanidad explicó hoy en el Parlamento que el área de salud de La Gomera ya cuenta con una cabina de preparación de medicamentos citostáticos y está pendiente de la finalización de la obra del Hospital de Día donde se aplicarán los tratamientos

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó hoy en el Parlamento que los pacientes de La Gomera y El Hierro podrán recibir tratamiento de quimioterapia en sus respectivos hospitales si lo precisan, toda vez que se ha planificado su incorporación a la cartera de servicios de ambas áreas de salud.

Monzón explicó que actualmente los pacientes todas las islas pueden recibir el tratamiento de quimioterapia en sus respectivas áreas de salud, excepto La Gomera y El Hierro que hasta ahora no cuentan con esta opción. Para ello, dijo que los hospitales de El Hierro y La Gomera no dispensan tratamientos de quimioterapia porque se requiere de medios técnicos y humanos muy específicos, como por ejemplo la existencia de especialistas en oncología por lo que los pacientes de estas islas son atendidos en sus respectivos centros de referencia en Tenerife.

En este sentido, señaló que el objetivo de la Consejería de Sanidad continúa con el proyecto de implantar la quimioterapia en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe que, desde el verano de 2022, dispone de una cabina de preparación de medicamentos citostáticos. “Para iniciar estos tratamientos se necesita acometer las obras del nuevo hospital de día, que han salido a licitación en dos ocasiones y han quedado desiertas, por lo que el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 9 de octubre acordó iniciar el expediente de contratación de la unidad por procedimiento negociado, para su ejecución en un plazo de seis meses” aseguró.

La consejera dijo que será entonces cuando, a criterio de los especialistas en oncología, se determine qué tratamientos se podrán dispensar a los pacientes oncológicos que residan en la isla de La Gomera.

Previsión para el área de salud de El Hierro

Esther Monzón avanzó que en El Hierro ya se está trabajando en el expediente de la compra del solar anexo al Hospital, para poder, a lo largo de esta legislatura, contar con un espacio específico donde los pacientes puedan también recibir los tratamientos que determinen los especialistas del Hospital.

Según explicó el objetivo es garantizar una mayor accesibilidad a los pacientes de las islas no capitalinas y, por tanto seguir, en la medida de lo posible, acercando los servicios al paciente con plenas garantías de seguridad.

Prioridad de los tratamientos oncológicos

La finalidad del SCS es dar prioridad máxima a la atención de los pacientes oncológicos en Canarias, por lo que se ha definido circuitos en todos en todos los ámbitos de la asistencia:

– Con consultas en Medicina Interna de alto rendimiento para el diagnóstico precoz.

– Con circuitos de comunicación preferente cuando en una prueba diagnóstica (colonoscopia, broncoscopia, ecografía, TAC…) en la se observa una lesión compatible con neoplasia.

– Con los Comités de tumores para valorar el mejor tratamiento para los pacientes con diagnóstico reciente (Comité de Tumores general y otros más específicos de ciertas patologías, como los Comité de Mama, Melanomas o Urológico).

– Todo ello permite una visión conjunta de todas las especialidades implicadas de estos pacientes, para dar el mejor tratamiento posible.

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La consejera de Sanidad, Esther Monzón, presentó hoy en el Parlamento el proyecto de Presupuestos del SCS que cuenta con 4.369 millones de euros, lo que supone 576 millones más respecto al de 2023

La partida para Atención Hospitalaria se incrementa un 18,8 por ciento, con un total de 2.834.202.584 euros, es decir 448 millones más con lo que se duplica el incremento respecto a 2023. Contará con partidas extras específicas para combatir las listas de espera, para lo que se destinan adicionalmente 25,7 millones de euros

Atención Primaria dispondrá de 1.351.850.750 euros, con un incremento 15,67 por ciento, la mayor subida registrada en este programa, lo que permitirá avanzar en la implantación de la Estrategia +AP

El capítulo de Recursos Humanos, dotado de 2.289.632.932 euros, se incrementa un once por ciento, en un ejercicio marcado por el proceso de estabilización

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, presentó hoy en el Parlamento regional el presupuesto de su departamento, recogido en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2024, que registra un aumento del 15,2% y eleva su dotación económica hasta los 4.369 millones de euros.

Monzón explicó que el Presupuesto del SCS contempla por primera vez el gasto sanitario real del principal organismo autónomo de la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de la Salud, que aumentará su dotación económica en 2024 en 576 millones, un 15,2% más respecto al presupuesto inicial de este ejercicio. Según dijo el presupuesto de 2024 refleja la apuesta del Gobierno por las políticas sociales y en concreto con el Servicio Canario de la Salud al que corresponde un peso específico de las cuentas globales del ejecutivo del 38,6 por ciento.

En este sentido, la consejera de Sanidad agregó que este presupuesto permitirá avanzar a la sanidad pública en siete grandes líneas estratégicas:

1. Poner en marcha el Plan Activa Canarias para la reducción de las listas de espera, con una partida adicional de 25,7 millones.

2. La consolidación de la Estrategia +Atención Primaria para avanzar en la implantación de este programa en todos los centros de salud.

3. El desarrollo del plan de salud mental y el de adicciones así como la estrategia de cronicidad.

4. Potenciar los programas de Promoción y prevención de Salud Pública así como el nuevo sistema de vigilancia epidemiológico.

5. El desarrollo del proceso de estabilización de los profesionales del SCS, que afecta a 12.000 trabajadores y la consolidación de las 7.055 nuevas plazas en plantilla orgánica.

6. Potenciar la investigación sanitaria, la I+D+i. y la formación de los profesionales del SCS.

7. Poner en marcha obras y mejoras en equipamientos en todas las islas, para seguir acercando los servicios al paciente, colaborando de esta forma también a la sostenibilidad ambiental, dentro de la estrategia Salud ZERO Emisiones.

Presupuesto por capítulos

El Capítulo I, (Gastos de Personal) aumenta un 10,91% su presupuesto inicial, hasta situarse en los 2.289 millones de euros, que representan el 52,4% del presupuesto inicial de gastos del SCS.

El Capítulo II, correspondiente a bienes corrientes y servicios, acapara el 27,3% del presupuesto total de gastos del organismo autónomo y pasa de los 897 millones consignados en 2023 a superar la barrera de los mil millones, hasta situarse en 1.193 millones de euros.

El Capítulo VI, de inversiones reales en infraestructuras y equipamiento, cuenta con una partida de 116.280.261 euros, para la ejecución de proyectos prioritarios en todas las islas.

Programas

Por programas, el 95,8 por ciento del presupuesto del SCS se destina a la atención a la salud, mediante la financiación de la actividad de la Atención Primaria y la Hospitalaria, de tal modo que:

La dotación para Atención Primaria se incrementa un 15,67 por ciento, la mayor subida registrada en este programa hasta alcanzar los 1.351.850.750 euros.

El aumento para la Atención Hospitalaria se cifra en un 18,8 por ciento, con un total de 2.834.202.584 euros, es decir 448 millones más con lo que se duplica el incremento respecto a 2023 y contará con partidas extras específicas para combatir las listas de espera, para lo que se destinan adicionalmente 25,7 millones de euros.

Los programas de Salud Pública contarán con un presupuesto de 36.390.743 euros, que se destinarán entre otras acciones a desarrollar el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica, el nuevo calendario vacunal, a los programas de promoción y prevención de la salud, así como al sistema de vigilancia entomológico.

El programa de Investigación e I+D+I dispondrá de 11,8 millones de euros mientras que el de Formación para el personal del SCS dispone de 55,8 millones de euros, con un aumento del dos por ciento respecto a 2023.

Principales inversiones en planes sectoriales

El proyecto de Presupuestos contempla partidas económicas específicas para los planes sectoriales, entre los que se encuentra una partida de 9,5 millones destinadas a las Urgencias a través del PLUSCAN, cuatro millones para la Estrategia de Cronicidad y tres millones para el Plan de Salud Mental, dos millones de euros para la Estrategia de Enfermedades Raras, 600.000 euros para Atención Temprana, para la Estrategia de Covid Persistente se destina 2.150.000 euros, además de 1.072.500 euros para Estrategia de Hospitalización a Domicilio y 900.000 euros para el plan de Adicciones, entre otras dotaciones.

Infraestructuras

Los principales proyectos de infraestructuras sanitarias previstas para 2024 para cada isla son:

• Proyecto de ampliación del HUC con un nuevo edificio Materno Infantil.
•  Urgencias del Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.
•  Proyecto ampliación de los Hospitales del Norte y del Sur de Tenerife.
•  Centro de Salud de Tacoronte.
•  Construcción de la Torre Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
• Reforma del Hospital Juan Carlos I y del Dr. Negrín para la instalación de la Protonterapia
• Renovación Área Sanitaria CULP para la ampliación del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
•  Centro Salud Insular Naciente.
•  CAE Sur de Fuerteventura.
•  Ampliación Hospital General de La Palma y aparcamientos
•  Mejora de las instalaciones del Molina Orosa y obras en Playa Honda y Costa Teguise.
•  Ampliación Hospital Nuestra Sra. de los Reyes.
•  Hospital de Día Polivalente de la Gomera y Centro de Salud La Lomada.
•  Construcción y equipamiento de ciclotrones.

Otros organismos públicos sanitarios

El presupuesto destinado por la consejería de Sanidad a la empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y Salud en Canarias (GSC) es de 81.485.543 euros, mientras que el del ICHH es de 3.287.904 euros lo que permitirá potenciar los recursos y servicios; mientras que la partida destinada a la Fundación Investigación Sanitaria de Canarias por parte del SCS es de 2.061.777.

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• El presidente de Canarias asegura que la política fiscal permitirá una distribución de la riqueza más acorde con las necesidades de la sociedad
• Clavijo admite avances sustanciales en la gestión de la crisis migratoria, pero mantiene la exigencia de que el Estado designe un mando coordinado único

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha destacado hoy, miércoles 25 de octubre, la “actuación prudente” del Gobierno autonómico a la hora de preparar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Canarias para el próximo año 2024 debido a “una situación de evidente incertidumbre” que rodea en estos momentos a la formación de un nuevo Gobierno de España y, sobre todo, por la falta de información sobre la incidencia que tendrá en las cuentas públicas de las administraciones el final de las excepciones financieras y fiscales que se pusieron en marcha por la pandemia en el Estado y en el conjunto de países miembros de la Unión Europea (UE).

Clavijo ha realizado esta valoración política en la sesión del control al Gobierno en el Parlamento de Canarias, donde respondió a varias preguntas parlamentarias de los portavoces de los grupos. En respuesta al diputado de Nueva Canarias Luis Campos, el presidente explicó que el Gobierno prepara el proyecto de Presupuestos para 2024 que “consideramos necesario” para el próximo años en Canarias, indicó el presidente. “Por supuesto que se va a recaudar más IGIC, pero es que se va a recaudar más en las imposiciones al tabaco, a las bebidas azucaradas”, señaló Fernando Clavijo, “pero por otro lado se le va a bajar al combustible o al gasóleo de uso industrial, también a los servicios veterinarios, servicios médicos y a todo lo vinculado con la dependencia”.

En esta dirección, el presidente defendió “el indiscutible compromiso social” de los Presupuestos para el año 2024 con el objetivo de “distribuir la riqueza, para lo que hay dos fórmulas: a través del empleo, fomentando la productividad, la actividad económica y la subida de los salarios fruto de la actividad y de la mejora de la productividad y, por otro lado, a través de los impuestos”, explicó Fernando Clavijo. “Y este Gobierno”, abundó el presidente, “va a seguir subiendo los impuestos en algunos tramos y en algunas actividades, y en otras actividades como la atención a personas dependientes se cobrará menos IGIC para así distribuir mejor la riqueza en Canarias”.

También resaltó Clavijo la prudencia en las cuentas públicas para el próximo 2024, en respuesta al diputado de Coalición Canaria (CC) David Toledo, por el elevado nivel de incertidumbre que rodea a la política y a la economía tanto en el Estado como en la Unión Europea. “No tenemos regla de gasto, aún no tenemos techo de gasto ni objetivo de déficit, ni siquiera tenemos las liquidaciones del Estado”, recordó Clavijo, “y por eso vamos a ser prudentes para, a lo largo del próximo trimestre, y si hay Gobierno de España, cuando tengamos despejadas esas incógnitas, se estudiará si articulamos una ley de crédito extraordinario o incorporamos ese posible crédito”.

El escenario político en el Estado español, donde las formaciones parlamentarias están a las puertas de una segunda investidura, esta vez con el candidato socialista Pedro Sánchez como aspirante a la Presidencia del Gobierno, también fue analizado en la pregunta parlamentaria del diputado del PSOE Ángel Víctor Torres para conocer la posición sobre el voto en el Congreso de los Diputados. Sin entrar en el sentido del voto de los nacionalistas canarios, Fernando Clavijo respondió que como Gobierno de Canarias “puedo garantizar que, gobierne quien gobierne en Madrid, este Gobierno va a actuar con lealtad institucional, con lealtad en primer lugar a los canarios y a las canarias, y actuaremos como se está actuando en la actualidad, con lealtad a los canarios y con lealtad al Gobierno de España en temas como la crisis energética, la crisis migratoria o en distintos aspectos de políticas social en educación o sanidad”.

La sesión de control parlamentario al Gobierno también analizó el repunte migratorio en las islas a partir de sendas preguntas formuladas por los diputados Juan Manuel García Casañas, del Partido Popular (PP); y Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). En este ámbito, el presidente recordó las diferentes etapas que han marcado la evolución de la respuesta al considerable aumento de las llegadas de personas migrantes a las costas del archipiélago, desde la incomprensión inicial por parte del Gobierno del Estado y la Unión Europea a la activación de “unas medidas extraordinarias para lograr responder a una situación extraordinaria”, afirmó Fernando Clavijo. “Es cierto que la primera respuesta del Estado fue inadecuada e insuficiente, aunque era previsible lo que iba a ocurrir y así lo denunciamos con anterioridad”, dijo el presidente, “también es cierto que hemos sufrido contradicciones entre ministerios porque, mientras uno decía que hay recursos suficientes otro decretaba la situación de emergencia migratoria, y que eso nos desconcierta y por ello insistimos en poner en marcha un mando único porque la situación que vivimos es extraordinaria, reitero, y la respuesta debe ser extraordinaria, pero hemos visto cómo se ha intentado dar una respuesta ordinaria a un fenómeno migratorio que está siendo extraordinario”.

En materia sanitaria, el presidente del Gobierno respondió a una pregunta del diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo sobre la situación actual de los servicios médicos públicos y, en especial, las listas de espera. En este ámbito, Fernando Clavijo resaltó el compromiso de su equipo de gobierno para lograr revertir los datos actuales a partir de una mayor inversión en la sanidad de la comunidad autónoma y el logro de resultados tangibles para la sociedad. “Porque si al final de la legislatura destinamos más recursos y obtenemos peores resultados es que entonces habremos fracasado, pero contra eso va a luchar este Gobierno a partir del trabajo que lidera la consejera de Sanidad”, explicó Fernando Clavijo para aludir al aumento presupuestario para la sanidad pública que ya está previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo 2024. Además, ya en respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, el presidente defendió el compromiso de este Gobierno con la disciplina presupuestaria y aseguró que ninguno de los gestores públicos “despilfarra dinero”, como afirmó el diputado, porque en las islas “contamos con un equipo de funcionarios y empleados públicos profesionales que velan por el equilibrio de las cuentas y la transparencia en la gestión del gasto”.

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