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Canarias moviliza más de 272 millones de euros para apoyar a las familias vulnerables y reforzar la protección

Candelaria Delgado Toledo en comisión parlamentaria

Las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía se han incrementado casi un 30 % en la presente legislatura, protegiendo a más de 22.000 personas en todas las islas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias moviliza más de 272,3 millones de euros a través de distintas líneas de prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación destinadas a atender las necesidades de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo se articula mediante la colaboración con los ayuntamientos, las entidades del tercer sector y otros agentes sociales, con el objetivo de ofrecer respuestas a las dificultades económicas y sociales que afrontan miles de hogares en las islas.

Así lo expuso hoy (viernes 23) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, donde indicó que “la protección de las familias más vulnerables exige una respuesta pública amplia, coordinada y capaz de adaptarse a las necesidades reales de cada hogar. No hablamos únicamente de prestaciones económicas, sino de garantizar que las familias puedan acceder a la alimentación, cubrir los gastos esenciales, atender a sus hijos e hijas y contar con apoyos que les permitan afrontar las dificultades con mayor seguridad”.

Entre estas actuaciones destaca la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias destinada a financiar proyectos de entidades sociales dirigidos a hogares con menores en situación de pobreza, exclusión social o privación material severa. La línea, que partía de un crédito inicial de 918.872 euros, se ha ampliado hasta alcanzar los 2.621.224,60 euros distribuidos entre las familias, casi el triple de la previsión presupuestaria inicial.

La convocatoria permite financiar proyectos que atienden necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa, material escolar y comedor, alquiler y suministros, así como servicios de conciliación, escuelas infantiles, atención socioeducativa, mediación y orientación familiar. Los proyectos aceptados pueden recibir financiación de hasta el cien por cien, con ayudas de entre 8.000 y 80.000 euros por proyecto y un máximo de 160.000 euros por entidad.

“Detrás de cada una de estas actuaciones hay necesidades concretas que requieren una respuesta: una familia que necesita apoyo para cubrir los gastos básicos, menores que precisan material escolar o servicios de atención socioeducativa, o progenitores que necesitan recursos para conciliar. Por eso es fundamental trabajar con las entidades sociales, que conocen de cerca la realidad de las familias y permiten que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, señaló Delgado.

Una red de protección que abarca distintas necesidades

Candelaria Delgado subrayó que “la política social no puede medirse a partir de una única convocatoria, porque las necesidades de las familias tampoco se limitan a un solo ámbito. Es necesario combinar las ayudas económicas con los servicios de proximidad, los recursos para la infancia, la inclusión social y los apoyos a los cuidados. Esa coordinación es la que permite ofrecer respuestas más completas y ajustadas a cada situación”.

La convocatoria para familias con menores forma parte de una red de recursos más amplia que incluye prestaciones económicas, financiación de los servicios sociales municipales, programas de atención a la infancia, iniciativas de inclusión social y medidas para facilitar los cuidados y la conciliación.

En este ámbito, la red municipal de servicios sociales moviliza alrededor de 97 millones de euros, de los que aproximadamente 42 millones son aportados por la Consejería, y presta atención a unas 450.000 personas. A esta financiación se suman otros 4,8 millones de euros acordados en 2026 con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para reforzar las prestaciones sociales básicas municipales, incluidos el personal, el funcionamiento de los servicios, la ayuda a domicilio, la prevención y la inserción social.

Asimismo, el Gobierno de Canarias destina siete millones de euros a los programas municipales de atención a la infancia y las familias en los 88 ayuntamientos, y otros siete millones a proyectos de inclusión social e inmigración, 200.000 euros más que el año anterior.

La financiación procedente del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades moviliza 19,48 millones de euros para desarrollar 431 proyectos de 138 entidades sociales, que sostienen 1.846 empleos y cuentan con la colaboración de más de 7.600 personas voluntarias. Por su parte, el Plan Corresponsables dispone de 9,4 millones de euros para servicios de cuidados y conciliación que también llegan a los municipios.

A estas actuaciones se añade la Renta Canaria de Ciudadanía, con más de 113 millones de euros destinados a proteger a 22.000 personas, cuyas cuantías han aumentado casi un 30 % desde 2023. También se incluye el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, que cuenta con 16,8 millones de euros y contempla una ayuda de hasta 400 euros anuales para cerca de 42.000 personas perceptoras.

Candelaria Delgado explicó en su intervención que “sabemos que todavía hay familias que atraviesan situaciones muy difíciles y que debemos seguir mejorando las respuestas. Nuestro compromiso es mantener una política social que combine recursos económicos, atención cercana y colaboración con los municipios y las entidades sociales, porque proteger a las familias significa también proteger a la infancia y generar mejores oportunidades para el conjunto de la sociedad canaria”.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias mantiene estas líneas de actuación en un contexto en el que persisten situaciones de pobreza, dificultades económicas y problemas de conciliación que afectan a numerosos hogares canarios. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos y de las entidades que trabajan directamente con las personas en situación de vulnerabilidad.

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Bienestar Social abre el plazo para financiar los programas de atención de la población vulnerable

El BOC publica este miércoles 1 de julio las bases de estas ayudas que están dirigidas a proporcionar apoyo económico al desarrollo de proyectos sociales en Canarias. El importe alcanza los 7 millones de euros y las solicitudes pueden presentarse a partir de mañana en la sede electrónica del Gobierno de Canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha abierto hoy (miércoles 1) el plazo para presentar las solicitudes de subvenciones para la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social correspondiente al ejercicio 2026, con una dotación total de 7 millones de euros, lo que supone 200.000 euros más que en la convocatoria del pasado año.

Las entidades tienen un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias -se ha publicado hoy- y las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la siguiente dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10989

La directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, explica que entre las novedades de este año se encuentra la ampliación del período de ejecución de los proyectos que podrán ejecutarse hasta el 31 de octubre de 2027 y la posibilidad del abono anticipado del 100 % de las ayudas por parte de las entidades, lo que se facilita la planificación a entidades sin recursos propios suficientes.

Santana destaca que en la baremación de los proyectos se premiará tanto los proyectos de continuidad acreditada como los programas innovadores que atiendan necesidades no cubiertas por los recursos públicos existentes, apostando por realizar una valoración de la innovación y la continuidad de los programas presentados. Asimismo, recuerda que todos los programas deben incorporar un análisis de impacto de género y presentar datos desagregados por sexo, atendiendo a una perspectiva de género transversal.

Nuestro objetivo es consolidar el apoyo a las entidades del tercer sector lo que nos permite llegar más lejos y acercarnos más a las necesidades reales de la población de las islas. A través de estas líneas de ayudas dotamos de un colchón financiero a aquellas iniciativas y programas sociales que atienden a la población en situación de vulnerabilidad y exclusión social, con especial atención a las personas que no tienen un hogar  y potenciamos la convivencia en el ámbito más cercano de la ciudadanía, como son los barrios y municipios más pequeños”, afirma la directora general del área de Servicios Sociales.

A esta convocatoria de subvenciones podrán concurrir las entidades privadas sin ánimo de lucro con fines sociales (asociaciones, fundaciones y similares) y las administraciones públicas (ayuntamientos, cabildos y sus organismos autónomos). Las entidades privadas deben estar inscritas en el registro correspondiente con al menos un año de antigüedad en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales en Canarias y operar de forma efectiva en el territorio canario.

Cuatro líneas de ayudas

La convocatoria de subvenciones contempla cuatro líneas de ayudas. Por un lado, en el área de inmigración, dotada de 1.250.000 euros, las subvenciones están dirigidas a financiar programas de atención a personas migrantes mayores de edad, solicitantes de protección internacional y refugiadas residentes en Canarias. Las actuaciones subvencionables abarcan desde la acogida y atención humanitaria hasta la integración sociolaboral, incluyendo programas de igualdad de trato, convivencia intercultural, promoción de la salud y el empleo, atención específica a mujeres migrantes e itinerarios de aprendizaje del castellano y formación cívica.

Además, se contemplan otras tres líneas que tienen como fin combatir la exclusión social, con una financiación global que asciende a 5.750.000 euros. Entre estas líneas de actuación se incluyen la financiación de programas de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad, lucha contra la pobreza y exclusión, asesoramiento y orientación social, actividades de inclusión comunitaria y refuerzo de recursos alojativos de emergencia, con una dotación de 4.250.000 euros, y la financiación de programas destinados a la intervención integral con personas sin hogar (alojamiento, manutención, comedor social, servicios complementarios e itinerarios de reinserción sociolaboral), con una inversión de 1,2 millones de euros.

A estas dos partidas hay que sumar una tercera con una dotación de 300.000 euros que está reservada exclusivamente a corporaciones locales para desarrollar planes integrales de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas.

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Canarias combate la pobreza con un modelo de inclusión activa y reclama la financiación estatal justa

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca en el Parlamento el refuerzo de la Renta Canaria de Ciudadanía y el desarrollo de itinerarios de inclusión

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha defendido en el Parlamento autonómico una estrategia del Gobierno de Canarias para combatir la pobreza y la exclusión social basada en un modelo de inclusión activa que combina la garantía de ingresos con el acompañamiento social, la formación, el acceso al empleo y la coordinación de los distintos recursos públicos.

Delgado subrayó que la respuesta a una realidad compleja como la que afronta Canarias “debe ir más allá de las ayudas económicas regulares y avanzar hacia un sistema que facilite la autonomía y la inclusión de las personas y familias en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, destacó el trabajo que se está desarrollando en torno a la Renta Canaria de Ciudadanía “concebida no solo como una prestación económica, sino como una herramienta para articular itinerarios personalizados de inclusión social, en coordinación con los servicios sociales municipales y el resto de políticas públicas”.

Asimismo, Delgado recordó que los complementos de educación y vivienda previstos en la normativa están siendo objeto de análisis técnico y presupuestario para garantizar su viabilidad, sostenibilidad y correcta integración con el conjunto de prestaciones existentes. “Reafirmamos nuestro compromiso con una política social orientada a proteger a las personas más vulnerables, garantizar ingresos básicos y generar oportunidades que permitan superar situaciones de pobreza y exclusión de manera estable y duradera”, indicó Delgado durante su intervención.

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias destacó el refuerzo presupuestario de la Renta Canaria de Ciudadanía, momento en el que la consejera recordó que el Estado debe modificar la ley de la Seguridad Social para darle una estabilidad a las ayudas a la PNC, el apoyo al Plan Concertado de Servicios Sociales, la estabilidad financiera de las entidades del tercer sector, el desarrollo de la Estrategia Canaria para la Erradicación de la Pobreza y el impulso de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.

Durante la sesión también se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la financiación estatal destinada a la lucha contra la pobreza en Canarias. Así, Candelaria Delgado reiteró que la comunidad autónoma recibe actualmente recursos insuficientes -30 millones de euros- para hacer frente a una realidad social que presenta indicadores de vulnerabilidad superiores a la media estatal.

En este contexto, Delgado reclamó al Estado una financiación más ajustada a las necesidades reales del Archipiélago -en torno a 50 millones de euros más- y recordó las propuestas planteadas en el marco del denominado Decreto Canarias, que incluyen mejoras en la cooperación para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de las políticas de infancia, la cofinanciación de la dependencia y nuevas medidas en materia de vivienda. “No se puede reclamar a Canarias que haga más y al mismo tiempo callar cuando el Estado nos manda menos de lo que corresponde. No se puede pedir complementos aquí y aceptar que falten 50 millones allí. No se puede hablar de pobreza infantil y aceptar criterios de reparto que no miden correctamente la pobreza infantil real, la insularidad, el coste de vida y la vulnerabilidad de Canarias”, afirmó.

 

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El Servicio Canario de Empleo financia 38 proyectos para personas en riesgo de exclusión social

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, junto a la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez

El órgano, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, resuelve la convocatoria por casi cuatro millones de euros, para financiar proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral para 564 personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes o con discapacidad

El Servicio Canario de Empleo, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, ha concedido 3.993.664,32 euros a treinta y ocho proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, para 564 personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, que fueron convocados en régimen de concurrencia competitiva.

Según explicó la directora del Servicio, Dunnia Rodríguez, “el importe total se ha adjudicado a nueve proyectos de fundaciones y a veinticinco correspondientes a asociaciones y federaciones, siempre sin ánimo de lucro, porque el objetivo de esta línea de subvenciones es que cada euro llegue a las personas que más necesitan encontrar un puesto de trabajo”. En concreto, las fundaciones acumulan 903.169,92 euros subvenciones, mientras que los proyectos de las asociaciones y federaciones recibirán un impulso por 3.090.494,4 euros, como se puede consultar en el enlace https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios

De los tres ámbitos de actuación diferenciados en la convocatoria, veintisiete proyectos se ocuparán de acompañar a personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla en su recorrido vital hacia la inserción laboral; dos trabajarán con migrantes; y nueve lo harán con personas con discapacidad, un colectivo prioritario, “no solo para este Gobierno, sino también para el estatal y para el Consejo de la Unión Europea, como pudimos comprobar de primera mano el pasado ocho de diciembre”, recordó Elena Máñez, consejera del área en el Ejecutivo autonómico.

Máñez se refería así a su labor en Bruselas como representante de todas las comunidades autónomas de España, ante la formación de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del Consejo de la Unión Europea, en la que, precisamente, defendió que “a pesar de los logros obtenidos hasta la fecha y de las políticas públicas de empleo puestas en marcha, aún siguen afrontando obstáculos para acceder al mercado de trabajo, sufriendo un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que las personas sin discapacidad”.

La consejera señaló en aquella reunión cómo la inserción laboral es determinante en la vida de cualquier persona, para alcanzar una verdadera integración social y avanzó que en los presupuestos diseñados por su departamento para 2023 se va a dar un importante impulso a las políticas activas de empleo para los colectivos en exclusión.

Así, detalló que Canarias pondrá en marcha el próximo año un programa específico para personas con discapacidad y problemas de salud mental, por 3 millones de euros, que se unirá a los programas que ya tiene implantados, como estos Itinerarios integrados para la inserción laboral personas con necesidades formativas especiales, a los que se destinarán 7 millones de euros en 2023; la inserción laboral de personas con discapacidad que contará con casi 11 millones de euros el próximo ejercicio, o las subvenciones a empresas de inserción, que alcanzarán los 5 millones de euros, entre otras actuaciones.

 

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El Servicio Canario de Empleo concede ayudas por 3,9 millones para inserción de personas en riesgo de exclusión

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo subvenciona a 21 entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas experimentales de acceso laboral a colectivos vulnerables durante el ejercicio 2022

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), concede subvenciones por un valor de 3.943.759,75 a 21 entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas experimentales con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas paradas en riesgo de exclusión durante el ejercicio 2022.

Tras publicar este miércoles la resolución de la convocatoria, por sistema de concurrencia competitiva, el organismo presidido por la consejera Elena Máñez cita ahora a las entidades beneficiarias para la próxima firma de los preceptivos convenios de colaboración antes de la inmediata transferencia de los fondos otorgados y el próximo inicio de los planes integrales, con una duración máxima de doce meses, mediante acciones de información, orientación, asesoramiento, formación o prácticas con la finalidad de favorecer los procesos de inserción laboral por cuenta ajena o propia del colectivo parado con mayor vulnerabilidad social.

Además de garantizar la contratación del 35% de las personas participantes, al menos, los programas experimentales priorizan los proyectos dirigidos a jóvenes menores de 30 años, sin formación ni experiencia laboral o inferior a tres meses, y personas desempleadas de larga duración, junto a aquellas iniciativas con acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad, en especial en turismo, agricultura, construcción, medio ambiente y energía renovable, nuevas tecnologías, actividades sanitarias o sector naval.

Casi tres millones para formación y contratación de un mínimo de 118 personas

Por otro lado, el SCE también resolvió la convocatoria de subvenciones a 17 entidades por importe de 2.907.088,63 durante 2022 para programas de formación con compromiso del 40%, al menos, de las 294 personas paradas participantes, es decir, al menos 118 trabajadores y trabajadoras.

Entre los diversos requisitos de las acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, destaca un compromiso de contratación para el 40% del alumnado final durante seis meses como mínimo en caso de jornada completa y de nueve meses a tiempo parcial.

Más información en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo

 

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Casi 8.500 familias canarias reciben la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto

Derechos Sociales incorpora a más de 800 unidades de convivencia en el último mes, su dato más alto desde octubre de 2017

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha incorporado a 800 nuevas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto. En total, esta contribución del Ejecutivo regional a familias en situación de vulnerabilidad social alcanza en el pago de este mes a 8.476 personas, la cifra más alta desde el mes de octubre de 2017.

El área dirigida por Noemí Santana ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias vulnerables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, ya que en el momento de tomar posesión en el mes de julio de 2019 eran 5.687 las que se beneficiaban de esta prestación.

La consejera destaca los cambios introducidos durante la presente legislatura para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta medida. “Esto no es casualidad. Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que han sido cuatro durante estos dos años de gobierno. Esto ha hecho que se mejore y se amplíe esta prestación”, subrayó.

Por su lado, Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, explica además que en las coordenadas de la Consejería se encuentra la inclusión de nuevas altas en el sistema. “Estimamos que este dato seguirá al alza en los próximos meses por la agilización de las renovaciones y solicitudes de inicio que estamos haciendo”, señaló.

La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, a su vez, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo.

La Prestación Canaria de Inserción se complementa a lo largo de esta legislatura con el impulso desde el área de Derechos Sociales del Ingreso Mínimo Vital. Dicha prestación ha contado desde el momento de su implantación con 15.467 resoluciones positivas.

Estas medidas se mantienen dentro de la hoja de ruta del área de Derechos Sociales, que apuesta por otras acciones que se resolverán en un futuro cercano, tal y como explica la consejera Noemí Santana. “Nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos dejar a nadie atrás y, por eso, el próximo año será una realidad una Renta de Ciudadanía que amplíe los derechos de nuestra gente. Pero, mientras tanto, queríamos modificar las prestaciones ya existentes para proteger a la gente ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir”, expuso.

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La consejera de Juventud, Noemí Santana, visita el proyecto «Cultiva y Comparte»

Por primer vez, la sede de la Dirección General de Juventud se abre al uso público de su espacio

Después del verano comenzará el proyecto “Cosechando igualdad” con jóvenes de 7 entidades, de los cuales el 86% son personas con discapacidad y el resto han salido de recursos de atención a la exclusión social tras cumplir la mayoría de edad, con lo que complementan sus terapias o encuentran una nueva opción laboral

“¿Alguien se imaginaba hasta ahora que un espacio del Gobierno se abriera a que fuera usado por una asociación para hacer un huerto urbano y un proyecto de inclusión? Pues ya es una realidad”, aseguró con satisfacción la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la visita, junto con la directora general de Juventud, Laura Fuentes, al grupo de jóvenes que participa en el huerto terapéutico desarrollado por la Asociación Bienestar Ambiental, en colaboración con el Gobierno de Canarias, en el Centro Atlántico de Juventud, en La Laguna.

“Ceder espacio del Gobierno para proyectos sociales es ejemplo de Gobierno participado” aseguró Noemí Santana que felicitó el impulso dado a la sede de la Dirección General de Tenerife donde “solo en la última semana se han dado formaciones en igualdad, se imparten clases de español a migrantes o se realiza este proyecto del huerto urbano”

El proyecto de huertos urbanos, inclusión y diversidad “Cultiva y comparte”, financiado por la Dirección General de Juventud, consiste en la creación y mantenimiento de huertos urbanos ecológicos, que se han complementado con talleres de reciclaje y de cocina saludable realizados con los productos recolectados del huerto. Participan población escolar local y jóvenes con discapacidad.

La directora general de Juventud explicó que después del verano el huerto crecerá con el proyecto “Cosechando igualdad” en el que participarán jóvenes de 7 entidades, de los cuales el 86% son personas con discapacidad (organizaciones sin ánimo de lucro y alumnas/os de los Colegios Echeyde I y Echeyde II, con grupos en tránsito a la vida adulta) y el 14% restante, jóvenes en exclusión o riesgo de padecerla, que han salido de los recursos una vez cumplen la mayoría de edad.

“Esta actividad -argumentó Laura Fuentes- mejora tanto el estado físico como emocional de quienes participan, su autonomía y creatividad, el trabajo en equipo, nos mejora el entorno, y cumple una doble función, tanto terapéutica como abrir nuevas expectativas laborales”.

La coordinadora del proyecto, Marta Bohórquez, agradeció a la Dirección General su implicación para realizar esta actividad en la sede de Tenerife y trabajar conjuntamente.  “Cultivar vegetales contribuye a la organización y estructura mental, mientras que la manipulación de la tierra ayuda a mejorar problemas físicos y de coordinación del movimiento”.

En el huerto han trabajado escolares y jóvenes con discapacidad

Entre las actividades se desarrollarán talleres teórico prácticos de manejo del huerto ecológico y de producción y obtención hortalizas de temporada, de realización de compost y elaboración de productos ecológicos para el control de plagas y enfermedades, Talleres de reciclaje de materiales para la construcción de mobiliario agrícola (compostadora, mesas de cultivo, etc.), Talleres de cocina saludable con los productos recolectados del huerto y Talleres entre entidades, compartiendo experiencias y socializando los beneficios obtenidos.

En los huertos cada usuario tiene un rol dentro de un equipo de trabajo que fortalece la socialización de cada participante y la autoestima. Fomenta la educación en valores y se promueven las buenas prácticas individuales y ambientales como la gestión de residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica y recuperación de usos y costumbres tradicionales.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visita la asociación Oportunidades de Vida

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recordó que se ha otorgado más de 100.000 euros a la entidad social para la financiación de proyectos para la atención de familias en situación de exclusión social

Santana visitó también el nuevo dispositivo de atención a menores extranjeros no acompañados que gestiona la asociación social

“Para el Gobierno canario es de vital importancia seguir apostando por aquellos proyectos, programas y entidades que tengan como objetivo fomentar y potenciar la inclusión social de las familias y personas que peor lo están pasando, sobre todo, en momentos de grave crisis social como los que vivimos en la actualidad”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que llevó a cabo hoy a la sede de la organización de la Asociación Oportunidades de Vida con el fin de conocer la labor de la entidad.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por el presidente de la Asociación, Rafael Hernández, Santana alabó la labor que realizan las organizaciones sociales “para llegar donde muchas veces la administración no llega”.

“Somos conscientes de que debemos trabajar de la mano con las asociaciones que están en primera línea con las personas más vulnerables. Y no debemos darle respaldo solo con palabras, si no con una financiación acorde a la labor que están realizando”, aseguró la consejera.

A este respecto, aclaró que la Dirección general de Derechos Sociales ha concedido más de 100.000 euros a financiar diversos proyectos de atención a familias y personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla impulsados por esta organización social impulsados por Oportunidades de Vida, y anunció la próxima convocatoria de subvenciones ordinarias de la Dirección general de Derechos Sociales, con un incremento del 25% con respecto a la anterior convocatoria de ayudas, que junto a la convocatoria de ayudas vinculadas al IRPF, dotada con un total de 9 millones, permitirá llegar a un total de 20 millones de euros en ayudas para la financiación de proyectos y programas sociales en 2021.

Por su parte, el presidente de la entidad, Rafael Hernández, explicó que en 2020, la entidad atendió a 1.700 familias con ayudas en alimentos, ropa y alquiler, ayudas de las que se han beneficiado menores, mayores, mujeres víctimas de violencia de género, etc..

“El sentido de nuestro trabajo es colaborar con lo que la sociedad canaria necesita”, indicó Hernández, quien recordó que en 2020, la entidad repartió 177 toneladas de alimentos entre las familias que más lo necesitaban.

Atención de menores extranjeros no acompañados

Igualmente, la consejera de Derechos Sociales hizo también referencia al apoyo de la entidad a la atención de menores extranjeros no acompañados, ya que Oportunidades de Viga ha comenzado a gestionar recientemente un dispositivo de emergencia para menores inmigrantes no acompañados, en el que se atiende a un total de 40 menores.

La Asociación Oportunidades de Vida, puesta en marcha en el año 2015, es una entidad sin ánimo de lucro cuya labor se centra en la mejora de la condición de vida de aquellos colectivos en exclusión social, mejorando la relación afectiva de las familias, en la integración de menores, juventud, adultos y mayores, en riesgo de exclusión social.

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