Las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía se han incrementado casi un 30 % en la presente legislatura, protegiendo a más de 22.000 personas en todas las islas
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias moviliza más de 272,3 millones de euros a través de distintas líneas de prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación destinadas a atender las necesidades de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo se articula mediante la colaboración con los ayuntamientos, las entidades del tercer sector y otros agentes sociales, con el objetivo de ofrecer respuestas a las dificultades económicas y sociales que afrontan miles de hogares en las islas.
Así lo expuso hoy (viernes 23) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, donde indicó que “la protección de las familias más vulnerables exige una respuesta pública amplia, coordinada y capaz de adaptarse a las necesidades reales de cada hogar. No hablamos únicamente de prestaciones económicas, sino de garantizar que las familias puedan acceder a la alimentación, cubrir los gastos esenciales, atender a sus hijos e hijas y contar con apoyos que les permitan afrontar las dificultades con mayor seguridad”.
Entre estas actuaciones destaca la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias destinada a financiar proyectos de entidades sociales dirigidos a hogares con menores en situación de pobreza, exclusión social o privación material severa. La línea, que partía de un crédito inicial de 918.872 euros, se ha ampliado hasta alcanzar los 2.621.224,60 euros distribuidos entre las familias, casi el triple de la previsión presupuestaria inicial.
La convocatoria permite financiar proyectos que atienden necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa, material escolar y comedor, alquiler y suministros, así como servicios de conciliación, escuelas infantiles, atención socioeducativa, mediación y orientación familiar. Los proyectos aceptados pueden recibir financiación de hasta el cien por cien, con ayudas de entre 8.000 y 80.000 euros por proyecto y un máximo de 160.000 euros por entidad.
“Detrás de cada una de estas actuaciones hay necesidades concretas que requieren una respuesta: una familia que necesita apoyo para cubrir los gastos básicos, menores que precisan material escolar o servicios de atención socioeducativa, o progenitores que necesitan recursos para conciliar. Por eso es fundamental trabajar con las entidades sociales, que conocen de cerca la realidad de las familias y permiten que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, señaló Delgado.
Una red de protección que abarca distintas necesidades
Candelaria Delgado subrayó que “la política social no puede medirse a partir de una única convocatoria, porque las necesidades de las familias tampoco se limitan a un solo ámbito. Es necesario combinar las ayudas económicas con los servicios de proximidad, los recursos para la infancia, la inclusión social y los apoyos a los cuidados. Esa coordinación es la que permite ofrecer respuestas más completas y ajustadas a cada situación”.
La convocatoria para familias con menores forma parte de una red de recursos más amplia que incluye prestaciones económicas, financiación de los servicios sociales municipales, programas de atención a la infancia, iniciativas de inclusión social y medidas para facilitar los cuidados y la conciliación.
En este ámbito, la red municipal de servicios sociales moviliza alrededor de 97 millones de euros, de los que aproximadamente 42 millones son aportados por la Consejería, y presta atención a unas 450.000 personas. A esta financiación se suman otros 4,8 millones de euros acordados en 2026 con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para reforzar las prestaciones sociales básicas municipales, incluidos el personal, el funcionamiento de los servicios, la ayuda a domicilio, la prevención y la inserción social.
Asimismo, el Gobierno de Canarias destina siete millones de euros a los programas municipales de atención a la infancia y las familias en los 88 ayuntamientos, y otros siete millones a proyectos de inclusión social e inmigración, 200.000 euros más que el año anterior.
La financiación procedente del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades moviliza 19,48 millones de euros para desarrollar 431 proyectos de 138 entidades sociales, que sostienen 1.846 empleos y cuentan con la colaboración de más de 7.600 personas voluntarias. Por su parte, el Plan Corresponsables dispone de 9,4 millones de euros para servicios de cuidados y conciliación que también llegan a los municipios.
A estas actuaciones se añade la Renta Canaria de Ciudadanía, con más de 113 millones de euros destinados a proteger a 22.000 personas, cuyas cuantías han aumentado casi un 30 % desde 2023. También se incluye el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, que cuenta con 16,8 millones de euros y contempla una ayuda de hasta 400 euros anuales para cerca de 42.000 personas perceptoras.
Candelaria Delgado explicó en su intervención que “sabemos que todavía hay familias que atraviesan situaciones muy difíciles y que debemos seguir mejorando las respuestas. Nuestro compromiso es mantener una política social que combine recursos económicos, atención cercana y colaboración con los municipios y las entidades sociales, porque proteger a las familias significa también proteger a la infancia y generar mejores oportunidades para el conjunto de la sociedad canaria”.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias mantiene estas líneas de actuación en un contexto en el que persisten situaciones de pobreza, dificultades económicas y problemas de conciliación que afectan a numerosos hogares canarios. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos y de las entidades que trabajan directamente con las personas en situación de vulnerabilidad.






