El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone el acento en la importante responsabilidad de su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía
El presupuesto de esta consejería para el próximo año aumenta un 12,6% respecto a 2022 y un 33,5% en relación a 2019
Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, con el objetivo de ser un servicio público más accesible y eficiente
En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, con 122.108.729 euros, destaca la estabilización del empleo público, la mejora de la atención a la ciudadanía y de la conectividad de los centros públicos, así como la simplificación de los procedimientos
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado esta semana, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de presupuestos elaborado por su departamento para 2023, unas cuentas que ascienden a 405.958.640 euros, un 12,6% más que el año pasado, y que, en su opinión, suponen “una mayor responsabilidad –más dinero, más responsabilidad–, y un desafío, porque cada vez es más importante ser capaz de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos y producir resultados que sean tangibles, apreciables, duraderos y no reversibles”.
Durante su intervención en la comisión de Presupuestos de Hacienda, Julio Pérez ha puesto el acento en la enorme responsabilidad que tiene su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es mayor más en los actuales momentos de incertidumbre por falta de confianza en el futuro, situación a la que han tratado de hacer frente los empleados y las administraciones públicas.
Según ha explicado, estas cuentas, que registran un incremento del 33,5%, con respecto a las consignaciones de 2019, tratan de consolidar los grandes ejes que se marcó la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura: transformación digital, evaluación de los servicios públicos basada en datos, estabilidad del empleo público, dirección por objetivos, transparencia y participación ciudadana, además de la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción política y presupuestaria.
Julio Pérez ha indicado que el área de Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, un 5,85% más que en 2022 y un 15% más que en 2019, con el objetivo principal de que sea más accesible y eficiente. Con este propósito, sus programas presupuestarios responden al desafío de lograr una tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica, además de ofrecer unos servicios de calidad en la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.
En este sentido, ha destacado la consolidación del incremento del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con una partida de más de 23 millones de euros; el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, con casi 150.000 euros y el crédito que se generará por la transferencia del Consejo Territorial de Memoria Democrática; los Puntos de Encuentro Familiar, 920.000 euros, completados con fondos adicionales aportados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el plan de infraestructuras, con más de seis millones de euros, para nuevos órganos judiciales y la mejora y ampliación de los actuales; y la estrategia de transformación digital para la modernización de la Administración de Justicia, que junto a las aportaciones propias de casi tres millones de euros incorpora tres millones y medio de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Administraciones Públicas y Transparencia
El área de Administraciones Públicas y Transparencia, cuyo presupuesto asciende a 122.108.729 euros, un 24,74% más que en 2022 y un 61,9% más que en 2019, tiene, entre otros objetivos, la estabilización del empleo público y la reducción del exceso de temporalidad, para lo cual en 2023 se desarrollarán los procesos de selección de personal funcionario en ejecución de las OEP 2019, 2020, 2021 y 2022, y las dos OEP extraordinarias para la estabilización de empleo temporal –3.499 puestos de trabajo–, el impulso del Gobierno Abierto y el buen gobierno y la mejora de la ciberseguridad en la Administración Pública.
El consejero ha destacado partidas como el Sistema Integral de Atención No Presencial al Ciudadano, el muy conocido y utilizado servicio telefónico 012, con 23.663.388 euros, que incorpora nuevas funciones; la mejora de la conectividad de 500 centros públicos de referencia, incluidos centros educativos y de salud, con 7.350.902; y la simplificación y racionalización de procedimientos, financiado con fondos MRR.
Igualmente, ha advertido del incremento registrado en Transparencia y Participación Ciudadana, debido a los gastos ocasionados por el proceso electoral del próximo año, que ascienden a más de seis millones de euros, y ha llamado la atención sobre el incremento del 22,74% de la partida del Fondo Canario de Financiación Municipal, hasta alcanzar los 358.805.079 euros.
Mención especial ha tenido para Seguridad y Emergencias, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, un 20,79% que en 2022 y un 75,3% más que en 2019, y con un buen número de actuaciones financiadas con fondos propios, el alquiler de helicópteros multifuncionales, por ejemplo, y fondos Next Generation REACT-EU, la adquisición de vehículos contraincendios.
El proyecto de presupuestos recoge también el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a la incorporación de nuevos efectivos, el perfeccionamiento del programa HIPATIA, dentro del área de Relaciones con el Parlamento, la culminación de la implantación del expediente electrónico en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y un incremento de más de un 11% de los fondos destinados a la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP).
