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Torres garantiza que se cumplirán los plazos para la estabilización del personal público

Pleno del Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias subraya en el Parlamento que la mayoría de los sindicatos apoyan el proceso que lidera el Gobierno de Canarias y se muestra convencido de que en 2024 se acabará con una situación que no resolvieron los ejecutivos anteriores

Torres destaca la creación de empleo en mayo pasado, mes poco propicio pero en el que bajó el paro en casi 6.000 personas; recalca que ahora hay más afiliados a la Seguridad Social en las Islas que en toda la serie histórica

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó hoy, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento regional, que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo y cumplirá con los plazos de la Ley estatal 20/2021, de 28 de diciembre y sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En respuesta a una pregunta de la oposición, Torres subrayó que, antes de que concluya 2023, saldrán las bases y convocatorias de todos los concursos junto con los ayuntamientos y cabildos, y que, tal y como exige la UE y propicia el Gobierno central con esa ley, en 2024 se acabará con las situaciones de temporalidad, “que duran años, lustros y, en muchos casos, décadas” en distintas administraciones públicas de las Islas.

El jefe del Ejecutivo regional considera llamativo que algunos integrantes de la oposición sean muy duros con este Gobierno, que lleva tres años tratando de resolver este problema, y a la vez comprensivos con los que no lo solucionaron durante tanto tiempo. Además, y aunque subrayó que cualquier trabajador y sindicato tienen derecho a discrepar de las decisiones que se adoptan, Torres dijo que la mayoría de las centrales sindicales están en sintonía con el Gobierno de Canarias y que lo ideal es que los partidos apoyen este esfuerzo y sean “coherentes con el presente, el futuro y el pasado”.

El presidente rechazó en la misma sesión parlamentaria la demagogia sobre los servicios públicos de hemodonación y hemoterapia, remarcó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y sostuvo que se responderá a todos los recursos que se puedan presentar. También insistió en que ya se han consensuado y aprobado las plazas para regularizar mediante aquel proceso legal unos 33.000 puestos de trabajo, con especial protagonismo de las áreas de Sanidad, Educación, Justicia y Administraciones Públicas.

Torres además se refirió a la reciente firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) de 2022, acto que tuvo lugar en La Palma el pasado 1 de junio, e indicó que no se trata de un plan caprichoso, sino que forma parte del Estatuto y del REF, “por lo que es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno central”, aunque no se dotara económicamente en varios años bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

El presidente confía en que los 42 millones actuales puedan aumentar en el futuro, destaca que en su legislatura al frente del Ejecutivo se haya ido adelantando la fecha de la firma, que Canarias haya sido reconocida como una de las comunidades que más y mejor ejecuta su plan de empleo y además el hecho de que este vaya dirigido, sobre todo, a mejorar la igualdad de oportunidades formativas, de puestos de trabajo e ingresos laborales, al enfocarse en parados de larga duración, mujeres, jóvenes y otras personas vulnerables, en algunos casos hasta de familias que no tienen otros ingresos que los que perciben del PIEC.

Para ello, se destinan 25 millones a iniciativas de empleo social, en coordinación con los 88 ayuntamientos isleños, así como 6 millones para autónomos y 4 para el fomento de ocupaciones especializadas muy demandadas en el Archipiélago, entre otras actuaciones.

Los datos del paro desmontan las tesis “apocalípticas” sobre la reforma laboral

En relación precisamente con la calidad del empleo en las Islas, Torres aprovechó otra pregunta para mostrar su “moderado optimismo” con los datos del paro en el pasado mayo, “mes históricamente poco propicio y en el que, sin embargo, bajó la cifra de desempleados en casi 6.000 personas gracias a la sociedad canaria y a la actual generación y recuperación económica”.

El presidente considera muy importante, además, que la mitad de los nuevos contratos sean indefinidos y cree que así se desmontan “los mensajes apocalípticos” de formaciones como el PP respecto a la reforma laboral del Gobierno central, la subida del salario mínimo interprofesional o la creación de una renta básica. “Cuanto mejores retribuciones hay, más se consume, se crea más economía y se comparten más los beneficios”, resumió, al tiempo que recalcó que Canarias presenta ahora el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica.

Torres insiste en su “moderado optimismo”, pero advierte de la alta inflación y del lastre económico que sigue suponiendo la ilegítima invasión rusa de Ucrania, si bien destaca los datos turísticos y confía en que las buenas cifras se confirmen en estos meses de verano y con la temporada alta a partir de otoño. “Podrán venir curvas -afirmó-, pero cogen a Canarias mejor preparada”.

Sobre el caso de las mascarillas que investiga la Fiscalía, remarcó que el Gobierno “no tiene nada que ocultar y no escatimará iniciativas para recuperar los 4 millones de euros”. Torres recordó que, desde que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad lo plantearon, se ha llevado el caso a la Justicia.

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Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta la “importancia moral” de este proceso frente a los afectados

Destaca que las OEP tienen como objetivos reducir la temporalidad, dotar de seguridad jurídica a la Administración y a las personas en situación anómala, y cumplir con la legalidad vigente y con el programa del Gobierno

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad traslada al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia que corresponden al Ministerio su voluntad de resolver su singular situación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que las ofertas de empleo público (OEP) para reducir la temporalidad, que en su conjunto superan las 23.000 plazas, tienen razones constitucionales y legales, y ha resaltado la “importancia moral” de la estabilización frente a los afectados, además de considerarla imprescindible para abordar la reforma de la Administración Pública.

Julio Pérez ha destacado que los objetivos de estas OEP son cumplir la ley y la Constitución, resolver el problema de la temporalidad, que afecta al 30% del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, proporcionar estabilidad y dar seguridad jurídica, tanto a la Administración como a las y los empleados públicos y sus familias, y cumplir el programa y los propósitos del Ejecutivo canario.

El consejero ha contestado así a una pregunta parlamentaria sobre los objetivos del proceso de estabilización del personal interino, y ha señalado que es relativamente simple en su definición, pero complejo en su ejecución.

Al respecto, ha detallado el desarrollo del mismo, para lo que ya se ha identificado el número de plazas. El siguiente paso -ha explicado- pasa por elaborar las bases que regirán las OEP, lo que se realizará junto con la Fecai, la Fecam y los sindicatos, y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2023, comenzarán a ejecutarse los procesos selectivos.

Ha indicado que una de cada tres personas empleadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma está en situación anómala, más de la mitad en Sanidad, otra parte importante en Educación y en menor medida en Administración General, así como un pequeño número, en comparación con el total, en Justicia.

Respecto al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias en situación de temporalidad, cuyas plazas no han sido incluidas en las OEP, el consejero ha precisado que se trata de una situación singular, al considerar Función Pública y los Servicios Jurídicos que la estabilización de dicho personal corresponde al Ministerio de Justicia.

No obstante, Julio Pérez ha apuntado que momentos antes del inicio de la sesión plenaria había tenido lugar una reunión de su departamento con las personas afectadas, a quienes se les ha trasladado su voluntad de resolver la situación y que la Consejería estudiará sus recursos, en caso de presentarlos.

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Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021

CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT intervendrán en una mesa redonda sobre la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público, moderada por la catedrática del Derecho del Trabajo de la ULL Margarita Ramos

Organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, puede seguirse tanto de forma presencial como a través streaming

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, ha organizado, en colaboración con la empresa LA LEY Formación, una jornada que, bajo el título ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público, y, en especial, el Decreto 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El plazo de inscripción, tanto para asistir de forma presencial, con un aforo limitado a 200 personas, como vía streaming, ya está abierto.

La jornada, que tendrá lugar el viernes 22 de abril, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, será inaugurada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, y contará con la presencia, entre otros, de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, quien disertará sobre los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Autora del Manual de Derecho del Empleo Público, editado en 2021 en Valencia, Remedios Roqueta ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo (2008-2017) y magistrada suplente de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (2008-2014).

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Canaria (IC), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

Esta iniciativa, según la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, forma parte de los encuentros, reuniones y jornadas organizadas por este centro directivo con el objetivo de “fomentar la formación permanente, la reflexión y el debate sobre temas de interés para la administración”.

A su juicio, la situación de la temporalidad necesita de un análisis y reflexión conjunta de la Ley 20/2021 (y del Real Decreto-ley 14/2021), pues “su aplicación es compleja, porque tiene muchas aristas, y es vital que se haga con garantías”. De ahí que el propósito de estas jornadas sea “contribuir a despejar dudas y avanzar en los criterios que van a trasladarse a los procesos de estabilización”.

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El Gobierno anuncia la convocatoria de más de mil plazas de personal funcionario en los próximos meses

El Gobierno anuncia la convocatoria de más de mil plazas de personal funcionario en los próximos meses

Estas plazas se sumarían a los casi 500 funcionarios ya nombrados y a los 245 que lo serán este año fruto de procesos de selección que se están desarrollando

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad aboga por acelerar la convocatoria y los procedimientos de selección ordinarios, y simplificar y agilizar la selección del personal interino

Julio Pérez defiende la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta para alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación a quienes la padecen

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este martes que, con los nuevos procesos selectivos ordinarios que se van a llevar a cabo en los próximos meses, correspondientes a las OEP de 2019, 2020 y 2021, se van a convocar más de mil plazas de personal funcionario.

Además, según ha explicado, desde el inicio de la presente legislatura se han incorporado casi 500 nuevos funcionarios a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar 245 más que van a ser nombrados este año, fruto de los procesos de selección que se están desarrollando.

Julio Pérez ha señalado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento de Canarias, que una de las líneas esenciales que integran la política de su departamento, para mejorar las administraciones públicas y la selección de personal, es la aceleración de las convocatorias y la celebración de los procesos selectivos ordinarios, con el fin de que no haya demora y que la duración de estos se acorte.

“El medio normal de acceso de empleadas y empleados públicos -ha remarcado- no puede ser la interinidad o la temporalidad, deber ser el procedimiento general y ordinario de incorporación de nuestro personal, y no convertir la temporalidad en lo habitual”. En este sentido, ha indicado que “nuestro objetivo es que los procesos selectivos -oposiciones y concursos- se celebren regularmente y su duración sea la estrictamente necesaria”.

A su juicio, otras líneas esenciales para transformar las administraciones públicas en un instrumento útil, eficaz, motivado, estable y al servicio de la ciudadanía son simplificar y agilizar el procedimiento de selección de personal interino y eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha defendido la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva, alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación abusiva a quienes la padecen. Para ello, ha abogado por hacerlo mediante los procedimientos establecidos por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y a través de las competencias autonómicas, con la debida participación sindical.

Julio Pérez ha valorado también la creación de las listas de empleo complementarias a las vigentes, para el nombramiento del personal funcionario interino al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos autónomos y entidades, a las que se han inscrito 47.625 personas.

Ha calificado como positiva la idea de crear dichas listas, no solo por el número de personas, sino también por el procedimiento seguido, y porque es la primera vez que se forman listas para el empleo de interinos sin partir de procesos anteriores.

“No se entiende la función de estas listas si no se perciben como una pieza más de un conjunto de actuaciones que, en materia de personal, constituyen, en conjunto, una parte esencial de nuestra política de mejora de las administraciones públicas y de la selección personal”, ha subrayado Julio Pérez.

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Gobierno de Canarias y Secretaría de Estado de Función Pública abordan la reducción de la temporalidad

Gobierno de Canarias y Secretaría de Estado de Función Pública abordan la reducción de la temporalidad

Julio Pérez recuerda que su departamento ha mantenido contacto continuo con los sucesivos equipos del Ministerio para coordinar actuaciones en esta materia

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, ha mantenido esta semana una reunión en Madrid con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, para abordar la situación de temporalidad que afecta a parte del personal de las administraciones públicas, encuentro en el que Sánchez mostró la disposición de su departamento para colaborar con el Ejecutivo canario en esta materia para encontrar una solución a un problema que genera incertidumbre tanto para el personal como para las administraciones públicas.

La secretaria de Estado de Función Pública manifiesta que el Gobierno de España actuará en el marco de lo que establezca finalmente el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que se tramitará en el Congreso de los Diputados.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, recuerda que su departamento, él mismo y el propio viceconsejero han venido manteniendo un contacto continuo con los sucesivos equipos del Ministerio para coordinar las actuaciones de ambas administraciones dirigidas a la reducción de la temporalidad en el empleo público y para resolver la situaciones de los actuales empleados públicos interinos o laborales de larga  duración, que vienen reclamando que se les apliquen medidas que permitan su continuidad en los servicios públicos.

Sin dejar de recordar que la solución completa y legalmente segura tiene que llegar mediante normas de ámbito estatal y carácter básico, el consejero viene resaltando que tales normas podrán permitir que, en la regulación de los procesos selectivos y en otros aspectos, haya espacio para la actuación de los poderes públicos autonómicos, y Canarias ha reiterado su propósito de aprovechar ese espacio y actuar en lo que le sea posible. Prueba de ello son los acuerdos alcanzados con el Comité de Huelga de los empleados públicos interinos, actualmente en curso de ejecución. La Consejería, añade Pérez, viene reclamando y promoviendo la participación de todas las fuerzas sindicales para el abordaje de la cuestión y la búsqueda de soluciones definitivas y firmes.

Martínez califica como positivo el encuentro, en el que también estuvo presente la diputada del PSC- PSOE en el Congreso por Tenerife Tamara Raya, y durante el que trasladaron algunas cuestiones para resolver el conflicto laboral del personal temporal de la Administración Autonómica como el establecimiento de plazos para los procesos selectivos, así como las posibles soluciones que, dentro del marco legislativo estatal y canario, se puedan aplicar en las Islas para lograr empleos estables y de calidad.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de julio un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que será tramitado como Proyecto de Ley en el Congreso y cuyo primer paso es su remisión a la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

A este respecto, Martínez y Raya se reunieron también con el portavoz del PSOE en la citada comisión, José Luis Aceves, para conocer cómo va la tramitación y los plazos previstos para aprobar el proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y lograr una normativa que permita una mejor gestión del empleo y una solución satisfactoria tanto para el personal como para las distintas administraciones públicas.

 

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