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El Servicio Canario de Empleo ofrece lengua de signos para la formación e inserción laboral de personas sordas

Firma convenio Fasican

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias firma un convenio de colaboración durante cuatro años con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), Óscar Hernández, firmaron este lunes un convenio de colaboración para prestar apoyo mediante la utilización de lengua de signos a la ciudadanía con dificultades auditivas en las acciones de formación y otros trámites del Servicio Canario de Empleo (SCE) con el objetivo de mejorar la inserción laboral del colectivo.

Con una vigencia de cuatro años, el documento permite, por primera vez, que el SCE financie los gastos de Fasican para proporcionar una persona intérprete de lengua de signos española con la finalidad de facilitar la completa participación del colectivo con dificultades auditivas en las políticas activas de empleo y en la asistencia directa a la plantilla del organismo público de cara a la correcta atención de la ciudadanía con necesidades especiales.

“Es una demanda de hace mucho tiempo y ahora tenemos la oportunidad de corregir una discriminación, porque cuando desde la administración no facilitamos la eliminación de estas barreras no respetamos los derechos de este colectivo”, destacó Elena Máñez antes de informar de la constitución de una mesa de seguimiento para introducir próximas mejoras en el acuerdo de colaboración.

También Óscar Hernández se mostró “muy satisfecho” con la firma del convenio, realizada en la capital grancanaria, al argumentar que “la formación en materia de empleo es fundamental ya que sin un puesto de trabajo no se puede conseguir una vida digna, por lo que este es un gran paso”.

Además de la consejera de Economía y el presidente de Fasican, participaron en el acto la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas (Asorlaspalmas), Javier Pérez, con la asistencia de una intérprete de lengua de signos española del colectivo.

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El Servicio Canario de Empleo ofrece ayudas por valor de 7,5 millones para formar y contratar a 550 jóvenes

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las bases y convocatoria para los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil de corporaciones locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro en 2020

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de 7.519.703,98 euros para las corporaciones locales, universidades públicas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil (PFAE-GJ) en el ejercicio de 2020.

Publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera de Economía como presidenta del SCE, Elena Máñez, beneficiará a unas 550 personas jóvenes de 16 a 30 años desocupadas sin o con baja cualificación profesional y no integradas en los sistemas de educación o formación, al facilitar la adquisición de aptitudes y competencias necesarias para mejorar su empleabilidad y lograr su inserción en el mercado laboral de forma estable y duradera.

Cofinanciadas al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en el marco del Fondo Social Europeo, las ayudas a las acciones mixtas de formación y contratación se convocan bajo el régimen de concurrencia competitiva en un periodo clave, además, para afrontar el actual proceso de reactivación económica como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De hecho, el impulso de las políticas activas de empleo, como la nueva edición de los proyectos PFAE-GJ, figura entre las prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la enfermedad por coronavirus.

Según la resolución publicada en el BOC, que incluye tanto las bases reguladoras como la convocatoria vigente, las entidades interesadas disponen de 20 días de plazo para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es).

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El SCE aprueba el acuerdo marco con la Fecam para los planes extraordinarios de empleo frente a la COVID-19

Reunión Consejería Economía

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo contempla 30 millones para la contratación de 5.250 personas paradas por los municipios con cargo a los fondos estatales del PIEC 2020 y en el marco del Pacto para la Reactivación ante la pandemia por coronavirus

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes el acuerdo-marco de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el desarrollo de los planes extraordinarios durante el periodo 2020-2021 por importe de 30 millones de euros en favor de la contratación de 5.250 personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga duración o como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Bajo la presidencia de la consejera de Economía, Elena Máñez, el órgano colegiado de participación y programación del SCE, integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, avaló el documento para su posterior firma con la Fecam en el marco de las acciones financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), aprobado por el Consejo de Ministros con 42 millones a mediados de julio.

A principios de agosto, dos meses antes con respecto al pasado año, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, suscribieron el convenio para la transferencia de los fondos del PIEC con el objetivo de impulsar las políticas activas de empleo necesarias ante la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, en cumplimiento así también del conjunto de medidas previstas en el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

En concreto, el Consejo General de Empleo emitió el preceptivo informe favorable al acuerdo-marco para que los ayuntamientos, mancomunidades o entidades dependientes realicen proyectos con una duración máxima de doce meses correspondientes a una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social, dotado con 20 millones, y a un nuevo Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (Pecovi), provisto con 10 millones para prevenir la expansión del coronavirus en los municipios canarios.

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del órgano colegiado a través de medios telemáticos el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, junto a representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO).

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Canarias contará con un PIEC COVID-19 dotado con 42 millones para impulsar políticas activas de empleo

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valora la premura del Gobierno de España al aprobar el Plan Integral de Empleo, “una muestra de sensibilidad con la especificidad de Canarias en la crisis de la pandemia”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valoró este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la transferencia a Canarias de 42 millones de euros para políticas activas de empleo orientadas a combatir el desempleo y acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la crisis de la COVID-19. Así, la consejera destacó “la premura” con la que el Gobierno de España ha dado luz verde al PIEC, lo que supone “una muestra de sensibilidad por parte del Estado con las especificidades canarias en el marco de la pandemia”.

A falta de la firma del convenio para la transferencia de los fondos, que se prevé tenga lugar en las próximas semanas, Máñez destacó que el Ejecutivo estatal “ha cumplido su compromiso con el Archipiélago” y Canarias ya cuenta “con un PIEC COVID-19, un instrumento fundamental para hacer frente a la crisis y ofrecer a las personas desempleadas de las Islas todas las garantías necesarias para superarla, avanzando de esta manera en las acciones previstas en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.

En este sentido, la consejera detalló que gracias a los 42 millones del PIEC se pondrá en marcha la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros, y del Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (PECOVI), dotado con 10 millones de euros y destinado a la contratación de personas desempleadas como consecuencia de la pandemia. Ambas medidas fueron presentadas recientemente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Asimismo, los fondos del PIEC permitirán articular el Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) con los cabildos insulares, presentado también la semana pasada, que estará dotado con 5 millones de euros; un plan de choque de formación en los sectores económicos más afectados por el cierre de empresas a causa de la pandemia, dotado con 2 millones de euros; y un plan para la modernización de las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), dotado con 1 millón de euros. Las partidas se completan con un paquete de medidas para impulsar proyectos de empleo y apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas, por importe de 4 millones de euros.

Negociación con el Ministerio

Máñez explicó que la aprobación del PIEC para 2020 es fruto del diálogo permanente y de las negociaciones entabladas por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, gestiones que “han permitido agilizar el procedimiento y tener los fondos autorizados dos meses antes que el año pasado”. En esta línea, destacó también la importancia del diálogo social a la hora de definir las políticas activas de empleo necesarias para plantar cara a la COVID-19 y para lograr la aprobación, “con la máxima celeridad”, del nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias.

“Esta apuesta por la búsqueda de soluciones compartidas y por defender el hecho diferencial de Canarias, siempre desde el diálogo, nos ha permitido contar ya, en el mes de julio, con estos fondos tan necesarios para nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

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Elena Máñez presenta a los cabildos un plan de empleo para la transición ecológica por cinco millones de euros

Reunión con la Fecai

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo aborda con la Federación Canaria de Islas un proyecto piloto para la contratación de personas desempleadas en proyectos de economía verde y circular

“Es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo y hay que hacerlo generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este miércoles a la Federación Canaria de Islas (Fecai) un Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), por importe de cinco millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la contratación por parte de los cabildos de 520 personas en situación de desempleo durante este año para la ejecución de proyectos vinculados al desarrollo sostenible y las economías verde y circular. “Para Canarias es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo, más en estos momentos de crisis económica, y hay que hacerlo desde el ámbito económico, generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”, afirmó.

Según Máñez, este “proyecto piloto”, impulsado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), permitirá avanzar en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Así, la consejera afirmó que el plan, que tendrá una duración de unos 6 meses, ha sido puesto en valor por todos los cabildos, “que comparten la importancia de una iniciativa de estas características y de avanzar en la diversificación económica de las Islas”.

Margen a los cabildos

En este sentido, detalló que se contempla que cada corporación insular “tenga el margen suficiente a la hora de diseñar los proyectos”, poniendo como único requisito que estos “estén orientados a actividades de transición ecológica, economía circular o economía verde”. “Cada isla es una realidad distinta, con sus propios proyectos de desarrollo económico”, afirmó. Esta nueva propuesta se viene a sumar a otras que el SCE ya tiene en marcha en colaboración con los cabildos y que suponen 16,9 millones de euros y 3.600 personas desempleadas beneficiarias.

Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, afirmó que la transición ecológica supone “otro nicho de empleo importante, al igual que el resto de los sectores” y, en este sentido, destacó la importancia de “iniciar proyectos piloto para generar empleo, una prioridad importante en estos momentos de grave crisis”. “En definitiva, diversificar la economía y el empleo”, concluyó.

La consejera estuvo acompañada en la reunión por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, mientras que por parte de la Fecai, además de Juan Díaz, el resto de representantes políticos de las corporaciones participó de manera telemática.

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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El Gobierno de Canarias destinará más de 50 millones de euros hasta final de año para combatir el desempleo

Elena Máñez

Máñez presenta la hoja de ruta de la Consejería para dar cumplimiento al Pacto de Reactivación Social y Económica con 4 ejes en materia de empleo: planes especiales de empleo, apoyo y asesoramiento, formación y modernización administrativa

El Gobierno de Canarias destinará hasta final de año más de 50 millones de euros a combatir el desempleo. Así lo anunció la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para informar de la situación actual del empleo, los objetivos y acciones a desarrollar en esta materia por su departamento, intervención en la que dio cuenta de la hoja de ruta de la Consejería para dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en materia de empleo, en base a cuatro ejes: planes especiales de empleo; apoyo y asesoramiento; formación y flexibilización y flexibilización y modernización administrativa.

En materia de planes de empleo, Máñez explicó que se contará con una parte de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de otros del Servicio Canario de Empleo (SCE) “que hemos reconducido, en un tiempo récord, para ponerlos a disposición de la nueva situación generada por la COVID-19”. Entre las principales medidas que se activarán, y que estarán incluidas en el futuro Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, se encuentra un plan de empleo turístico en los municipios de mayor afluencia más afectados por la pandemia, dotado con 10 millones de euros y enfocado a actividades como el embellecimiento de zonas turísticas, vigilancia y concienciación de la ciudadanía sobre medidas sanitarias. Además, se destinarán otros 10 millones de euros para planes de empleo COVID-19, dirigidos a personas desempleadas afectadas por la crisis sanitaria, principalmente con cargas familiares y familias monoparentales sin empleo.

Asimismo, se dotarán otros 5 millones para un plan de transición ecológica que se ejecutará a través de los cabildos, de manera alineada con la Agenda 2030 y que estará vinculado a las nuevas economías azul y circular. Por último, la consejera informó de otra medida, dotada con 20 millones, para reeditar los planes de empleo social con los ayuntamientos de Canarias, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para atender a las familias más vulnerables y a las personas paradas de larga duración.

Como señaló la consejera, la búsqueda de “soluciones compartidas y consensuadas” a esta crisis ha llevado a la Consejería a mantener contactos permanentes con todos los agentes implicados, en especial las organizaciones sindicales y empresariales, con cuatro convocatorias del Consejo General de Empleo; la reactivación del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias y más de 50 reuniones con administraciones y organizaciones “para hacer un frente común contra las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la COVID-19”.

Apoyo y asesoramiento a pymes y personas autónomas

Elena Máñez avanzó que, en el marco del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias, se han constituido dos mesas de trabajo que se encargarán, respectivamente, de abordar la elaboración del Plan de Apoyo al Emprendimiento y de analizar una mejora de la Ley Canaria de Emprendimiento. Como apuntó la consejera, el Plan de Emprendimiento “debe ser aprobado por este Parlamento” y “tiene que dar respuesta a las necesidades de pymes y autónomos en los próximos años, en los que todavía se notarán los efectos de esta crisis”.

Sin embargo, hasta que este Plan se apruebe, la consejera señaló que se reforzarán las medidas de apoyo a las pymes y personas autónomas con dos nuevos gabinetes, uno de análisis y asesoramiento sobre los ERTE, dotado con 190.000 euros, y una unidad de apoyo en el Servicio Canario de Empleo para el asesoramiento a personas autónomas y pymes, dotada con 120.000 euros. Ambos se suman a los Servicios Integrales a Empresas del SCE, dotados con 1.900.000 euros, y al servicio de asistencia y asesoramiento a empresas de la Red Cide, dotado con 2.521.122 euros para el periodo 2020-2022. Por otro lado, insistió en la importancia de adaptar los planes especiales de formación a la realidad insular y comarcal, en coordinación con las corporaciones locales, agentes económicos y sociales, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen los sectores emergentes vinculados a las economías azul y circular.

Máñez también aludió a una nueva medida dirigida de manera específica a trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE motivado por la COVID-19, por un importe inicial de 500.000 euros ampliables, para incentivar la mejora de sus condiciones contractuales una vez finalice el expediente.

Además, los compromisos del Pacto destacan la lucha contra la economía sumergida. Así, por primera vez, el Servicio Canario de Empleo pondrá en marcha una medida específica, dotada con 100.000 euros ampliables, para impulsar la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos, lo que permitirá aflorar empleo irregular en este sector, una situación que afecta especialmente a las mujeres.

Otro de los pilares del Pacto es la modernización y flexibilización de la administración. Por ese motivo, el SCE trabaja en estos momentos en el diseño de un plan de modernización con base tecnológica para, dijo Máñez, “avanzar en los procesos de gestión de la demanda y virtualización de servicios, incorporando el potencial de las nuevas tecnologías a los servicios de atención a la ciudadanía” y que tendrá como objetivos ofrecer servicios de valor añadido a la ciudadanía o entidades colaboradoras; mejorar los sistemas de soporte a la gestión para incorporar medidas de simplificación en la tramitación y mejorar la infraestructura tecnológica y garantizar la seguridad de la información.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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El SCE prepara la contratación reservada de la jardinería de sus sedes a personas con discapacidad

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo proyecta unas jornadas para impulsar en las administraciones públicas las licitaciones limitadas a los colectivos de muy difícil inserción laboral

El organismo autonómico concede subvenciones por encima de 19 millones de euros durante el último año para incluir a más de 6.000 personas en el mercado de trabajo del Archipiélago

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, prepara por primera vez la contratación reservada del mantenimiento y limpieza de los jardines de sus sedes en Gran Canaria y Tenerife a las entidades con plantillas integradas por personas con discapacidad.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, analizó la novedosa iniciativa del SCE durante la reunión este martes de la Comisión Asesora en Materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inserción Laboral, un órgano de consulta de la administración autonómica con las entidades representativas de intereses sociales.

Más allá de los futuros pliegos en favor de los centros especiales de empleo o de las empresas de inserción laboral para la prestación del servicio de jardinería en las instalaciones capitalinas del SCE, Elena Máñez anunció la organización de unas jornadas este año para el impulso de la contratación reservada en otras administraciones públicas del Archipiélago.

“También acordamos la convocatoria de reuniones trimestrales de esta comisión con dos mesas de trabajo específicas para abordar la situación de las personas con discapacidad y   en riesgo de exclusión de cara a su inserción en el mercado laboral y más en este contexto de crisis, con especial impacto en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”, destacó la consejera autonómica al término de la sesión, que también estableció el análisis de las próximas líneas de trabajo ante el nuevo programa operativo del Fondo Social Europeo 2021-2027.

Además de Elena Máñez, participaron en la Comisión Asesora en Materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inserción Laboral el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, entre otros representantes de la administración autonómica.

También asistieron al encuentro, desarrollado por medios telemáticos, responsables de la Red Anagos, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Canarias), de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican) y de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Canarias (Arceescan).

Programas y proyectos

Entre otros puntos del orden del día, el órgano asesor analizó la situación de las convocatorias de subvenciones para la mejora de la empleabilidad de colectivos de muy difícil inserción laboral durante el ejercicio 2020, además de la concesión de ayudas por el SCE en este ámbito a lo largo del pasado año.

Durante 2019, los programas de subvenciones para la integración laboral de la ciudadanía con discapacidad superaron los nueve millones de euros (9.002.757,97) para beneficiar a 4.582 personas de 170 entidades, y las iniciativas con ayudas a empresas de inserción rebasaron los dos millones y medio (2.608.847,92) para favorecer a 472 personas de 20 compañías.

A lo largo del último ejercicio, los 34 proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral para la ciudadanía por exclusión social, migración o discapacidad rondaron los cinco millones (4.753.159) y beneficiaron a 498 mujeres y hombres, mientras que los 15 programas experimentales rozaron los tres millones (2.850.346,44) para insertar a 473 personas.

Por último, la intermediación laboral del SCE contabilizó 637 ofertas dirigidas con preferencia a personas con discapacidad en 2019 (6,6% del total), con 919 puestos de trabajo cubiertos (5,1% del total).

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El SCE subvenciona con nueve millones a los municipios para contratar a 1.330 personas paradas de larga duración

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias incrementa las ayudas para el desarrollo de proyectos con planes de formación durante 2020 en colaboración con las corporaciones locales

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de nueve millones de euros para la contratación de alrededor de 1.330 personas desempleadas de larga duración junto a las corporaciones municipales mediante el desarrollo de proyectos con formación y práctica profesional a lo largo de 2020.

En pleno proceso de reactivación económica tras la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la resolución firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE supone un incremento de dos millones de euros con respecto a la convocatoria de 2019, cuando se contrató a 1.034 personas paradas con la concesión de ayudas por valor de 6,9 millones.

Mediante esta iniciativa en colaboración con los ayuntamientos, además, el departamento autonómico se apoya en la entidad administrativa más cercana a la ciudadanía en su apuesta por mejorar la empleabilidad de las personas con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo, al ofrecer la formación necesaria para adaptar sus capacidades a la oferta laboral junto a una remuneración mensual para afrontar los efectos de la actual crisis.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado viernes, la convocatoria del SCE contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las corporaciones locales o entidades dependientes de municipios isleños con más de 900 personas desempleadas para la contratación de aquellas paradas de larga duración durante un periodo máximo de ocho meses y medio para la realización de obras o prestación de servicios calificados de interés general y social.

Obras y servicios en cultura, medioambiente o dependencia

Durante los proyectos generadores de empleo se impartirá formación obligatoria en competencias clave durante el 40% de la jornada y se facilitará experiencia profesional con remuneración económica a lo largo del 60% restante, mediante la ejecución de obras y servicios de competencia municipal en áreas de utilidad colectiva, ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de actuaciones derivadas de la ley de dependencia.

Las actuaciones subvencionadas beneficiarán, principalmente, a las personas desempleadas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, ya que se facilitará la adquisición de las competencias básicas o clave para el acceso a la obtención de las correspondientes acreditaciones.

A partir del 30 de mayo, las entidades municipales disponen de un plazo de quince días para presentar las oportunas solicitudes a través de la sede electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo), según concluye la resolución publicada en el BOC.

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