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Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Julio Pérez subraya que se ha logrado el objetivo que se pretendía, aplicar a ley, tras “un debate sereno, detenido y constructivo”

Las Palmas será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión de la Memoria Histórica

En el acuerdo de la mayoría se sugiere excluir del catálogo la revisión de honores y distinciones, que deberá hacerse por cada municipio sin esperar al catálogo

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha acordado por mayoría, este lunes, informar a favor del contenido del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.

Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras “un debate sereno, detenido y constructivo”. Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.

Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.

En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.

Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.

El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda en su primera reunión el borrador del protocolo de exhumaciones

Intervinientes en la reunión de Memoria Histórica 20200925

El consejero Julio Pérez destaca la importancia del órgano, que tiene carácter consultivo, técnico y asesor. Cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica.

Afirma que resulta indispensable para el desarrollo de la política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen en asuntos claves como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del propio protocolo de exhumaciones, entre otros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica. En esta primera reunión presentó un borrador del protocolo de exhumaciones que se nutrirá de las aportaciones de las aportaciones de la comisión en para luego proceder al trámite de su aprobación.

Al encuentro también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la vicepresidenta primera del órgano y directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, la vicepresidenta tercera y presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, así como las diez personas que ocupan los cargos de vocales, y la secretaria del órgano. La vicepresidenta segunda y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, excusó su ausencia debido a imprevistos que le impidieron acudir a la reunión.

Pérez destacó que, con la constitución del órgano, se cumple con el mandato contenido en la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, de dotarse del mismo. Su puesta en marcha, explicó, resulta indispensable para el desarrollo efectivo de una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen para cuestiones tan trascendentes como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del protocolo de exhumaciones, entre otras cosas.

Para ello, el órgano debe dotarse, y aprobar, sus normas de funcionamiento interno para llevar a cabo sus funciones, por lo que la Consejería propuso un borrador que desarrolla las previsiones del reglamento y que se ajusta a los criterios de funcionamiento de los órganos.

Lo más característico es la regulación de la actuación de las ponencias y de los comités especializados, con los que se pretende dar un funcionamiento más ágil a la comisión de tal manera que, siempre que se deba emitir un informe o parecer, no se haga necesaria la reunión del Pleno, entre otros aspectos.

Uno de los asuntos más importantes abordados en esta reunión constitutiva fue la presentación del borrador del Protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería. Se orienta en la misma línea que han seguido las de otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.

El borrador, explicó Carla Vallejo, es un primer texto para que se realicen las aportaciones que se crean oportunas. Una vez que esté perfilado el texto, se iniciaría el trámite para su aprobación.

Además, esta primera reunión sirvió para abordar las acciones necesarias a fin de elaborar el catálogo de símbolos, calles monumentos y menciones franquistas, y la valoración de las iniciativas a llevar a cabo en el ejercicio 2020 en el ámbito de la memoria histórica y de personas menores sustraídas.

En relación al catálogo, cabe destacar que su aprobación corresponde al Gobierno, según establece la ley canaria, a iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Contar con el mismo es imprescindible para poder llevar a cabo cualquier labor de retirada o resignificación de esos elementos, pues con carácter previo se deberá solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural la certificación de que este se encuentra incluido dentro del catálogo.

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