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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda en su primera reunión el borrador del protocolo de exhumaciones

Intervinientes en la reunión de Memoria Histórica 20200925

El consejero Julio Pérez destaca la importancia del órgano, que tiene carácter consultivo, técnico y asesor. Cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica.

Afirma que resulta indispensable para el desarrollo de la política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen en asuntos claves como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del propio protocolo de exhumaciones, entre otros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica. En esta primera reunión presentó un borrador del protocolo de exhumaciones que se nutrirá de las aportaciones de las aportaciones de la comisión en para luego proceder al trámite de su aprobación.

Al encuentro también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la vicepresidenta primera del órgano y directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, la vicepresidenta tercera y presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, así como las diez personas que ocupan los cargos de vocales, y la secretaria del órgano. La vicepresidenta segunda y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, excusó su ausencia debido a imprevistos que le impidieron acudir a la reunión.

Pérez destacó que, con la constitución del órgano, se cumple con el mandato contenido en la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, de dotarse del mismo. Su puesta en marcha, explicó, resulta indispensable para el desarrollo efectivo de una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen para cuestiones tan trascendentes como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del protocolo de exhumaciones, entre otras cosas.

Para ello, el órgano debe dotarse, y aprobar, sus normas de funcionamiento interno para llevar a cabo sus funciones, por lo que la Consejería propuso un borrador que desarrolla las previsiones del reglamento y que se ajusta a los criterios de funcionamiento de los órganos.

Lo más característico es la regulación de la actuación de las ponencias y de los comités especializados, con los que se pretende dar un funcionamiento más ágil a la comisión de tal manera que, siempre que se deba emitir un informe o parecer, no se haga necesaria la reunión del Pleno, entre otros aspectos.

Uno de los asuntos más importantes abordados en esta reunión constitutiva fue la presentación del borrador del Protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería. Se orienta en la misma línea que han seguido las de otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.

El borrador, explicó Carla Vallejo, es un primer texto para que se realicen las aportaciones que se crean oportunas. Una vez que esté perfilado el texto, se iniciaría el trámite para su aprobación.

Además, esta primera reunión sirvió para abordar las acciones necesarias a fin de elaborar el catálogo de símbolos, calles monumentos y menciones franquistas, y la valoración de las iniciativas a llevar a cabo en el ejercicio 2020 en el ámbito de la memoria histórica y de personas menores sustraídas.

En relación al catálogo, cabe destacar que su aprobación corresponde al Gobierno, según establece la ley canaria, a iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Contar con el mismo es imprescindible para poder llevar a cabo cualquier labor de retirada o resignificación de esos elementos, pues con carácter previo se deberá solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural la certificación de que este se encuentra incluido dentro del catálogo.

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Justicia despliega la nueva versión del Sistema de Gestión Judicial Atlante web

Sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El nuevo sistema aporta funcionalidades de inteligencia artificial como la textualización de los juicios y las declaraciones en los juzgados de instrucción

Los jueces, fiscales y letrados de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria cuentan, desde este 17 de septiembre, con la nueva versión web de Atlante, el sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias que desde el pasado mes de julio está implantando la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez.

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la implantación de Atlante web permitirá reformular la propia forma en que se presta el servicio de justicia al ciudadano, basándolo en una justicia orientada a las personas, centrada en sus necesidades y dirigida a resolver los problemas de justicia que les preocupan; mejorando el acceso a la justicia de todas las personas y con la finalidad de alcanzar una justicia para todos.

Tras la implantación de la nueva versión en los dos órganos judiciales capitalinos se espera que, a lo largo de la próxima semana, los jueces, fiscales y letrados de los demás órganos del Archipiélago cuenten con ella. En cuanto al resto de funcionarios de Justicia, está planificado que lo tengan a su disposición para el próximo mes de octubre.

La sustitución de la herramienta de gestión judicial se realiza a través de un proceso que ha sido diseñado para que los cambios de sistema no afecten al trabajo diario, con lo que se economiza tiempo e inversión, reforzando el acompañamiento presencial con herramientas de formación on line y mejorando las acciones formativas dirigidas a los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia y a los Cuerpos de gestión y tramitación procesal y de auxilio judicial.

Bonnet recalca que Atlante web es una solución de Gestión Judicial que integra los elementos sobre los que se orquestan los principales retos que la sociedad demanda de la justicia, es decir, una justicia digital que permita alcanzar el objetivo de papel cero e implementar el Expediente Judicial Electrónico, que facilite el desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial que mejoren la relación entre funcionarios, profesionales y ciudadanos, además de una justicia abierta e innovadora que incorpore en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de acciones y aprendizaje automático, de forma que permita asistir a los funcionarios de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

Esta versión de Atlante web, que tiene un nuevo diseño basado en la experiencia de usuario orientada a su productividad y confortabilidad, permite el acceso remoto al sistema incluyendo los mecanismos necesarios en materia de seguridad, como la firma electrónica individual y colegiada, que facilita el teletrabajo de jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales.

También incorpora un Visor del Expediente Judicial Electrónico a través del cual el usuario obtiene la textualización de cualquier actuación judicial que forme parte del expediente, identificando su contenido clave de forma automática y accediendo a él de manera ágil.

Así mismo, incluye nuevas funcionalidades de ayuda a funcionarios en la tramitación de los procesos, automatizando ciertas actuaciones y aportando hallazgos que ahorren tiempo en la tramitación de las causas judiciales masivas, como los procesos monitorios, además de facilitar la tramitación de los procedimientos judiciales y la toma de decisiones, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo según los perfiles de los usuarios.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden que regulará la lista de empleo interino

Empleo interino en Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación, que se producirá en este mismo año.

Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto, diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de legislatura.

Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.

Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.

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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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Julio Pérez trasmite al Cabildo de Lanzarote su propósito de poner en marcha el PEF antes del verano

Julio Pérez a la salida de la reunión en el Cabildo de Lanzarote

 El consejero, junto con la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, visitan el edificio judicial de Arrecife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, trasmitió ayer viernes 28 de febrero a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, su propósito de poner en marcha el Punto de Encuentro Familiar (PEF) en la Isla antes del próximo verano, durante la reunión que mantuvieron en la sede de la corporación insular y en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y el consejero de insular de Bienestar Social, Marcos Bergaz.

Pérez recordó que Lanzarote aún no cuenta con PEF, un servicio que el consejero considera muy importante, al tratase de un espacio neutral que favorece las relaciones de menores con sus padres o familiares en situaciones de conflicto, y que, recordó, financia el Gobierno de Canarias con 600.000 euros anuales para todas las Islas.

El consejero recomendó que la gestión sea realizada por una Organización No Gubernamental especializada en la materia, como ocurre en otras Islas, y señaló que el Cabildo de Lanzarote cuenta con un local para desarrollar este servicio, que deberá ser adoptado por cuestiones técnicas, por lo que prevé que el PEF pueda estar operativo en unos meses.

En el encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el ámbito competencial de Justicia, como la realización da autopsias. Al respecto, Pérez precisó que en la Isla hay forenses, con un sistema de guardias retribuidas, pero señaló que faltaba un auxiliar técnico que está contratado desde el pasado 9 de febrero para su presencia permanente en Lanzarote, tras seguir los procedimientos de selección adecuados.

El consejero precisó que la persona que ocupa este puesto de auxiliar técnico forense se traslada a Gran Canaria cuando no se tiene que realizar autopsias en Lanzarote para culminar su formación, en materia de funcionamiento y protocolos, en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, y aseguró que en unos días estará permanentemente en la Isla para realizar su trabajo. El equipo técnico ahora está completo y no se producirán retrasos como consecuencia de falta de personal.

Pérez aclaró, no obstante, que la autopsia no es un acto instantáneo ya que, cuando una muerte necesita ser esclarecida, la autopsia forma parte de un procedimiento judicial y su ejecución lleva un tiempo, para hacerse con todas las garantías para que cuando el procedimiento culmine no pueda ponerse en duda.

Tras la reunión en el Cabildo de Lanzarote, Pérez, Vallejo y Bonnet mantuvieron un encuentro con el magistrado decano del partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cuz, y visitaron las instalaciones de la sede judicial de la capital de Lanzarote.

El consejero calificó el edificio judicial de “moderno y bien dotado” y al personal del mismo “estimulante”, aunque consideró que es preciso mejorar los equipamientos. Durante la visita, Pérez tuvo conocimiento de la situación de cada una de las unidades judiciales y afirmó que se abordará la decisión sobre la redistribución de espacios.

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El Gobierno y el Tribunal Supremo de Cuba ratifican la voluntad de impulsar su protocolo de colaboración

Encuentro del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibe en la capital tinerfeña al presidente el Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en representación del Gobierno de Canarias, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, han suscrito hoy una carta de intenciones en la que se ratifica la voluntad de ambas partes de impulsar a partir de este año el protocolo de colaboración suscrito en junio de 2001 cuyo objetivo es, en líneas generales, acordar acciones de cooperación entre las dos instituciones.

El documento contempla continuar con la línea de colaboración en materia informática, a través del envío de ordenadores, en función de la disponibilidad que en cada ejercicio tenga la Administración de Justicia Canaria; así como impulsar el sistema de estancias de estudio, con la finalidad de estrechar lazos entre las personas que trabajan en el sector público y ahondar en el conocimiento recíproco de los respectivos sistemas de justicia.

El texto también recoge la voluntad de trabajar de forma conjunta en el ámbito judicial y restablecer una colaboración institucional a través de intercambios de experiencias y de realización de actividades conjuntas que permitan mejorar las relaciones de cooperación y amistad existentes.

La firma del documento se ha producido en el marco de la visita que estos días realiza a las Islas el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, quien fue recibido esta mañana por Julio Pérez en su despacho de la capital tinerfeña. En el acto, Ferro y Pérez estuvieron acompañados de la Viceconsejera de Justicia y de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, así como del juez cubano Pedro E. Medina.

Durante su estancia en Canarias, Rubén Remigio Ferro también ha realizado una visita a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria donde pudo ver el material informático que el Ejecutivo canario, a través del área de Justicia, enviará a Cuba.

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