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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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Justicia destaca y felicita a los jueces de Las Palmas por la mejora de la atención a la infancia en los tribunales

Julio Pérez, Carla Vallejo y Marta Bonnet, tras el acto del premio de Calidad de la Justicia

El consejero Julio Pérez afirma en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia que la justicia no tiene por qué ser áspera ni distante, y menos aún cuando se ven involucrados niños o niñas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarcó ayer viernes en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la adaptación de los espacios, la dotación de medios y la formación necesaria para mejorar la atención a la infancia en el ámbito judicial ya que, explicó, la justicia no tiene por qué ser áspera, distante, fría ni lejana, y menos aun cuando se ven involucrados niños o niñas.

El consejero felicitó a los jueces de Las Palmas, en la persona de su Decano, el magistrado Oscar González, por el premio conseguido, y les animó a continuar, en el deseo de que además sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas.

Al acto acudieron también la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Gonzalez, entre otros.

Como iniciativas concretas de este último año promovidas o apoyadas por el Ejecutivo autonómico, cabe destacar la apertura de Salas de Lactancia para su uso por los profesionales y la ciudadanía que acceda a las instalaciones judiciales; las obras para la instalación y adecuación de la oficina de asistencia a las víctimas del delito, contando con espacios adecuados de espera para familias y menores, y la organización de las jornadas formativas y divulgativos Los menores en el contexto de la violencia machista, celebrada los días 12 y 13 de noviembre.

El Consejo General del Poder Judicial realiza una convocatoria anual para la concesión de este premio con el que se pretende reconocer a los órganos judiciales, las oficinas o administraciones relacionadas con la Administración de Justicia por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

En la convocatoria de este año, el Decanato de las Palmas de Gran Canaria presentó como candidatura al premio el proyecto, iniciado desde 2017, que culminó con la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalmente ha sido reconocido con este galardón. Se encuadra en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el tratamiento y la atención que, principalmente a las víctimas menores de edad, se ofrece en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las y los menores que deben acudir a los juzgados de familia.

Al respecto, Pérez destacó la importancia que tiene la cantidad de recursos asignados a la justicia para alcanzar su finalidad, pero sobre todo, la calidad del servicio mismo que se presta, que debe tener como norte la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

No hay que olvidarse de los recursos que precisan quienes prestan este servicio, indicó, pero hay que tener muy presente la calidad que deben recibir las ciudadanas y los ciudadanos, añadió en referencia a la iniciativa que recibió el galardón. También destacó que no se trata de un proyecto nuevo, sino que es una iniciativa desarrollada bajo distintos equipos, y no solo el actual, por lo que puso en valor la continuidad dada hasta la consecución del resultado conseguido.

En este sentido, el Gobierno ha dado su apoyo y sostén económico a distintas iniciativas del decanato que incluyen, entre otras, la elaboración del protocolo de actuación en caso de víctimas o testigos menores de edad; la puesta en marcha de la Sala Gesell para declaraciones y exploraciones de menores; el protocolo de acompañamiento Vía libre a la infancia; la adaptación del lenguaje de los documentos que deben entregarse a la víctima a través de la técnica de lectura fácil; la aprobación e inicio de las obras de la casa de la infancia en los institutos de medicina legal, y el proyecto divulgativo y formativo dirigido al alumnado de los Colegios de Las Palmas Aprendiendo en Justicia.

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda en su primera reunión el borrador del protocolo de exhumaciones

Intervinientes en la reunión de Memoria Histórica 20200925

El consejero Julio Pérez destaca la importancia del órgano, que tiene carácter consultivo, técnico y asesor. Cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica.

Afirma que resulta indispensable para el desarrollo de la política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen en asuntos claves como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del propio protocolo de exhumaciones, entre otros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica. En esta primera reunión presentó un borrador del protocolo de exhumaciones que se nutrirá de las aportaciones de las aportaciones de la comisión en para luego proceder al trámite de su aprobación.

Al encuentro también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la vicepresidenta primera del órgano y directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, la vicepresidenta tercera y presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, así como las diez personas que ocupan los cargos de vocales, y la secretaria del órgano. La vicepresidenta segunda y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, excusó su ausencia debido a imprevistos que le impidieron acudir a la reunión.

Pérez destacó que, con la constitución del órgano, se cumple con el mandato contenido en la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, de dotarse del mismo. Su puesta en marcha, explicó, resulta indispensable para el desarrollo efectivo de una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen para cuestiones tan trascendentes como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del protocolo de exhumaciones, entre otras cosas.

Para ello, el órgano debe dotarse, y aprobar, sus normas de funcionamiento interno para llevar a cabo sus funciones, por lo que la Consejería propuso un borrador que desarrolla las previsiones del reglamento y que se ajusta a los criterios de funcionamiento de los órganos.

Lo más característico es la regulación de la actuación de las ponencias y de los comités especializados, con los que se pretende dar un funcionamiento más ágil a la comisión de tal manera que, siempre que se deba emitir un informe o parecer, no se haga necesaria la reunión del Pleno, entre otros aspectos.

Uno de los asuntos más importantes abordados en esta reunión constitutiva fue la presentación del borrador del Protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería. Se orienta en la misma línea que han seguido las de otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.

El borrador, explicó Carla Vallejo, es un primer texto para que se realicen las aportaciones que se crean oportunas. Una vez que esté perfilado el texto, se iniciaría el trámite para su aprobación.

Además, esta primera reunión sirvió para abordar las acciones necesarias a fin de elaborar el catálogo de símbolos, calles monumentos y menciones franquistas, y la valoración de las iniciativas a llevar a cabo en el ejercicio 2020 en el ámbito de la memoria histórica y de personas menores sustraídas.

En relación al catálogo, cabe destacar que su aprobación corresponde al Gobierno, según establece la ley canaria, a iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Contar con el mismo es imprescindible para poder llevar a cabo cualquier labor de retirada o resignificación de esos elementos, pues con carácter previo se deberá solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural la certificación de que este se encuentra incluido dentro del catálogo.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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Canarias se adhiere al convenio entre Justicia y Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres

Julio Pérez en la firma de la adhesión de Canarias al Convenio en materia humanitaria e identificación de cadáveres

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia del mismo ya que Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas

En Canarias cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. Así, se garantiza al menos que su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, ha suscrito hoy mediante una reunión telemática, el acuerdo de adhesión y aceptación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres firmado el 6 de abril de 2017. En el acto estuvieron también presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. Además, asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, el director del Departamento de La Laguna del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Antonio Cuellas, y el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antoni Rico.

El consejero remarcó que, para Canarias, es muy satisfactoria la cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; los Institutos de Medicina Legal (IML), y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicó que el convenio constituye un mecanismo básico para mejorar el trabajo conjunto, además de que facilita una línea de actuación importante para las Islas, que es el aumento de la sabiduría científica a través de la capacidad de investigación de los IML y el Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, añadió, la adhesión de Canarias al convenio es relevante porque la identificación de cadáveres tiene una gran importancia para la opinión pública, que lógicamente es muy sensible ante estas situaciones, por escasa que sea su incidencia numérica.

Con la adhesión de la Comunidad Autónoma, Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas. En las Islas cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. De esta manera, se garantiza que, al menos, su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos al establecerse un proceso que facilita su identificación y contacto.

El objeto del convenio se centra en el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los IML y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. Así, el objetivo es dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.

En la actualidad, esas personas quedan sin identificar en la mayoría de los casos y no existe información suficiente para su identificación posterior. Mediante este convenio, se prevé que por parte de los IML se lleve a cabo una labor de recogida de muestras y acopio de información que constituirá una base de datos que se cruzará con la que tiene el Servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja Española y Cruz Roja internacional.

En el caso de que se halle una posible coincidencia, se llevarán a cabo las pruebas de ADN y se cotejarán con las muestras de los familiares recogidas en origen por Cruz Roja con el fin de determinar el parentesco. Si este es positivo, se podrán arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus restos a las familias.

Con la firma de hoy, la Comunidad Autónoma de Canarias ratificó la voluntad de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del citado convenio de colaboración, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado.

El citado convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes, recoge que las comunidades autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y que lo soliciten podrán acogerse a la colaboración.

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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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Pérez repasa con el ministro y los consejeros de Justicia las medidas para la reanudación de la actividad judicial

Julio Pérez y Marta Bonnet durante la Comisión de Coordinación de Justicia

Se pretende impulsar la celebración de actuaciones judiciales de forma telemática, salvo en los casos penales en que se exija legalmente la actuación presencial

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió hoy de forma telemática con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Coordinación de Justicia que convoca y preside el ministro, junto con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de Justicia. El objetivo fue repasar las líneas maestras del decreto ley que presentará el Ministerio a fin de adoptar las medidas urgentes que permitan atender la situación creada por el Covid-19.

En el encuentro también participaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la fiscal Esmeralda Rasillo en representación de la Fiscalía General del Estado, y tres representantes del Consejo General del Poder Judicial.

Campo explicó a los consejeros que se trata de medidas excepcionales cuya vigencia se mantendrá mientras subsistía el estado de alarma, y durante los tres meses posteriores. Son medidas generales de agilización procesal tales como la habilitación de parte del mes de agosto para realizar actuaciones procesales, medidas específicas en materia concursal y de procedimiento social.

También incluirán actuaciones en el ámbito organizativo y tecnológico con el fin de simplificar y facilitar la tramitación de los procesos, controlar y evitar la concentración de personas en un mismo espacio, facilitar la movilidad y flexibilizar los horarios de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como permitir la celebración de actuaciones procesales telemáticas y garantizar una rápida reactivación de la Administración de Justicia.

Al mismo tiempo, explicó el ministro, se diseñará un Esquema de Seguridad Laboral que unificará los criterios y actuaciones que garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los profesionales bajo un marco común que esté validado por las autoridades sanitarias.

En su intervención, Julio Pérez confirmó la oportunidad y acierto de las medidas urgentes que se avanzaron, que incluyen algunas propuestas por Canarias, lo que permitirá mantener la prestación del servicio público de Justicia y preservar la seguridad de usuarios y profesionales.

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Julio Pérez trasmite al Cabildo de Lanzarote su propósito de poner en marcha el PEF antes del verano

Julio Pérez a la salida de la reunión en el Cabildo de Lanzarote

 El consejero, junto con la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, visitan el edificio judicial de Arrecife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, trasmitió ayer viernes 28 de febrero a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, su propósito de poner en marcha el Punto de Encuentro Familiar (PEF) en la Isla antes del próximo verano, durante la reunión que mantuvieron en la sede de la corporación insular y en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y el consejero de insular de Bienestar Social, Marcos Bergaz.

Pérez recordó que Lanzarote aún no cuenta con PEF, un servicio que el consejero considera muy importante, al tratase de un espacio neutral que favorece las relaciones de menores con sus padres o familiares en situaciones de conflicto, y que, recordó, financia el Gobierno de Canarias con 600.000 euros anuales para todas las Islas.

El consejero recomendó que la gestión sea realizada por una Organización No Gubernamental especializada en la materia, como ocurre en otras Islas, y señaló que el Cabildo de Lanzarote cuenta con un local para desarrollar este servicio, que deberá ser adoptado por cuestiones técnicas, por lo que prevé que el PEF pueda estar operativo en unos meses.

En el encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el ámbito competencial de Justicia, como la realización da autopsias. Al respecto, Pérez precisó que en la Isla hay forenses, con un sistema de guardias retribuidas, pero señaló que faltaba un auxiliar técnico que está contratado desde el pasado 9 de febrero para su presencia permanente en Lanzarote, tras seguir los procedimientos de selección adecuados.

El consejero precisó que la persona que ocupa este puesto de auxiliar técnico forense se traslada a Gran Canaria cuando no se tiene que realizar autopsias en Lanzarote para culminar su formación, en materia de funcionamiento y protocolos, en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, y aseguró que en unos días estará permanentemente en la Isla para realizar su trabajo. El equipo técnico ahora está completo y no se producirán retrasos como consecuencia de falta de personal.

Pérez aclaró, no obstante, que la autopsia no es un acto instantáneo ya que, cuando una muerte necesita ser esclarecida, la autopsia forma parte de un procedimiento judicial y su ejecución lleva un tiempo, para hacerse con todas las garantías para que cuando el procedimiento culmine no pueda ponerse en duda.

Tras la reunión en el Cabildo de Lanzarote, Pérez, Vallejo y Bonnet mantuvieron un encuentro con el magistrado decano del partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cuz, y visitaron las instalaciones de la sede judicial de la capital de Lanzarote.

El consejero calificó el edificio judicial de “moderno y bien dotado” y al personal del mismo “estimulante”, aunque consideró que es preciso mejorar los equipamientos. Durante la visita, Pérez tuvo conocimiento de la situación de cada una de las unidades judiciales y afirmó que se abordará la decisión sobre la redistribución de espacios.

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El Gobierno y el Tribunal Supremo de Cuba ratifican la voluntad de impulsar su protocolo de colaboración

Encuentro del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibe en la capital tinerfeña al presidente el Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en representación del Gobierno de Canarias, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, han suscrito hoy una carta de intenciones en la que se ratifica la voluntad de ambas partes de impulsar a partir de este año el protocolo de colaboración suscrito en junio de 2001 cuyo objetivo es, en líneas generales, acordar acciones de cooperación entre las dos instituciones.

El documento contempla continuar con la línea de colaboración en materia informática, a través del envío de ordenadores, en función de la disponibilidad que en cada ejercicio tenga la Administración de Justicia Canaria; así como impulsar el sistema de estancias de estudio, con la finalidad de estrechar lazos entre las personas que trabajan en el sector público y ahondar en el conocimiento recíproco de los respectivos sistemas de justicia.

El texto también recoge la voluntad de trabajar de forma conjunta en el ámbito judicial y restablecer una colaboración institucional a través de intercambios de experiencias y de realización de actividades conjuntas que permitan mejorar las relaciones de cooperación y amistad existentes.

La firma del documento se ha producido en el marco de la visita que estos días realiza a las Islas el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, quien fue recibido esta mañana por Julio Pérez en su despacho de la capital tinerfeña. En el acto, Ferro y Pérez estuvieron acompañados de la Viceconsejera de Justicia y de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, así como del juez cubano Pedro E. Medina.

Durante su estancia en Canarias, Rubén Remigio Ferro también ha realizado una visita a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria donde pudo ver el material informático que el Ejecutivo canario, a través del área de Justicia, enviará a Cuba.

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