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Agricultura convocará seis líneas de subvención para competitividad a través de los fondos de reactivación europeos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias trabaja en la distribución y ejecución de las ayudas europeas dentro del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia para la recuperación y mejora del sector primario en las islas. Hoy ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de esa área del Gobierno de Canarias, con una dotación de 3,1 millones de euros.

Así, el departamento autonómico convocará a principios de 2022 un total de seis líneas de subvención destinadas al impulso de la eficiencia y competitividad en la agricultura y la ganadería. Entre las principales líneas de ayudas, destacan las destinadas a inversiones en bioseguridad, transformación integral y modernización de invernaderos; programas de apoyo a la eficiencia energética y energías renovables, o la agricultura de precisión y tecnologías 4.0, entre otras.

Los receptores de esas subvenciones serán los titulares de aquellas explotaciones agrícolas de material vegetal de reproducción (MVR) y centros de limpieza de medios de transporte de animales vivos; titulares de centros de limpieza y desinfección autorizados, y los operadores profesionales inscritos en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales y autorizados a producir MVR.

También estas medidas estarán destinadas a las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares de dimensión económica media, y a las explotaciones con mayores necesidades de inversión con el objetivo de intentar alcanzar al menos el 50% de potenciales beneficiarios.

Para la gestión de los fondos provenientes de la Unión Europea en el marco de Next Generation-EU, la Consejería ha diseñado una estructura de recursos humanos y materiales necesarios para la tramitación, ejecución y seguimiento de los proyectos a través del Instrumento de Planificación Estratégica.

Junto a estas líneas de subvención, el Ministerio ha impulsado el plan para la mejora de la eficiencia del regadío, valorado en 57,5 millones, en el que ha colaborado la Consejería con la entidad Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para determinar qué obras de regadío en las Islas se van a ejecutar con cargo a dichos fondos.

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Marta Arocha asume la Dirección General de Dependencia y Discapacidad

El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de la responsable del área y valida el cese de Miguel Montero, director general desde el comienzo de la legislatura

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de este miércoles el nombramiento de Marta Arocha como directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Como paso previo a su nombramiento, el Consejo también validó el cese de Miguel Montero, que ocupaba el cargo desde el comienzo de la presente legislatura.

Arocha, cuya toma de posesión se llevará a cabo en los próximos días, ya fue directora general de Dependencia en el año 2016. Antes de su incorporación a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, fue la secretaria general técnica de la misma Consejería.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Marta Arocha siempre ha estado vinculada a los asuntos sociales. En su trayectoria destaca su etapa al frente de la Gerencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife.

Con gran experiencia como trabajadora de la Administración pública, a la que se incorporó en 2001, en la actualidad ocupaba el cargo de directora insular de Apoyo a la Presidencia, Organización y Planificación en el Cabildo de Lanzarote.

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Obras Públicas, Transportes y Vivienda subvenciona con un millón de euros los Planes de Movilidad de 51 municipios

El Gobierno destina ayudas este año para la redacción de los PMUS y, por primera vez, también para el desarrollo de las medidas de sostenibilidad recogidas por los ayuntamientos que ya tienen adelantados sus planes

 

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, repartirá un millón de euros entre 51 municipios canarios de menos de 100.000 habitantes para ayudarles a redactar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y también, por primera vez, para subvencionar el desarrollo de esos Planes en aquellos ayuntamientos que ya los tenían redactados con anterioridad. Esta línea de ayudas se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo regional para impulsar la movilidad sostenible en el Archipiélago que implique a todos el sector.

 

Las ayudas, que se acaban de publicar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se distribuyen en dos vías distintas: una primera línea para la redacción de proyectos, y una segunda línea, la novedad este año, con la que se financiará la ejecución práctica de las actuaciones de los PMUS que ya fueron redactados por los ayuntamientos en años anteriores.

 

En la primera de esas líneas, la de redacción de nuevos PMUS, se van a destinar ayudas por valor de 417.923 euros que se repartirán 21 ayuntamientos a los que se les ayuda a contar con una herramienta fundamental para garantizar la movilidad sostenible en el Archipiélago.

 

Para la nueva vía de desarrollo de los PMUS ya redactados, que se estrena este año, se invertirán 538.397 euros que se repartirán otros 30 municipios canarios.

 

Con esta última línea de ayudas se van a financiar dos de los ejes más importantes de estos planes de movilidad: el referido al fomento del vehículo eléctrico, y el eje referido a infraestructuras públicas que favorezcan una movilidad sostenible. Referido a los vehículos eléctricos, la Consejería subvencionará la implantación de puntos de recarga en las vías públicas, en aparcamientos públicos municipales y la renovación de las flotas de vehículos municipales. Con respecto al segundo eje, se darán ayudas elaborar los proyectos necesarios para la implementación en cada municipio de infraestructuras que promuevan desplazamientos más sostenibles, como son la creación de carriles bici o la peatonalización de vías públicas.

 

Con esta medida se continúa impulsando el que los ayuntamientos de Canarias cuenten con una herramienta esencial para la planificación de la movilidad en sus términos municipales, y a su vez, y por primera vez, se financia el que se lleven a cabo actuaciones contempladas en los PMUS ya existentes. Con este objetivo, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ya ha abonado en los tres últimos años un total de 508.150 euros a 39 ayuntamientos canarios con la finalidad de ayudarles a redactar sus PMUS a los que se suman ahora los 956.320 euros de esta nueva convocatoria ya resuelta y de la que se beneficiarán otros 51 municipios.

 

Sanidad aumenta los puntos de toma de muestras COVID-19 en La Palma

Se habilitan puntos de extracción en el Pabellón Roberto Rodríguez Estrello, en la capital palmera, y en el Pabellón de El Paso. Ambos puntos comarcales entrarán en funcionamiento a partir del 30 de diciembre de 08:30 a 14:30 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Área de Salud de La Palma, reorganiza el control epidemiológico de los puntos COVID-19 en la Isla para adaptarlo a la actual situación epidemiológica. De esta manera, a partir de mañana jueves, día 30 de diciembre, la toma de muestras se realizará en el Pabellón Roberto Rodríguez Estrello, en la capital palmera, y además se habilita otro punto en el Pabellón de El Paso de 08:30 a 14:30 horas, de lunes a domingo, salvo festivos.

En cuanto a la sala COVID del Hospital Universitario de La Palma, que era el recurso utilizado hasta ahora, se destinará al control epidemiológico del coronavirus a través de la gestión de las acciones de refuerzo, donde no se realizarán extracciones de muestras.

Punto COVID en el Pabellón Roberto Rodríguez Estrello
Punto COVID en el Pabellón Roberto Rodríguez Estrello

En total, el Área de Salud de La Palma destinará ocho efectivos de Enfermería, dos auxiliares de Enfermería y cuatro celadores a estos nuevos puntos comarcales en los que se llevarán a cabo pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA).

Las personas con síntomas compatibles con coronavirus o que hayan dado positivo en un autotest de antígenos deben acudir a ambos espacios sin cita previa.

En cuanto al equipo de rastreo, el Área de Salud de La Palma continúa trabajando con la Red Centinela, a la que se sumarán cuatro rastreadores militares.

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Aprobado el IPE de Turismo, Industria y Comercio para la gestión de 238 millones de fondos Next Generation

Este Instrumento de Planificación Estratégica del Departamento prevé una estructura extra de personal para atender de forma ágil y eficaz los proyectos financiados con cargo al React-UE y el MRR, marcados por plazos cortos y exigentes condiciones técnicas

El Gobierno de Canarias dio hoy su visto bueno, tras aprobación previa en la Comisión de Gobernación, al Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, al mecanismo por el que se crea una nueva estructura provisional de personal para agilizar y administrar de forma eficaz y eficiente los fondos extraordinarios de programa Next Generation-EU y sobre lo que existe una previsión de inyección presupuestaria para este departamento de 238.300.000 euros para el periodo 2021-2026.

El IPE de Turismo, Industria y Comercio aprobado hoy contempla una estructura ambiciosa, con un coste en personal previsto de 2.595.032 de euros al año, ajustada a las obligaciones de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, financiados con el Next Generation) y de los fondos React UE, en el sentido de que se va a requerir mucha agilidad en su gestión dado que los fondos vienen con unos plazos cortos y con unas condiciones técnicas muy exigentes que requieren de un instrumento de gestión administrativa extraordinario.

En su propuesta de IPE, la Consejería ha establecido una estrategia de reforma del modelo económico canario en torno a los tres sectores de su competencia, que pivota de forma generalizada sobre cinco grandes prioridades: el desarrollo de un modelo turístico sostenible y resiliente; la transformación digital de los destinos y empresas turísticas; el impulso de la competitividad a través del desarrollo del producto turístico; el impulso de la industria canaria y el fortalecimiento del sector comercial y turístico de Canarias. Sobre estos cinco objetivos estratégicos es hacia donde se orientan los proyectos financiados con los fondos europeos extraordinarios.

La estructura de personal que prevé el IPE de esta Consejería consiste en la creación de una dirección de asistencia técnica, gestión y control de fondos, cuatro subdirecciones (gestión y control de fondos europeos; contratación centralizada; sostenibilidad e infraestructuras, e industria y pymes) y tres unidades administrativas provisionales.

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El Gobierno de Canarias designa a José Ángel García como nuevo director de la ESSSCAN

El Consejo de Gobierno de hoy ha nombrado a José Ángel García como director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este miércoles, día 29 de diciembre, ha designado a José Ángel García como nuevo director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), adscrita a la Consejería de Sanidad.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, García es médico especialista en Obstetricia y Ginecología, profesor titular del Área de Conocimiento de Obstetricia y Ginecología y catedrático de la Universidad del Área de Conocimiento de Obstetricia y Ginecología.

José Ángel García fue jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias hasta 30 de septiembre 2020 y, con anterioridad, ejerció el cargo de director médico del Hospital Materno Infantil de las Palmas de Gran Canaria entre 1993 y 1994.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en 142 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales; ha elaborado 59 ponencias oficiales en congresos y 242 comunicaciones en congresos. Además, ha sido miembro del Grupo Científico del Comité de Gestión COVID-19.

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El Gobierno aprueba el decreto que acuerda la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física en la ULL

Su puesta en marcha queda condicionada a la verificación del Plan de Estudios

El Consejo de Gobierno aprobó hoy miércoles, 29 de diciembre, el decreto por el que se acuerda la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de La Laguna (ULL).

El mismo decreto advierte de que su puesta en marcha queda condicionada a la verificación del Plan de Estudios previsto en el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sin perjuicio de lo establecido en la norma por la que se determina la organización de éstas y del procedimiento por el que se asegura su calidad.

El decreto también señala que el alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a estas nuevas enseñanzas que se implantan, previa admisión de la Universidad, y que contra la aprobación del mismo cabe la interposición de un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Universidades establece que para impartir enseñanzas y expedir los correspondientes títulos oficiales, las universidades deben contar con la autorización de la Comunidad Autónoma, y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el Plan de Estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

Además, la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias establece que la implantación y supresión de enseñanzas que conduzcan a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial serán acordadas por Decreto del Gobierno de Canarias.

Tanto el Consejo de Gobierno de la ULL (con fecha 28 de enero de 2021) como el Consejo Social de esta misma institución (el 11 de febrero de este mismo año) aprobaron la implantación de las citadas enseñanzas, por lo que esta Universidad solicitó la misma al Gobierno de Canarias el pasado 24 de febrero.

Con posterioridad, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), informó el 15 de octubre que dicho título cumple con los requisitos exigidos por la normativa, y el 18 de noviembre el Consejo Universitario de Canarias informó de forma favorable, por mayoría de los votos emitidos, la propuesta de su implementación.

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El Consejo acuerda prorrogar el convenio con Fuerteventura para el reconocimiento del grado de discapacidad

El Ejecutivo aportará más de 43.667,52 euros para la elaboración de los informes necesarios previos al dictamen

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo la suscripción de la primera adenda de prórroga del convenio entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Cabildo insular de Fuerteventura mediante el cual se encomienda a la Administración insular la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe de 43.667,52 euros.

Con fecha 16 de junio de 2021, se formalizó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de Fuerteventura para la gestión de la elaboración de dichos informes.

Con la firma de la adenda que se lleva a Consejo de Gobierno, el citado convenio se prorroga durante el año 2022 en las mismas condiciones que las estipuladas para el convenio original, por un importe de 43.667,52 euros.

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El Gobierno aprueba el reglamento del Concierto Social de los Servicios Sociales en Canarias

Regula la relación entre la Administración y las entidades sociales sin ánimo de lucro para la prestación de servicios destinados a la atención social de la ciudadanía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias.

Este documento permite la atención a la ciudadanía que lo requiera de una forma más eficaz, ya que regula, de manera estable y plurianual, la fórmula en la que entidades sociales sin ánimo de lucro pueden prestar servicios sociales cuando la Administración no pueda hacerlo de manera directa.

Tal y como se especifica en el preámbulo del decreto, a través de este Reglamento se trata de cubrir la necesidad de contar con un marco jurídico completo y estable que determine el alcance y significado de los conciertos sociales; que describa las modalidades de servicios y prestaciones; que precise los requisitos de participación; que detalle el procedimiento de selección de las personas o entidades proveedoras de los servicios y que determine los derechos y obligaciones de quienes presten el servicio, con especial referencia al sistema de remuneración de los costes.

Además, se entiende que esta novedad normativa abre, pues, muchas oportunidades para mejorar la cooperación público-privada y, en concreto, para aumentar la calidad y estabilidad de los servicios en el ámbito social, especialmente en las condiciones en que se prestan, y evitando instrumentarlos exclusiva o preferentemente por la vía de la contratación. Todo ello, con el fin de redundar en beneficio de las personas usuarias, de las Administraciones y de las personas profesionales y entidades que los desarrollan.

El Reglamento del Concierto Social fija el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en Canarias, de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

En aplicación de este reglamento, pueden ser objeto de concierto, la reserva y ocupación de plazas en centros y en servicios de carácter sociosanitario para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; la gestión integral de los servicios, prestaciones o centros previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se establezcan con la posibilidad de ser gestionados de manera indirecta y, cuando resulte más conveniente o eficiente, la gestión parcial de los servicios y de las prestaciones contenidos en el citado Catálogo de Servicios y Prestaciones.

A través de este Decreto, se definen entre otros elementos, los distintos servicios, las prestaciones que contemplan cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.

Los servicios que opten a un modelo de concierto social deben disponer de autorización y/o acreditación administrativa y estar inscritos en el Registro Único de entidades, centros y servicios, así como habrán de cumplir un conjunto de obligaciones de gestión y de control fijadas legalmente y desarrolladas en el presente Decreto.

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El Consejo aprueba prorrogar el convenio de asistencia jurídica para el personal de los centros sanitarios

Se aplica al personal del SCS en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones

El Consejo de Gobierno aprobó la prórroga del convenio de colaboración por el que se presta asistencia jurídica especializada al personal de los centros asistenciales en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones. Este convenio está suscrito directamente entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Consejo Canario de Colegios de Abogados y se prorrogará por una anualidad más, hasta el 1 de enero de 2023.

La prórroga se hará efectiva tras la autorización hoy, por parte del Consejo de Gobierno, de la firma de la adenda de modificación y prórroga del citado convenio, vigente desde noviembre de 2007 y que financia íntegramente el SCS.

Este acuerdo incluye la asistencia letrada gratuita en procedimientos abreviados y en los que se interponga recurso de apelación, para casos de agresiones calificadas como delito.

Además, se ofrece asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia civil y penal -ya sea sobre derechos y deberes que asisten a los trabajadores que comuniquen haber sufrido una agresión y las posibilidades legales de actuación- y asistencia letrada en los procedimientos judiciales que se decida interponer o se inicien de oficio por el Juzgado.

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