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Canarias pide a Madrid financiación para cubrir el vacío del decreto estatal y activar su escudo social antiguerra

 

 

Clavijo agradece a los representantes empresariales y sindicatos que se sumen a la estrategia para lograr que el Estado compense económicamente al archipiélago o permita flexibilizar la regla de gasto

El presidente y el vicepresidente trasladan a las organizaciones económicas y sociales el paquete de 20 medidas que se barajan para mitigar los efectos del conflicto bélico

Canarias reclama al Estado compensaciones económicas o autorización para poder endeudarse con el fin de financiar su propio escudo social ante la guerra de Irán. Así lo ha indicado el presidente Fernando Clavijo tras el encuentro con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago donde se ha debatido el paquete de 20 medidas el Gobierno autonómico ha diseñado para de mitigar los efectos del incremento del precio del combustible.

A término de la reunión del Consejo Asesor del Presidente, tanto Fernando Clavijo como el vicepresidente Manuel Domínguez denunciaron que las 80 acciones aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes “olvidan” a Canarias, con lo que de los 5.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez destina a estas medidas “muy poco llegará” a las empresas y a la ciudadanía del archipiélago debido a su régimen fiscal específico. Sin embargo, Canarias “si pagará” este descenso de recaudación que mermará los ingresos del sistema de financiación autonómica.

Clavijo y Domínguez explicaron que el decreto aprobado por el Estado establece una serie de medidas con carácter generalista “de las que solo algunas, muy pocas benefician a Canarias”, ya que no se ajustan a la realidad diferenciada del archipiélago. “Queremos que todo ese paquete de medidas que viene a proteger a la población española se pueda desplegar con igual magnitud en Canarias y que nuestra población esté igual de protegida que los ciudadanos que viven en el territorio peninsular”, indicaron.

Para lograrlo, con el respaldo de organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno de Canarias exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez apoyo financiero por una de estas dos vías: compensaciones económicas directas o flexibilización de las reglas fiscales para que la comunidad autónoma pueda endeudarse para financiar el escudo social ante los efectos de la guerra sin restar recursos a otros servicios esenciales.

“No vamos a permitir bajo ningún concepto que las familias canarias estén en un plano de desigualdad y desprotección frente a las familias del territorio peninsular”, indicó el presidente Clavijo tras agradecer a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales que se hayan sumado “a remar todos unidos para que por una vía u otra se permita que podamos desplegar medidas que protejan a las familias y a las empresas canarias”.

Entre las 20 medidas que el Gobierno de Canarias planea activar, el presidente y vicepresidente del Gobierno destacaron el uso del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para abaratar el coste de ciertos productos, el IGIC cero en productos de la cesta de la compra, la devolución del 99% del impuesto sobre el combustible a los transportistas, medidas para ayudar al sector primario, y otras como bonos energéticos y ayudas a las familias más vulnerables.

El trabajo desarrollado por los servicios técnicos y jurídicos de la comunidad autónoma garantiza que las medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias no entran en conflicto directo con los aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes, ya que en su mayoría se basan en rebajas del IVA que no tienen efecto en el archipiélago.

Plan de vigilancia

En cuanto a las medidas adoptadas por decreto por el Estado, el presidente lamentó que el Gobierno de España haya desoído las demandas de Canarias y no haya incluido acciones específicas para el archipiélago. Consideró injusto que las 80 medidas puestas en marcha por Madrid sean solo para el territorio continental, sin atender a la especial incidencia que la subida del combustible tiene en las islas por su lejanía e insularidad.

Además, el vicepresidente Manuel Domínguez informó a los miembros del Consejo Asesor sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para supervisar la subida del precio de los combustibles en Canarias y vigilar para que no se produzcan incrementos abusivos. El Gobierno ha encargado un estudio para analizar el mercado y comprobar posibles prácticas abusivas, además de realizar un seguimiento diario de la evolución de los precios. No se descartan sanciones ni la intervención del organismo de competencia, con el objetivo de proteger a los consumidores y frenar incrementos injustificados.

Junto a Clavijo y a Domínguez, han participado en la reunión en nombre del Gobierno la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado; el consejero de Obras Públicas, vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Mejías; y el viceconsejero de Economía, Gustavo González.

En nombre de las principales organizaciones empresariales y sindicales han estado el presidente y la secretaria general de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso Martín y Elena Vela Sánchez; el presidente y el vicepresidente ejecutivo de la CCE de Las Palmas,  Pedro Ortega y José Cristóbal García; el secretario y el vicesecretario de UGT Canarias, Manuel Navarro y Héctor Pérez; y la sectaria general y el responsable de Política Institucional de CC OO, María Frahija Betancor y José Ramón Barroso.

Gobierno y cabildos aúnan esfuerzos para impulsar la formación de personal especializado en materia sociosanitaria

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, adelantó que el Ejecutivo ha tomado medidas como el incremento del precio/plaza en los centros sociosanitarios

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, trasladó la predisposición de la Consejería a estudiar el refuerzo de la oferta formativa en el ámbito sociosanitario en coordinación con el resto de administraciones

El incremento de oferta formativa en materia sociosanitaria y la financiación del coste de los servicios de atención en los centros sociosanitarios se establecen como algunas de las medidas que el Gobierno de Canarias quiere impulsar con el fin de dar respuesta a las demandas de personal especializado en este campo. Con este fin, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, convocó hoy (lunes 23) a los siete cabildos insulares con el fin de buscar soluciones y aunar esfuerzos en este campo en una reunión que también contó con la presencia del viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, y la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega.

“Uno de los grandes retos que vamos a tener en la prestación de servicios en los próximos años y uno de los problemas con los que ya nos estamos encontrando, según nos exponen las entidades y empresas que trabajan en este sector, es con la falta de personal especializado en materia sociosanitaria, en algunos casos por la poca oferta de personal especializado y en otras, porque las ofertas de empleo no resultan atractivas para la persona que trabaja en esta área”, explicó Candil, quien recordó que en materia de financiación, el Gobierno ya ha tomado medidas para acercar la financiación al coste real de las plazas en centros sociosanitarios dentro de los convenios en materia de atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad establecidos con los siete cabildos insulares,  aumentando la financiación de las plazas en más de 110 millones de euros.

“Sin embargo, junto a las medidas financieras concretas, una de las cuales ha sido el incremento de la financiación de la plaza de atención domiciliaria que ha pasado de 14 a 22 euros/hora, por encima de la media estatal, se deben de poner en marcha otras medidas dirigidas a aumentar la oferta de formación especializada en el ámbito de la atención sociosanitaria”, aclaró Candil, quien señaló que esta es una cuestión motivada por el envejecimiento de la curva de población que afecta “no solo a nivel Canarias, sino a nivel de toda Europa”.

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, trasladó “la predisposición de la Consejería para mantener un diálogo permanente con las administraciones y entidades implicadas con el fin de seguir ajustando la oferta formativa a las necesidades reales del sector, ya que el objetivo es siempre alinear formación con necesidades del mercado”. En este sentido, recordó que “la Formación Profesional ya cuenta con una amplia oferta vinculada a este sector distribuida en las siete islas”, si bien avanzó “que se estudiará reforzar esta formación en aquellos territorios o comarcas donde exista una mayor demanda”.

 

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El ICAP amplía su oferta formativa para las administraciones locales orientada a la gestión real y el territorio

El Plan de Formación Local 2026 da un salto en capacidad y digitalización, superando las 3.200 plazas y con 54 acciones formativas para el personal de corporaciones locales

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) impulsa el Plan de Formación de Corporaciones Locales 2026, dirigido a empleados públicos, con 54 acciones formativas y una oferta de 3.280 plazas, lo que supone un incremento del 62,4 % respecto al año pasado. Así se ha aprobado en el Consejo de Administracion de este organismo que apuesta por un cambio de enfoque hacia una formación más útil, orientada a la gestión real y alineada con los retos del territorio, en el marco de una inversión global de más de 2,9 millones de euros.

El director del ICAP, Gustavo Pérez, destaca que “este plan marca un punto de inflexión en la forma de entender la formación pública”. “No se trata de hacer más cursos”, explica, “sino de hacerlos mejor, con impacto directo en la gestión diaria y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”. Asimismo, recalca en que desde el Instituto se está alineando la formación con los problemas reales de las administraciones, especialmente en ámbitos como la digitalización o el cumplimiento normativo.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, ha valorado el consenso alcanzado entre el Gobierno de Canarias, Fecam, Fecai y sindicatos y afirma que “este plan sitúa a las corporaciones locales en el centro, reforzando su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales”. “Apostamos por una formación continua, adaptada al territorio y orientada a resultados, que contribuya a una Administración más ágil, eficaz y cercana”, señala Llorens.

Detección de necesidades

La Comunidad Autónoma canaria gestionará un total de 2.917.360 euros para formación de empleados públicos en 2026, que provienen del convenio AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas). De ese total, 770.730 euros se destinan específicamente al ámbito local, donde se despliega este plan formativo.

El diseño del plan responde a un proceso exhaustivo de detección de necesidades, que ha incluido el análisis de la ejecución del plan 2025, la evaluación de la demanda formativa, las novedades legislativas y las aportaciones de la Federación Canaria de Municipios, la Federación Canaria de Islas y las organizaciones sindicales.

Evolución del modelo formativo

Más allá de la ampliación de la oferta, el Plan 2026 se enmarca en una evolución del modelo formativo: de un sistema basado en cursos aislados a otro centrado en su impacto real en la gestión pública. El objetivo es mejorar la tramitación administrativa, la toma de decisiones y la calidad de los servicios, especialmente en el ámbito local, el más cercano a la ciudadanía.

El programa refuerza áreas clave como la digitalización, la inteligencia artificial, la contratación pública, la simplificación administrativa y la atención ciudadana, al tiempo que incorpora nuevas líneas como idiomas y jornadas insulares. Este enfoque responde a la necesidad de adaptar la formación a la realidad de Canarias, marcada por la insularidad y la fragmentación territorial.

Con un presupuesto específico de 132.257,27 euros para el Plan de Corporaciones Locales y previsión de inicio en el primer semestre del año, el ICAP consolida así una estrategia formativa más ambiciosa, participativa y concebida como una palanca real de transformación de la Administración pública en Canarias.

 

 

 

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El Consejo de Gobierno autoriza las condiciones y requisitos para la jubilación parcial del personal laboral

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio del derecho al acceso a la jubilación parcial, sin necesidad de suscribir un contrato de relevo obligatorio, del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo regulatorio, alcanzado con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral a través de la Dirección General de la Función Pública, permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. A partir de ese momento, la persona trabajadora continuará desempeñando su mismo puesto mediante la transformación de su contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.

La solicitud deberá presentarse con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha en la que pretenda dejar de trabajar a jornada completa. Para poder acceder a esta modalidad, será necesario ser personal laboral de la Administración autonómica, estar en régimen de jornada completa y cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social.

Requisitos

El texto establece que, con carácter general, durante los tres primeros meses de jubilación parcial, la persona trabajadora deberá prestar servicio diariamente en la parte de jornada que le corresponda. Este periodo tiene como objetivo facilitar la transmisión de conocimientos y experiencia al resto del personal de la organización.

Una vez superados esos tres meses iniciales, la prestación del trabajo podrá mantenerse de forma diaria o bien organizarse de manera acumulada —semanal, mensual, anual o incluso concentrada en un único periodo— hasta el momento en que la persona acceda a la jubilación ordinaria total.

En los puestos vinculados a servicios públicos esenciales, como centros educativos o del área de bienestar, la jornada podrá organizarse de forma acumulada desde el inicio para garantizar la prestación del servicio.

Derechos

El acceso a la jubilación parcial estará condicionado al reconocimiento de la pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Una vez concedida, se modificará el contrato a tiempo parcial y la persona trabajadora continuará en su mismo puesto hasta la jubilación total, sin poder participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado u otros procedimientos de movilidad, salvo por motivos de salud.

La persona que acceda a la jubilación parcial mantendrá los mismos derechos que el personal que trabaja a jornada completa, si bien aquellos vinculados al tiempo de trabajo se disfrutarán de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada. En particular, tendrá derecho a vacaciones y a días de asuntos particulares en función del tiempo trabajado, con independencia de que la prestación de servicios se realice de forma acumulada o no.

Asimismo, el acceso a esta modalidad de jubilación no supondrá la pérdida de derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida, y la Administración no podrá disponer del puesto de trabajo mientras la persona permanezca en situación de jubilación parcial.

La autorización del acuerdo se formalizará mediante la firma de un acta entre la Dirección General de la Función Pública y las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del convenio colectivo. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el decreto de persona facilitadora de apoyo en sedes judiciales

Se regula la figura que asistirá a las personas con discapacidad y a mayores de 65 años en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, solicitar el dictamen al Consejo Consultivo sobre la figura de la persona facilitadora que prestará apoyo a personas con discapacidad y a mayores en sedes judiciales y fiscales.

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, principios de actuación, actuaciones a realizar y la forma de designación del personal experto que actúe como personal facilitador, para asistir a las personas con discapacidad, así como a personas mayores con 65 años o más en los procesos y actuaciones judiciales o ante el Ministerio Fiscal, garantizándose así, la igualdad de las personas destinatarias de este recurso en sus relaciones con la Administración de Justicia.

De esta forma, el Gobierno de Canarias consolida su apuesta por una mayor humanización de la justicia y avanza en la accesibilidad del sistema al eliminar barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.

La persona facilitadora deberá asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes razonables, las adaptaciones y el apoyo adecuados. Se hace constar que la persona facilitadora no habla en nombre de las personas destinatarias, ni del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de las decisiones o en los resultados. Sus funciones serán informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas destinatarias.

Para poder ser designados como personas facilitadoras, deben estar en posesión de la titulación y/o graduación en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología. Además, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad; estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad o personas mayores en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad y las personas mayores.

Otro requisito es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aportando el correspondiente certificado de delitos de naturaleza sexual o bien permitiendo a la administración pública comprobar el contenido del registro. Por último, se requiere estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.

Cuando la persona con discapacidad sea menor de edad, la persona que actúe como su persona facilitadora debe reunir los requisitos señalados en el artículo anterior y además estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia con una duración mínima de 60 horas.

Otras actuaciones de la Consejería

En la misma línea de humanizar la justicia, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderla y también ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las víctimas menores de edad que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno autoriza el reparto de 433 millones del Fondo de Financiación Municipal 2026

El gasto supone un incremento del 8,35% con respecto al ejercicio 2025, lo que se traduce en 33.370.484 euros más

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 433.016.987 euros, en cumplimiento de lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.

Este monto supone un incremento del 8,35 % con respecto al 2025, lo que se traduce en un total de 33.370.484 euros más. De esa cantidad global, se destina un 1% —4.330.169,87 euros— a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como marca la normativa. El resto, 428.686.817,13 euros, se reparte entre los ayuntamientos del archipiélago.

La distribución de estos fondos se realiza siguiendo los criterios fijados por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Entre ellos, destacan el número de habitantes de cada municipio y su dispersión territorial, es decir, cómo se distribuye su población dentro del territorio. Para ello se han utilizado los datos oficiales disponibles más recientes, correspondientes al 1 de enero de 2025.

La distribución del fondo se realiza conforme a varios indicadores, como son la población, en un 68 %; la solidaridad, en un 16 %; la insularidad periférica, en un 1 %; la extensión territorial, en un 2 %; los espacios naturales protegidos, en un 2 %; las plazas alojativas turísticas, en un 2 %; la dispersión territorial, en un 5 % y las unidades escolares, en un 4 %.

Criterios de reparto

En el caso concreto del criterio de dispersión, se han tenido en cuenta variables como la población total del municipio, el número de núcleos de población y los habitantes de la capital municipal. Dado que en los datos actuales no se especifica qué núcleo es la capital en cada municipio, se ha mantenido la misma referencia utilizada en años anteriores, basada en información oficial de 1996, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema.

Asimismo, el criterio de extensión superficial se ha basado en la información cuya certificación corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, mientras que los datos relativos a espacios naturales protegidos, plazas alojativas turísticas y unidades escolares han sido aportados por las consejerías competentes en cada materia.

Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias autoriza además el gasto completo del fondo y dará cuenta de esta decisión al Parlamento de Canarias, tal y como exige la normativa vigente.

La propuesta ha seguido todos los trámites necesarios, incluyendo la consulta a la Federación Canaria de Municipios y los informes de la Intervención General y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.

El Gobierno de Canarias aprueba seis planes de recuperación de flora endémica en peligro de extinción

Los documentos establecen medidas para mejorar el estado de conservación de especies amenazadas en varias islas del archipiélago

Se trata de los planes de recuperación de la yerbamuda de Jinámar, el cardo de Tenteniguada, el pico de fuego y pico cernícalo y el de la piñamar y la piñamar mayor

Los planes del drago de Gran Canaria y de la escobilla de Guayadeque ya habían sido aprobados en semanas anteriores, así como los de los lagartos gigantes de Tenerife y El Hierro

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, seis planes de recuperación dirigidos a especies de flora endémica catalogadas en peligro de extinción, con el objetivo de garantizar su supervivencia y mejorar el estado de conservación de sus hábitats.

Estos instrumentos de planificación dan cumplimiento a la normativa estatal y autonómica en materia de biodiversidad, que establece la obligatoriedad de desarrollar planes específicos para las especies incluidas en esta categoría de protección, y se integran en la estrategia autonómica de conservación del patrimonio natural.

Entre los planes aprobados se encuentra el de la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii), localizada en la isla de Gran Canaria, con un presupuesto de 908.959 euros. La ejecución de este plan corresponderá al Cabildo de Gran Canaria, bajo la supervisión del Gobierno de Canarias. También se ha aprobado el plan del cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelium), igualmente en Gran Canaria, con una dotación de 794.109 euros, cuya ejecución recaerá en el Cabildo insular.

En el caso de las especies pico de fuego (Lotus pyranthus) y pico cernícalo (Lotus eremiticus), presentes en La Palma, el plan cuenta con un presupuesto de 738.792 euros y será ejecutado por el Cabildo de La Palma, bajo coordinación autonómica.

Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde al plan conjunto de la piñamar (Atractylis preauxiana) y la piñamar mayor (Atractylis arbuscula), con presencia en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Este plan dispone de un presupuesto de 1.859.126 euros y su ejecución corresponderá directamente al Gobierno de Canarias, con la participación de los cabildos implicados.

A estos cuatro planes se suman los dos ya aprobados en semanas anteriores, como el de la escobilla de Guayadeque (Thesium canariense), especie endémica de Gran Canaria, con un presupuesto de 728.252 euros, cuya ejecución corresponde al Cabildo de Gran Canaria, y el del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), con una inversión de 1.095.607 euros.

Los distintos planes contemplan actuaciones orientadas a incrementar el número de ejemplares, mejorar las condiciones del hábitat, ampliar las áreas de distribución y reducir las amenazas que afectan a estas especies, como la herbivoría por fauna introducida, la presión humana o la presencia de especies invasoras.

Además, incluyen medidas para la conservación de material genético en bancos de germoplasma, la producción de plantas en vivero, la designación de áreas críticas, así como acciones de seguimiento, investigación y divulgación.

Los planes tienen un horizonte de actuación de cinco años, aunque su vigencia se mantendrá hasta alcanzar los objetivos de conservación fijados. Con su aprobación, el Gobierno de Canarias refuerza los instrumentos de gestión destinados a la protección de la biodiversidad terrestre del archipiélago.

Dos planes de recuperación de fauna

Además de estos planes de flora, en el pasado Consejo de Gobierno también se aprobaron los planes de recuperación de los lagartos gigantes de El Hierro (1.991.187 euros) y Tenerife (1.703.022 euros). Las actuaciones incluyen el control de amenazas, el refuerzo de poblaciones, la investigación científica y la divulgación para favorecer su conservación. Ambos planes serán ejecutados por el cabildo correspondiente.

Bienestar Social convenia con Fuerteventura la realización de informes previos reconocer el grado de discapacidad

El Ejecutivo destinará 125.055 euros a financiar los equipos de psicólogos y trabajadores sociales

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio por el que el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad en la isla.

Para la ejecución de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destinará una partida de 125.055,27 euros del presupuesto de la Dirección General de Discapacidad con el objetivo de sufragar los costes de personal asignado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, esto es, una psicóloga y dos trabajadoras sociales. La valoración médica, por su parte, continuará realizándose con personal que aporta la propia dirección general, que dispone de personal médico, de enfermería y terapeuta ocupacional.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, «como ya se ha señalado, las islas no capitalinas ya no tienen lista de espera en la valoración de la discapacidad. Esto significa que las personas obtienen su reconocimiento en menos de seis meses. Con este convenio, se agilizará aún más la tramitación de los expedientes de reconocimiento de grado de discapacidad en la isla, manteniendo nuestro compromiso con conseguir unas islas más iguales, donde el lugar de residencia no determine el nivel de atención y la rapidez en la consecución de sus derechos».

El acuerdo contempla la redacción de los informes técnicos para vivienda de protección oficial, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

La encomienda de gestión se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Serán estos equipos multiprofesionales los encargados de emitir el dictamen-propuesta, a partir de la valoración efectuada y de los informes psicológicos y sociales elaborados por el personal del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Con el objeto de evaluar los resultados del convenio y de coordinar la colaboración entre las partes, se creará una Comisión de Seguimiento y control del presente convenio, que tendrá, entre otras funciones, velar por el correcto cumplimiento del mismo y garantizar el intercambio de información entre ambas administraciones.