La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección

Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’

Establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen.

La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación.

Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.

En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Las facturas generadas engloban gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino en la extinción entre el 21 y el 27 de julio

Los costes derivados del operativo los asume la administración que en cada momento está llevando a cabo la dirección del plan; en el caso de declararse el nivel 2 deben ser asumidos por la Comunidad Autónoma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de que el incendio forestal registrado este verano en el norte de Tenerife supuso a la Dirección General de Seguridad y Emergencias unos gastos, tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, de 139.178,90 euros, derivados de las labores de extinción realizadas entre el 21 y el 27 de julio, periodo en el que la Comunidad Autónoma se hizo cargo de la dirección del operativo.

En concreto, Julio Pérez ha dado cuenta de la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por la que ser aprueba el abono de las facturas generadas durante las fechas indicadas, que engloban conceptos tales como gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino -incluidos los miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trasladados a petición de la dirección del operativo-, gastos derivados del traslado de dotaciones materiales, y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio forestal declarado en el norte de Tenerife.

El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) establece que la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las islas dependerá de los niveles de gravedad, partiendo de que la competencia de la gestión de la extinción de los incendios forestales en Canarias está transferida a los cabildos, lo cuales disponen de medios humanos y materiales para hacer frente a este tipo de emergencia, y aunque tanto el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado aporten diversos recursos (aéreos, terrestres y de coordinación).

En el caso de llegar al nivel de gravedad 2, aquel que implica la movilización de medios del Estado diferentes a los previstos en el plan, como puede ser la Unidad Militar de Emergencia (UME), o que pueda dar lugar a situaciones de emergencia que deriven hacia el interés autonómico o nacional, la dirección del operativo deja de ser insular y pasa a ser autonómica, que es lo que sucedió en el periodo transcurrido del 21 al 27 de julio de este año con el incendio registrado en el norte de Tenerife.

Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento esté al cargo de la dirección del plan, siendo el Gobierno de Canarias, en la persona del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por ser el que tiene las competencias en protección civil y atención de emergencias, quien la lleva en el nivel 2.

Desde el día 21, en el que se declara el nivel de gravedad 2, hasta el día 27, fecha en se pasó a nivel 1, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia diversos servicios y suministros, y se toma la decisión de desplazar a diverso personal que colabora en las tareas de extinción y que cuenta con el apoyo de personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencia (Grupo de Emergencias y Salvamento y Cuerpo General de la Policía Canaria), así como de empleados públicos pertenecientes a otras administraciones.

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El número de plazas ofertadas asciende a 3.499. De ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242, de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral)

Los aspirantes a los puestos de trabajo del personal funcionario interino de corta duración deberán hacer un examen tipo test, no eliminatorio, que se efectuará después de la fase de concurso

La selección del personal laboral de corta y de larga temporalidad se realizará solo por el sistema de concurso de méritos y sin tener que examinarse

El acuerdo incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este viernes, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, los acuerdos alcanzados, tras cerca de 40 horas de negociación y trabajo, entre la Administración y las organizaciones sindicales, sobre las bases generales que han de regir los procesos de selección para la estabilización de 3.499 plazas de empleo público en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya convocatoria deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

De este modo, el Gobierno canario ha dado el visto bueno a los criterios comunes que han de tenerse en cuenta tanto en las convocatorias de acceso a los cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que se convoquen en ejecución de los procesos selectivos de estabilización para funcionarios interinos derivados de las ofertas extraordinarias de empleo público aprobadas por los decretos 114 y 115/2022, de 20 de mayo, como en las convocatorias de los procesos extraordinarios de estabilización del personal laboral temporal e indefinido no fijo a que se refiere la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dichos criterios se han elaborado teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante el sistema de concurso-oposición y de concurso de méritos establecido por las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la citada norma, así como los principios rectores que rigen los procesos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas, garantizando el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Como han reconocido ambas partes, estos acuerdos son fruto de muchas horas de trabajo previas y dentro de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral, y han dado como resultado tres vías diferenciadas, amparadas por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Dos de ellas hacen referencia a las convocatorias de personal funcionario interino y las plazas que vienen siendo ocupadas en larga o corta temporalidad, y una tercera está dirigida a la estabilización del personal laboral no fijo y posibilita el acceso a la Administración Pública de Canarias mediante el sistema de concurso de méritos sin tener que examinarse.

Así, para las 99 plazas de funcionarios interinos de corta temporalidad, se ha establecido un sistema de concurso-oposición, en el que la fase de oposición tendrá un peso del 60% sobre la nota global del proceso, fijándose para ello un único ejercicio tipo test, no eliminatorio, que será elaborado a partir de unas baterías de preguntas y respuestas, extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos funcionales correspondientes. Las preguntas constarán de tres respuestas alternativas; una de ellas será la cierta frente a las otras dos falsas. La no contestación y la contestación errónea no computarán y la nota conseguida se sumará al cálculo de la puntuación total del proceso.

Para el acceso a cuerpos y escalas de carácter facultativo, así como aquellas escalas distintas de la general adscritas al Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, el temario incorporará una parte específica, atendiendo al ámbito funcional propio del cuerpo, escala y, en su caso, especialidad de que se trate.

Con el fin de mejorar la operatividad, la fase de concurso será anterior a la de oposición, lo que permitirá a los aspirantes obtener una baremación previa de sus méritos aportados y acreditados. Esa fase de concurso, con un peso del 40% en el cómputo total, está distribuida en cuatro puntos: la experiencia adquirida en el sector público como funcionario interino en el cuerpo/escala/especialidad objeto de la convocatoria tendrá una puntuación máxima de 3,10 puntos; la antigüedad acreditada en el sector público, 0,2 puntos máximos, y otros méritos –haber superado ejercicios de procesos selectivos anteriores, las titulaciones académicas y certificaciones por realización de cursos formativos, de adecuación o perfeccionamiento profesional–, 0,7 puntos.

En el caso de las 93 plazas de funcionarios de larga temporalidad, se mantienen los mismos conceptos valorados en la fase de concurso establecido anteriormente, pero atendiendo a una distribución sobre diez puntos, de los que seis corresponderán a la experiencia obtenida como funcionario interino en el desarrollo de las funciones correspondientes al cuerpo, escala u especialidad objeto de la convocatoria; la antigüedad acreditada en el sector público tendrá una puntuación de dos puntos máximos y los otros dos puntos restantes tendrán en cuenta otros méritos.

La selección del personal laboral de corta temporalidad, 158 plazas, y de larga duración, 3.149 plazas, se realizará por el sistema de concurso de méritos, en el que se valorarán como méritos la experiencia adquirida, la antigüedad como empleada o empleado público temporal, las titulaciones académicas superiores al nivel mínimo exigido y las certificaciones, diplomas y acreditaciones expedidas por cursos formativos recibidos. Para los primeros, la valoración se efectuará con un límite total de diez puntos, donde siete puntos corresponderán a méritos profesionales –cinco a experiencia profesional y dos a antigüedad– y tres a otros méritos. En los de larga duración, también sobre un total de diez puntos, ocho corresponderán a méritos profesionales –siete a experiencia profesional y uno a antigüedad– y dos a otros méritos.

Para poder ser propuesto como personal funcionario de carrera o personal laboral fijo tras estos procesos, se deberán alcanzar una puntuación mínima o nota de corte. El personal funcionario interino de corta temporalidad, 1,7 puntos; el de larga duración, dos puntos; el personal laboral no fijo de corta temporalidad, dos puntos; y el de larga duración, dos puntos.

El acuerdo incluye también la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias.

Las 99 plazas de funcionarios interinos de corta duración pertenecen a los cuerpos A1 (13), seis de ellos de la Escala de Ingenieros y Arquitectos de la Comunidad Autónoma de Canarias; A2 (16), siete de ellos de la Escala Gestión General y cinco de la Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos; C1 (14), siete de ellos del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera; C2 (42), todos ellos del Cuerpo Auxiliar; y E (14), todos ellos, también, de la Agrupación Profesional Subalterno.

Las 93 de larga duración corresponden a A1 (27), cinco de ellos de la Escala de Administradores Generales, seis de la Escala de Técnicos Estadísticos Superiores y siete de la Escala de Profesores Numerarios de FP Marítimo Pesquera; A2 (33), seis de ellos de la Escala Gestión General, trece de la Escala Arquitectos e Ingenieros Técnicos y siete de la Escala Maestro Taller FP Marítimo Pesquero; C1 (2); C2 (25), todos ellos del Cuerpo Auxiliar; y E (6), todos ellos también de la Agrupación Profesional Subalterno.

Las 158 plazas de personal laboral de corta duración pertenecen al Grupo I (4), dos de ellas de la Categoría Profesional Psicólogo; Grupo II (10), seis de ellas de Titulado Medio; Grupo III (2), una de Auxiliar de Autopsias y otra de Adjunto de Taller; Grupo IV (94), catorce de ellas de Cocinero, veintiuna de Auxiliar Administrativo y treinta y nueve de Auxiliar de Servicios Complementarios; y Grupo V (48), veinticuatro de ellas de Ayudante de Cocina y trece de Subalterno.

Y las 3.149 de personal laboral de larga duración corresponden al Grupo I (321), la mayoría de ellas, 282, de Titulado Superior; Grupo II (251), de ellas 23 de la Categoría Profesional 0de Asistente Social, 17 de educador y 148 de Titulado Medio; Grupo III (223), de ellas 36 de Educador Infantil, 25 de Técnico Especialista, 61 de Administrativo y 14 de Operador de Sistema; Grupo IV (1.780), de ellas, 92 de Cocinero, 78 de Cuidador, 601 de Auxiliar Administrativo, y 843 de Auxiliar de Servicios Complementarios; y Grupo V (574), de ellas, 165 de Ayudante de Cocina, 62 de Limpiadora y 176 de Subalterno.

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El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El consejero Franquis afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.

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Con esta autorización, se reanuda la licitación, tras ajustar los precios de los materiales de obra a la realidad actual del mercado, de una actuación que mejora la conexión entre las zonas residencial y comercial de esa localidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, el gasto de 4.334.812 euros para sacar a licitación las obras de construcción del nuevo paso inferior bajo la LZ-2 para mejorar la conectividad con la zona industrial y comercial que queda al otro lado de la autovía en la localidad lanzaroteña de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé. Con esta autorización se consigue reanudar el procedimiento de licitación de unas obras cuyo concurso quedó desierto meses atrás debido a que en un primer momento no se contempló la revisión de precios de los materiales de construcción acorde al precio real que se maneja en el mercado en la actualidad en un sector muy afectado por la inflación.

Tras la actualización del proyecto, redactado por el Cabildo y actualizado y adaptado por los servicios técnicos de la Consejería regional, se ha subido el presupuesto hasta los 4,3 millones de euros, con los que se cubre el coste real de los materiales a adquirir para la obra.

El proyecto que se va a licitar en las próximas semanas contempla la creación de un eje transversal bajo la LZ-2 que sirva de comunicación entre Playa Honda y la zona industrial y comercial situada al otro lado de la autovía. Se trata de crear otro paso subterráneo paralelo al actual, pero en este caso con un diseño que facilite tanto el tránsito peatonal como rodado, favoreciendo la comunicación peatonal y ciclista.

Las obras pretenden ejecutar un nuevo paso inferior amplio, seguro y provisto de iluminación natural mediante lucernarios en la cubierta que permitirán regenerar tanto el aire interior, como prever de luz y aportar mayor confort al espacio. Además, se va a dotar a este paso de la amplitud suficiente para la convivencia entre peatón, ciclista y conductor implantando una acera peatonal de 5,50 metros, un carril bici segregado de 3,50 metros, una franja vegetal de 1,90 metros, y un carril de circulación de 5,50 metros.

Además, en la carretera LZ-2, sobre el paso inferior, se realizará paradas de guaguas de líneas interurbanas con el objetivo de eliminar tráfico en este enlace. Se comunicará estas paradas con el paso inferior mediante itinerarios al aire libre.

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Administraciones Públicas da cuenta al Consejo de Gobierno de un expediente para la contratación del suministro e instalación de redes de comunicación electrónica de alta velocidad con financiación ‘Next Generation EU’

Esta actuación abarca, entre otros, hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación, incluyendo bibliotecas, y otros centros en los que se presten servicios públicos de tipo asistencial, social o de igualdad, así como los centros de I+D públicos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dado cuenta este viernes al Consejo de Gobierno de la aprobación de un expediente de gasto para el refuerzo de la conectividad de los centros públicos de referencia del Ejecutivo de Canarias –aquellos que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales, tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación, incluyendo bibliotecas, y otros centros en los que se presten servicios públicos de tipo asistencial, social o de igualdad, así como los centros de I+D públicos– a través de la contratación del suministro e instalación de una solución llave en mano de redes de comunicación electrónicas de alta velocidad, financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del instrumento Next Generation EU.

El presupuesto base de licitación de dicho expediente de contratación, que cuenta con informe de fiscalización previa favorable de la Intervención General, emitido el 19 de octubre de 2022, e incluye el impuesto general indirecto canario (IGIC), asciende a 7.126.419,26 euros y está dividido en dos lotes. El primero, referido a la red corporativa del Gobierno de Canarias, con 277 sedes, tiene una cuantía de 4.273.839,97 euros. El segundo, dirigido a los centros educativos, con 294 sedes, está cifrado en 2.852.579,30 euros.

Esta iniciativa forma parte de las acciones puestas en marcha por el Gobierno estatal, con un montante de 500 millones de euros –de los que Canarias gestiona 20,4 millones–, para el periodo 2021-2023, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el refuerzo de la conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial, además de servicios públicos como los centros de salud, centros de educación y formación y centros de I+D públicos, con el objetivo de que alcancen una velocidad de conectividad de 1-Gigabit. Su plazo máximo de ejecución es el 31 de diciembre de 2023.

De los 20,4 millones que gestiona Canarias, además de reforzar la conectividad en centros públicos de referencia, también se contemplan los polígonos industriales y ayudas a las comunidades de propietarios para acometer infraestructuras de telecomunicaciones en edificios construidos antes del año 2000, así como facilitar bonos de conectividad digital y formación para la adquisición de competencias digitales de la ciudadanía.

Si bien el artículo 27.1 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, dispone que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a dos millones de euros, el artículo 29.1 de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation EU, en el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias, exonera de dicha obligación a los expedientes de gastos que se vayan a financiar con fondos procedentes del referido instrumento; añadiendo el apartado 2 de este último precepto que de los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.

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El Consejo del Gobierno aprobó hoy, viernes 18 de noviembre, la financiación del proyecto Artropocan con 22.500 euros a través de fondos de la Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Esta acción tiene como objetivo desarrollar en las islas la cría intensiva de invertebrados para la producción de piensos y harinas destinados al consumo animal.

El plan, puesto en marcha por la Fundación Neotrópico, persigue el desarrollo de la entomofagia en Canarias, el establecimiento de protocolos seguros en materia sanitaria y el conocimiento de las posibilidades de aprovechamiento de especies nativas de artrópodos, con el fin de conseguir un uso sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos.

La Dirección General de Ganadería, centro directivo adscrito a la citada Consejería, financia este proyecto dada su importancia para el sector ganadero. Antes del inicio del conflicto bélico en Ucrania, ocasionado por la invasión de Rusia, los precios de las materias primas destinadas a la elaboración de los piensos para la alimentación animal sufrieron continuas subidas, alzas que después se llegaron a agravar.

La Dirección General de Ganadería, ante la extensión en el tiempo de ese conflicto, está favoreciendo todas las iniciativas que supongan una disminución de la dependencia exterior en cuanto a las materias primas para la alimentación animal. En este sentido, desde el departamento se está trabajando con los planes forrajeros de las diferentes islas para intentar aumentar la producción forrajera local con vistas a implementar la alimentación de las especies rumiantes de nuestro archipiélago.

Se plantea la posibilidad de potenciar la producción de harinas proteicas a partir de la producción de insectos, de tal forma que se puedan implementar en las raciones de animales, tanto rumiantes como no rumiantes de las explotaciones de Canarias, máxime cuando el sector ganadero está atravesando una de las peores crisis de precios de la historia.

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Durante la pasada mensualidad, se emitieron 4,6 millones de recetas, el 86,20% en las áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife

Respecto a octubre de 2021, el gasto medio por receta descendió el 1%

La Consejería de Sanidad dio cuenta este viernes, 18 de noviembre, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a octubre de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.659.996 recetas, con un gasto medio de 11,50 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 54.275.829,43 euros.

Por áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 2.051.968 recetas y Tenerife, 1.965.133, lo que representa el 86,20% del total. Les siguen Lanzarote, con 238.860; La Palma, con 183.802; Fuerteventura, con 153.639; La Gomera, con 44.717, y El Hierro, con 21.877.

En cuanto al gasto medio por receta, disminuyó un 1% respecto a octubre de 2021, mes en el que se situó en 11,62 euros. El gasto más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,64 euros, y el más bajo, en la de Fuerteventura, con 11,07 euros, si bien el mayor descenso porcentual estuvo en El Hierro, con una disminución del gasto medio por receta del 2,65%, al pasar de 11,84 a 11,53 euros en el periodo de referencia.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo con estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de octubre que se comunicará al Ministerio asciende a 51.680.769,33 euros.

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El Consejo aprueba financiar la ejecución de la segunda fase del Plan de Digitalización del Sector de la Construcción con la creación de la oficina técnica de digitalización y la celebración de jornadas, entre otras actuaciones

La primera fase del plan ha finalizado con la formación de más de 200 empresarios y empresarias, la realización de unas 100 pruebas de autodiagnóstico y la ejecución de más de 50 planes directores de transformación digital

El Consejo de Gobierno de este viernes, 18 de noviembre, ha autorizado la transferencia de crédito de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para financiar con 200.000 euros la segunda fase del Plan de Digitalización del Sector de la Construcción, que está desarrollando la Asociación de Empresarios y Empresas del sector en la provincia de Las Palmas.

Esta fase del plan contempla, entre algunas de sus actuaciones, la creación de la oficina técnica de digitalización y la celebración de jornadas de sensibilización en transformación digital, para dar un nuevo impulso a la transformación digital del sector empresarial de Canarias, aumentando su competitividad y productividad.

Así, la Consejería que dirige Elena Máñez da continuidad al Plan de Digitalización del Sector de la Construcción, que, en su primera fase, ha finalizado con la formación de más de 200 empresarios, la realización de unas 100 pruebas de autodiagnóstico y la ejecución de más de 50 planes directores de transformación digital para las empresas del sector.

El plan, con un periodo de ejecución de seis años (2021-2026), se articula en cuatro fases, que deberán cumplimentar todas las empresas que se incorporen a este y que son las siguientes:

1. Elaboración de los Planes Directores de Transformación Digital: cuyo objetivo es conseguir que todas las empresas que se sumen al proceso de digitalización del sector cuenten con un Plan Director de Transformación Digital personalizado y adaptado a sus necesidades.
2. Ejecución de los Planes de Acción para la Digitalización: destinados a implementar en cada empresa todas las actuaciones detectadas en su Plan Director de Transformación Digital para elevar su grado de digitalización y adaptarse al ecosistema digital.
3. Incorporación de las empresas a la Oficina Técnica de Digitalización: con la finalidad de que las empresas que hayan cubierto las fases 1 y 2 del Plan de Digitalización del Sector puedan acceder a los servicios de asesoramiento de la Oficina Técnica de Digitalización. Esa Oficina Técnica se constituirá al amparo de la AECP y estará activa hasta el final del proyecto de digitalización.
4. Formalización del Digital Hub de la Construcción: cuyo objetivo es impulsar una cultura de la innovación que facilite la propuesta de soluciones disruptivas, así como acelere la innovación y contribuya a la transformación digital de sus infraestructuras. El Digital Hub será un espacio de trabajo creado para compartir experiencias e ideas, apoyándose en las tecnologías más innovadoras con el fin de crear productos y servicios que impulsen al futuro de la digitalización.

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