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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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