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Un estudio académico analiza la gestión de la emergencia volcánica en La Palma

Un estudio académico analiza la gestión de la emergencia volcánica en La Palma

Su autor, Carlo Brusini, graduado en Seguridad y Control de Riesgos, presentó el texto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto a la tutora del trabajo, la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montserrat Román

El Trabajo de Fin de Grado contiene, por ejemplo, 26 aspectos, fruto de las lecciones aprendidas de la emergencia, que se plantean como propuestas de mejora a tener cuenta en futuras revisiones del Pevolca

Incluye 22 anexos, con acceso vía códigos QR, en los que se recopilan cartografías de coladas, informes de evacuaciones, confinamientos y transferencias de mando, gráficos de mediciones de gases, legislación complementaria e imágenes de momentos relevantes de la emergencia

El Gobierno de Canarias lo difundirá y divulgará, para promover su conocimiento, y el consejero se comprometió a su edición en alguna de las series de publicaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha recibido un ejemplar del libro elaborado por Carlo Brusini, graduado en Seguridad y Control de Riesgos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que recoge un análisis de la organización de la emergencia volcánica en la isla de La Palma, realizado durante la erupción, en el marco del Trabajo de Final de Grado, y tutorizado por la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno canario, Montserrat Román, presente también en el acto de entrega de la obra por parte del autor.

En este trabajo, Brusini estudia todos los hechos ocurridos durante la emergencia, aún en curso, teniendo como marco de referencia el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).

A lo largo de ocho capítulos, aborda el marco legal de Protección Civil ante el riesgo volcánico, la actividad sismo-volcánica en Canarias, la cronología de la emergencia en sus diversos aspectos, el análisis de la ejecución de las funciones y los órganos constituidos en el marco de referencia del Pevolca. Además, se desglosan los medios y recursos empleados, y se proponen veintiséis aspectos, fruto de las lecciones aprendidas y extraídas de la emergencia, cuestiones que se plantean como propuestas de mejora a tener cuenta de cara a futuras revisiones del Plan.

El Trabajo de Fin de Grado se complementa con veintidós anexos, a los que se puede acceder mediante códigos QR, en los que se recopilan cartografías de coladas, imágenes sobre el terreno tomadas por el autor, declaraciones municipales, insulares, autonómicas, informes de evacuaciones, confinamientos y transferencias de mando, gráficos de mediciones de gases, legislación complementaria, un listado de enlaces a documentación, conferencias de interés e imágenes de momentos relevantes de la emergencia, así como una síntesis de trabajo de campo.

Este documento, según ha relatado su autor, es fruto del análisis técnico realizado y de la experiencias y conocimiento obtenidos en el Puesto de Mando Avanzado durante el desarrollo de la emergencia.

El consejero ha señalado que el Gobierno de Canarias difundirá y divulgará su contenido, para promover su conocimiento, y se ha comprometido a su edición en alguna de las series de publicaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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‘Hermine’ activó, por primera vez en la historia de Canarias, 56 planes de emergencia municipal y siete insulares

‘Hermine’ activó, por primera vez en la historia de Canarias, 56 planes de emergencia municipal y siete insulares

El fenómeno meteorológico adverso registrado en las islas a finales de septiembre y por el que se declaró la alerta máxima dejó fuertes lluvias en todo el archipiélago, que provocaron inundaciones puntuales, cortes de carreteras, desprendimientos, caídas de árboles y cancelaciones de vuelos

La Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias homologa los Pemu de Frontera, Valleseco y Fasnia, y ya hay 58 municipios, de los 88 canarios, con planes homologados

Tenerife y Gran Canaria disponen ya, al igual que El Hierro y La Gomera, de Plan General de Riesgo de Inundaciones (PGRI)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia de avanzar en estos planes para evitar la improvisación en las situaciones de emergencia

‘Hermine’ logró activar, por primera vez en la historia del archipiélago, los siete planes de emergencia insular (Pein) y cincuenta y seis planes de emergencia municipal (Pemu). Este fenómeno meteorológico adverso, por el que se declaró la alerta máxima en Canarias el último fin de semana de septiembre, no ocasionó ningún daño personal, pero sí dejó fuertes lluvias y, como consecuencia de ellas, inundaciones puntuales, cortes de carreteras, desprendimientos, caídas de árboles y cancelaciones de vuelos.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, Gustavo de Armas, durante la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias (CPCAE) desarrollada esta semana bajo la presidencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

Durante la sesión, se han homologado los planes de emergencia municipal de Frontera, Valleseco y Fasnia, con lo que ya hay 58 municipios, de los 88 canarios, que han homologado este documento ante la CPCAE. Gustavo de Armas ha invitado a los que aún no han elaborado dichos planes a que lo hagan con premura y presenten la documentación en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Por islas, en Tenerife hay veintiséis homologados de treinta y uno; en La Palma, siete de catorce; en La Gomera, cinco de seis; en El Hierro, uno de tres; en Gran Canaria, doce de veintiuno, en Lanzarote, siete de siete; y en Fuerteventura, cero de seis.

También se ha informado y homologado el Plan de Emergencia Insular (Pein) de La Palma y se ha presentado la actualización del anexo de industrias afectadas por el Plan Especial de Emergencia Exterior por Riesgo Químico en Canarias (Risqcan).

Del mismo modo, y con el objetivo de incluirlos en el Plan Especial de Protección Civil de Canarias (Peinca), se ha informado de los planes generales de riesgo de inundaciones (PGRI) de Tenerife y Gran Canaria, que se unen así a El Hierro y La Gomera, que ya cuentan con este documento.

Julio Pérez ha felicitado a los miembros de la Comisión por los avances efectuados en materia de planificación, ya que, según ha destacado, “nos pone a salvo de la improvisación” en las situaciones de emergencia y contribuye a perfeccionar el Peinca.

La CPCAE está integrada por, además del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en calidad de presidente, y el director general de Seguridad y Emergencias, como vicepresidente, tres representantes de la Delegación del Gobierno en Canarias, el responsable del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), un o una representante del Servicio Canario de Salud con competencias en el área de Urgencias Sanitarias, el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, la directora general de Industria, el director general de Transportes, un o una representante de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, un o una representante de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna, dos representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los presidentes o presidentas de los siete cabildos, la subdirectora de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias y el responsable en materia de formación y emergencias de este último departamento.

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Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Juan Hernández Mosquera visita al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con motivo de su reciente nombramiento

En estos momentos, la Guardia Civil cuenta en las islas con aproximadamente 3.500 efectivos distribuidos entre sus comandancias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido este viernes en su despacho la visita del general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, con motivo de su reciente nombramiento. Durante el encuentro, ambos han revisado las relaciones y colaboración que la Guardia Civil mantiene tanto con el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres como con el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), de forma especial en la gestión de situaciones de emergencia.

El general de brigada Hernández Mosquera, nacido en Pontevedra en julio de 1964 y de familia con larga tradición en la Guardia Civil, está al mando de las dos comandancias que este cuerpo tiene en Canarias, con aproximadamente 3.500 efectivos, distribuidos entre la Agrupación de Tráfico (ATGC), la Unidad del Grupo Rural de Seguridad (GRS), con base en La Laguna, las unidades del Servicio Aéreo de Helicópteros (SAER), con base en Los Rodeos y Fuerteventura, la unidades del Servicio Marítimo situadas en ambas provincias, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Policía Judicial y las unidades de Seguridad Ciudadana.

A lo largo de su carrera y tras salir de la Academia General Militar de Zaragoza como teniente, en 1989, Hernández Mosquera ha estado destinado, entre otros empleos, en el Grupo de Acción Rural –ahora Grupo de Acción Rápida– (GAR), dedicado a la lucha contra el terrorismo, el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y su Estado Mayor.

Julio Pérez le ha traslado el apoyo del Gobierno de Canarias en su nueva etapa, que coincide con su primer destino como general de brigada.

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Seguridad y Emergencias gasta 139.178 euros en el incendio forestal registrado en verano en el norte de Tenerife

Las facturas generadas engloban gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino en la extinción entre el 21 y el 27 de julio

Los costes derivados del operativo los asume la administración que en cada momento está llevando a cabo la dirección del plan; en el caso de declararse el nivel 2 deben ser asumidos por la Comunidad Autónoma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de que el incendio forestal registrado este verano en el norte de Tenerife supuso a la Dirección General de Seguridad y Emergencias unos gastos, tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, de 139.178,90 euros, derivados de las labores de extinción realizadas entre el 21 y el 27 de julio, periodo en el que la Comunidad Autónoma se hizo cargo de la dirección del operativo.

En concreto, Julio Pérez ha dado cuenta de la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por la que ser aprueba el abono de las facturas generadas durante las fechas indicadas, que engloban conceptos tales como gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino -incluidos los miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trasladados a petición de la dirección del operativo-, gastos derivados del traslado de dotaciones materiales, y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio forestal declarado en el norte de Tenerife.

El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) establece que la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las islas dependerá de los niveles de gravedad, partiendo de que la competencia de la gestión de la extinción de los incendios forestales en Canarias está transferida a los cabildos, lo cuales disponen de medios humanos y materiales para hacer frente a este tipo de emergencia, y aunque tanto el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado aporten diversos recursos (aéreos, terrestres y de coordinación).

En el caso de llegar al nivel de gravedad 2, aquel que implica la movilización de medios del Estado diferentes a los previstos en el plan, como puede ser la Unidad Militar de Emergencia (UME), o que pueda dar lugar a situaciones de emergencia que deriven hacia el interés autonómico o nacional, la dirección del operativo deja de ser insular y pasa a ser autonómica, que es lo que sucedió en el periodo transcurrido del 21 al 27 de julio de este año con el incendio registrado en el norte de Tenerife.

Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento esté al cargo de la dirección del plan, siendo el Gobierno de Canarias, en la persona del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por ser el que tiene las competencias en protección civil y atención de emergencias, quien la lleva en el nivel 2.

Desde el día 21, en el que se declara el nivel de gravedad 2, hasta el día 27, fecha en se pasó a nivel 1, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia diversos servicios y suministros, y se toma la decisión de desplazar a diverso personal que colabora en las tareas de extinción y que cuenta con el apoyo de personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencia (Grupo de Emergencias y Salvamento y Cuerpo General de la Policía Canaria), así como de empleados públicos pertenecientes a otras administraciones.

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Juan Ignacio Pérez-Nievas, nuevo gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

Juan Ignacio Pérez-Nievas, nuevo gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

El Consejo de Administración de GSC opta por un perfil técnico, con experiencia en la gestión de empresas y recursos humanos, así como en la Administración, tras tres años en la ZEC

Licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Finanzas y en Asesoría Fiscal y Contable, habla diferentes idiomas, tiene habilidades directivas y una importante inquietud por aprender, como manifiesta su permanente formación

El Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha designado, este viernes, a Juan Ignacio Pérez-Nievas nuevo gerente de la empresa pública dependiente de las consejerías de Sanidad y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Con la elección de Juan Ignacio Pérez-Nievas, licenciado en Ciencias Empresariales, en la Especialidad de Marketing y Finanzas, por la Fachhochschule Münster (Alemania), máster en Finanzas por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Universidad de Nebrija y máster en Asesoría Fiscal y Contable por el IUDE (Instituto Universitario de la Empresa de la Universidad de La Laguna), el Consejo de Administración de GSC ha optado por un perfil técnico y versátil, con experiencia en la gestión empresarial y los recursos humanos, y también en la Administración.

Además de hablar varios idiomas, debido a su inquietud por aprender, dispone de una amplia formación complementaria con cursos en Alta Dirección de Empresas, Especialización en Finanzas y de Finanzas Corporativas. Del mismo modo, cuenta, junto a aptitudes y habilidades directivas, con una dilatada experiencia profesional en distintos sectores, entre otros, consultoría empresarial, operación con drones, hotelero, distribución, procesos de internacionalización, marketing y turismo y capital riesgo.

El historial profesional de Pérez-Nievas, que está previsto que se incorpore en breve a la Gerencia de GSC, incluye la Zona Especial Canaria, la cooperativa Coarco, la Asociación Provincial de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Tenerife (APEICA), la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y el Consorcio Exportador Canario.

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Suprimida la exigencia de estatura mínima para acceder a la Policía Canaria

Suprimida la exigencia de estatura mínima para acceder a la Policía Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprueba un nuevo cuadro de exclusiones médicas para ingresar en el CGPC, donde la talla desaparece

Además de aportar una mayor seguridad jurídica a las personas que opositan, tanto a nivel europeo como nacional hay una marcada tendencia a eliminar esta cláusula en los procesos de selección

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha aprobado, a propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, una orden que establece el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), cuadro que tiene como principal cambio, respecto al vigente, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo.

La aprobación de esta orden deja sin efecto la aprobada el 5 de diciembre de 2018, por la entonces Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (BOC número 244, de 18 de diciembre de 2018), que establecía un cuadro de exclusiones médicas en cuyo primer punto aparecía la talla, fijando una estatura mínima para acceder al CGPC de 1,65 metros, en los hombres, y de 1,60 metros, en las mujeres.

En opinión de la Dirección de Seguridad y Emergencias, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior orden, la necesidad de aportar una mayor seguridad jurídica a las personas que opositan y las recientes medidas adoptadas, tanto a nivel europeo como nacional, en las que existe una marcada tendencia a suprimir la estatura como requisito de acceso a los cuerpos policiales de naturaleza civil, aconsejan actualizar  y revisar las causas médicas de exclusión para el ingreso en el CGPC, eliminando la estatura mínima y aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes. En este sentido se suprimen el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

El artículo 24 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, en su apartado 1, recoge que el acceso a las diferentes escalas y empleos se llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, así como al de publicidad en el proceso selectivo. Igualmente, el apartado 4 de dicho precepto prevé que, para poder ingresar en las diferentes escalas y empleos, las personas aspirantes deberán reunir determinados requisitos, entre los que se encuentran no hallarse incluido en ninguna de las causas del cuadro de exclusiones médicas establecido.

Entre otras, por ejemplo, obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo; enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales; alteraciones del aparato locomotor que, a juicio de la Comisión de Evaluación Médica, limite o incapacite para el ejercicio de la función policial; cualquier tipo de psicosis o trastorno afectivo, neurótico o de personalidad, no controlado, que afecte a un adecuado comportamiento social y laboral; o trastornos mentales y del comportamiento causados por el consumo de sustancias psicotrópicas.

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El Cuerpo General de la Policía Canaria denuncia un presunto delito de maltrato animal a 33 perros en Tenerife

El Cuerpo General de la Policía Canaria denuncia un presunto delito de maltrato animal a 33 perros en Tenerife

Con motivo del inicio del periodo hábil de caza, agentes del CGPC llevaron a cabo una inspección en la que hallaron 33 perros, uno de ellos muerto y en avanzado estado de descomposición, y el resto en una evidente situación de abandono

Tras el operativo, los animales intervenidos, en su mayoría de raza galgo y podenco, quedaron bajo la tutela y en las instalaciones de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac), a disposición de la Autoridad Judicial

Agentes pertenecientes al Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), adscrito a la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, han llevado a cabo recientemente, con motivo del inicio del periodo hábil de caza, la investigación y posterior denuncia de un vecino de la isla de Tenerife como presunto autor de un delito de maltrato animal a 33 perros.

La intensificación de los dispositivos de inspección y control sobre la actividad de caza dio como resultado, en uno de los operativos realizados, la detección de un varón que transportaba siete canes en el interior de un armazón metálico, de construcción casera, y que presentaba salientes punzantes y terminaciones cortantes, constituyendo un potencial peligro para los animales que viajaban en su interior.

En la citada intervención, además, los agentes observaron cómo algunos de los perros mostraban indicadores de no encontrarse en un buen estado de salud, tales como deshidratación, delgadez, conjuntivitis, uñas largas o verrugas, hechos que, unidos a la actitud e información extraída al conductor, en relación a una finca en la que tenía alrededor de 30 perros más, y ante las sospechas de que estos se encontraran en malas condiciones, provocó que se iniciara una investigación para determinar la ubicación de la parcela y confirmar las sospechas.

Una vez recabada toda la información, y ante los indicios manifestados, los agentes, junto con un facultativo veterinario de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac), que emitió el correspondiente informe pericial y personal, llevaron a cabo una inspección de la finca, donde hallaron 33 perros, uno de ellos muerto y en avanzado estado de descomposición, y el resto en una evidente situación de abandono, hacinados en jaulas de pequeñas dimensiones dispuestas en el interior de una estructura formada por planchas metálicas y de madera superpuestas, y habitáculos que carecían de limpieza y que contenían gran cantidad de heces, orines y restos óseos de otros perros fallecidos.

El resto de perros sufría lesiones e infecciones como caquexia, filaria, deshidratación severa, otitis, conjuntivitis, alopecias, palidez de mucosas, fiebre, parásitos, tumores, heridas producidas por objetos cortantes. Varios de ellos fueron ingresados de urgencia y, en algunos casos, con la necesidad de un tratamiento de transfusión de sangre, resultando dos de ellos fallecidos al día siguiente de ser rescatados en las condiciones higiénico-sanitarias bajo las que se hallaban.

Tras el operativo, los animales intervenidos, en su mayoría de raza galgo y podenco, han quedado bajo la tutela y en las instalaciones de Adepac, a disposición de la Autoridad Judicial, y el atestado entregado en el Juzgado de Instrucción competente.

Asimismo, y durante la intervención policial, también se procedió a la incautación de tres hurones, dos ejemplares vivos y uno de ellos cadáver, que ha sido remitido al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se procederá a realizar el correspondiente análisis histopatológico.

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Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad agradece los últimos despliegues realizados por la Unidad Militar de Emergencia con motivo del incendio en el norte de Tenerife y el ciclón tropical Hermine

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana en su despacho, junto con el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Sur de España, José Alberto Gallego, quien estuvo acompañado por el comandante jefe de la UME en Canarias, Enrique Gregory, y el cabo mayor Reinaldo Estévez.

Durante el encuentro, han analizado la actual situación de la UME en las islas, así como sus proyectos, y el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha agradecido el esfuerzo y dedicación constante en todos los servicios prestados, de forma especial los últimos despliegues efectuados con motivo del incendio registrado este verano en el norte de Tenerife y como consecuencia del ciclón tropical Hermine.

En estos momentos, la UME dispone de dos bases en el archipiélago, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, desde donde se trasladan al resto de las islas siempre que es necesario porque se genera algún riesgo.

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El Gobierno aumentará más de un 40% el presupuesto para los consorcios de bomberos durante este mandato

El Gobierno aumentará más de un 40% el presupuesto para los consorcios de bomberos durante este mandato

El consejero Julio Pérez subraya que el Ejecutivo canario cumple con lo prometido: “presupuesta y paga”. Además, tiene en mente “expandir la idea autonómica y regional” de estos cuerpos

La implantación del consorcio en la isla de La Graciosa requiere de una “sensibilidad particular” para aplicarla a la política del Gobierno

El Gobierno canario, si las cuentas autonómicas del próximo año consolidan las cuantías solicitadas, habrá aumentado durante este mandato más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a la participación económica en los consorcios de bomberos, al pasar de 3.300.093 euros en 2019 y 2020, a 4.676.105 en 2023, según ha explicado, en la sesión plenaria celebrada esta semana en el Parlamento de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

En concreto, el consejero ha detallado que, en 2019 y 2020, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife recibió 1.801.374 euros; el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, 1.166.374; y el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, 332.345 euros.

En 2021, la aportación del Gobierno canario registró un incremento del 12%, aportando, 2.017.539 euros, 1.306.339 euros y 372.227 euros, respectivamente. Este año, 2022, ha vuelto a incrementarse el montante un 26,51% con relación a 2021, siendo las cantidades comprometidas de 2.552.477 euros, 1.652.707 euros y 470.921 euros. Para el ejercicio de 2023, la propuesta realizada por el departamento que dirige Julio Pérez a Hacienda consolida las asignaciones de 2022.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que a lo largo de este mandato el Gobierno ha cumplido con lo prometido en materia de consorcios de bomberos ya que “presupuesta y paga”. Además, ha indicado que en estas cantidades presupuestarias no están incluidos los casi 730.000 euros –297.379 euros, Gran Canaria; 287.063 euros, Tenerife; y 143.300, Lanzarote– que se añadirán como consecuencia de las intervenciones de los consorcios en distintas emergencias que han tenido lugar en el archipiélago, en particular la de la erupción volcánica de La Palma.

“Los consorcios no son solo consorcios de bomberos, son consorcios de emergencia, que intervienen en otra serie de servicios, que están muy profesionalizados”, ha remarcado Julio Pérez, quien ha aclarado que el Ejecutivo tiene en mente “expandir una idea autonómica y regional” de estos cuerpos y mantener esta política de refuerzos y ampliación de sus funciones.

Por otro lado, en relación al desarrollo de este servicio en la isla de La Graciosa, ha apuntado que, más que una cuestión económica, antes de implantarlo hay que analizar el mecanismo a aplicar ya que se necesitan vehículos permanentes en la isla y asegurar la comunicación con esta.

“La Graciosa requiere no solo dinero, sino una sensibilidad particular que tenemos que aprender de la ciudadanía y de las instituciones de Lanzarote para aplicar a nuestra política”, ha agregado el consejero.

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Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

Los interesados en participar deben rellenar el formulario específico que se encuentra disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC

Con esta convocatoria, el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha convocado, a través de una resolución que aparece publicada este martes 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC.

Quienes deseen participar en estas pruebas de selección deberán hacerlo exclusivamente a través del formulario específico de este procedimiento, que está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la página web https://sede.gobiernodecanarias.org, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Seguridad y Emergencias dictará otra resolución en la que incluirá la relación de personas admitidas y excluidas, con la causa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos.

Junto a la convocatoria de las pruebas selectivas, la resolución aprueba las bases específicas que las rigen, que figuran en su Anexo I, e incluye el programa de temas que se va a exigir, cuyo contenido aparece en su Anexo II.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOC.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La incorporación de 57 nuevos agentes a finales de este mes elevará el número de efectivos de la Policía Canaria a 213, cifra que se verá incrementada, antes de finales de año, gracias al ingreso de 6 subinspectores y un comisario. La convocatoria puesta en marcha ahora permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023.

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