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Obras Públicas encarga estudios a la AIReF y a las universidades canarias para evaluar las alternativas a Fonsalía

El consejero Sebastián Franquis anuncia en el Parlamento que con estos encargos se da cumplimiento al acuerdo adoptado con el Cabildo de Tenerife para realizar un análisis profundo e independiente de los costes y beneficios ambientales, sociales y económicos de la mejor opción para descongestionar Los Cristianos y para la conexión de esta isla con La Gomera, La Palma y El Hierro

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a la Universidad de La Laguna (ULL), a la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y con recursos propios de la Consejería, cuatro informes imprescindibles para realizar una evaluación completa e independiente de los costes y beneficios sociales, económicos y medioambientales de todas las alternativas que se han puesto sobre la mesa para descongestionar el puerto de Los Cristianos, en Tenerife. El consejero Sebastián Franquis ha hecho este anuncio durante una comisión celebrada en el Parlamento de Canarias, un encargo con el que se da cumplimiento al acuerdo adoptado con el Cabildo de Tenerife el pasado mes de septiembre para evaluar de forma veraz y concluyente las opciones para mejorar las conexiones marítimas de esta isla con La Gomera, La Palma y El Hierro, entre las que se encuentra la construcción de un nuevo puerto en Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora.

Se trata de cuatro estudios de evaluación independientes que deberán estar terminados en el primer trimestre de 2022 y que deberán exponer de forma clara la situación real y las mejores opciones a acometer por las Administraciones implicadas. De esta forma, se encargará un análisis del coste/beneficio de las alternativas ya identificadas al nuevo puerto de Fonsalía (se encargará a la AIReF), informe de alternativas a la movilidad sostenible en Tenerife (ULL), ULPGC y un cuarto informe que realizarán técnicos de la propia Consejería y que consistirá en un anteproyecto de las actuaciones a realizar para para ampliar las instalaciones y mejorar las entradas y salidas del puerto de Los Cristianos, por si finalmente si se optara por esta alternativa.

“Creo que el asunto es de tanta importancia que requiere de estos informes de esta naturaleza, como no se había hecho anteriormente. Hemos acudido a instituciones independientes, públicas, para que nos den la mayoría de datos suficientes para tomar la decisión más conveniente en base al interés general, que no es otro que el interés general de Tenerife y de las islas verdes”, afirmó el consejero Franquis en el Parlamento.

El consejero regional ha subrayado en la Cámara regional que la alternativa final deberá mejorar la movilidad y el aumento de la capacidad con respecto a la situación actual, permitiendo un mayor volumen de tráfico de personas y de mercancías, como la mejora de la calidad en la movilidad entre islas con menores tiempos de trayecto y espera, todo ello de forma inteligente y sostenible.

El consejero Franquis y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, acordaron en septiembre mantener una línea de acción común y consensuada para impulsar todas las actuaciones necesarias para mejorar la conectividad marítima de esta isla respetando los valores ambientales del territorio insular costero y marítimo, armonizando su desarrollo de forma inteligente y sostenible. Para lograrlo, Gobierno y Cabildo identificaron una serie de alternativas sobre las que se van a encargar ahora estos estudios, priorizando las inversiones en función de su utilidad social, su mayor valor medioambiental y su contribución a la consecución de los objetivos climáticos.

Las alternativas acordadas entre ambas Administraciones implicadas son:

• Alternativa 1. Proyecto Actual: se evaluarían las consecuencias en el medio (medio natural y medio socioeconómico) de la construcción del nuevo puerto-isla planificado en Guía e Isora.
• Alternativa 2.A: Se evaluaría la ampliación del actual Puerto de Los Cristianos y adecuación de las vías de acceso y el entorno puerto-ciudad.
• Alternativa 2.B: Se evaluaría la adecuación del Puerto de Granadilla para recepción del tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realiza desde el Puerto de Los Cristianos, reservando para el Puerto de Los Cristianos un uso turístico-deportivo.
• Alternativa 2.C: Se evaluaría la adecuación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife para recepción del tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realiza desde el Puerto de Los Cristianos, reservando para el Puerto de Los Cristianos un uso turístico-deportivo.
A estas cuatro alternativas se suma una ‘Alternativa cero’ que es no realizar intervención alguna y mantener la situación actual.

“El objetivo del Gobierno y del Cabildo de Tenerife no es otro que dar la mejor respuesta a las deficiencias del Puerto de Los Cristianos, mejorando las necesidades de conectividad, actuales y futuras”, aseguró Sebastián Franquis, “pero si queremos favorecer el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, hay que dilucidar si los beneficios sociales que generaría la construcción de un nuevo puerto en Guía de Isora, son los suficientes como para compensar el coste de los recursos públicos que se van a utilizar y los costes medidos en valores ambientales, del territorio insular costero y marítimo; se trata, además, de evaluar si no hay mejores alternativas al nuevo puerto con una mayor rentabilidad social y mejor sostenibilidad medioambiental”.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda va a encargar a la AIReF el análisis del coste/beneficio social de cada una de las alternativas antes señaladas. La inversión prevista para el proyecto del Puerto de Fonsalía alcanza los 200 millones de euros, por lo que es fundamental contar con un análisis sólido para garantizar que solo se lleve finalmente a cabo la alternativa que mayor bienestar social genere, sin que por una condicionalidad preestablecida se sobreestimen los beneficios y se subestimen los costes. La AIReF es un organismo público que actúa con plena independencia orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad y entre sus fines se contempla el de la evaluación del gasto y de las inversiones públicas.

El Gobierno de Canarias también quiere implicar a las universidades canarias en estudio previo y por eso encargará a la Universidad de La Laguna (ULL) una evaluación de alternativas ya que cuenta con un grupo de investigación especializado en economía del transporte y en evaluar políticas públicas de fomento de movilidad sostenible. La Universidad es garante de su independencia investigadora y dispone de medios suficientes y una reputación técnica incuestionable, para evaluar todas las alternativas y asignar las correspondientes prioridades, en términos de mejora de la movilidad sostenible. En este sentido se encargará a la ULL la evaluación de las alternativas en términos de mejora de la movilidad y de los impactos ambientales, sociales y económicos generados en cada alternativa.

Un tercer informe recogerá la evaluación previa del impacto ambiental en el entorno marino y costero de las alternativas del proyecto del puerto de Fonsalía a realizar por el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. Dado que no se ha elegido la alternativa a ejecutar, no estaríamos hablando de una evaluación ambiental propiamente dicha, pero sí resulta conveniente realizar un análisis previo del impacto ambiental de cada alternativa en el entorno marítimo y costero. El IOCAG cuenta con un sólido y experimentado equipo de científicos y profesores que trabajan en el ámbito de las ciencias del mar que realizarán la evaluación teniendo en cuenta los aspectos o componentes contemplados en la legislación ambiental.

Un cuarto informe lo constituirá un anteproyecto básico de ampliación del Puerto de Los Cristianos y la mejora de sus accesos, como recoge la alternativa 2.A de las que se han de evaluar. Este informe es prioritario ya que es imprescindible para poder realizar la comparación con el resto de alternativas propuestas. De esta forma, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda encargará a su propio equipo técnico que realice un anteproyecto básico de forma que en el plazo de dos meses se disponga de los aspectos fundamentales de la obra que se podría realizar. Se va a dar preferencia a este anteproyecto para poder entregarlo y ponerlo a disposición de la AIReF y de las dos universidades canarias en el plazo más breve posible.

Finalmente, el consejero Franquis también informó que se va a constituir un grupo de trabajo que incluya al Gobierno canario y al Cabildo de Tenerife junto con las navieras y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para abordar las actuaciones a realizar para mejorar los accesos y los servicios portuarios que se ofrecen en el puerto de Los Cristianos.

“Creo que hemos encauzado el problema, y lo hemos hecho con el acuerdo del Cabildo de Tenerife, no solo en establecer las cuatro alternativas sino además a la hora de encargar estos informes para que, en torno al mes de marzo, estén terminados y a partir de ahí tomar la decisión más adecuada desde el punto de vista económico y social, de movilidad, medioambiental, en definitiva, desde el punto de vista del interés general, y de resolver de forma definitiva los problemas de movilidad y de tráfico que hoy tiene el Puerto de Los Cristianos y la isla de Tenerife con el resto de islas de esta provincia”, concluyó el consejero Sebastián Franquis.

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Hacienda comunica a la AIReF las medidas adoptadas para corregir el rumbo de las cuentas heredadas

Hacienda comunica a la AIReF las medidas adoptadas para corregir el rumbo de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, subraya que “seguimos la hoja de ruta para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y al tiempo, garantizar los servicios públicos esenciales”

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias remitió ayer a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un informe con el detalle de las medidas adoptadas en las últimas semanas para corregir el rumbo de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo y mitigar, de esta manera, las desviaciones detectadas en los objetivos del déficit público y de la regla de gasto.

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy que el informe da respuesta a la solicitud formulada por este órgano de vigilancia fiscal estatal, que había advertido del riesgo de incumplimiento de los objetivos fijados a la Comunidad Autónoma para el cierre del presente ejercicio económico.

Rodríguez precisó que la documentación aportada contiene los acuerdos adoptados en las dos últimas reuniones del Consejo de Gobierno, que han consistido en la retención de créditos no esenciales por importe de 170 millones de euros -con el objetivo de hacer frente a los gastos en materia de Personal en servicios básicos como la educación y la sanidad- además de diversas propuestas para incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma, a través de la mejora de la gestión de los procedimientos internos y de la reclamación de 408 millones de euros  adeudados por el Estado.

De estos 408 millones de euros, 223 se corresponden con las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica; 144 millones, a una anualidad de la ejecución de la sentencia del convenio de carreteras, y otros 41 millones, a obras ya ejecutadas incluidas en la adenda del anterior convenio de carreteras.

Esta comunicación precede a otra que la Consejería habrá de remitir a la Secretaría de Estado de Hacienda, que también ha solicitado a la Comunidad Autónoma información al respecto, después de observar que, con fecha de 22 julio, la proyección de las desviaciones al cierre de 2019 sería mayor que la advertida por la propia AIReF.

El vicepresidente insistió en que el Gobierno canario sigue con firmeza la hoja de ruta diseñada para corregir los desequilibrios presupuestarios heredados del anterior Ejecutivo, “que falló clamorosamente en su previsión de ingresos y que, además, incrementó de manera irresponsable el gasto”.

A este respecto, Rodríguez precisó que se ha encontrado con una merma en los ingresos de 482 millones de euros, producto de las transferencias pendientes del Estado, de una errónea previsión de los ingresos tributarios y del impacto de las rebajas fiscales. Por la vía de los gastos, la proyección estimada para el cierre de 2019 -con datos del primer semestre- superaría en 193 millones de euros el umbral establecido para Canarias.

De cerrar el año con esos datos, Canarias se colocaría en una muy delicada situación económico-financiera y con el riesgo de ver intervenidas sus cuentas por el Estado, en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “Precisamente, con las medidas que ya hemos tomado y otras que puedan adoptarse estamos intentando reconducir el rumbo de las cuentas y mitigar en la medida de los posible las desviaciones detectadas”, señaló el vicepresidente.

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