El Servicio Canario de Empleo (SCE), adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, publica en el Boletín Oficial de Canarias una nueva convocatoria, gracias a la cual los municipios canarios podrán financiar los proyectos que presenten para formar y contratar a personas paradas de larga duración

Las personas paradas de larga duración son aquellas que llevan más de 12 meses buscando empleo de forma interrumpida o acumulan al menos 18 meses inscritas como desempleadas, en los últimos dos años. Son, por tanto, personas que tienen especiales dificultades para encontrar empleo y, en numerosas ocasiones, se debe a una formación insuficiente o poco adecuada a las necesidades del mercado laboral. De ahí que el SCE, organismo perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y que preside Elena Máñez y dirige Dunnia Rodríguez, publique una convocatoria específica para este colectivo, por 12 millones de euros.

En concreto, la convocatoria se dirige a los municipios canarios con más de 900 personas registradas como paradas de larga duración e inscritas como demandantes de empleo, que pueden presentar desde hoy proyectos de formación en alternancia con el empleo, para mejorar la cualificación de este colectivo y contratar a estas personas durante un máximo de nueve meses.

Las principales beneficiarias de los proyectos son personas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, a las que se les facilitará formación dirigida preferentemente a la adquisición, en su caso, de las competencias básicas que les posibilite el acceso a la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o formación dirigida a la adquisición de competencias clave, que faciliten el acceso a la obtención de certificados de profesionalidad.

Además, dentro de las acciones formativas se deberá incorporar la mejora de las aptitudes de manejo y aprovechamiento de las herramientas digitales y tecnológicas, asegurándose la plena accesibilidad y la no discriminación en el uso de dichas herramientas. Las corporaciones locales interesadas en participar en esta nueva convocatoria deberán presentar sus proyectos en un plazo de 15 días, como establece el Boletín Oficial de Canarias.

También podrán presentar proyectos, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mencionadas corporaciones locales, que podrán presentar proyectos individuales o mancomunados.

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Incluye los criterios particulares de selección, formación, promoción y movilidad de las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de las policías locales del archipiélago

Consta de 39 artículos, agrupados en tres títulos, Disposiciones generales, Sistemas selectivos y de promoción de las policías locales de Canarias y Movilidad del personal de las policías locales de Canarias

Su presidente, Julio Pérez, resalta la participación especialmente intensa que ha registrado la tramitación de este proyecto: portal de Participación Ciudadana, ayuntamientos (88), Fecam, sindicatos (7), principales asociaciones profesionales (2) y todos los departamentos del Gobierno

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha aprobado por unanimidad, después de un fructífero y amplio debate en su seno, en el que sus miembros realizaron distintas aportaciones, el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las policías locales de Canarias.

Presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien resaltó la participación especialmente intensa que ha registrado la tramitación de este proyecto de decreto, primando así el principio de transparencia en su elaboración, la Comisión fue informada, en primer lugar, del trabajo realizado a lo largo de los dos últimos años para alcanzar un texto actualizado, técnicamente operable por parte de los técnicos municipales, huyendo, para ello, de complejidades innecesarias y carentes de eficacia.

El Reglamento consta de 39 artículos, agrupados en tres títulos -Disposiciones generales (seis artículos), Sistemas selectivos y de promoción de las policías locales de Canarias (cinco capítulos y veintisiete artículos) y Movilidad del personal de las policías locales de Canarias (dos capítulos y seis artículos)-, que regulan, de acuerdo con la normativa vigente, los criterios particulares de selección, formación, promoción y movilidad de las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de las policías locales de las islas.

Entre las cuestiones a destacar dentro del texto del Reglamento -así se hace constar en el preámbulo del proyecto de decreto- está que se han ampliado las exigencias específicas de una estatura o índice de corpulencia determinado, siguiendo la tónica general del resto de normativa de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entendiendo que la superación de las pruebas físicas es el único criterio objetivo que puede limitar el acceso a la policía local.

Tal y como resaltó su presidente, antes de llegar a la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, el texto articulado que constituye el Reglamento ha pasado por el trámite de audiencia e información pública, a través del portal web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, y, simultáneamente, por todos los ayuntamientos del archipiélago (88), así como por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Igualmente, se ha dado cuenta a los sindicatos (UGT, SEPCA, Co.Bas, CCOO, CSIF, IC y SPPLB) y a las asociaciones profesionales más representativas (Asociación de Jefes de Policías Locales de Tenerife y Asociación de Jefes de Policías de Gran Canaria). Además, se ha efectuado la correspondiente consulta a todos los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la versión inicial del texto.

A la vista de todas las aportaciones, sugerencias y observaciones realizadas en los referidos trámites, y de los informes recabados de la Dirección General de Función Pública, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, la Unidad de Igualdad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se realizaron las modificaciones pertinentes al texto articulado inicial, para su posterior estudio y aprobación en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Ahora deberá ser la Comisión de la Función Pública Canaria la que dé su visto bueno.

Junto a Julio Pérez, han asistido, entre otros, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, en calidad de vicepresidente primero; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, como vicepresidenta segunda; la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito; el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE), Carlos Martín; el jefe del Servicio de Formación de la DGSE, Juan José Pacheco; los alcaldes de Icod de los Vinos, Francisco González y El Rosario, Escolático Gil; el teniente de alcalde de Arona, Francisco Marichal; la comisaria jefa de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín; Beatriz Uviña y Víctor García (CCOO); Armando Martín y Jorge Javier Díaz (CSIF); y el presidente de la Asociación de Asociación de Jefes de Policías Locales de Tenerife, José Juan Expósito.

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La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca el mérito de haber expuesto, durante el proceso de elaboración del proyecto de ley, la necesidad de modificar la situación de las policías locales

La presidenta de la Fecam solicita a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura

Julio Pérez insiste en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría

El Consejo Municipal de Canarias ha aprobado, por mayoría, el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias, una iniciativa del Gobierno canario que, según ha expuesto el presidente del Consejo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha sido muy trabajada con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los ayuntamientos.

En la reunión, presidida por Julio Pérez, han participado la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; y los alcaldes de Puntagorda, Vicente Rodríguez; de Agulo, Rosa María Chinea; de Valverde, Antonio Ramón Chinea; de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha estado acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado representado por el edil de Seguridad, Josué Íñiguez Ollero.

Por parte del Gobierno de Canarias también han asistido las viceconsejeras de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez; y de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; y los directores generales de Seguridad y Emergencia, Gustavo de Armas, de la Función Pública, Águeda Márquez; y de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde.

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.

Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.

Julio Pérez ha destacado el mérito de haber expuesto la necesidad de modificar la situación de las policías locales, durante el proceso de elaboración de la nueva ley, que viene a corregir algunos puntos de la actual regulación.

La presidenta de la Fecam, además de agradecer el impulso a esta norma, ha puesto de relieve que, durante su redacción, se ha evidenciado el compromiso de cogobernanza entre administraciones a la hora de buscar soluciones y ha solicitado a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura.

En este sentido, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría.

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Las subvenciones otorgadas por el organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo permiten el desarrollo de 140 proyectos con planes de formación a cabildos, ayuntamientos, fundaciones y asociaciones de siete islas

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), resolvió esta semana la concesión de subvenciones por valor de 44.993.915,40 euros a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro de siete islas para contratar a 2.800 personas paradas mediante el desarrollo de 140 proyectos con planes de formación.

Firmada por la consejera Elena Máñez en calidad de presidenta del SCE, la nueva convocatoria de proyectos de formación en alternancia con el empleo (PFAE) se tramitó en régimen de concurrencia competitiva entre cabildos, ayuntamientos, asociaciones o fundaciones para el inicio de las actuaciones subvencionables antes de final de año.

En concreto, la resolución autonómica otorgó 35.673.747,21 a los ayuntamientos, 4.820.776,65 euros a las fundaciones, 2.892.465,99 euros a los cabildos y 1.285.540 euros a las asociaciones.

Además, los nuevos PFAE distribuyeron el presupuesto disponible de casi 45 millones entre administraciones y entidades de siete islas: 19.283.106,60 euros para 60 proyectos con 1.200 contratos en Gran Canaria, 14.140.944,84 euros para 44 proyectos 880 contratos en Tenerife, 4.820.776,65 euros para 15 proyectos con 300 contratos en Fuerteventura, 3.213.851,10 euros para 10 proyectos con 200 contratos en Lanzarote, 2.892.465,99 euros para 9 proyectos con 180 contratos en La Palma, 321.385,11 euros para un proyecto con 20 contratos en La Gomera y también 321.385,11 para un proyecto con otros 20 en El Hierro.

Configurados como una política activa del SCE, los PFAE consisten en un conjunto de acciones mixtas de formación y contratación para la cualificación profesional en el puesto de trabajo con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas al mejorar su empleabilidad.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias resuelve las subvenciones para proyectos con planes de formación durante 2022 en colaboración con las corporaciones locales

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, concede subvenciones por valor de 11.438.267,90 euros a las corporaciones municipales para la contratación de 1.427 personas paradas de larga duración mediante el desarrollo de proyectos con planes formativos y práctica profesional a lo largo de 2022.

Firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE, la convocatoria resuelta esta semana en régimen de concurrencia competitiva contempla ayudas en colaboración con las corporaciones locales o entidades dependientes de municipios isleños con más de 900 personas desempleadas para la contratación de paradas y parados de larga duración durante un periodo máximo de nueve meses en la realización de obras o prestación de servicios calificados de interés general y social.

Con los proyectos generadores de empleo se imparte formación obligatoria en competencias clave durante el 40% de la jornada y se facilita experiencia profesional con remuneración económica a lo largo del 60% restante, mediante la ejecución de obras y servicios de competencia municipal en gestiones personalizadas de carácter cotidiano, áreas de utilidad colectiva, ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de actuaciones derivadas de la ley de dependencia.

Las acciones subvencionadas benefician, principalmente, a las personas desempleadas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, ya que se facilita la adquisición de las competencias básicas o clave para el acceso a la obtención de las correspondientes acreditaciones.

Ya publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo, la resolución incluye 29 proyectos con ayudas desde 272.858,59 euros para la contratación de 35 personas en Teror Embellece II del Ayuntamiento de la villa mariana hasta 1.373.962,82 euros para 178 trabajadores y trabajadoras en Activate VII del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) de Las Palmas de Gran Canaria.

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Una parte del importe del Fondo Canario de Financiación Municipal se anticipa una vez aprobado el reparto y el resto se abonará cuando la Administración apruebe las auditorías realizadas sobre el ejercicio anterior

Este montante se distribuye en función de criterios de población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%)

El Consejo Municipal de Canarias, reunido esta semana y presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha sido informado de la distribución de los 291.899.473 euros correspondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) de 2022, aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado 28 de abril.

Del total de la cuantía, 288.980.478,27 euros se han repartido entre los 88 municipios canarios y el 1% restante, 2.918.994,73, se ha destinado a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), tal y como establece la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del FCFM.

La normativa reguladora del Fondo establece que una parte del importe se les anticipará a los municipios una vez que el Gobierno canario apruebe la distribución, y el resto, mediante un pago final que se efectúa una vez que los mismos hayan tomado en consideración las auditorías realizadas sobre el ejercicio anterior y que la Administración las haya aprobado de manera definitiva.

El importe destinado a los distintos municipios se distribuye en función de criterios de población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%).

Por islas, de los 288,9 millones a repartir entre los municipios, un total de 113,1 millones serán para los 31 municipios de Tenerife, 102 millones para los 21 municipios de Gran Canaria, 21,8 para los siete de Lanzarote, 21,2 para los seis ayuntamientos de La Palma, 17,8 para los seis de Fuerteventura y 8,6 para los seis municipios de La Gomera. Los 4,1 millones restantes se distribuirán entre los tres municipios de El Hierro.

El FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero y, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social –en determinados casos–, así como para gastos de libre disposición.

El Consejo Municipal de Canarias, compuesto por un número igual de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las administraciones municipales, tiene entre sus competencias la emisión de propuestas, informes, dictámenes y pareceres acerca de los criterios previstos para la efectividad de la coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la de los municipios canarios.

En particular, las propuestas o iniciativas en materias que afecten a la Administración municipal, la regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal y de los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la planificación general de las inversiones y subvenciones con incidencia municipal, así como cualesquiera otras funciones que le atribuyan legal o reglamentariamente.

Además de la distribución del FCFM, en la reunión se aprobaron las normas de funcionamiento interno del Consejo Municipal de Canarias y de los grupos de trabajo y se analizó el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias. Este último asunto fue tratado también en la sesión del Consejo de Colaboración Insular, celebrada previamente bajo la presidencia de Julio Pérez.

Corresponde al Consejo de Colaboración Insular el ejercicio de cuantas competencias se le atribuyan por el ordenamiento jurídico como órgano de colaboración y cooperación permanente entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, las cuales se ejercen mediante la adopción de acuerdos, emisión de informes y propuestas, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de colaboración y cooperación.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias convoca las ayudas para proyectos con planes de formación durante 2022 en colaboración con las corporaciones locales

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de doce millones de euros para la contratación de personas paradas de larga duración junto a las corporaciones municipales mediante el desarrollo de proyectos con planes formativos y práctica profesional a lo largo de 2022.

Firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE, la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las corporaciones locales o entidades dependientes de municipios isleños con más de 900 personas desempleadas para la contratación de paradas y parados de larga duración durante un periodo máximo de nueve meses para la realización de obras o prestación de servicios calificados de interés general y social.

Durante los proyectos generadores de empleo se imparte formación obligatoria en competencias clave durante el 40% de la jornada y se facilita experiencia profesional con remuneración económica a lo largo del 60% restante, mediante la ejecución de obras y servicios de competencia municipal en gestiones personalizadas de carácter cotidiano, áreas de utilidad colectiva, ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de actuaciones derivadas de la ley de dependencia.

Las acciones subvencionadas benefician, principalmente, a las personas desempleadas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, ya que se facilitará la adquisición de las competencias básicas o clave para el acceso a la obtención de las correspondientes acreditaciones.

A partir del 23 de mayo, las entidades municipales disponen de un plazo de quince días para presentar las oportunas solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

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La propuesta, expuesta hoy al sector por parte de Tragsatec, contará con la participación de los vecinos afectados y tendrá un plazo de ejecución aproximado de 8 meses

El Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, en La Palma, acogió en la mañana de hoy, miércoles 4 de mayo, la presentación del plan que determinará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y económica de la reposición de las explotaciones de platanera en las áreas afectadas por las coladas y que ya está en marcha.

Este estudio, encomendado por la Consejería a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec), tendrá un plazo de ejecución aproximado de 8 meses y marcará las líneas de actuación a seguir para la reconstrucción de la zona. Durante la presentación del proyecto, que contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el director general de Agricultura, Augusto Hernández; y la técnico del proyecto de Tragsatec, Tamia Brito, se desglosaron las principales acciones que definirán las conclusiones del estudio. También estuvieron presentes representantes del Cabildo de La Palma, de los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, así como técnicos del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias.

El plan incluirá la delimitación y caracterización de las superficies afectadas, con la identificación del grado y tipo de afectación; un análisis global de viabilidad de la reposición en la zona dañada por las coladas, con la elaboración de un mapa de la zona afectada en donde se muestra la clasificación del territorio en función de su viabilidad para la instalación de los nuevos cultivos de platanera; además de la realización de un estudio que analice las cuestiones jurídico-administrativas que rigen en las parcelas y terrenos afectados por la erupción.

Asimismo, se llevará a cabo un análisis de la reposición de caminos rurales, de la red de riego y de las infraestructuras necesarias para el nuevo desarrollo del cultivo de la platanera, así como una valoración de las posibles zonas donde obtener la tierra de sorriba, necesaria para el restablecimiento del cultivo de la platanera.

Este trabajo contará con una participación activa de los propietarios afectados, empresas y entidades que colaborarán en la propuesta de alternativas y que tendrá el apoyo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, encargado de asesorar a la empresa Tragsatec en la propuesta de alternativas que se abordará con los afectados, además de las aportaciones de la Fundación Metrópoli.

La consejera Alicia Vanoostende puso de manifiesto que “el objetivo final es intentar volver a tener lo que teníamos antes, aunque nos enfrentemos a problemas técnicos, ambientales y jurídicos, para lo que hemos contratado este estudio ambicioso que viene a cubrir todos los aspectos relacionados con la posible reconstrucción”.

En esta línea, explicó que “estudiaremos diferentes factores, como la parte jurídica, para saber cómo reparcelar, el ámbito económico, y, sobre todo, la medioambiental, porque debemos estudiar cómo reponer esas tierras teniendo en cuenta la normativa ambiental”. “Será un reto muy importante y altamente participativo, dado que decidirán los afectados y, a partir de ahí, trabajaremos con Asprocan y las instituciones para hacer propuestas”, expresó Vanoostende.

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La Dirección General de Transportes agiliza los trámites para convocar las subvenciones destinadas a la implementación de estos planes en ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través de la Dirección General de Transportes, publica una nueva convocatoria de ayudas, con una dotación de 1.050.000 euros, para subvencionar a los ayuntamientos la elaboración e implementación de los Planes de Movilidad Sostenible (PMUS) en los municipios del Archipiélago que cuenten con una población de hasta 100.000 habitantes. Esta línea de ayudas se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo regional para impulsar la movilidad sostenible en el Archipiélago implicando a las corporaciones locales en la búsqueda de alternativas de transporte más respetuosas con el medio ambiente y con el objetivo de impulsar la descarbonización.

La convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) organiza la partida presupuestaria de esta subvención en dos líneas diferenciadas, como hiciera de manera novedosa el pasado año, una primera línea para la redacción de proyectos, y una segunda línea con la que se financiará la ejecución práctica de las actuaciones de los PMUS que ya fueron redactados por los ayuntamientos en años anteriores. Además, la Dirección General de Transportes ha adelantado este año los plazos de la convocatoria, lo que permitirá a los ayuntamientos redactar o ejecutar los proyectos en este mismo ejercicio.

La primera de esas dos líneas de esta subvención del Gobierno de Canarias está dotada con 400.000 euros y se destina para la redacción de proyectos de movilidad sostenible en aquellos municipios que aún no disponen de uno de estos planes, o para su actualización a nuevas necesidades. La segunda línea, que se implantó como novedad el año pasado y en esta convocatoria ya se consolida, está dotada con 600.000 euros y se va a destinar a financiar la ejecución práctica de las actuaciones de los PMUS que ya fueron redactados por los ayuntamientos en años anteriores, materializando así los objetivos para lograr una movilidad más sostenible en los municipios. Ese dinero se destinará fundamentalmente a financiar a la instalación de puntos de recarga, así como a proyectar obras para instalar carriles bici o zonas peatonales en los municipios.

Los ayuntamientos que deseen solicitar esta subvención contarán con un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOC, para presentar la solicitud de forma telemática mediante la sede electrónica de la Consejería. Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional continúa impulsando la movilidad sostenible en todos los sectores sociales, institucionales y económicos.

Con esta medida se continúa impulsando que los ayuntamientos de Canarias cuenten con una herramienta esencial para la planificación de la movilidad en sus términos municipales además de permitir ejecutar las actuaciones contempladas en los PMUS ya existentes. Con este objetivo, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ya abonó en el último año 950.332 euros, un 91% de la dotación presupuestaria del año pasado, a 51 ayuntamientos que solicitaron la subvención.

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Los ayuntamientos del Norte de Gran Canaria trasladan a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que las plazas destinadas a los habilitados de carácter nacional están vacantes o cubiertas de forma provisional

Los alcaldes explican a Julio Pérez que también tienen problemas a la hora de ceder agentes de la Policía Local, de forma puntual, a ayuntamientos colindantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, han mantenido este miércoles una reunión en Arucas con la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, en la que los ayuntamientos de esta zona trasladaron, entre otros asuntos, su preocupación, compartida por la Consejería, por las dificultades que encuentran para cubrir los puestos reservados para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como los problemas en la cesión de agentes de la Policía Local a otros municipios para la celebración de fiestas y eventos multitudinarios.

Los ayuntamientos han expuesto que algunos de estas administraciones locales se encuentran con la problemática de que las plazas destinadas a funcionarios con habilitación nacional, esto es, secretarios, interventores y tesoreros, están vacantes o cubiertas de forma provisional. Aunque se trata de un problema de ámbito estatal, desde la Consejería han planteado posibles soluciones, como la constitución por parte de estos consistorios o la propia Mancomunidad de listas de reserva de las que puedan hacer uso, o establecer interventores por comarcas.

Por otro lado, los alcaldes han explicado a la Consejería que también tienen problemas a la hora de ceder agentes de la Policía Local, de forma puntual, a ayuntamientos colindantes. Esto es debido a que tienen que gestionar las retribuciones como nuevas altas y bajas en la Seguridad Social. El consejero ha expuesto a los ayuntamientos que, si bien en estos momentos se está creando un convenio de colaboración que regule la donación de agentes, este inconveniente tiene que ver con la Tesorería. Así mismo, Pérez les ha tendido la mano y animado a solicitar agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria para estos cometidos.

Julio Pérez ha resaltado que encuentros como este, en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con las competencias de la Consejería que dirige, como la necesidad de coordinar los procesos de reducción de la temporalidad y la estabilización de interinos y temporales actuales, así como la regulación legal de las mancomunidades, permiten al Gobierno realizar una escucha directa de los problemas que presentan los ayuntamientos, que son las administraciones que tienen el primer contacto con la ciudadanía.

En la reunión, han estado presentes el alcalde de Arucas y presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, el de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, el de Artenara, Jesús Díaz, el de Firgas, Jaime Hernández, el de Gáldar, Teodoro Sosa, el de Moya, Raúl Afonso, el de Teror, Sergio Nuez, el de Valleseco, Dámaso Arencibia, y el concejal de Recursos Humanos de Tejeda, Aventino Rodríguez, además del gerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Alejandro Peñafiel, y la secretaria de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Noemí Naya.

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