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Canarias contará con un PIEC COVID-19 dotado con 42 millones para impulsar políticas activas de empleo

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valora la premura del Gobierno de España al aprobar el Plan Integral de Empleo, “una muestra de sensibilidad con la especificidad de Canarias en la crisis de la pandemia”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valoró este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la transferencia a Canarias de 42 millones de euros para políticas activas de empleo orientadas a combatir el desempleo y acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la crisis de la COVID-19. Así, la consejera destacó “la premura” con la que el Gobierno de España ha dado luz verde al PIEC, lo que supone “una muestra de sensibilidad por parte del Estado con las especificidades canarias en el marco de la pandemia”.

A falta de la firma del convenio para la transferencia de los fondos, que se prevé tenga lugar en las próximas semanas, Máñez destacó que el Ejecutivo estatal “ha cumplido su compromiso con el Archipiélago” y Canarias ya cuenta “con un PIEC COVID-19, un instrumento fundamental para hacer frente a la crisis y ofrecer a las personas desempleadas de las Islas todas las garantías necesarias para superarla, avanzando de esta manera en las acciones previstas en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.

En este sentido, la consejera detalló que gracias a los 42 millones del PIEC se pondrá en marcha la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros, y del Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (PECOVI), dotado con 10 millones de euros y destinado a la contratación de personas desempleadas como consecuencia de la pandemia. Ambas medidas fueron presentadas recientemente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Asimismo, los fondos del PIEC permitirán articular el Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) con los cabildos insulares, presentado también la semana pasada, que estará dotado con 5 millones de euros; un plan de choque de formación en los sectores económicos más afectados por el cierre de empresas a causa de la pandemia, dotado con 2 millones de euros; y un plan para la modernización de las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), dotado con 1 millón de euros. Las partidas se completan con un paquete de medidas para impulsar proyectos de empleo y apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas, por importe de 4 millones de euros.

Negociación con el Ministerio

Máñez explicó que la aprobación del PIEC para 2020 es fruto del diálogo permanente y de las negociaciones entabladas por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, gestiones que “han permitido agilizar el procedimiento y tener los fondos autorizados dos meses antes que el año pasado”. En esta línea, destacó también la importancia del diálogo social a la hora de definir las políticas activas de empleo necesarias para plantar cara a la COVID-19 y para lograr la aprobación, “con la máxima celeridad”, del nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias.

“Esta apuesta por la búsqueda de soluciones compartidas y por defender el hecho diferencial de Canarias, siempre desde el diálogo, nos ha permitido contar ya, en el mes de julio, con estos fondos tan necesarios para nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

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Elena Máñez presenta a los cabildos un plan de empleo para la transición ecológica por cinco millones de euros

Reunión con la Fecai

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo aborda con la Federación Canaria de Islas un proyecto piloto para la contratación de personas desempleadas en proyectos de economía verde y circular

“Es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo y hay que hacerlo generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este miércoles a la Federación Canaria de Islas (Fecai) un Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), por importe de cinco millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la contratación por parte de los cabildos de 520 personas en situación de desempleo durante este año para la ejecución de proyectos vinculados al desarrollo sostenible y las economías verde y circular. “Para Canarias es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo, más en estos momentos de crisis económica, y hay que hacerlo desde el ámbito económico, generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”, afirmó.

Según Máñez, este “proyecto piloto”, impulsado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), permitirá avanzar en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Así, la consejera afirmó que el plan, que tendrá una duración de unos 6 meses, ha sido puesto en valor por todos los cabildos, “que comparten la importancia de una iniciativa de estas características y de avanzar en la diversificación económica de las Islas”.

Margen a los cabildos

En este sentido, detalló que se contempla que cada corporación insular “tenga el margen suficiente a la hora de diseñar los proyectos”, poniendo como único requisito que estos “estén orientados a actividades de transición ecológica, economía circular o economía verde”. “Cada isla es una realidad distinta, con sus propios proyectos de desarrollo económico”, afirmó. Esta nueva propuesta se viene a sumar a otras que el SCE ya tiene en marcha en colaboración con los cabildos y que suponen 16,9 millones de euros y 3.600 personas desempleadas beneficiarias.

Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, afirmó que la transición ecológica supone “otro nicho de empleo importante, al igual que el resto de los sectores” y, en este sentido, destacó la importancia de “iniciar proyectos piloto para generar empleo, una prioridad importante en estos momentos de grave crisis”. “En definitiva, diversificar la economía y el empleo”, concluyó.

La consejera estuvo acompañada en la reunión por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, mientras que por parte de la Fecai, además de Juan Díaz, el resto de representantes políticos de las corporaciones participó de manera telemática.

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Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, anuncia que esa actuación especial como región RUP se prevé costear con parte de los 750.000 millones de euros que llegarán a España del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la primera reunión de la Conferencia de Presidentes de Cabildos, que se creó tras la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en octubre de 2018. Al término de esa reunión, que tuvo lugar en la sede de Presidencia del Gobierno, Torres trasladó que había informado a los titulares de los siete cabildos, de los que cinco estuvieron de forma presencial en la cita y dos participaron a través de videoconferencia (el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la presidenta de la Corporación lanzaroteña, María Dolores Corujo), que el Archipiélago sumará a los apoyos del plan nacional para la reactivación del turismo que presentará este jueves el Ejecutivo central otro programa singular de ayudas, propio de Canarias como región ultraperiférica (RUP), que se financiará con parte de la cantidad que llegue a España (se prevé que reciba unos 140.000 millones) de los 750.000 millones de euros del fondo para la reconstrucción de la Unión Europea (UE).

El titular del Gobierno de Canarias hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a esa Conferencia, en la que también intervino el presidente de la Federación Canaria de Cabildos (Fecai) y de la Corporación insular gomera, Casimiro Curbelo.

Torres subrayó una serie de acuerdos alcanzados en el seno de esa convocatoria, entre ellos la creación de una comisión técnica entre los cabildos y el Gobierno de Canarias, con inicio en fecha inmediata, para “arbitrar un mecanismo que genere la mayor transparencia posible en el capítulo del Bloque de Financiación Canario”. A ese pacto se unió la configuración de otra comisión, también integrada por las dos partes, para el estudio de las competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares y las necesidades de financiación de éstas.

A esos dos elementos, el presidente de Canarias añadió otros consensos, como el hecho de que todos los cabildos apoyen las medidas y los mecanismos desplegados por el Gobierno de Canarias para el control de la actual crisis sanitaria, a lo que además se ha unido la necesidad de diseñar un plan por islas para atajar la sequía, con mayor afección en unas que en otras, como es sabido. Esta cuestión ya se abordará en una reunión próxima de los Consejos Insulares de Aguas.

Junto a todas esas cuestiones, Ángel Víctor Torres expuso otras como los acuerdos alcanzados en torno al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y a un mecanismo para el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación negativa que los cabildos deben devolver a la Comunidad Autónoma con cargo al ejercicio fiscal cerrado de 2019, cifrada en unos 49 millones de euros.

El presidente de Canarias además trasladó la seguridad y el compromiso de que todos los fondos públicos que lleguen a las Islas en el actual periodo, caracterizado por la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, serán compartidos con los cabildos y los ayuntamientos atendiendo a las competencias que gestionen ambas corporaciones. También avanzó que el viernes de esta semana se reunirá con los representantes de las corporaciones municipales del Archipiélago, integradas en la Fecam, con el mismo objetivo: consensuar y alcanzar acuerdos que sean de utilidad para el desarrollo de Canarias.

Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico
Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

Contacto con la ministra de Turismo, Reyes Maroto

El titular del Ejecutivo autonómico se refirió además esta tarde al contenido de una charla telefónica mantenida con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que Torres se felicitó por la presentación del plan nacional para la reactivación del turismo y confirmó la existencia de uno específico para Canarias como región ultraperiférica de la UE, lo que permitirá a las Islas completar los apoyos públicos concebidos por el primero con los recursos que llegarán con cargo al segundo. Estos provendrán del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19, cifrado en su totalidad en 750.000 millones de euros y de los que España espera captar en torno a 140.000 millones.

En esa misma conversación, el presidente Torres se volvió a mostrar partidario de la realización de test en origen para detectar la COVID-19 a los turistas, aunque reconoció que eso “ya no será posible” por decisión de la UE, y ello pese a que Canarias entienda que es la “fórmula más adecuada para garantizar la seguridad sanitaria ante la amenaza del coronavirus”.

El presidente de Canarias indicó que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para implantar los test en destino a los turistas y además confirmó que el nuevo Estatuto de Autonomía solo fija la posibilidad de colaborar con Sanidad Exterior, un organismo que depende del Estado, en ese tipo de actuaciones.

Torres enumeró las condiciones en que, según ha establecido la UE, los turistas comunitarios, los más importantes para Canarias, pueden entrar en las Islas: con una declaración responsable sobre la COVID-19 y con controles de temperatura. Pese a ello, Canarias “va a intentar”, indicó Ángel Víctor Torres, que “las pruebas para detectar la COVID-19 se puedan realizar en destino”. “Lo vamos a intentar hasta el último momento porque ello aporta seguridad al turista y a todos los canarios”, remarcó.

El presidente canario dijo que, como ya habían señalado responsables de Madeira en una reunión bilateral reciente, “preferimos invertir en test antes que en paro, a lo que yo añado: ‘Preferimos invertir en test antes que en paro y en tener hospitales con problemas gravísimos y fallecidos como consecuencia de la COVID-19”.

Ángel Víctor Torres también confirmó la visita de los Reyes a Canarias el 23 de junio, la primera comunidad autónoma en que estarán don Felipe y doña Letizia tras concluir el estado de alarma el 21 de junio próximo en toda España.

Algunas valoraciones de la Fecai

En su intervención ante los medios de comunicación, el presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, afirmó que la reunión de la Conferencia había servido para analizar cuestiones de gran calado, como la migración, la renovación de los ERTE, la situación del turismo, el superávit, los remanentes y el endeudamiento…

Curbelo, en representación de los siete cabildos, aplaudió el logro de Canarias de conseguir que en la partida de los 16.000 millones de euros no reembolsables que repartirá el Estado entre las comunidades autónomas, distribución que está previsto aprobar mañana, martes, en el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley, se incluyan 800 millones destinados al transporte en toda España, de los que la parte canaria llegará a los cabildos insulares sobre todo para atender cuestiones relacionadas con el transporte por carretera por ser ésta una competencia de las corporaciones insulares.

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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Turismo eleva los fondos para las Islas y acuerda maximizar la eficacia de las acciones de promoción con más unidad

La consejera de Turismo reúne a las Islas.

Yaiza Castilla traslada a los cabildos la nueva estrategia de colaboración en materia turística con la que afrontar un presupuesto de casi 8,8 millones de euros

La Consejería de Turismo sacará a concurso 750.000 euros para patrocinio de eventos de ocio con capacidad de atracción de turistas e incremento del gasto en destino

Los cabildos contarán con una subvención nominada de 2,5 millones de euros con cargo al convenio con el Estado por la quiebra de Thomas Cook para proyectos de equipamiento urbano turístico

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias marcó ayer una nueva estrategia de colaboración con los cabildos insulares en materia de turismo con la que busca una mayor unidad y coordinación para maximizar la eficacia de las iniciativas de promoción y que redunden en la imagen de cada uno de los destinos insulares. Una estrategia que vendrá acompañada por un incremento notable de los fondos que se destinan a las islas hasta sumar los 8.790.000 euros.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, acompañada del viceconsejero de Turismo, Sergio Moreno, mantuvo ayer un encuentro con los consejeros de Turismo de los cabildos y gerentes de sus patronatos para abordar los programas de acciones en colaboración que se desarrollan anualmente con cada una de las corporaciones insulares en materia de promoción turística, así como de las iniciativas contempladas con cargo al convenio firmado el pasado mes de diciembre con el Estado para hacer frente a los efectos de la quiebra del turoperador Thomas Cook, anunciada el día 23 de septiembre.

Así, por un lado, se anunció un incremento del 22% de los fondos que destina a cada isla para acciones conjuntas de co-marketing y eventos y que alcanzarán este año los 2.050.000 euros, cantidad igual que deberán aportar las corporaciones insulares al tratarse de un programa de iniciativas cofinanciadas Gobierno-Cabildo.

La consejera y el viceconsejero de Turismo se reúnen con las Islas.
Yaiza Castilla reúne a las Islas para dotar de mayor eficacia y unidad la promoción turística.

Por otro, en dicha reunión técnica, la Consejería regional de Turismo informó a los representantes turísticos insulares de las iniciativas contempladas con cargo al convenio firmado el pasado mes de diciembre con el Estado para hacer frente a los efectos de la quiebra del turoperador Thomas Cook y dotado con 15 millones, de los que un total de 7.110.000 euros, según se anunció, están destinados a acciones directas en islas, lo que sumado a los fondos para los convenios de colaboración anuales supone una inversión conjunta de casi 8,8 millones de euros.

Yaiza Castilla explicó que el acuerdo con el Estado es el resultado de una unidad de acción respaldada por los siete cabildos insulares y fruto de unas intensas negociaciones llevadas a cabo entre ambas administraciones. El mismo supone, según añadió “una firme apuesta de Canarias para dotar al sector turístico de herramientas que permitan solventar las consecuencias de una crisis como la de la quiebra del touroperador, y otras situaciones de este tipo que se pudieran dar, y para adaptarlo a las nuevas necesidades de los turistas que nos eligen para disfrutar de sus vacaciones”

En este sentido, se dio cuenta a los cabildos de las distintas líneas de actuación con cargo al convenio con el Estado y centradas fundamentalmente en la mejora de la conectividad, la diversificación y la mejora de la competitividad del destino

Entre las acciones que tendrán un impacto directo en cada de las islas se contemplan subvenciones nominadas a cada uno de los cabildos insulares, por una cuantía conjunta de 2,5 millones de euros y a repartir a cantidades iguales de 357.142 euros, para la realización de proyectos de infraestructura turística y, en concreto, de equipamiento urbano de dispositivos inteligentes.

Asimismo, el acuerdo contempla una convocatoria pública abierta para todas las islas a entidades públicas y privadas para patrocinios de eventos en destino, fundamentalmente culturales, deportivos de negocio, científico y gastronómico, y entre los que se priorizará los eventos con capacidad de atracción de demanda en origen, el elevado nivel de dinamización del gasto del turista en el destino, el impacto en la imagen, y el mayor número de participantes.

Para el conjunto de las acciones promocionales, de mejora de la conectividad, de diversificación y de optimización de la competitividad de cada uno de los destinos insulares, Yaiza Castilla anunció dentro de esa nueva estrategia de coordinación y mayor unidad para ganar en eficacia y alcance de las iniciativas, la creación de mesas técnicas de trabajo con los cabildos

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Yaiza Castilla reúne a los representantes turísticos de los cabildos para debatir sobre los retos del sector

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio ha adelantado que “se va a satisfacer una demanda histórica, con la representación de cada uno de los cabildos en el Consejo de Administración de Promotur S.A”

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, convocó este martes, día 3 de septiembre, a los representantes del sector turístico de los siete cabildos insulares con el objetivo de “conocer de primera mano las demandas de cada isla y debatir sobre los diferentes retos a los que se enfrenta el sector turístico en el Archipiélago para afrontarlos de manera conjunta y cohesionada”.

La consejera estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo, Sergio Moreno; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas, equipo que le acompañó con el objetivo de repasar el estado de proyectos relacionados con infraestructuras turísticas, así como la programación de iniciativas vinculadas a la calidad y a la promoción turística, entre otras.

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.
Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”. Del mismo modo, adelantó que “aunque se precisa la modificación de los estatutos, se va a satisfacer una demanda histórica, con la incorporación de cada uno de los cabildos en el Consejo de Administración de Promotur S.A”.

El encuentro tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (Múltiples I, 8 planta) y al mismo asistieron  el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín; la consejera de Turismo del Cabildo de La Gomera, María Isabel Méndez; el consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho; la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Lucía Fuentes; el gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Moisés Jorge Naranjo; el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina y la técnico en Turismo, Lorena Miranda. Por videoconferencia el consejero de Turismo de la Corporación Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez.

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El SCE destina 6 millones de euros a proyectos que generen empleo para personas jóvenes con escasa formación

La convocatoria, dirigida a los cabildos insulares y sus entidades dependientes, combina la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo con la incorporación de planes de formación para mejorar la empleabilidad.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Carolina Darias, destinará 6 millones de euros a la concesión de subvenciones plurianuales (2019-2020) para que los cabildos insulares desarrollen proyectos generadores de empleo dirigidos principalmente a personas jóvenes con escasa formación.

Así consta en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en la que se incluye un plazo de 15 días, contando a partir del martes, 20 de agosto, para que las corporaciones locales presenten sus propuestas, en las que se debe combinar la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo con la incorporación de planes de formación que mejoren la empleabilidad de los participantes.

En concreto, los proyectos subvencionados estarán dirigidos a las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantías Juvenil (SNGJ) que tengan escasa formación, a los que se facilitará la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o la adquisición de nuevas competencias para el acceso a certificados de profesionalidad.

La consejera, Carolina Darias, destaca la necesidad de este tipo de iniciativas “que combinan empleo y formación” para “contribuir a la formación y cualificación profesional de las personas jóvenes, así como promover la reducción del desempleo juvenil”. “La gente joven precisa contar con el impulso del Gobierno de Canarias para ayudarles a recuperar las oportunidades que perdieron durante la crisis económica y a incorporarse al mercado laboral”, añade.

Los proyectos deberán destinar un 40% de la jornada a formación, mientras que el 60% restante se dedicará a la adquisición de experiencia laboral mediante el desarrollo de trabajos de obras y servicios de interés general y social competencia de los cabildos, como pueden ser los de utilidad colectiva; de ocio, cultura y turismo; de promoción del medio ambiente; de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de los servicios derivados de la Ley de dependencia. Estos trabajos serán retribuidos y tendrán una duración máxima de 7,5 meses, debiendo finalizar no más tarde del 30 de junio de 2020.

La convocatoria está enmarcada en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, gestionado entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de mejorar el nivel educativo, la empleabilidad y la situación laboral de las personas mayores de 16 años y menores de 25 no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación y formación, así como conseguir reducir el desempleo juvenil.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a partir del 21 de agosto, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las entidades interesadas en la obtención de las subvenciones pueden presentar la solicitud en el sitio web del Servicio Canario de Empleo, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, así como en la sede electrónica del SCE.

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El Ejecutivo discute los datos del último dictamen del Observatorio de Dependencia

La directora general de Discapacidad y Dependencia, Eulalia García Silva, asegura que es fácilmente comprobable que “soslayan datos sin los cuales no es posible realizar una evaluación objetiva, como la colaboración y financiación a los cabildos”

La directora general de Discapacidad y Dependencia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Eulalia García Silva, ha asegurado hoy que los datos que se aportan en el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales obvían datos fundamentales para valorar la gestión de la dependencia en Canarias. Aunque según el informe, Canarias ha conseguido aumentar las personas atendidas un 11,44% con respecto a 2017, superando ya la cifra de 21.000 dependientes atendidos, y que hemos reducido la tasa de personas en el limbo en un 84% desde 2016.

“Cuando el informe afirma que “El coste total del Sistema de Dependencia en Canarias es de 177 millones de euros, de los cuales la comunidad aporta 118 millones y solo el 20% restante lo hace el Estado” no sabemos muy bien a qué se refieren”, asegura García Silva. “Sólo en los convenios con los cabildos, el año pasado el Gobierno de Canarias aportó 104 millones de euros; más la financiación de los propios cabildos, ya hacen unos 160 millones, más 30 millones en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones de euros, a los que habría que añadir el importe que se da vía subvención a las entidades que trabajan con dependientes y personas con discapacidad, que son otro tipo de servicios. Y aquí no incluimos el copago. Además, sólo en 2018 se invirtieron más de 22 millones de euros en la aportación plurianual para la construcción de las 5.500 plazas que contemplan los convenios con los cabildos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias”, remata la directora.

“Estos son errores muy graves detectados a vuelapluma, esperamos poder analizar el informe más detalladamente para demostrar, con datos, que no puede ser fiable un informe que sólo refleja lo que le interesa reflejar, dejando fuera importantísimas aportaciones y mejoras de datos que soslayan”, afirma la directora general.

“Partimos de una base de carencia estructural general, los recortes del Estado afectaron enormemente al sistema, que ha empezado a crecer desde 2016. Los 75 millones de recortes del Estado acumulados desde 2012 podrían haber solventado la diferencia entre comunidades autónomas” explica Eulalia García, quien puntualiza a su vez que “Sólo en 2018 dejamos de recibir 10,9 millones de euros del Estado con los que se podrían haber atendido a 1.711 dependientes más, según señala el propio informe”.

Por otro lado, resulta curioso que hablen de descoordinación entre las administraciones, porque nosotros tenemos unos convenios que demuestran lo contrario con los cabildos, y los niveles de implicación de todas ellas, especialmente los ayuntamientos, pueden mejorar gracias al nuevo texto que se negocia en una mesa de trabajo para la redacción que mejore y agilice la atención. “Los directores y gerentes de Servicios Sociales de la asociación parecen no entender el sistema administrativo del Archipiélago”, afirma García Silva.

Como curiosidad sobre la interpretación informativa del informe, cabe destacar que también se olvidan de datos tan importantes como que el sistema generó 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF etc. Son casi 12 millones más de lo generado en 2016 y es una tasa de recuperación del gasto público del 37,79%

El  XIX dictamen del observatorio señala asimismo crecimientos notables en atención: 11,4% más; un incremento de servicios en un 10,69% entre 2017 y 2018 y que Canarias creció un 11,54% en atendidos con cuidados.

El gasto público anual promedio por dependiente atendido en Canarias está muy cerca de la media según el propio informe, 6.341€ frente a los 6.580 del anual nacional, no cabe que se fijen en otros parámetros para denostar una gestión que a todas luces ha ido mejorando y tomando impulso.

Se financian más de 420 mil horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía; además de la parte correspondiente del año de la inversión de más de 260 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dotará a Canarias de más de 5.500 plazas.

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