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El Gobierno de Canarias articula un protocolo para que las personas en residencias puedan recibir visitas

El objetivo de esta Orden es poder conciliar la seguridad para los residentes y el personal con la necesaria visita de sus familiares

La instrucción, elaborada de forma conjunta por la consejería de Derechos Sociales y Sanidad, articula un protocolo para las visitas de familiares, así como para los paseos y desplazamientos, y el retorno de residentes con derecho de reserva de plaza y nuevos ingresos

Las personas que viven en residencias de mayores, dependientes y discapacidad de Canarias podrán volver a recibir visitas de sus familiares. Para ello, el Gobierno de Canarias ha elaborado un protocolo conjunto cuyo máximo objetivo es priorizar y garantizar, como se ha hecho hasta ahora, la seguridad de los residentes y del personal. Hay que recordar que la tasa de mortalidad de las personas de más de 70 años por COVID-19 es de las más elevadas y, por ello, se ha querido tener un especial cuidado para que Canarias siga siendo la comunidad autónoma con menos fallecidos entre este colectivo – hasta ahora se han registrado 18 fallecimientos-. La Orden está previsto que sea publicada en el BOC este mismo sábado 30 de mayo y entrará en vigor ese mismo día.

Las visitas serán organizadas por la dirección del centro y se harán siempre con cita previa, una vez por semana, por un tiempo limitado no superior a una hora, solo un familiar por residente (preferentemente siempre la misma persona) y evitando el contacto físico. No se admitirán las visitas de menores de 14 años.

Cuando sea posible, las visitas se realizarán en espacios exteriores que se adecuarán para cumplir con la exigencia de distancia de seguridad, además, si la infraestructura del centro lo permite, se realizarán en dependencias con acceso directo desde el exterior a fin de evitar la deambulación por el centro.

Las personas visitantes acudirán con mascarilla y dispondrán de gel hidroalcohólico en la entrada para la higiene de manos. Las personas usuarias también mantendrán, si la toleran, mascarilla correctamente colocada durante el tiempo que dure la visita y realizarán también frecuente higiene de las manos.

Con respecto a los paseos y desplazamientos, por norma general no se permite la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, salvo en el caso de paseos terapéuticos de personas con discapacidad, Trastornos del Espectro Autista o con casuísticas de Salud Mental. Con esta salvedad, las salidas al exterior de los centros y demás establecimientos residenciales solo están permitidas, por motivos terapéuticos, para el caso de personas que no puedan soportar confinamientos indefinidos, siempre y cuando se realice acompañadas, se utilicen las medidas de protección adecuadas y se evite el contacto y la interacción con otras personas.

Para el retorno de las personas usuarias que se trasladaron a domicilios de familiares a consecuencia de la declaración del estado de alarma y para los nuevos ingresos, el centro tendrá no contará con diagnósticos confirmados de COVID-19 positivos 14 días previos al momento de producirse tanto el retorno como el nuevo ingreso. Además, debe existir constatación de ausencia de sintomatología sospechosa de COVID-19 con realización previa de PCR y, en caso negativo, se producirá el ingreso en el centro residencial en el plazo de 24 horas, permaneciendo en cuarentena 14 días desde el ingreso. Otra opción sería el ingreso en cuarentena y realización de PCR en el centro; si el resultado de la prueba fuera negativo continuará en cuarentena 14 días desde el ingreso y si el resultado fuera positivo se valorará su traslado a otros recursos específicos.

Para hacer seguimiento de residentes y personal del centro se contará con la colaboración y seguimiento de los Centros de salud de Atención Primaria para la detección, el diagnóstico y derivación por COVID-19 de las personas residentes en los centros. Medidas que deberán adoptar los centros

Los centros deberán elaborar y aprobar un protocolo de actuación adaptado a sus características estructurales y de personal para evitar la transmisión del SARS CoV 2. Este protocolo debe incluir los siguientes aspectos:

1. Debe designarse una persona de referencia que coordine y supervise en cada centro que se cumplen los requisitos necesarios para mantener las medidas preventivas y de seguridad.

2. Se informará al personal del centro o del establecimiento residencial, a las personas residentes y a visitantes de todas las medidas adoptadas, así como las razones que las justifican.

3. La dirección debe proporcionar para el personal del centro acceso a agua y jabón o dispensadores de productos de base alcohólica para una correcta higiene de manos y elementos básicos de protección (mascarillas, y guantes desechables cuando sean necesarios).

4. En el exterior del centro se colocará un cartel informativo sobre las condiciones del régimen de visitas, haciendo especial énfasis en que si la persona visitante presenta síntomas sospechosos de COVID-19 no podrá acceder al centro y deberá ponerse en contacto con los servicios sanitarios.

5. Se habilitarán circuitos específicos de entrada y salida para las personas visitantes, evitando aglomeraciones en pasillos, salas o espacios comunes. Si fuera necesario, se habilitarán horarios de visita diferenciados.

6. Para las personas visitantes se colocarán dispensadores de producto de base alcohólica en número suficiente a la entrada del centro, en espacios comunes y a la entrada de las habitaciones de cada residente en casos de personas encamadas o con condiciones que desaconsejen su traslado a espacios comunes.

7. Al menos dos veces al día se procederá a una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, grifos, y otros elementos de similares características. Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.

 

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El Ejecutivo aumenta en 2 millones más la financiación de las plazas de discapacidad en centros de día

Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

Esta cantidad se suma a los 8 millones de euros ya previstos para esta partida en los presupuestos de 2019

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha decidido incrementar en 2 millones de euros más la financiación de las plazas de salud mental en el sector de la discapacidad y en un millón más el coste del transporte de los usuarios de centros de día. Estas cantidades se suman al incremento ya previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este fin, por lo que finalmente se destinarán 10 millones de euros a actualizar el precio plaza/día y 6 millones de euros a cubrir el servicio de transporte.

Según explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, “la crisis motivó que durante años el precio de las plazas sociosanitarias estuvieran congeladas, lo que ha hecho que as corporaciones insulares, empresas y entidades del tercer sector hayan reivindicado desde entonces una actualización de los precios. Ya en los años 2016 y 2017 se incorporaron 2 millones de euros cada año para ir paliando este déficit, especialmente en las plazas sociosanitarias del sector de la discapacidad, que era el sector más deficitario”.

En los presupuestos generales de la Consejería para el 2019 se contemplaba inicialmente un aumento en la inversión de 8 millones de euros en el ámbito de la dependencia, 4 millones para el área de mayores y 4 millones para el sector de la discapacidad, con el fin de acercar cada vez más el precio al coste real de las plazas.

“Sin embargo, desde el Gobierno somos conscientes que el incremento no había sido suficiente, por lo que hemos apostado en estos presupuestos finalmente por quintuplicar el importe destinado al incremento del precio plaza día, pasando de 2 a 10 millones de euros, con el fin ir acortando la brecha entre el coste financiado y el coste real de la plaza, porque no podíamos seguir esperando a que se aprobara la Ley Canaria de Servicios Sociales”, aclaró Valido.

A este montante, además, hay que sumar la subida del IPC, el 1,4%, que no siempre ha sido contemplado, así como otros 5 millones de euros destinados al transporte que contribuirá a paliar el déficit en los centros de día, que permitirá una mejora sustancial en el traslado de los usuarios, y que finalmente se incrementará en un millón más, llegando a los seis millones.

A estos incrementos se suma el aumento presupuestario de 10 millones de euros, que se contemplaba en los convenios plurianuales suscritos con los cabildos, de manera que se pasa de los 104 millones de 2018 a los 114 millones de 2019, montante destinado al aumento del número de plazas y servicios.

En la comisión de servicios sociales de la Federación Canaria de Islas (Fecai), celebrada el pasado 8 de febrero en la isla de El Hierro, los representantes de los distintos cabildos aplaudieron este importante incremento de los precios y la incorporación de nuevas plazas y servicios, lo que entienden como una clara apuesta para la mejora y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el transcurso de este encuentro se consensuaron los parámetros de distribución de la partida en función del tiempo de plaza, ya que el coste varía según sus características.

“Motivo por el que a estas cantidades se ha decidido incorporar, además, otros 2 millones de euros destinados a incrementar el precio plaza/día, en concreto en las plazas de salud mental del sector de la discapacidad”, matizó.

“El objetivo es paliar el déficit económico de las plazas sociosanitarias y dar respuesta a la demanda histórica que tanto las corporaciones insulares como las entidades del tercer sector venían reclamando, aproximándonos cada vez más al coste real de las plazas”, concluye la consejera del área.

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