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El 35% de la población canaria en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Informe El estado de la Pobreza

 Se registra un descenso del 1,4% de las personas que se encuentran en pobreza y/o exclusión social  con respecto a los datos de 2018

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, destacó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para atender a las familias en peor situación social

“Todavía no podemos hablar con datos de las consecuencias que nos traerá la actual situación de crisis social y económica provocada por la Covid-19, pero este Gobierno no ha necesitado conocer esos datos para ponernos a trabajar y articular toda una batería de medidas de protección a las personas más vulnerables” afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, durante la presentación del X Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019’, que se produce en el marco de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

“En Canarias el paro y la pobreza son estructurales y, por tanto, necesitan de un conjunto de acciones tanto sociales como económicas. Desde que asumimos la consejería de Derechos Sociales hemos ido aprobando toda una serie de medidas con el fin de ir paliando una situación que ya era complicada antes de la crisis sanitaria”, afirmó Gemma Martínez. La viceconsejera destacó la modificación de la Prestación Canaria de Inserción para incluir a familias con menores a cargo; la aprobación del Ingreso Canario de Inserción a través del cual se ha otorgado un colchón económica a más de 16.000 familias y el impulso del proyecto de la Ley de Renta Ciudadana, que llegará al Parlamento a finales de mes.

Martínez destacó, además, que “una de las cuestiones que ha quedado clara ante la actual situación de crisis social es la necesidad de modernizar la administración pública y la importancia de apostar por un sólido sistema de servicios sociales”.

Los datos de este décimo Informe pone de manifiesto, indicó la viceconsejera de Derechos Sociales, que “España está muy lejos de cumplir con su parte del compromiso de reducción de la pobreza asumido en la Estrategia Europa 2020, que especificaba una reducción de 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) sobre los datos de 2008, y que debía alcanzarse como muy tarde en 2020”.

En cuanto a los datos del X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez, indicó que en el año 2019 el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone en términos absolutos unas 773.053 personas residentes en las Islas. Esta cifra sitúa a Canarias 10 puntos por encima de media nacional, fijada en el 25,3% (11.870.000 personas), y con el tercer porcentaje AROPE más elevado, solo inferior a Extremadura y Andalucía.

En relación a la Tasa de Riesgo de Pobreza, los datos reflejan que se sitúan en un 28,5% de la población vive con 641 euros mensuales por persona, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2018. Esto significa que residen en Canarias unas 628.282 personas en riesgo de pobreza, 53.718 menos que en 2018.

“La situación de pobreza en Canarias se va a fragilizar aún más”, señaló el presidente de EAPN-Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en alusión a los actuales datos macroeconómicos, según los cuales el Índice de Precio al Consumo (IPC) en el Archipiélago se ha incrementado en un 0,4% , sobre todo en alimentos, calzado y bebidas alcohólicas, “todo ello se trasluce en una acentuación de los perfiles que las familias que se encuentran en situación de exclusión social y de pobreza o en riesgo de padecerla”.

El X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), analiza el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2019, con especial referencia a Canarias.

Se puede consultar el X Informe en la página web de EAPN: Informe Estado de Pobreza

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Derechos Sociales solicitará fondos europeos para el plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, hizo el anuncio en sede parlamentaria, donde realizó un balance de la gestión de su departamento en el último año

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, anunció en sede parlamentaria la intención del Gobierno regional de solicitar a Europa la inversión necesaria para poder finalizar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Según indicó Santana, “actualmente, el Plan de Infraestructuras se encuentra aproximadamente a la mitad de su desarrollo y haría falta para terminarlo unos 71 millones de euros más”. “Si conseguimos que Europa preste la financiación para la finalización del Plan –explicó- sería muy beneficioso tanto para Cabildos, como para el Gobierno y, en definitiva, para la ciudadanía canaria y permitiría a Canarias ir saldando el actual déficit de plazas sociosanitarias”.

“Esto nos permitiría, además, derivar la inversión hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados, con residencias más pequeñas y de proximidad, comunidades residenciales de servicios compartidos tipo cohousing, potenciar la ayuda a domicilio e incrementar la digitalización y nuevas tecnologías en los servicios asociados a las personas mayores”, adelantó la consejera del área.

Hay que recordar que el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 (ahora 2022) de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta unos 160 millones y los Cabildos los 100 millones restantes. Ante la situación de pandemia, que obligó a paralizar la consejería de Derechos Sociales amplió el plazo de ejecución del citado Plan para los Cabildos hasta finales de 2022.

El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Este fue uno de los asuntos abordados hoy en sesión plenaria por la consejera de Derechos Sociales, en una sesión donde se realizó un balance de gestión de su departamento. En su intervención, Santana recordó las diversas medidas impulsadas por su equipo en el último año. A este respecto, aclaró que a finales de mes se llevará al Parlamento el proyecto de ley de Renta Ciudadana. Así, una vez que esta sea probada en el la Cámara regional complementará al Ingreso Mínimo Vital del Estado. “Estas dos rentas, juntas, permitirán sacar de la pobreza a esas 50.000 personas y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta que se apruebe, hemos permitido que la ciudadanía pueda seguir solicitando la PCI y que ambas prestaciones sean complementarias en su totalidad”, explicó la consejera del área.

En relación a la PCI, hay que recordar la modificación realizada por el Ejecutivo que permitió ampliar de 5.000 familias que se beneficiaban de esta ayuda, a las más de 8.000 familias actuales.

A esta medida hay que sumar otras como el desbloqueo de los 12 millones de euros correspondientes a los fondos de pobreza, el adelanto de la financiación a los ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y las medidas de mejora en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.

“Nuestro objetivo, con la situación de la que partíamos cuando asumimos la responsabilidad al frente de la Consejería de Derechos Sociales y la crisis social que trajo consigo la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19, no ha sido otro que gestionar más y mejor”, sentenció la consejera.

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Noemí Santana visita la isla de Fuerteventura junto al ministro José Luis Escrivá

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias asiste a un encuentro en la isla de Fuerteventura junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y  representantes de la Administración general del Estado e insulares

El encuentro se centró, fundamentalmente, en la cuestión migratoria y la protección a las familias más vulnerables La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha asistido este sábado, junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, a un encuentro en la isla de Fuerteventura.

La reunión ha tenido lugar en el Cabildo insular y, en la misma, también ha participado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y representantes de la Administración general del Estado e insulares.

Sobre la cuestión migratoria, Noemí Santana destacó la cooperación que siempre se ha mantenido con el Estado, el Cabildo de Fuerteventura y las entidades del tercer sector de la isla en materia de menores inmigrantes no acompañados – competencia autonómica-. Recordó la consejera de Derechos Sociales que, actualmente, la comunidad autónoma tutela a 1.048 menores. Aseguró que el Gobierno de Canarias está dando respuesta a este incremento en el número de menores a través de la apertura de dispositivos de emergencia pero, a medio y largo plazo, apeló a la “solidaridad interterritorial en la acogida de estas niñas y niños”. Sobre la situación en la isla de Fuerteventura en estos momentos manifestó que “tenemos recursos y estables con plazas disponibles, por lo que si tenemos llegadas en las próximas semanas podremos darle respuesta”.

La consejera de Derechos Sociales también se refirió al papel crucial que debe tener en esta materia la Unión Europea, en concreto, con la habilitación de fondos para la atención de menores inmigrantes. Noemí Santana anunció que ya se está trabajando en esta línea y que en las próximas semanas se mantendrá un encuentro con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Yohansson.

Sobre la protección a las personas más vulnerables, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció la labor de la comunidad autónoma. “Canarias es una de las comunidades que mejor ha entendido que tiene que ayudarnos y acompañarnos hasta que el Ingreso Mínimo Vital se implante”, afirmó Escrivá.
La consejera, por su parte, destacó el compromiso del gobierno regional con las personas con rentas más bajas y destacó medidas puestas en marcha como la compatibilidad de la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital por un periodo transitorio hasta el próximo 31 de diciembre, o bien, el Ingreso Canario de Emergencia que llegó a 16.000 familias (unas 800 en la isla de Fuerteventura) y del que, si el Parlamento da su conformidad, se realizará un segundo y último pago a los hogares beneficiarios.

Noemí Santana, además, se refirió a la creación de una red de recursos que sirvan como alternativa habitacional para familias afectadas por desahucios, “especialmente por impago de alquileres”. Un trabajo que se está realizando en conjunto con la consejería de Obras Públicas y Vivienda que también ha realizado una importante apuesta por la construcción de vivienda pública.

Tras ese encuentro, la consejera de Derechos Sociales ha acompañado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la secretaria de Estado de Migraciones en la visita al puerto de Gran Tarajal donde han conocido y reconocido la labor que realiza Salvamento Marítimo. Posteriormente, se ha realizado una visita a las instalaciones del antiguo Centro de Internamiento para Extranjeros de El Matorral.

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Canarias consolida la mejora de su gestión en Dependencia en 12 meses

El Informe del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, elaborado por el IMSERSO, vuelve a situar a Canarias  como la tercera comunidad en incrementar el número de dependientes con prestación

Dependencia redujo en casi cinco meses el tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación

Canarias continúa la línea de aumento de personas beneficiarias con prestación siendo la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y las Islas Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a agosto de 2019, según el informe sobre el impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Dicho informe, que realiza un análisis comparativo de las distintas variables relativas al sistema de prestaciones a la dependencia en todo el Estado, se constata que un total de trece comunidades autónomas ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, tanto de servicio como económica, respecto a agosto de 2019, siendo las más que han aumentado la cifra de personas beneficiarias con prestación la comunidad Valenciana (17,2%, con 14.346 personas más), Baleares (12,3% interanual, con 2.480 personas beneficiarias con prestación más) y Canarias (11,4% interanual, con 2.587 personas con prestación más).

Por el contrario, las comunidades donde más han disminuido las personas beneficiarias con prestación fueron La Rioja (-4,7% interanual, con 387 personas menos) la Comunidad de Madrid (-4,1% interanual, con 5.832 personas beneficiarias con prestación menos) y Castilla-La Mancha (-2,3% interanual, con 1.424 personas menos).

“Estos datos ponen de manifiesto los esfuerzos que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo durante los últimos meses en materia de atención a las personas en situación de dependencia, logrando incrementar el número de personas dependientes que estaban pendientes de una prestación, lo refleja el trabajo realizado por el departamento de Dependencia, especialmente en unos momentos y ante una situación tan complicada para todos como la generada por actual pandemia”, afirma la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

El informe pone de manifestó igualmente que Canarias también ha sido la tercera comunidad que más ha incrementado la cifra de personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de recibirla, con 1.793 personas más, detrás de la Comunidad Valenciana, con 7.627 personas más, y del Principado de Asturias, con 1.760 personas más, mientras que las comunidades donde más han caído las personas beneficiarias con prestación han sido Madrid, con 8.289 personas menos; La Rioja, con 481 personas menos, y Castilla–La Mancha, con 3.481 personas menos.

En la línea de continuar mejorando la labor de gestión de los recursos de atención a las personas en situación de dependencia, Derechos Sociales acordó esta misma semana incrementar el coste plaza de los convenios de atención para personas dependientes que se rubrican anualmente con los Cabildos insulares. El acuerdo contempla el incremento entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza (residencial o centro de día), con un financiación a estos convenios de más de 147 millones de euros, que se sumarán a los 67 millones de euros que aportarán los Cabildos insulares.

Reducción en casi cinco meses el tiempo de espera para la resolución de la prestación

A esta tendencia en positivo de los datos relativos a la gestión en materia de Dependencia, hay que añadir la reducción en casi cinco meses del tiempo medida de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, pasando de 785 días de media a 640 días, es decir, un avance de 145 días en relación al tiempo de espera, en el periodo de agosto a diciembre de 2019, gracias a la reactivación y restructuración del departamento efectuado por la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.

Esta cifra, sin embargo, se ha visto incrementada por la situación del estado de alarma por pandemia que obligó a paralizar las valoraciones subiendo la media de tiempo de espera a 875,42 días, de enero a julio de 2020.

 

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Derechos Sociales avanza en el desarrollo de la Ley de Renta Ciudadana junto a Cabildos, ayuntamientos y entidades

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, celebró este jueves una reunión telemática en la que participaron cerca de un centenar de personas y en las que se dio a conocer parte del borrador de la Ley de Renta Ciudadana

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, ha celebrado hoy una reunión de trabajo con los representantes del área de servicios sociales de los Cabildos insulares, los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector para presentarles los datos acerca de la pobreza y la exclusión en Canarias que se enmarcan dentro de uno de los estudios con los que el departamento de Derechos Sociales viene trabajando para diseñar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana.

Según avanzó la viceconsejera en la reunión, celebrada de forma telemática, “para el diseño de la Renta Ciudadana para Canarias, tal y como mandata el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un modelo que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra población y que corresponde a la realidad sociolaboral de nuestras Islas, por eso, desde la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en colaboración de otros departamentos del Gobierno como Hacienda, Empleo, Presidencia y Vivienda, hemos venido realizando un trabajo coordinado con la Fundación ISEAK de cara al diseño de la mejor herramienta posible para disminuir la pobreza y la exclusión social en nuestras islas”.

En esta reunión se analizó la situación de la pobreza y la exclusión social en Canarias y cómo combatirla con estas herramientas. Entre otras cuestiones, se abordó el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la futura Renta Canaria de Ciudadanía y qué tipos de complementos se puede dar al ingreso estatal para reducir las actuales cifres y alcanzar a los colectivos más vulnerables.

“Lo que queremos con la reunión de hoy es generar un debate con todos los actores sociales y administrativos implicados con el fin de cumplir, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en sede parlamentaria esta misma semana, llevarlo a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre, con el fin de iniciar su trámite en el Parlamento en noviembre y posteriormente aprobarlo y que entre en vigor”, explicó.

“En este informe se muestra una panorámica general de la población canaria y sus hogares y se analiza la realidad en cuanto a la situación de la pobreza en la Comunidad Autónoma para diferentes umbrales de pobreza. También se realiza un perfilado de las personas pobres en Canarias donde se identifica qué colectivos son los que mayores dificultades presentan”, indicó Martínez, quien aclaró que “el estudio identifica las buenas prácticas de los sistemas de garantías de rentas existentes en otras comunidades autónomas. Para ello, se comparan las principales características del actual sistema de PCI en relación al resto de las rentas mínimas o garantizadas que existen en las demás comunidades autónomas españolas.”

Para la realización de este estudio se contó con la Fundación ISEAK, especializada en el estudio en el ámbito de lo social, con profesionales de reconocido prestigio cuyas investigaciones orientan a las administraciones en el diseño de políticas públicas.

 

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Noemí Santana confirma que no habrá recortes presupuestarios en Derechos Sociales

La consejera de Derechos Sociales también anuncia que presentará la Ley de Renta Ciudadana a finales de octubre en el Parlamento y que llevará a la Cámara la aprobación de un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia.

“El compromiso de este Gobierno es que en los próximos presupuestos no se produzcan recortes en la consejería de Derechos Sociales porque no pueden volver a pagar esta crisis los que menos tienen”, afirmó en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, donde repasó las medidas puestas en marcha y las que se desarrollarán en los próximos meses para afrontar la actual situación de crisis social generada por el Covid-19.

Entre las medidas anunciadas por Santana, destaca la activación de un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia, “que aprobaremos, si ustedes así lo consideran, ya que consideramos que será una ayuda esencial para esas familias en peor situación económica”. A este respecto, la consejera indicó que “ese segundo pago será un adelanto hasta que sea una realidad la Renta Ciudadana”.

En relación a esta última cuestión, la consejera anunció que se llevará a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre para, después, comenzar su tramitación parlamentaria. “Durante estos meses hemos seguido trabajando en la ley que regulará la futura Renta Ciudadana teniendo que actualizar el proyecto respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que hizo que tuviéramos que rehacerla”.

“A través de estas medidas se va a lograr que, en torno a 50.000 familias canarias que antes estaban  desprotegidas, ahora ya no lo estén”, subrayó Santana quien recordó que, ante la situación de crisis el Ejecutivo regional ha actuado con celeridad poniendo en marcha diversas medidas dirigidas s dar cobertura a las familias en situación de riesgo de exclusión social, como han sido la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la creación del Ingreso Canario de Emergencia, “a través del cual se ha llegado a 16.000 familias sin recursos”, y el adelanto en cuatro meses de la firma con los Ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, con un incremento del 10%.

“Es decir, matizó, que frente a crisis anteriores en que se recortaron derechos y políticas públicas, en que se vació el Estado del Bienestar y se recortó en empleados públicos y en medios, este Gobierno ha actuado como solo podía actuar: con más inversión pública, más apuesta por los derechos sociales y ni un recorte en servicios públicos esenciales”.

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700 menores de 0 a 3 años se incorporarán a las Escuelas Infantiles de Infancia a lo largo de la semana

Entre el lunes y el miércoles de la próxima semana estarán ya activas diez de las trece Escuelas Infantiles dependientes de Derechos Sociales; el resto lo irán haciendo durante la semana una vez se cuente con todo el personal y esté en condiciones de atender con total seguridad a las niñas y niños

Los 701 menores con plaza en la red de Escuelas Infantiles dependiente de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, se irán incorporando desde el próximo lunes, 21 de septiembre y a lo largo de toda la semana, a la actividad educativa de las Escuelas Infantiles una vez los centros cuenten con todo el equipo educativo que garantice la aplicación con total garantía de los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias y educativas.

De esta forma, el lunes, 21 de septiembre, comienzan su actividad las Escuelas Infantiles Bentenuya, en Santa Cruz de Tenerife; el Drago, en Puerto de la Cruz; Aridamán, en Las Palmas de Gran Canaria y la EI San Miguel Arcángel, en Santa Cruz de La Palma.

El martes, 22 de septiembre, se abrirá la EI Asunción, en Santa Cruz de Tenerife, y el miércoles, 23 de septiembre, las Escuelas Infantiles La Fuente y La Atalaya, ambas en Gran Canaria, y las EI Aguamansa, en Puerto de la Cruz, y Anaga y Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.

El resto de las Escuelas, es decir, la de Las Folias, en Las Palmas de Gran Canaria; el Niño Jesús, en La Laguna y Virgen del Carmen, en Los Realejos, se irán abriendo al alumnado una vez se vayan  incorporando el equipo educativo y técnico necesario, con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los protocolos y conjuntos de medidas específicas que garanticen la protección y seguridad tanto del alumnado como del personal y de las familias usuarias de las Escuelas.

Precisamente, y en aplicación de este protocolo, Infancia ajustó los ratios establecidos por la situación de pandemia por Covid-19, por lo que la cifra de menores atendidos en esta red de centros desciende este año con respecto a años anteriores, siendo un total de 701 menores, de los que 366 son renovaciones y 335 nuevas incorporaciones.

Las Escuelas Infantiles son recursos puestos en marcha por el Gobierno de Canarias con el fin de garantizar la conciliación laboral de las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo. Canarias cuenta con una red de 13 Escuelas Infantiles dependiente del Ejecutivo regional distribuidas en la isla de Gran Canaria  (las EEII Aridamán, Las Folias y La Fuente, ubicadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y la EEII La Atalaya, ubicada en el municipio de Guía), Tenerife (las Escuelas Infantiles de Anaga, Añaza, Asunción y Bentenuya, situadas en el municipio Santa Cruz de Tenerife; la de Niño Jesús, en La Laguna, y las de Aguamansa y El Drago, en el Puerto de la Cruz, y la de Virgen del Carmen, en Los Realejos) y en la isla de La Palma (la EI San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma).

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El ICI edita diversos materiales para mejorar la implantación de la igualdad en el ámbito educativo y social

Todos los centros educativos recibirán en breve las nuevas guías de coeducación “IncluidApps” así como los calendarios escolares que se acompañan de unidades didácticas para cada ciclo.

A lo largo de este año, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha editado diversos materiales dirigidos a profesionales del ámbito educativo y la intervención social con los que pretende mejorar las herramientas que emplean en materia de igualdad en su trabajo diario.

El objetivo, como resume la directora del (ICI), Kika Fumero, “es incorporar la perspectiva de género en todos los sectores, hacer real la transversalidad y promocionar la igualdad desde la base, empezando por la comunidad educativa y las personas que trabajan en la intervención social con mujeres, menores o jóvenes adolescentes en situación de violencia de género”. Todo el material editado se puede descargar desde hoy en la página del ICI.

La jornada, que estuvo conducida por la actriz tinerfeña Carmen Cabeza, comenzó con la intervención de Yaiza Afonso Higuera, licenciada en Pedagogía, experta en género y discapacidad que expuso como se ha incorporado la perspectiva de la discapacidad en todos los materiales del ICI y aseguró que “trabajar la accesibilidad garantiza los derechos fundamentales, eleva la calidad de los servicios, genera autonomía, seguridad, integración y que todos los estándares sean normales”.

En el ámbito de la coeducación intervino Mercedes Sánchez Vico, docente y ex-directora del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer), creadora de la asignatura para Secundaria «Proyecto de Igualdad de Género a través de la imagen» y galardonada con múltiples reconocimientos y premios coeducativos, como el primer premio en la X Edición de los Premios Rosa REGÁS. Sánchez Vico expuso el contenido de las 5 Guías de lenguaje inclusivo dirigidas a la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias y de las que el ICI ha editado 1.450 unidades. Como argumentó la directora “partimos de la base de que las lenguas no son sexistas, pero sí lo es el uso que hacemos de ellas”. “Aprender a utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista nos ayudará a comunicarnos de una manera inclusiva y, por tanto, mucho más igualitaria”.

La experta habló también sobre el Calendario escolar Coeducativo «Mujeres Canarias con Arte 2020-2021» que se acompañan de dos unidades didácticas diferentes dirigidas al alumnado de primaria y secundaria y de las que se han editado también otras 1.350 unidades. Doce meses, doce mujeres canarias que son referentes en nuestra historia actual y pasada.

Fumero explicó que todo este material eidtado será distribuido en breve por todos los centros educativos a través de los CEP canarios y se enviará a 50 agentes zonales de igualdad de las Islas.

Los recursos de coeducación se acompañan de una aplicación móvil “IncluidApps” como herramienta de apoyo, tanto para Android como para IOS, y que facilita el uso de un lenguaje inclusivo de una manera rápida. La app ha sido desarrollada por Cristina Moreno Arroyo, licenciada en Periodismo, Máster Experta en Edición y máster en Malestares de Género por la Asociación de Mujeres para la Salud y fundadora de Patriarcadas, la primera revista feminista interactiva exclusiva para móvil.

Tras el descanso intervino Zaida Yanes Bethencourt. psicóloga y psicoterapeuta, especialista en Violencia de Género y experta en peritaje en Violencia de Género y Familia y que expuso el contenido de la guía “Te Acompaño”, un manual dirigido principalmente a profesionales que trabajan con menores víctimas de violencia de género y del que se han editado 1.600 unidades.

El estudio, que aborda las consecuencias en menores desde una perspectiva amplia, se ha organizado en cuatro bloques, en el primero se realiza un acercamiento a la problemática desde la perspectiva de la infancia, la adolescencia, los diferentes mitos y realidades en estos periodos, la importancia del apego y la seguridad que genera.

María Martín Barranco, licenciada en Derecho, consultora especialista en intervención social con enfoque de género, formadora e investigadora en igualdad y autora de los libros «Ni por favor ni por favora» y «Mala de acostarme”, detalló el contenido de la  “Guía de Autocuidado en la Intervención Social”, dirigida a profesionales que intervienen con mujeres víctimas de violencia de género  y el “Plan de seguridad para víctimas de violencia de género”, elaborado tras la declaración de la pandemia por Covid-19 con el objetivo de apoyar y ofrecer recursos a las mujeres que pudieran verse amenazadas por un maltratador durante el confinamiento.

En total se han editado 10.000 unidades del Plan de seguridad en el que informa sobre todas las medidas que pueden adoptar para protegerse o evitar una agresión por parte de su pareja, cómo abandonar la vivienda sin peligro o cómo actuar si no se convive con el maltratador pero continúa acosándolas o comparten la custodia de menores. Qué medidas puede adoptar el entorno para ayudar si se sospecha que una vecina, amiga o familiar pueda estar siendo víctima de violencia de género y detalla todos los recursos disponibles en las Islas.

La jornada finalizó con la presentación de Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación, escritora feminista y creadora del Laboratorio del Amor, una comunidad virtual e internacional de mujeres que estudian el tema del amor romántico sobre la “Guía de recursos para profesionales que trabajan con adolescentes varones las masculinidades no violentas” de la que se han editado 2.000 unidades.

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Conclusiones Foro Canario de la Inmigración

Conclusiones Foro Canario de la Inmigración. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2020

El Foro Canario de la Inmigración, ante el incremento de las llegadas de inmigrantes a las costas canarias, quiere constatar su preocupación por la carencia de medios para la atención adecuada a las personas que están llegando a Canarias.

Aunque en líneas generales se está produciendo un descenso de la llegada de estas personas inmigrantes a España, la situación cambia en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, punto clave como puerta de entrada hacia el resto de la Península y Europa, que sigue soportando una mayor incidencia de los flujos marítimos.

Antes que nada queremos condenar los discursos xenófobos y la exaltación al odio que se están dando y que creemos debemos combatir y cambiar esta narrativa falsa y demagógica. Como prioridad exigimos que se deba garantizar un trato digno a las personas.

Los datos demuestran que la vía migratoria hacia las Islas Canarias está más activa que en los últimos años y los naufragios de pateras se intensifican. De hecho, la ruta marítima a las islas canarias es la única de entrada a España que ha experimentado un aumento en los últimos meses, según el último informe quincenal sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. Hasta el 31 de agosto de 2020 habían llegado al archipiélago 3.933 personas, 3.349 más que en 2019. Las llegadas se han multiplicado casi por seis este año respecto a 2019.

En este marco, dado el desmantelamiento paulatino a lo largo de los últimos años de los servicios de primera atención como consecuencia de las reducciones económicas a la comunidad autónoma en materia de migraciones, nos encontramos con grandes dificultades para la atención inmediata de las personas que llegan a nuestras costas.

Queremos destacar, siendo como es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, la preocupación por la llegada de menores, especialmente de los menores no acompañados. En estos momentos, Canarias tutela a 757 menores extranjeros no acompañados.

Las llegadas han aumentado, pero nuestra mayor preocupación es el incremento de naufragios y del número de personas que pierden la vida en el intento. Al Gobierno de Canarias le preocupa mucho el elevado número de vidas que se están perdiendo en esta peligrosa ruta atlántica. En lo que va de año, una persona ha muerto por cada 20 que han desembarcado en las Islas, según Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Debemos garantizar el derecho a la vida en esta frontera sur de Europa.

Con el fin de evitarlo, es imprescindible reflexionar sobre la acción conjunta que se puede llevar a cabo entre la UE, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y ayuntamientos, junto a los diferentes organismos y entidades que forman parte del Foro.

No hay que olvidar que Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, es frontera sur de Europa y lugar de tránsito en la ruta migratoria de estas personas. Por lo tanto, la gestión de estos flujos migratorios no puede ni debe ser exclusiva de nuestra región. Se trata de una problemática nacional y europea, que requiere de una respuesta coordinada y conjunta por parte de las autoridades nacionales y europeas.

También cabe mejorar la intervención y la aportación que se realiza desde el propio archipiélago y la imprescindible implicación social, aprovechando los aprendizajes obtenidos y los recursos existentes, como fórmula para que la gestión de las migraciones en el marco de nuestra región se convierta en un modelo de referencia, tanto hacia los procesos de desarrollo internos como hacia nuestra consideración y proyección exterior.

 

En este sentido, el Foro Canario de la Inmigración reclama:

AL GOBIERNO DE CANARIAS

1. Reforzamiento de la estructura gubernamental que se relaciona con la gestión de las migraciones y sus  implicaciones en la región, para facilitar la definición de estrategias, el diálogo multinivel y la coordinación de recursos, iniciativas y organizaciones.

2. El Foro Canario de la Inmigración debería iniciar los trabajos para la realización del Plan Canario de Inmigración (y Convivencia Intercultural) 2021-2023 con enfoque comunitario, carácter procesual y participativo, marco para un
abordaje integral e integrador de la gestión de la inmigración y sus efectos e implicaciones para la región.

3. Revisión y actualización del Foro Canario de la Inmigración (y Convivencia Intercultural) para conseguir un funcionamiento más normalizado y permanente, eficaz y con mayor proyección en la sociedad regional y sus
instituciones y organizaciones representativas.

4. Iniciativa para la identificación, el encuentro y la actuación coordinada y en red de las diversas estructuras y recursos que en Canarias se relacionan con las distintas facetas de la inmigración y sus múltiples efectos e implicaciones.

5. Desarrollar una alianza de carácter integral entre todos los actores y las administraciones públicas canarias en defensa de una acogida e integración dignas y respetuosas con la garantía y protección de derechos.

6. Contribuir a la coordinación y colaboración con la administración estatal en la puesta en marcha de los recursos de acogida humanitaria y de integración en la comunidad.

7. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online, estableciendo un debate sosegado e informado con nuestra ciudadanía.

AL ESTADO ESPAÑOL

1. Establecimiento en los Presupuestos Generales del Estado, del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes, tal y como existía hasta el año 2011, con un aumento sensible de la dotación de fondos para la gestión migratoria y las implicaciones de esta movilidad en la región.

2. Establecimiento de recursos alojativos dignos, estables y de carácter abierto, de atención a las personas migrantes, tanto en la recepción como en la acogida humanitaria inmediata y otros posibles usos de integración.

3. Facilitación del traslado a Península, permitiendo a estas personas continuar con su ruta migratoria.

4. Acuerdo estable y solidario de traslado y ubicación en Península de los menores no acompañados que llegan a Canarias, cuando superen nuestra capacidad de acogida.

5. Mejora y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

6. Mejora de las condiciones laborales y materiales de Salvamento marítimo.

7. Desarrollo de acciones de información e intervención comunitaria en el entorno socioterritorial de los recursos alojativos que se habiliten de acuerdo con las instituciones, las organizaciones locales y la ciudadanía.

8. Definición de un plan de recepción y acogida con carácter preventivo según escenarios y perspectiva a medio y largo plazo, que implique a las instituciones, a las organizaciones diversas y a la sociedad regional, optimizando los recursos potencialmente disponibles en cada momento.

9. Establecimiento de reuniones periódicas con las autoridades e interlocutores canarios, para información y coordinación en la materia.

10. Renovación del Plan África haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países del África occidental.

11. Establecimiento de un protocolo de identificación de los inmigrantes fallecidos con pruebas de ADN para garantizar a las familias la búsqueda de sus familiares.

12. Establecer fondos destinados a la realización de las PCR a las personas que llegan a Canarias por nuestras costas, tal y como ha solicitado la Secretaria de Estado de migraciones.

13. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular al amparo del Pacto Mundial sobre Migración suscrito por el estado español.

14. Unificar los criterios utilizados por la Fiscalía en ambas provincia canarias con respecto a la determinación de edad por prueba ósea e instar a la Gobierno central a dotar de mayores recursos, tanto a la Administración de Justicia como al Instituto de Medicina Legal, que favorezca la agilidad y resolución de las mencionadas pruebas.

A LA UNIÓN EUROPEA

1. Renovación urgente del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), y que sea dotado de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados para poder ofrecer respuestas concretas a los desafíos que supone su llegada al territorio de la UE. En estos momentos en la UE no existe ningún programa ni fondo que ayude a las regiones en el apoyo a estos menores.

2. Aumento de los fondos destinados a Canarias provenientes del Proyecto de Ayuda de Emergencia, recogido en el Reglamento (UE) 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y que prevé apoyo adicional mediante ayudas de emergencia para hacer frente a las situaciones de crisis en caso de fuerte presión migratoria en los Estados miembros.

3. Adopción urgente del nuevo pacto de asilo y migración especialmente en lo que respecta a los dos grandes retos del pacto: la mayor voluntad de los Estados para lograr un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, con el fin de gestionar los flujos migratorios y los acuerdos con terceros países de tránsito y origen con el fin de reducir la migración irregular.

4. Dotar a este Pacto de un presupuesto ambicioso y creíble por parte de la UE para garantizar los derechos humanos, la salud de las personas migrantes, el reparto de responsabilidades y hacer frente a las necesidades territoriales.

5. Reconocimiento del valor añadido de las regiones, especialmente aquéllas que son frontera sur de Europa, en las políticas de integración e inclusión, además de tener en cuenta las necesidades de las mismas y valorar cómo éstas pueden contribuir en la consecución de los objetivos sobre migración, incluyendo la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Este reconocimiento debe ir acompañado de un incremento de las asignaciones de los nuevos fondos de la UE, relacionados con las dimensiones internas y externas de la migración que involucran directamente a las regiones para el período posterior a 2020.

6. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular en el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración en el seno de la UE al amparo del Pacto Mundial sobre Migración.

7. Establecimiento de una misión permanente de Frontex en el Atlántico Occidental con el objetivo de salvar vidas con todas las garantías.

 

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