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El Gobierno de Canarias conmemora el Día en Memoria de los menores robados y sus familias

El acto es un reconocimiento a las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura para que no caigan en el olvido

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha celebrado hoy, 30 de agosto, un acto institucional con motivo de la celebración del Día en Memoria de los Menores Robados y sus familias. Este es el segundo año que el Gobierno de Canarias organiza un reconocimiento a las víctimas de desapariciones forzadas de menores que se produjeron durante la dictadura y primeros años de la democracia, dando así cumplimiento a lo previsto en la ley canaria 13/2019, de 25 de abril.

El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, recordó que es el segundo año que se realiza para dar relevancia a este colectivo, dentro de las actuaciones que lleva a cabo la Consejería, y en ese sentido destacó la puesta en marcha de la Comisión del Derecho por la Identidad de los niños robados, que proviene de la ley canaria y que se constituyó en marzo del año 2024.

Cesáreo Rodríguez leyó una declaración en la que la Consejería, como competente en Memoria Histórica, reconoce públicamente la gravedad de los hechos vinculados a la sustracción de recién nacidos ocurridos en la Comunidad Autónoma de Canarias y manifiesta el compromiso firme e inequívoco del Gobierno con las personas afectadas, tanto quienes fueron sustraídas como sus familias biológicas y adoptivas de buena fe, expresando el respeto y la solidaridad con su prolongada búsqueda de la verdad.

El Gobierno se compromete a impulsar el cumplimiento efectivo de la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias y reitera el compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la apertura y conservación de los archivos y registros y se compromete a promover actuaciones de reparación moral y simbólica en el marco de las políticas de memoria democrática, que contribuyan a dignificar a las víctimas.

“Se trata de visibilizar y no olvidar una realidad histórica, garantizar y proteger el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño emocional que han venido padeciendo las víctimas durante décadas”, señaló Rodríguez.

El viceconsejero añadió que, con esta declaración la Consejería reafirma su determinación de seguir trabajando hasta que se haga plenamente efectiva la verdad, la justicia y la reparación de todas las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos en Canarias. “Para evitar el olvido, para manifestar nuestro compromiso en la reparación del enorme daño causado y para aprender del pasado, con el propósito de no repetirlo”, concluyó.

En esta celebración participaron los miembros del Colectivo Sin Identidad, a través de su portavoz, Jorge Rodríguez. En su intervención, Rodríguez destacó la necesidad de salvar la memoria de estos menores, evitar la confusión y la desinformación para que nada impida que se haga justicia y se conozca la verdad” y agradeció este homenaje “para que su historia se mantenga viva en nuestros corazones y se siga trabajando para que haya no solo reconocimiento, sino también reparación”.

Durante el acto se proyectó un video de la artista Espe Pons sobre el proyecto fotográfico ‘Cosmos’ donde se visibilizará la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo. La elección del título del ensayo fotográfico encargado por el Gobierno representa, según su autora “la organización y el orden de la trama que existió en el robo de los menores en las islas”.

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Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tiene como objeto asesorar al Gobierno de Canarias en el cumplimiento de los fines contemplados por la Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias

Según reza la norma, debe elaborar un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas, y reunirse al menos una vez al año

La Ley se aprobó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado que asesorará al Ejecutivo para el cumplimiento de los fines contemplados en la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Está conformada por dos miembros en representación del Ejecutivo canario, uno de los cuales ostentará la presidencia, un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otro de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas, a los efectos contemplados en la citada norma.

Siguiendo estas reglas, recogidas en el artículo 10 de la citada ley, la comisión está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, teniendo como suplente a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y está integrada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez; la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (suplente); el alcalde de La Aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración Pública de Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez; la técnica jurídica Trinidad Pérez (suplente); la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (suplente); el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

En esta primera sesión, a la que han asistido también la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de Servicio de Coordinación y Planificación Estratégica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Karolin Bruns, que ha actuado como secretaria de la Comisión, se ha abordado, por parte de los representantes de los colectivos de víctimas afectadas, la problemática que padecen en cuanto a las limitaciones en el acceso a archivos y registros públicos, así como la necesidad de que se preste apoyo específico por parte de las Administraciones Públicas en la realización de estudios y trabajos de investigación que hagan aflorar esta realidad al conocimiento general.

Por parte de la Consejería se ha puesto de manifiesto el compromiso de las Administraciones Públicas para impulsar las políticas necesarias y cumplir con las obligaciones de la ley, así como mantener, dentro de los instrumentos que permite la normativa vigente, una relación de colaboración con el colectivo de víctimas, que implique también a otras instituciones como las universidades, con el fin de contar con estudios científicos serios y detallados que permitan determinar el alcance de esta realidad en Canarias, su divulgación y dignificación de sus víctimas.

Reparación

La Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias se dictó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación.

Su objetivo es garantizar el conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, así como su reparación, favoreciendo acciones que tiendan a la identificación de sus familiares. En su contenido, a lo largo de sus 10 artículos, reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres biológicas la condición de víctimas y establece las obligaciones de los poderes públicos canarios de promover acciones que lleven a su esclarecimiento y a la identificación y reconocimiento de quienes lo padecieron.

Las principales obligaciones que recoge esta norma para la Administración Pública son facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que, sobre estos hechos, pueda existir en los archivos y registros públicos dependientes de las administraciones canarias, siempre en los términos que lo permita la legislación vigente (artículo 5), y colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en las labores de investigación que se lleven a cabo (artículo 6) e incorporar los datos de los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de las víctimas y sus familiares.

Además, la mandata a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, que se centran en las labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en los itinerarios curriculares de educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas (artículo 7).

Estas obligaciones y competencias no precisan de un desarrollo reglamentario, sino que se encuentran ya perfectamente determinadas y se proyectan principalmente frente a la Administración Pública y el ámbito educativo, quienes al amparo de esta norma deberán desarrollar líneas específicas de actuación que satisfagan los fines que la ley recoge.

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