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El Gobierno da luz verde al decreto-ley que regula los 1.144 millones en ayudas COVID-19 para empresas y autónomos

Comparecencia de prensa

El plazo de solicitud de las subvenciones permanecerá abierto entre el 15 de junio y el 28 de julio, ambos incluidos, y a ellas podrán acceder empresas y profesionales de todos los sectores económicos, salvo el financiero y el de seguros

La tramitación se ha simplificado al máximo y las personas y entidades solicitantes, salvo casos excepcionales, solo deberán presentar la solicitud acompañada por una declaración responsable

El Consejo de Gobierno acordó este viernes la aprobación del decreto-ley por el que se regula en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias la concesión de la Línea COVID de Ayudas Directas a Personas Autónomas y Empresas, financiada por el Gobierno de España y que inyectará en el Archipiélago 1.144 millones de euros para ayudas directas al tejido productivo, destinadas a realizar pagos pendientes a proveedores y otros acreedores; satisfacer deudas financieras y no financieras y cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. El plazo de solicitud de las ayudas se abrirá el próximo 15 de junio y permanecerá activo hasta el 28 de julio, ambos incluidos, y a ellas podrán acceder empresas y profesionales de todos los sectores económicos, salvo el financiero y el de seguros.

Para facilitar la gestión de las ayudas, se ha simplificado al máximo la tramitación y las personas y entidades solicitantes solo deberán presentar la solicitud cumplimentada, acompañada por una declaración responsable. No será necesario aportar más documentos, salvo en casos excepcionales, como el de las empresas con pérdidas en 2019, que deberán presentar las declaraciones de impuestos de 2018 para acreditar que han tenido beneficios en ese ejercicio.

Las empresas y personas trabajadoras autónomas que soliciten la subvención deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, ya que así lo establece Real Decreto-ley 5/2021, que fija las líneas básicas de la línea de ayudas. Las solicitudes se presentarán únicamente por la vía telemática, a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó el decreto-ley ante los medios de comunicación en una comparecencia posterior a la celebración del Consejo, en la que estuvo acompañado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y por Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

Como señaló el jefe del Ejecutivo, estos 1.144 millones de euros se suman a las ayudas que ha venido arbitrando el Gobierno canario, como los 95 millones de ayudas directas en 2020, los 84 millones de euros de 2021, otros 80 millones de euros para el IBI y el bono turístico o los aplazamientos fiscales. Ángel Víctor Torres explicó que con el decreto-ley de hoy se perfeccionarán los procedimientos, dentro de la legalidad vigente, para que sean rápidos, ágiles, eficientes y eficaces “y que todos estos fondos lleguen a las empresas y autónomos en Canarias”.

El presidente de Canarias, durante la comparecencia.
El presidente de Canarias, durante la comparecencia.

Torres detalló que cerca de 60.000 empresas se podrán beneficiar de estas ayudas y remarcó que esta inyección constituye, “en justicia” la mayor aportación que recibe una comunidad autónoma en todo el país. El titular del Gobierno autonómico relató que “no fue fácil, porque fue necesario intensificar las reuniones en Madrid y mantener conversaciones con las ministras de Hacienda y Economía “para sensibilizar al Gobierno de España”, apuntó el presidente, quien agradeció a María Jesús Montero, a Nadia Calviño y al presidente Pedro Sánchez este “gesto valiente” para que la distribución de los fondos se produjera acorde al daño sufrido y se ampliara el perfil de las empresas beneficiarias y las cantidades a recibir “porque la repercusión económica que ha tenido la crisis en Canarias es objetivamente superior a otra comunidad del país”.

En la misma línea se manifestó Román Rodríguez, que valoró también las mejoras que se pudieron introducir en la normativa estatal de aprobación del paquete de ayudas y remarcó que “Canarias repartirá más ayudas que nadie y a más gente que nadie”. El vicepresidente destacó también que el procedimiento será el más sencillo que permite Europa y que el Ejecutivo ha incrementado la intensidad de las ayudas para cubrir la mayor parte de las pérdidas declaradas por las empresas.

Para Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, “los 1.144 millones que se van a inyectar en el tejido productivo canario servirán para mitigar el impacto económico de las empresas y protegerán el empleo”. El departamento dirigido por Máñez es el responsable de la gestión de las ayudas a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) y de la Dirección General de Promoción Económica. Como adelantó la consejera, para esta convocatoria se contará otra vez, a través de la firma de un nuevo convenio de colaboración, con la participación de las Cámaras de Comercio de Canarias en la tramitación de las subvenciones, en su calidad de entidades de derecho público, dada su contribución a agilizar la anterior convocatoria de ayudas del Gobierno de Canarias para pymes y autónomos.

Además, como novedad en esta convocatoria, se ha creado una Unidad de Atención Presencial para Autónomos y Micropymes en todas las islas, con el fin de dar apoyo directo a quienes tienen mayores dificultades para enfrentarse a un procedimiento electrónico de subvención.

Por último, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, agradeció la implicación de patronal y sindicatos y describió esta crisis como “la única que nació de la noche a la mañana”, al mismo tiempo que destacó que “las respuestas por parte de las administraciones han sido distintas a las que se produjeron en otras crisis anteriores”. Torres indicó, además, que estas ayudas paliativas sin precedentes, unidas a otras medidas como los ERTE, por “primera vez no van unidas a recortes ni a reformas laborales ni a degradar a la clase trabajadora. Sino a salvar a las empresas y a la sociedad canaria”.

Dos líneas de ayudas

Las ayudas se han distribuido en dos líneas en función del tipo de tributación. La línea 1 está destinada a autónomos que pagan impuestos en modalidad de tributación objetiva y se ha dotado con 70 millones de euros. La línea 2, destinada al resto de empresas que hayan tenido una caída de la facturación entre 2019 y 2020 superior al 30%, se divide a su vez en tres grupos en función del número de personas empleadas: de 0 a 10 trabajadores, dotada con 650 millones de euros; de entre 11 y 49 trabajadores, con 212 millones de euros, y de más de 50 trabajadores, también con 212 millones.

La cuantía máxima de las ayudas para la línea 1 será de 3.000 euros, tal como recoge el Real Decreto-ley 5/2021. Para la línea 2, el mínimo está establecido en 4.000 euros y los máximos quedan en 500.000 euros para las empresas de 0 a 10 trabajadores; 1,8 millones para las de 11 a 49 personas empleadas; y de 5 millones de euros para las de más de 50 trabajadores o trabajadoras. El pago de la subvención se efectuará en la modalidad de abono anticipado del 100% de la cuantía.

Con esta línea de ayudas, el Gobierno de España ha atendido las necesidades específicas del tejido productivo del Archipiélago, que recibe un 16,3% de la dotación total para el Estado, de 7.000 millones de euros. Asimismo, las sucesivas negociaciones con el Ministerio de Economía han permitido a Canarias y Baleares incorporar como beneficiarias a las empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias excepcionales, con la condición añadida de que hayan tenido beneficios en 2018; extender las ayudas a todos los sectores de actividad excepto el financiero y de seguros, así como ampliar los límites máximos y porcentajes de cobertura.

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Franquis se compromete con la patronal del transporte terrestre a gestionar la agilización de los pagos

El consejero regional también transmitió la petición que ha trasladado el Ejecutivo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que los transportistas canarios dispongan de una parte importante de los ocho millones de mascarillas que el Estado va a repartir entre los trabajadores del sector

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se ha comprometido con los representantes de la Federación de Empresarios de Transporte (FET), a realizar las gestiones necesarias para agilizar al máximo los trámites que permitan a las empresas del sector el cobro de todos aquellos servicios o ayudas que dependen del Ejecutivo regional. Se trata de garantizar de esta forma que las empresas del sector dispongan de un importante alivio económico mientras duren las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma decretado en España para paliar la propagación del coronavirus o COVID-19.

La patronal, que aglutina a asociaciones del transporte de mercancías, discrecional de viajeros o empresas de alquiler de coches, trasladó a Franquis “la necesidad” de inyectar liquidez en estas empresas que se han visto obligadas a reducir drásticamente su actividad o directamente a paralizarla, con los fondos que normalmente les abona el Gobierno regional en conceptos tales como ayudas al combustible o por servicios prestados.

El consejero Franquis señaló que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se coordinará con otras áreas de la administración regional para agilizar el abono de los pagos pendientes o adelantar los que puedan ser necesarios para salvaguardar a un sector que emplea a 34.000 personas en toda Canarias y supone un 8,7% del PIB canario.

Los empresarios solicitaron del ejecutivo regional, entre otras medidas, agilizar los abonos de las ayudas al combustible profesional, el establecimiento de avales públicos ante la banca que permitan a estas empresas pedir créditos para mantener vivas a las mismas, y garantizar las transferencias del Estado a los cabildos para subvencionar al transporte regular de viajeros.

Por otra parte, Franquis trasladó al presidente de la FET, Agustín Espino, que el Gobierno de Canarias ha solicitado ya al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que incluya a Canarias en el reparto de los ocho millones de mascarillas que el Estado se ha comprometido a adquirir para su reparto entre los trabajadores del transporte terrestre de toda España. El consejero aseguró que el objetivo del Ejecutivo canario es que una gran parte de esas mascarillas de protección puedan ser repartidas entre los trabajadores de las islas.

 

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