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El Gobierno de Canarias consolida su reputación de buen pagador, a pesar de la crisis y gracias a su liquidez

El vicepresidente y consejero de Hacienda subraya la necesidad de uso del superávit y las transferencias para mantener el compromiso con empresas y autónomos

El Plazo Medio de Pago se situó en junio en 14,3 días, de modo que el actual Ejecutivo ha estado siempre por debajo del período legal de 30 días

El Gobierno de Canarias consolidó en junio su posición como una de las administraciones autonómicas que antes paga a sus proveedores, con un plazo medio de 14,32 días, de acuerdo con los datos enviados por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos al Ministerio del ramo. El dato de junio es, además, el mejor desde enero de 2019.

El actual Gobierno de Canarias ha cumplido todos los meses desde su toma de posesión con el plazo legal de pago a proveedores establecido en 30 días, de manera que ha evitado por el momento las sacudidas económicas provocadas por la pandemia del coronavirus.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, ha destacado el “escrupuloso” cumplimiento de las obligaciones económicas de la Administración autonómica en un entorno sanitario, económico y social desfavorable, “en el que los proveedores necesitan la certeza de pagos en tiempo y forma”.

Rodríguez aseguró que esta eficaz respuesta de la Administración es más importante si cabe en un momento en el que las pymes y autónomos de las Islas, así como el resto de proveedores de mayor dimensión, precisan de liquidez para poder mantener su capacidad operativa y los puestos de trabajo. “Ese parámetro es fundamental para la evolución de la economía”, puntualiza.

Para que todo ello sea posible, el vicepresidente señala como clave el estado de la tesorería autonómica canaria, que, “con un gran esfuerzo y eficiencia en la gestión, está en una situación de saneamiento y liquidez para cuya continuidad es determinante el uso de nuestro superávit, incluidos los 500 millones de carreteras que el Estado nos debe tras la sentencia del Supremo, y las transferencias por la mayor incidencia de la crisis en Canarias, así como la autorización de endeudamiento si fuese necesario”.

Los datos, publicados en la web de la Consejería de Hacienda, certifican no solo el cumplimiento de la Administración canaria a la hora del abono de las facturas, sino también de los procedimientos intermedios.

De esta forma, se cumple también el denominado Plazo medio de las Operaciones a las que se ha dado conformidad, período que contempla las Operaciones Pagadas y Pendientes de Pago medidas desde la fecha de entrada a su conformidad, que se situó en los 6,73 días. Igualmente se cumple el plazo medio de operaciones pendientes de conformidad para el conjunto de la Administración Autonómica Canaria, con 27,4 días.

En todos los casos anteriores, el plazo máximo para resolver es de 30 días. El Plazo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores.

Nota: los datos del Plazo Medio de Pago de Canarias están disponibles en http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/informes_plazos_pago/

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación como alternativa de resolución de conflictos

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concede a la institución tinerfeña una subvención directa de 37.544,49 euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha concedido una subvención al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por importe 37.544,49 euros para promover el recurso a la mediación como forma alternativa de resolución de conflictos.

La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien, reducir el alcance de los mismos.

La subvención tiene como objetivo el establecimiento de un proyecto de mediación entre personas usuarias del turno de oficio y abogados, servicio de orientación a la mediación y mediación intrajudicial y extrajudicial en los ámbitos Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo, en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El período de realización de este proyecto abarca desde el pasado 13 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

Se contará para ello con mediadores y mediadoras expertos, titulados como tal y registrados en el Colegio de Abogados de Santa Cruz Tenerife, que está reconocido como una Institución de Mediación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, constituyéndose en su seno el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en el año 2014.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, resalta que el proyecto es de interés público puesto que además de favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, la mediación minimiza la confrontación, generando un entorno de consenso y de asunción de responsabilidades dónde todos ganan; fomentando la cultura del acuerdo y del diálogo.

Bonnet destaca que con este proyecto “se pretende fomentar y generalizar el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos entre particulares dados los múltiples beneficios que ello genera: se limita la litigiosidad y se favorece el recurso a diálogo y el acuerdo como medio normal de solventar una controversia, con las ventajas que ello supone pues se ofrece una respuesta mucho más ágil, económicamente menos costosa y de cumplimiento efectivo”.

Así mismo, recalca que a través de la mediación se evita la “excesiva judicialización” de los conflictos que conlleva “pasar por un proceso más traumático y lento”, lo que resulta particularmente importante en estos tiempos en los que, tras el estado de alarma, existen una gran cantidad de asuntos ante los juzgados y tribunales que se vieron paralizados y que deben reanudarse, a lo que hay que sumar el previsible aumento de asuntos anudados a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Tres proyectos asociados a la subvención

Para poner en marcha este procedimiento, la subvención se articulará a través de tres proyectos: Turmedia, el Servicio de Orientación a la Mediación (SOM) y la propia mediación.

En el caso de Turmedia, este tiene como finalidad dar a conocer y difundir la mediación, permitiendo con ello resolver las quejas presentadas por los usuarios del turno de oficio contra la abogacía o entre abogados y abogadas a través de la mediación.

Mientras, el SOM consiste en prestar una asistencia personalizada y presencial, a las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita y/o usuarios y usuarias del Servicio de Orientación Jurídica, informando sobre la mediación como método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial, haciendo hincapié en las ventajas económicas, temporales y emocionales, que ofrece la mediación, que la finalidad última.

Por último, la mediación será tanto extrajudicial como intrajudicial en el ámbito mercantil, contencioso-administrativo y civil (excluyendo la mediación familiar, salvo la sesión informativa). La medicación extrajudicial se iniciará mediante solicitud. Tras la solicitud de inicio tendrá lugar una sesión informativa y desarrollo de la mediación de acuerdo con la legislación vigente. La mediación podrá terminar con o sin acuerdo extendiéndose acta final de terminación de la mediación.

En cuanto a la mediación intrajudicial, en este tipo de mediación es el órgano judicial quien seleccionará los asuntos que se someten a mediación. El órgano judicial cumplimentará la ficha de derivación. En este caso, la persona designada por el Colegio de Abogados procederá a la preparación del expediente, pudiendo finalizar con o sin acuerdo.