El promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes covid-19 se sitúa en un 0,81 por ciento y continúa en circulación controlada en el archipiélago

La tasa de ocupación de camas UCI se sitúa en un promedio de 0,09 camas UCI ocupadas por 100.000 habitantes

La Consejería de Sanidad ha actualizado este jueves los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, realizado conforme a los criterios de la Estrategia de Vigilancia y Control de covid-19 tras la fase aguda de la pandemia, basados en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales.

Según este informe, todas las islas se mantienen en riesgo sanitario de circulación controlada, el más bajo de la catalogación. Los indicadores de utilización de los servicios sanitarios, referentes a la ocupación de camas son fundamentalmente los que marcan la gravedad que ocasiona la covid-19, y los que se toman en consideración para determinar el nivel de riesgo sanitario.

De este modo se establecen cinco niveles de alerta (del 0 al 4) que evalúan si la situación es de circulación controlada, que sería el más bajo, o bien de riesgo bajo, medio, alto o muy alto.

Indicadores asistenciales

En el conjunto de la Comunidad Autónoma, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes covid-19 se sitúa en un 0,81 por ciento. El nivel de riesgo en porcentaje de ocupación de camas convencionales se sitúa en circulación controlada en todas las islas.

Tendencia en ocupación de camas UCI

El número de camas UCI ocupadas se mantiene en circulación controlada en todas las islas, con un promedio de ocupación diario de 5,3 camas, lo que representa un porcentaje de ocupación promedio del 1,06 por ciento.

La tasa de ocupación de camas UCI se sitúan en un promedio de 0,09 camas UCI ocupadas por 100.000 habitantes, manteniéndose todas las islas en nivel de riesgo de circulación controlada.

Incidencia en mayores de 60 años

En el conjunto de la Comunidad Autónoma, la tasa de Incidencia Acumulada a los siete días para mayores de 60 años se sitúa en 60,4 casos por 100.000 habitantes. En este parámetro, todas las islas se mantienen en circulación controlada.

Fin de la crisis

El Consejo de Gobierno de Canarias en funciones aprobó este jueves, día 6 de julio, un acuerdo por el que se constata la finalización de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la covid-19 en Canarias.

Esta decisión está en concordancia con la declaración de la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en el ámbito nacional, producida legalmente el 5 de julio de 2023, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de julio.

Dada esta situación, la Consejería de Sanidad informa que la nota de prensa sobre los niveles de alerta por covid-19 que se envían todos los jueves dejarán de emitirse, dado que la covid-19 ha sido considerada controlada por la OMS y el Gobierno de España y, aunque esta enfermedad continúa siendo relevante para la salud pública, ya no supone una situación de crisis sanitaria, aunque su evolución se seguirá vigilando como otras enfermedades de declaración obligatoria.

Esta medida está en consonancia con lo acordado por el Ministerio de Sanidad con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de adaptar la vigilancia y control de la covid-19 a la nueva situación epidemiológica.

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La oferta final de plazas convocadas por el SCS para estabilizar el empleo temporal queda fijada en 12.428

La incorporación se hará efectiva a través de la aprobación de un nuevo decreto por el que se modifica el Decreto 145/2022, de 26 de mayo

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad y a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la modificación del Decreto 145/2022, de 26 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de Salud de estabilización del personal estatutario y laboral, para incorporar 146 plazas de naturaleza estructural a la oferta final de plazas convocadas, que queda fijada en 12.428.

La incorporación se hará efectiva a través de la aprobación de un nuevo decreto por el que se modifica el Decreto 145/2022, a fin de dar cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y al advertirse la necesidad de incluir 146 plazas de naturaleza estructural desempeñadas por personal estatutario en distintas unidades administrativas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta incorporación se realiza de acuerdo al informe emitido por la Dirección General de la Función Pública, de 27 de abril de 2023, en el que concluye que por razones de seguridad jurídica las plazas de naturaleza estructural se incluyan dentro de las plantillas orgánicas de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, “debiendo procederse a la modificación del Decreto 145/2022, de 26 de mayo, por considerarla la más ajustada a Derecho”.

Por tanto, se incluirá en la Oferta de Empleo Público del SCS un total de 113 plazas estructurales desempeñadas por personal estatutario en unidades administrativas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, habida cuenta de que se cumplen los requisitos previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en la Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización del empleo temporal, así como otras 33 plazas de la misma naturaleza en los distintos órganos de prestación de servicios sanitarios que, estando dotadas presupuestariamente y cumpliendo los requisitos señalados en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

De acuerdo a estas modificaciones, el número total de plazas convocadas para la estabilización de empleo temporal del personal estatutario y laboral del SCS ascenderá a 12.428, de las cuales 9.867 podrán acceder directamente por concurso de méritos.

En la iniciativa colaboran las áreas de Innovación y de Asuntos Económicos con África y se establece un programa de mentorización y tutorización para emprendimiento social de jóvenes de Canarias que forman equipo con personas de un país africano

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo en funciones, Elena Máñez, autorizó la concesión de una subvención directa por razones de interés público a la Asociación Canaria de Startups (Emerge) para financiar del proyecto África Canarias Challenge 2023-24 con un importe de 204.760 euros.

El proyecto África Canarias Challenge 2023-24 tiene como objetivo fomentar el emprendimiento social impulsando iniciativas socio-empresariales entre jóvenes de Canarias y Ghana, para soluciones innovadoras con impacto en el ámbito de la economía circular, toda vez que las primeras ediciones llevaron este impulso al emprendimiento a Senegal y Mauritania.

Esta actuación del Gobierno de Canarias responde a la necesidad de establecer servicios de apoyo a nuevas iniciativas empresariales que fomenten la creación de empleo y entidades económicas que favorezcan entornos de innovación social; así como intensificar la tendencia de crecimiento de startups entre la juventud e impulsar la cooperación económica y la transferencia de conocimiento a nivel internacional, especialmente entre Canarias y África.

La Asociación Canaria de Startups es una asociación privada regional sin ánimo de lucro que tiene como misión promover la creación y crecimiento de startups y empresas tecnológicas capaces de crear empleo de calidad y valor añadido y conectar a emprendedores tecnológicos y startups con inversión privada. Mantiene un compromiso por la diversificación de la economía regional como estrategia para un desarrollo y crecimiento económico más justo, sostenible e inclusivo y organizó las dos actuaciones precedentes, dentro de este programa que ya ha formado a cerca de 60 jóvenes de África y Canarias y, en su última edición, incluyó incluso la financiación y mentorización para la iniciativa ganadora por parte del clúster CcHub, con sede en Nigeria y que es el más potente de África en el apoyo a las empresas emergentes.

Ganen o no, las personas que participan en este proyecto tienen la oportunidad de participar en seminarios intensivos, acciones formativas y reciben acompañamiento sobre cómo hacer viables sus proyectos, en un formato de competencia en el que, después de formar equipos interculturales, afrontan los retos planteados por las organizaciones colaboradoras en los ámbitos escogidos en cada edición y, después de un proceso telemático de mentoría para la constitución de una empresa en el área concreta de la materia seleccionada, presentarán sus proyectos innovadores durante un segundo seminario en Ghana, ante un jurado de entidades inversoras, que seleccionarán las mejores ideas para su desarrollo en un programa de preparación para la inversión (investment readiness).

Además, la subvención autorizada hoy permitirá organizar también la tercera edición del encuentro Atlantic Africa Startup Fórum, que ha ido creciendo como referencia en el debate entre instituciones, centros de investigación y agentes públicos y privados de África y Canarias sobre emprendimiento, innovación y  tecnología para definir la nueva economía y las oportunidades de las empresas emergentes para contribuir a un progreso económico responsable.

El Consejo aprueba reeditar la autorización para otorgar una subvención directa de 220.000 euros al sindicato CCOO Canarias

El Gobierno de Canarias acordó, en la reunión de su Consejo celebrada esta mañana, mantener la subvención directa que se viene otorgando en los últimos tres años al sindicato CCOO Canarias, para el mantenimiento de su Oficina Técnica de Igualdad. Con una aportación que se incrementa en este ejercicio un diez por ciento, hasta los 220.000 euros, el Gobierno contribuye a fortalecer las políticas de igualdad en las empresas del Archipiélago, después de los cambios normativos que han reforzado la necesidad de contar con personal especializado en esta materia.

En concreto, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorporó cambios muy significativos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en materia de planes de igualdad, que propiciaron una participación muy activa de la representación sindical en su proceso de redacción y aprobación.

La norma vigente establece además que en aquellas empresas que no dispongan de representación legal de los trabajadores, la comisión negociadora la conformarán los sindicatos más representativos, siendo en Canarias UGT y CCOO. Las empresas tienen que convocarles a dicha negociación y éstos deben además negociar en toda empresa que se solicite su presencia.

Por esta razón, el Gobierno considera que la subvención directa a los sindicatos más representativos en Canarias viene generando la oportunidad de formar, informar y llegar a todos esos procesos de negociación y, mediante la creación y mantenimiento de estas Oficinas Técnicas, se impulsa el desarrollo e implementación de toda la normativa en materia de igualdad en el ámbito laboral, que supone un esfuerzo considerable en la tramitación y el registro de planes de igualdad.

Con el acuerdo de hoy, el Gobierno autoriza la subvención de este año a CCOO en las islas, toda vez que ya aprobó la correspondiente a UGT Canarias en su reunión del pasado 25 de mayo.

Se ordena la modificación del planeamiento incompatible con este proyecto en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la ejecución del proyecto denominado Repotenciación de la línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, S.E. Granadilla-S.E. Arona (adecuación del tramo aéreo), promovido por Red Eléctrica de España en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona.

También se ha aprobado ordenar la modificación del planeamiento incompatible con el mismo en función del procedimiento regulado en el el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, un procedimiento excepcional que tiene por objeto eximir de licencia urbanística a determinados proyectos de instalaciones eléctricas que hayan sido declarados de interés general por la Consejería.

El proyecto de Red Eléctrica de España aumentará la capacidad de transporte de la línea eléctrica de alta tensión de doble circuito existente entre las subestaciones de Granadilla y Arona, pasando de 74 MVA a 98 MVA, para lo que se ha considerado un incremento de la temperatura máxima de operación de 50º C a 85º C.

Los análisis de cumplimiento de las distancias mínimas reglamentarias al terreno y cruzamientos, por la nueva temperatura máxima de operación, concluyen que resulta necesaria la elevación de los conductores mediante el recrecido de los actuales apoyos nº T-26 y T-41 de la línea de transporte.

Considerando que esta línea eléctrica presenta sobrecargas en determinadas situaciones de explotación, el aumento de su capacidad de transporte a través de este proyecto hace que esta actuación sea crítica para el sistema eléctrico canario.

Además, el aumento de la capacidad de transporte permitirá facilitar la integración en esta red de la energía renovable generada en la zona, eliminando la necesidad de conectar la turbina de gas de Arona, lo que conllevará una considerable reducción de los costes para el sistema y una importante mejora en el suministro.

En el primer semestre de 2023, abona más de 8,6 millones a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y autoriza libramientos de las dotaciones consignadas en los presupuestos para el Parlamento por casi 35 millones de euros

La Consejería que dirige Julio Pérez no ha autorizado gastos correspondientes a subvenciones corrientes y de capital nominadas, ni aportaciones dinerarias de capital nominadas, por importe superior a dos millones de euros, durante el citado periodo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno que, en el primer semestre de 2023, su departamento aportó 2.680.101 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife y 8.642.669 euros a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), y libró las dotaciones consignadas en los presupuestos de este ejercicio para el Parlamento de Canarias por valor de 34.992.660 euros.

De esta forma, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cumple con el deber de dar cuenta al Gobierno de Canarias de las autorizaciones de gastos de cuantía superior a dos millones de euros cuando se refieren a subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, tal y como establece el artículo 26.1 de la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023.

Dicha dación de cuentas supone un trámite exigido por la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 y constituye, asimismo, un acto ejecutivo de tramitación ordinaria que no implica el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni condiciona o compromete los que deba fijar el nuevo Gobierno de Canarias.

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife, también conocido como Consorcio de Bomberos de Tenerife, dispone de cinco parques de bomberos profesionales y coordina 9 parques de voluntarios con presencia de 44 bomberos de guardia permanente las 24 horas de los 365 días del año que velan por la seguridad de la ciudadanía.

De GSC, empresa pública adscrita a la consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad del Gobierno de Canarias, depende el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que el año pasado atendió a un total de 562.074 personas que demandaron ayuda en cualquier punto de Canarias, estando un 40% en situación de peligro inminente para la vida, los bienes o los derechos. Esto supone un incremento del 8% respecto al año 2021.

Julio Pérez también ha comunicado al Consejo de Gobierno que no ha autorizado gastos correspondientes a subvenciones corrientes y de capital nominadas, ni aportaciones dinerarias de capital nominadas por importe superior a dos millones de euros, durante el citado periodo.

El Consejo de Gobierno decide conceder la ayuda directa por su carácter humanitario, por la experiencia de la entidad en ese ámbito y por sus contactos con las organizaciones locales, lo que facilitará el desarrollo del proyecto

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la concesión de forma directa de una subvención de 900.000 euros por razones humanitarias a la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), con el fin de costear el proyecto de los campamentos de refugiados del Tinduf.

La iniciativa la ha instruido la Dirección General de Relaciones Exteriores del Ejecutivo autonómico tras la solicitud presentada por dicha entidad. La ayuda se cubre con el Plan Estratégico de Subvenciones de la Presidencia del Gobierno para el periodo 2023-2025, que se aprobó por resolución de la Viceconsejería de la Presidencia de 27 de febrero de 2023.

El Gobierno regional opta por esta entidad debido a su experiencia en ese ámbito y sus contactos con las organizaciones locales, lo que facilitará el proyecto. Por estas razones, se consideran acreditados los motivos de carácter humanitario que dificultan su concesión por convocatoria pública y que justifican la concesión directa de la subvención.

Las modificaciones normativas de los últimos años, así como el avance de las tecnologías digitales, hacen necesario modificar de manera sustancial el contenido de la norma que determina la creación, organización y funcionamiento de los CEP mediante un nuevo reglamento

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, jueves 6 de julio, a instancias de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tomar en consideración y solicitar dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los Centros del Profesorado (CEP) en las islas, que servirá para actualizar la norma actual a la realidad presente.

Estos centros surgieron en virtud del Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se reguló su creación, organización y funcionamiento. Se concibieron como núcleos de dinamización pedagógica con el objetivo de facilitar medios humanos y materiales al personal docente que busca la renovación y la actualización en métodos, estrategias y dinámicas de trabajo para conformar un nuevo perfil del profesorado.

Con el tiempo, los CEP se han convertido en referentes para la adaptación continua de la escuela a los cambios de la sociedad a la que sirve a través de la innovación, la investigación y la experimentación, al promover el desarrollo de prácticas para el cambio hacia una educación inclusiva, que responda al enfoque competencial de la enseñanza, que integre el aprendizaje de valores y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la participación y la continuidad del alumnado. Compartir esta misión requiere de los CEP estrategias de coordinación eficaz, de trabajo en red y de formación compartida en el ejercicio de la función asesora, adoptando estilos de desempeño que permitan abordar los retos de esta nueva realidad.

Desde entonces, se han producido distintas modificaciones normativas en materia educativa, como la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), o la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, entre otras, además del avance experimentado en estos años de las tecnologías digitales, que han transformado las formas de comunicación, difusión y acceso a la información, así como la construcción del conocimiento, lo que ha hecho indispensable la adquisición de la competencia digital, entre otros aspectos.

En consecuencia, esta medida se justifica en la complejidad que encierra la labor de los equipos pedagógicos para integrar todos los requerimientos mencionados, y también en la necesidad de adaptar la normativa al nuevo panorama, que afecta a la organización y al funcionamiento de los CEP, al perfil de las personas que componen dichos equipos, a las competencias asociadas a ese perfil, a los nuevos enfoques de la labor de asesoramiento y al procedimiento de acceso a la función asesora.

Por todo ello, es preciso modificar de manera sustancial el contenido del mencionado Decreto  mediante una nueva norma reglamentaria que lo sustituya y que actualice su contenido normativo.

Así, la Comisión de Coordinación Permanente reemplazará al Consejo General con la finalidad de que los centros educativos continúen contando con un espacio de participación en la toma de decisiones que les garantice la transferencia a sus comunidades educativas de información, recursos y orientaciones facilitadas por los equipos pedagógicos, así como también proponer criterios para la elaboración de la Programación Anual de actividades, trasladar al Consejo de Dirección las necesidades formativas del profesorado de sus centros o constituir comisiones de trabajo, entre otras funciones.

En la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves se aprobó el acuerdo por el que se constata la finalización de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la covid-19 en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias en funciones, en su sesión celebrada este jueves, día 6 de julio, aprueba un acuerdo por el que se constata la finalización de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la covid-19 en Canarias.

Esta finalización acordada en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy se toma tras la declaración de la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en el ámbito nacional, producida legalmente el 5 de julio de 2023, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de julio.

Este acuerdo tomado hoy por el Gobierno regional en funciones será publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El abordaje del cáncer desde la fisioterapia, el diagnóstico funcional en pacientes oncológicos, el ejercicio terapéutico en fatiga inducida por cáncer y la composición corporal y cáncer son algunos de los temas que se abordaron en este encuentro

Los fisioterapeutas del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han acudido al curso sobre Fisioterapia Oncológica organizado por el servicio de Formación Continuada del centro hospitalario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes antes, durante y después de la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia.

El abordaje del cáncer desde la fisioterapia, el diagnóstico funcional en pacientes oncológicos, el ejercicio terapéutico en fatiga inducida por cáncer y la composición corporal y cáncer son algunos de los temas que se abordaron en este encuentro. También se vieron casos clínicos y se disertó sobre el ejercicio terapéutico y el linfedema, la prehabilitación en cáncer así como de la fisioterapia en toxicidad cárdica y neural tras cáncer.

Este taller fue impartido por el Dr. Manuel Arroyo, catedrático en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada

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