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Canarias comienza a remitir al Estado los primeros expedientes de menores migrantes para su traslado a la Península

El Gobierno confirma la declaración de contingencia migratoria firmada por la ministra Sira Rego y reclama instrucciones claras de las Subdelegaciones del Estado para tramitar los 2.000 expedientes que deben derivarse antes de marzo

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha iniciado ayer el envío al Estado, a través de las subdelegaciones de Gobierno, de los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados que podrán acogerse al nuevo sistema de distribución entre comunidades autónomas, en aplicación del Real Decreto Ley que modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería y de los otros dos decretos posteriores que lo han desarrollado.

La consejera, Candelaria Delgado, señaló que este paso supone “un avance decisivo para que se materialice por fin el reparto solidario y vinculante de menores” previsto en el nuevo marco legal, y subrayó que Canarias está cumpliendo con su obligación de preparar y remitir la documentación de los niños y niñas bajo tutela.

Delgado explicó que ayer el Gobierno de Canarias pudo localizar en el registro oficial la declaración de la contingencia migratoria firmada el pasado viernes por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo que da cobertura jurídica a este proceso. No obstante, advirtió que “seguimos a la espera de que las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias concreten las directrices y líneas de actuación necesarias para canalizar adecuadamente la tramitación de los expedientes”.

El Gobierno de Canarias busca superar, de manera conjunta, la complejidad que supone un intercambio masivo de información sensible, que además requiere gran capacidad informática y que provoca fallos continuos en los sistemas de envío.

La consejera matizó que, aunque no se han recibido aún esas instrucciones de las subdelegaciones, el Ministerio de Juventud e Infancia sí se ha mantenido en coordinación permanente con la Dirección General de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias para definir el contenido de la documentación personalizada de cada menor, la entrevista a realizar a cada niño o niña, así como el aplicativo a utilizar.

“Canarias ha empezado a cumplir, ahora necesitamos que el Estado termine de definir las directrices para que los más de 2.000 niños y niñas que deben ser trasladados desde nuestras islas puedan estar acogidos en el resto de comunidades autónomas antes de marzo”, afirmó Delgado.

La consejera recordó que los decretos aprobados este verano establecen que, una vez declarada la contingencia migratoria, el Estado debe activar el mecanismo de redistribución, con plazos de 15 días para las nuevas llegadas y cuenta hasta el 18 de marzo para la reubicación de los menores que superen la capacidad ordinaria.

Por último, Delgado insistió en que el Gobierno de Canarias seguirá trabajando “con rigor y responsabilidad” en la preparación de expedientes, pero reclamó al Estado “instrucciones para que la ley se cumpla en los plazos previstos”.

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El Estado plantea aplicar el Real Decreto para trasladar desde Canarias a los menores con protección internacional

El Gobierno autonómico recuerda que ya pidió al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre esta vía y expresa su desacuerdo con el planteamiento

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, participó en una nueva reunión del comité interadministrativo Canarias-Estado para dar cumplimiento a los autos del Tribunal Supremo sobre el traslado de menores migrantes no acompañados con protección internacional.

En el encuentro, el Estado adelantó que valora utilizar el nuevo Real Decreto como vía para efectuar los traslados de menores no acompañados con protección internacional desde Canarias a la Península.

Delgado recordó que el Gobierno de Canarias ya solicitó en su último informe que el Tribunal Supremo se pronuncie expresamente sobre esta posibilidad, porque “entendemos que el reparto ordinario no puede aplicarse a los menores con protección internacional y es el Supremo quien debe dirimir esta cuestión para dar plena seguridad jurídica a este procedimiento”.

La consejera destacó también que el Estado se comprometió a incrementar el número de derivaciones y a establecer una planificación con un mes de antelación, tal y como había reclamado Canarias, lo que permitirá organizar los expedientes con mayor previsión y garantías.

En la reunión, el Estado informó que la próxima semana saldrán de Canarias un total de 39 menores, que se sumarán a los 20 ya aprobados para la presente semana, que tienen prevista su salida para mañana miércoles.

No obstante, Delgado advirtió que aún no le ha llegado el documento oficial que convierte en efectiva la declaración de contingencia migratoria prevista en el Real Decreto y que no se han establecido las instrucciones necesarias desde el Ministerio ni desde la Delegación del Gobierno para trasladar la documentación y los expedientes, un paso imprescindible para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma.

“Canarias cumplirá con su parte, pero necesitamos pautas claras y un marco seguro para poder tramitar los expedientes con rapidez y eficacia. Nuestra prioridad sigue siendo proteger el interés superior de los niños y niñas que están bajo nuestra tutela y cumplir lo que marcan los autos judiciales”, afirmó la consejera.

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Gobierno y Fecam inician una línea de trabajo para que los ayuntamientos controlen el acceso a la vivienda

Esta es una de las decisiones tomadas hoy en la reunión entre los responsables de ambos organismos para facilitar que, desde los municipios, se puedan abordar los desafíos actuales en el marco del reto demográfico y la residencia
Para lograr este objetivo se tiene que modificar la Ley estatal de Bases de Régimen Local y aumentar, así, las competencias de las entidades locales en materias como ordenamiento, actividad turística, tributaria y empadronamiento

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha decidido esta mañana crear una comisión de trabajo que establezca los instrumentos necesarios para que los ayuntamientos pueden controlar, en su municipio, el acceso a la vivienda para, en unos casos, favorecer su disponibilidad y fijar así población y, en otros, limitar su compra por parte de foráneos.

Estas herramientas deben ser introducidas, previa modificación, en la Ley estatal de Bases de Régimen Local, “para lo que se requiere elaborar un documento de consenso en Canarias, que pueda ser elevado a la Federación Española de Municipios y de allí al Congreso”, ha explicado hoy el presidente, Fernando Clavijo, tras una reunión con el comité ejecutivo de la Fecam.

En esta línea de actuación, “que continúa tras las decisiones tomadas en las Conferencias de Presidentes en las que se abordaron el reto demográfico y el problema de acceso a la vivienda”, se promueve la ampliación y profundización de competencias municipales que pudieran contribuir en cada municipio a la mejora de estos desafíos, estableciendo posibles limitaciones a la adquisición de residencia, mediante la modificación del ámbito competencial que al Estado y a la Comunidad Autónoma canaria le está asignado en materia de régimen local.

Con este cambio de la Ley, afirmó Mari Brito, “perseguimos ampliar las competencias de los municipios en materias como ordenamiento, actividad turística, tributaria y empadronamiento, así como en cualquier otra que dentro del respeto a la autonomía local se considere que pueda contribuir a los objetivos planteados, ponderando las entidades locales canarias la conveniencia o no de su aplicación, según al realidad de cada municipio y actuar, en este sentido, mediante ordenanzas”.

Tanto Clavijo como Brito, incidieron en que las entidades locales pueden contribuir de una manera idónea a resolver el problema de la residencia poblacional si bien corresponde al Estado diseñar el modelo básico del régimen local en los aspectos sustanciales que se refieren a la materias mencionadas, del mismo modo que es a las Comunidades Autónomas a las que les está atribuida la materia de ordenación del territorio.

Experiencias modelo

Como punto de partida, para plantear esta modificación, el presidente de Canarias ha señalado que ya existen algunas experiencias en otras ciudades españolas y europeas.

Es el caso de Bilbao, que ha otorgado a las viviendas de uso turístico la calificación de uso de equipamiento en lugar de uso residencial. O Amsterdam. que ha establecido que si transcurren seis meses sin ocupación en la vivienda se prevén sanciones en caso de incumplimiento y dispone de un plazo de dos meses para determinar cómo reintroducir la vivienda en el mercado. También en Ámsterdam, se prohíbe durante 4 años el alquiler de viviendas recién adquiridas con un valor de hasta 623.000 euros, con excepciones y exenciones a esta norma en el caso de alquilarla a un familiar, compartir la vivienda mientras se reside en ella o si se alquila por razones de interés social. Es el caso de Hamburgo donde se estableció en su legislación municipal una política de expropiación para propiedades residenciales que hubieran estado vacías más de cuatro meses, o el de Berlín, que puso en marcha un proyecto piloto con el objetivo de expropiar temporalmente viviendas vacías.

A nivel estatal, Malta ha establecido un periodo de 5 años de residencia para facultar la adquisición libre de residencias secundarias. Y en Dinamarca, para poder comprar una propiedad (tanto primera como segunda residencia), es necesario tener la residencia permanente o haber vivido en Dinamarca durante un período consecutivo de cinco años.

Hecansa especializa a casi sesenta guías turísticos en el patrimonio histórico, cultural y natural de La Laguna

Esta oferta formativa fomenta, además, la reflexión crítica sobre el rol del guía como agente de conservación y desarrollo sostenible

Cada participante presentará un proyecto final dedicado a una experiencia turística en el municipio

Capacitar a guías turísticos en la interpretación de la historia, el patrimonio cultural y natural de San Cristóbal de La Laguna es uno de los objetivos que se ha propuesto la Consejería de Turismo y Empleo, a través de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), en el curso de especialización que se imparte desde mediados de agosto en este municipio de Tenerife. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, visitó hoy una de las aulas en las que se ofrece esta formación, en la que se han inscrito cincuenta y seis guías turísticos profesionales, o en vías de profesionalización.

“Desde el comienzo de la legislatura hemos apostado por la formación y la profesionalización en distintos sectores económicos del archipiélago que necesitan especialización”, indicó De León, que añadió que “esta formación específica persigue transmitir el conocimiento al visitante, pero, además, pretendemos reconocer la labor que desempeñan los guías turísticos como custodios del patrimonio histórico, natural y cultural de Canarias”.

En esta línea, la consejera subrayó que “un turista que vaya acompañado con un guía cualificado nunca va a salirse del sendero ni a tener un comportamiento irresponsable dentro de un Parque Nacional o un conjunto histórico como lo es la ciudad de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad”. Por tanto, añadió, “queremos que haya más profesionales en esta área, de ahí la necesidad de que estas formaciones especializadas se desarrollen también en el resto de las islas”.

La titular de Turismo y Empleo estuvo acompañada por el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez; la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia; la concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz; y la presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife (APIT), Laura Bethencourt.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, hizo hincapié en que “Canarias tiene una apuesta decidida por el turismo responsable favoreciendo el ejercicio de esta profesión, que exige un conocimiento previo importante, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, animar a la gente joven, a los egresados universitarios y de Formación Profesional a que emprendan en esta actividad”.

Por su parte, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia subrayó que “en Hoteles Escuela de Canarias nos dedicamos a la formación de los futuros profesionales de la hostelería y el turismo. La formación es, por tanto, una apuesta de esta empresa pública y, en este caso, la especialización de nuestros profesionales es un objetivo que aporta valor al destino”.

La concejal de Turismo en el Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, agradeció que desde el Gobierno de Canarias se haya apostado por el municipio para desempeñar esta formación.

El programa formativo de especialización para guías turísticos en San Cristóbal de La Laguna, la única ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene Canarias, también tiene como objetivo integrar los principios de economía verde y circular en el diseño de productos turísticos, minimizando la huella ecológica y potenciando la economía local. Esta oferta formativa, que ha contado con la colaboración de la APIT fomenta, además, la reflexión crítica sobre el rol del guía como agente de conservación y desarrollo sostenible.

La presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife (APIT), Laura Bethencourt, aseguró que “nos gustaría que este tipo de formaciones se hiciera extensible a otros municipios de Tenerife y al resto de islas”.

Este curso de especialización, que tiene una duración de tres semanas y finaliza el próximo 5 de septiembre, combina la formación teórica con la práctica y cada participante presentará un proyecto final dedicado a una experiencia turística en San Cristóbal de La Laguna. La formación práctica se repartirá en varias visitas previstas al mirador de Cruz del Carmen, al casco histórico de La Laguna y la ruta de San Benito que se desarrollarán entre los días 19 y 22 de septiembre.

El programa formativo  está cofinanciado con fondos procedentes del instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Actuaciones de cohesión en destinos 2023.

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Canarias lanza una nueva convocatoria de 2,7 millones de euros para fomentar la Compra Pública Innovadora

·      La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura impulsa proyectos del sector público que desarrollen soluciones innovadoras en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias que dirige Migdalia Machín, anuncia que se publicará en breve una nueva convocatoria de subvenciones por valor de 2.714.205 euros para financiar proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) en el ejercicio 2025.

“Esta convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), supone una herramienta clave para fortalecer el papel del sector público como motor de innovación en Canarias”, afirmó la consejera.

“No solo incentivamos el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, sino que también facilitamos su transferencia efectiva al tejido productivo, especialmente a sectores estratégicos que necesitan reinventarse para competir en un entorno global. Apostar por la Compra Pública de Innovación es apostar por un modelo económico más inteligente, sostenible y resiliente”, añadió.

La iniciativa, gestionada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), tiene como objetivo impulsar el desarrollo de productos y servicios innovadores adquiridos por entidades del sector público en Canarias, alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Ampliada.

Las ayudas podrán financiar hasta el 100% del gasto elegible, con un mínimo de 500.000 euros y un máximo de 2.000.000 euros por proyecto. Están cofinanciadas en un 85% por el Programa FEDER Canarias 2021-2027, dentro del eje de “Transición Digital Inteligente”.

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo de entre 12 y 36 meses consecutivos. Entre los criterios de valoración destacan la experiencia en CPI, la colaboración con agentes de I+D+i, el impacto transformador de los resultados y la contribución a objetivos ambientales de la UE.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La tramitación se realizará de forma electrónica, a través de la plataforma habilitada para tal fin.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con una política de innovación orientada al impacto real en la sociedad y en la economía, a través del liderazgo del sector público en la generación de demanda tecnológica.

“La innovación debe estar al servicio del bien común, y desde el Gobierno de Canarias estamos decididos a facilitar el encuentro entre el sector público y el privado para dar respuesta a los retos de nuestra sociedad”, concluyó Migdalia Machín.

 

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El Gobierno de Canarias anuncia una ofensiva política y jurídica por una financiación justa para las islas

El presidente llama la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales del archipiélago para dar la “batalla” contra el pacto Estado-Generalitat y la “injusta” condonación de la deuda

Clavijo y Domínguez alertan de que está en juego el mantenimiento de los servicios esenciales en las islas, ya que Canarias se arriesga a perder 2.457 millones anuales de financiación

El presidente Fernando Clavijo anunció este martes que el Gobierno de Canarias dará una “batalla política y jurídica” en defensa de una financiación justa para el archipiélago. De cara a esta ofensiva, el jefe del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente Manuel Domínguez han propuesto este martes a los grupos parlamentarios el cierre de un frente común con el que combatir amenazas como la salida de Cataluña del sistema de financiación común y la condonación de la deuda aprobada hoy en Consejo de Ministros.

Durante la reunión, el titular del Gobierno ha informado a los portavoces sobre las consecuencias que tendría para el archipiélago el acuerdo entre el Estado y la Generalitat para Canarias. En concreto, según cálculos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la salida de Cataluña del régimen común supondría para las islas la pérdida de 2.457 millones de euros anuales.

Además, Clavijo explicó que los criterios aplicados por el Gobierno español para condenar deuda a las comunidades autónomas provocan que Canarias “salga peor de lo que entra”. El presidente indicó que Hacienda perjudica al archipiélago en 1.700 millones de euros al fijar un tope del 50% en la quita, cantidad que se incrementa al descontar también el superávit financiero de los últimos años.

A su juicio, se trata de criterios “discriminatorios” contra los que el Ejecutivo autónomo va a luchar “haciendo su tarea” con toda una “estrategia política y jurídica”, empezando por trabajar para que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros se corrija a su paso por el Congreso de los Diputados. “Lo justo es que a los canarios se les condene la misma deuda que a cada catalán”, indicó tras criticar que el Estado haya optado por penalizar a Canarias siendo el territorio que ha gestionado sus recursos con rigor y seriedad.

Clavijo hizo un llamamiento por tanto a “cerrar filas en defensa de Canarias” para exigir al Estado “como una sola voz lo que es nuestro”. Recordó que este “modo canario” de hacer política ya ha dado buenos resultados ante otros desafíos del archipiélago como la migración, por lo que espera que todos los grupos parlamentarios secunden una alianza por una financiación autonómica justa y no por un sistema que genere “ciudadanos de primera y de segunda”. “Están en juego nuestros servicios esenciales”, afirmó el presidente tras recordar que la pérdida de financiación estatal pone en riesgo “la educación, la sanidad y el sistema de protección social”.

El jefe del Gobierno considera que la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios supone “empezar con buen pie” esta ofensiva política por una financiación justa, ya que se mantiene una “foto de unidad política respecto a los grandes retos que tiene por delante Canarias”.

También el vicepresidente Manuel Domínguez destacó la capacidad del Gobierno de Canarias para buscar el diálogo con todos los grupos parlamentarios, en esta ocasión para “defender los intereses de esta tierra por encima de todo” en una futura negociación del sistema de financiación autonómica.

Según explicó, tanto el acuerdo con Cataluña como la condonación de la deuda aprobada este martes en Consejo de Ministros perjudican con claridad al archipiélago, ya que ambas iniciativas del Estado “crean desigualdad entre comunidades autónomas y provocan que haya ciudadanos de primera y de segunda”. Domínguez reclamó que se reconozca que Canarias esta infrafinanciada con el actual modelo y que esté presente en todos los foros de debate para defender esta posición.

Recursos básicos

El presidente Clavijo agradeció al equipo de la Consejería de Hacienda comandado por Matilde Asián el “riguroso” informe entregado a los grupos parlamentarios sobre las amenazas que se ciernen sobre la financiación de Canarias. El documento recuerda que el 75% del presupuesto de Canarias depende de los fondos que llegan del sistema de financiación autonómico, un dato que evidencia que las transferencias del Estado constituyen la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que mantienen servicios esenciales como la sanidad y la educación.

El Sistema de Financiación Autonómicos (SFA) es el conjunto de recursos, tributos cedidos y transferencias, destinados a financiar la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas de régimen común, entre ellas, los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. En la actualidad, el modelo en vigor desde el 1 de enero de 2009 se sustenta en el principio de solidaridad interterritorial, contemplado en la Constitución.

Sin embargo, el acuerdo suscrito el pasado 14 de julio por la comisión bilateral Generalitat-Estado podría alterar la balanza en el marco de la reforma del sistema de financiación y de asunción de competencias en el IRPF por parte del gobierno catalán. Grosso modo, contempla la cesión de todos los impuestos soportados en Cataluña y que la aportación catalana a las finanzas del Estado se desglose en el coste de los servicios que el Estado presta en esta comunidad y una aportación a la solidaridad. Aunque no se concreta esa aportación solidaria, estará limitada al principio de ordinalidad y a comunidades con un esfuerzo fiscal similar (que no es el caso de Canarias).

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias defiende que el nuevo modelo, en el caso de concretarse, cuente con los recursos adicionales suficientes y respete como mínimo el grado de nivelación o solidaridad del SFA actual en el que ninguna comunidad autónoma presente una distancia negativa con la media superior en torno al -5%. Un grado menor de solidaridad perjudicará a las CCAA con menor recaudación tributaria, como Canarias.

Además, la CAC no debe perder participación en la variable insularidad en la población ajustada, en todo caso incrementarla. La inclusión de las nuevas variables correctivas como costes fijos y despoblación, no debe conllevar a una pérdida del actual 0,6% de la insularidad y dentro de este, del porcentaje que corresponde a la CAC del 79,91%.

Hay que tener presente que si hay un factor geográfico que supone una diferencia sustancial en cómo se prestan los servicios públicos frente a las otras CCAA, es la “ultraperificidad”, por lo que el peso de la variable insularidad en ningún caso deberá descender frente a su ponderación en el sistema de financiación actual.

También es importante que el sistema considere el nivel de renta en la población ajustad puesto que los niveles de renta y de pobreza tienen una clara incidencia en la demanda de los servicios públicos fundamentales y, por tanto, en las necesidades de gasto de cada una de las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias.

Otro de los aspectos más relevantes para la CAC es que no se cuestionen la adicionalidad de los recursos del REF, tal y como establece el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Gobierno de Canarias ve imprescindible que la próxima reforma del SFA, garantice la adicionalidad efectiva de los recursos del REF e insta a todos los grupos políticos a unirse activamente a esta defensa.

Condonación de la deuda

Por otro lado, para el Ejecutivo autónomo, la metodología utilizada por el Estado para el cómputo de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas es arbitraria y discriminatoria, ya que supone un perjuicio de 1.710 millones de euros para Canarias pese a ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. El Estado condonará al archipiélago 3.245 millones de euros.

Según la metodología del Ministerio, en la fase 2 se favorece a las comunidades más endeudadas, lo que para la Consejería de Hacienda “supone un agravio comparativo con aquellas que, como Canarias, han demostrado mayor responsabilidad financiera”. Además, en la fase 3 se introduce una limitación que establece que el importe total a condonar no puede superar el 50% de la deuda. Esta limitación solamente afecta a las cifras de Canarias y supone un grave perjuicio en el cómputo final.

Por último, el anteproyecto introduce otra penalización al señalar que del importe total a absorber de cada comunidad autónoma se detraerá la deuda pendiente de reducir o cualquier otro exceso de financiación de ejercicios anteriores. Esto afecta directamente al superávit de la comunidad autónoma, que se deducirá del importe de deuda pública que asumirá el Estado, y que, además, tendrá que destinarse obligatoriamente a la reducción de deuda. En ningún caso, se podrá destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos.

Junto al presidente y al vicepresidente han participado en nombre del Gobierno en el encuentro celebrado este martes la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En representación de los grupos parlamentarios han estado en la reunión Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramos (ASG), Nicasio Galván (VOX) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).

Canarias registra una bajada del paro de más de 22.000 personas desde el inicio de la legislatura

El desempleo se redujo en las islas en 873 personas durante el mes de agosto hasta situarse el total de parados en 150.215

La comunidad autónoma mantiene el dato de paro más bajo para los mayores de 45 años desde septiembre de 2010

El paro registrado en Canarias ha descendido en 873 personas en el mes de agosto, lo que supone un 0,58% menos que en julio y sitúa el número total de personas desempleadas en las islas en 150.215, la cifra más baja desde enero de 2008 e inferior a la existente en el comienzo de la legislatura, que alcanzaba las 172.483 personas.  

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha realizado una valoración positiva de los datos y ha resaltado que “desde el inicio de la legislatura el paro ha bajado en las islas en más de 22.000 personas”. Además, ha destacado la trayectoria interanual con 12.830 personas más trabajando que hace un año.

El perfil predominante de quienes han abandonado el desempleo en el mes de agosto son los mayores de 45 años. Isabel León ha señalado que “la buena marcha del mercado laboral en Canarias está también teniendo su efecto positivo en colectivos que padecen especialmente las consecuencias del desempleo y los últimos datos recogen que el paro registrado en esta franja de edad se sitúa en cifras mínimas desde septiembre de 2010”.  En el último año se ha reducido en 7.381 personas.

Además, ha asegurado que el número de personas en paro de larga duración, aquellas que llevan más de un año buscando empleo, ha disminuido en más de 6.000 personas en el último año en las islas, pese a que en agosto implicó un aumento relativo del 0,02%, registrando 14 parados más.

“Seguiremos trabajando en las políticas activas de empleo que promueven la formación, la cualificación y la integración dentro del mercado de trabajo de todos los colectivos”, ha señalado Isabel León, quien ha hecho hincapié en que “estamos también consiguiendo descender las tasas de desempleo de los jóvenes”.

El paro ha mostrado en agosto una tendencia a la baja en todos los sectores económicos, salvo en la Industria. En la hostelería se han contabilizado 276 parados menos (-1,22%), seguido de la Agricultura, que restó 111 parados (-4,39%); el Comercio, donde bajó en 34 personas (-0,14%). Asimismo, el desempleo también disminuyó en la Construcción, con 9 desempleados menos (-0,07%). A nivel interanual, el paro retrocedió en cada uno de ellos.

Con respecto a agosto de 2024, el desempleo descendió en todas las islas. En términos porcentuales destaca especialmente en El Hierro (-132 personas, -19,61%), La Gomera (-214 personas, -19,26%) y La Palma (-756 personas, -11,57%). También se anotan bajadas en Lanzarote (-615 personas, -8,00%); Gran Canaria (-5.487 personas, -7,72%); Tenerife (-5.306 personas, -7,57%) y Fuerteventura (-320 personas, -5,44%).

En cuanto al número de contratos registrados, la viceconsejera señaló que “el pasado mes el resultado fue de 57.541 acuerdos laborales”.

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Canarias amplía hasta 2030 el actual Convenio de Carreteras 

Canarias amplía hasta 2030 el actual Convenio de Carreteras

El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permite ampliar el horizonte temporal de la ejecución del convenio actual para continuar con la planificación y estrategia en esta materia

Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transportes y Movilidad el pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva adenda al Convenio de Carreteras (2018-2027), que permitirá prorrogar el acuerdo actual hasta el año 2030, asegurando así la continuidad de la planificación y la estrategia en esta materia y seguir cumpliendo con los compromisos en todas las islas.

El consejero Pablo Rodríguez ha explicado que esta tercera adenda incorpora hitos muy relevantes para asegurar la estabilidad financiera del convenio, adaptarlo al ritmo real de ejecución de las obras, y atender los compromisos históricos del Estado con Canarias. Entre los principales acuerdos alcanzados, destacan la redistribución de remanentes; la actualización del importe total del convenio; la prórroga del mismo, ampliando el horizonte temporal hasta 2030.También se completa la incorporación de las actuaciones heredadas del anterior convenio de 2006 y sus adendas, que seguirán siendo financiadas en el marco del convenio vigente.

Además, en este acuerdo el Ejecutivo canario ha acordado con el Estado modificar una cláusula que se recogía en el documento inicial de 2018 y que impedía la posibilidad de firmar nuevos convenios. De esta forma, “ahora podremos pensar ya en un nuevo horizonte, con la firma de un nuevo convenio cuando este finalice”, ha destacado Rodríguez.

Asimismo, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha detallado que la adenda también contempla “mayor agilidad en la gestión, ya que se habilita a la Comisión Bilateral para realizar, sin necesidad de una nueva adenda, reajustes entre anualidades siempre que no se altere el importe global ni el plazo del convenio”.  “Con esta tercera adenda avanzamos hacia una planificación más realista, eficaz y ajustada a la ejecución real de las obras. Pero, sobre todo, garantizamos que el Estado cumpla con Canarias y con la ciudadanía”, ha concluido.

Última comisión de seguimiento

El pasado mes de julio, el consejero y la directora general de Infraestructura Viaria asistieron a la convocatoria de la Comisión Bilateral para acometer el segundo libramiento del convenio en este 2025.

En lo que va de año, con los dos libramientos realizados, se han certificado un total de 73.335.076,81 euros, lo que refleja el buen ritmo de ejecución del convenio, del que ya se ha ejecutado más del 43% del total en forma de transferencias, y está comprometido más de un 73%. Canarias se encuentra ya en la fase final del actual convenio, con obras en marcha en todas las islas.

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