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Canarias inicia el camino para contar con el primer convenio colectivo propio del sector sociosanitario

La Consejería de Bienestar Social reúne a patronal, sindicatos y entidades del tercer sector para impulsar un marco laboral adaptado a las singularidades del Archipiélago y mejorar las condiciones de los profesionales de los cuidados

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha dado hoy un paso decisivo para avanzar hacia el primer convenio colectivo propio del sector sociosanitario de Canarias, tras reunir a representantes de las organizaciones empresariales, los sindicatos y las entidades del tercer sector en una mesa de diálogo y concertación social.

La reunión, impulsada por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha contado con la participación de representantes de CEOE-Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios, CERMI Canarias, la Plataforma del Tercer Sector, Comisiones Obreras y UGT, que han expresado su disposición a trabajar conjuntamente para alcanzar un marco laboral que responda a las particularidades y necesidades del Archipiélago.

“Hoy ha sido un día fundamental para el Gobierno de Canarias. Hemos sentado en una misma mesa a patronal, sindicatos y entidades del tercer sector para analizar qué podemos hacer entre todos para mejorar el sector de los cuidados, la empleabilidad y las condiciones laborales de los profesionales”, destacó Candelaria Delgado.

La consejera de Bienestar Social subrayó que esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia Sociosanitaria de Canarias 2026-2030 y responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados más sólido, sostenible y profesionalizado. “Queremos mejorar las condiciones de quienes se dedican a cuidar, pero también garantizar que la ciudadanía canaria reciba una atención cada vez mejor y más digna”, indicó.

Delgado recordó que buena parte de los convenios colectivos que actualmente regulan las relaciones laborales del sector son de ámbito estatal y no contemplan suficientemente las singularidades de Canarias, por lo que defendió la necesidad de avanzar hacia acuerdos propios que permitan dar respuesta a la realidad del Archipiélago. En este sentido, las organizaciones participantes han mostrado su voluntad de constituir próximamente una mesa de diálogo social que permita iniciar la negociación de uno o varios convenios colectivos para el ámbito sociosanitario canario.

Candelaria Delgado indicó que el impulso de un convenio colectivo propio “constituye una apuesta estratégica para el futuro del sistema sociosanitario de Canarias. La mejora de las condiciones laborales, el reconocimiento profesional, la formación y la estabilidad de las plantillas son elementos esenciales para responder al incremento de las necesidades de atención y cuidados de una población cada vez más envejecida”. Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias busca avanzar hacia un sector más fuerte, profesionalizado y preparado para afrontar los retos presentes y futuros, situando en el centro tanto a quienes trabajan en los cuidados como a las personas que necesitan estos servicios.

 

Patronal, entidades y sindicatos

La patronal, representada por CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Alfonso y Leticia González a la cabeza, también manifestó su compromiso con la apertura de la negociación. Sus representantes destacaron que disponer de un marco laboral estable contribuirá a dar seguridad jurídica a las empresas y entidades, facilitar la contratación y favorecer el desarrollo de las infraestructuras sociosanitarias que necesita Canarias.

Por su parte, la presidenta de CERMI Canarias, en representación también de la Plataforma del Tercer Sector, defendió la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los profesionales y de garantizar que los avances laborales cuenten con la financiación y sostenibilidad necesarias. Unas mejoras que, recordó, repercutirán tanto en los trabajadores como en la calidad de vida de las personas más vulnerables que reciben atención.

Desde Comisiones Obreras, José Ramón Barroso valoró la iniciativa y señaló que estos acuerdos son necesarios para dar estabilidad y fortaleza a un sector en crecimiento. Asimismo, incidió en la importancia de mejorar las condiciones laborales para evitar la pérdida de profesionales y garantizar que el personal cualificado permanezca en el sistema.

Por parte de UGT, su secretario general de Servicios Públicos, Fran Bautista, anunció la disposición del sindicato a poner a disposición de las partes, en un plazo inferior a 15 días, los trabajos necesarios para iniciar la negociación. El representante sindical destacó que el objetivo es avanzar hacia convenios propios que abarquen los ámbitos sociosanitarios, de dependencia y discapacidad, y que supongan un salto cualitativo en el reconocimiento y las condiciones de los trabajadores.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias acompañará este proceso de diálogo y negociación, ofreciendo el respaldo de la Administración autonómica para facilitar el entendimiento entre las partes y contribuir a encontrar soluciones.

 

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Canarias reduce un 76% los plazos para la obtención de la ayuda a la dependencia hasta los 184 días de espera

La Consejería de Bienestar Social prevé que el plazo medio baje hasta los 152 días en noviembre

Las personas con teleasistencia avanzada ya ascienden a 18.732, frente al poco más de 2.000 que había en 2023

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continúa acelerando la tramitación de la dependencia y consolidando la transformación de un sistema que durante años estuvo marcado por las largas listas de espera. Según las últimas estadísticas oficiales del IMSERSO, correspondientes al mes de octubre de 2026, el tiempo medio de tramitación se ha reducido hasta los 184 días, una cifra que, de acuerdo con las previsiones de la Dirección General de Dependencia, podría situarse en 152 días en noviembre y que supone más de un 76% de reducción desde el inicio de la legislatura.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó este avance en su intervención durante el Pleno del Parlamento de Canarias y subrayó que “los resultados de la gestión actual son todavía más significativos si se tiene en cuenta que las nuevas solicitudes se están resolviendo en una media de 62 días”. Delgado explicó que la diferencia entre este plazo y la media que reflejan las estadísticas oficiales “responde a que la Administración está resolviendo también expedientes históricos, algunos de los cuales acumulaban años de espera. La antigüedad de estos procedimientos continúa incorporándose al cálculo estadístico, aunque los tiempos de resolución de las nuevas solicitudes sean ya sustancialmente inferiores”.

Delgado destacó el incremento de cobertura de la teleasistencia avanzada, que ya asciendo a 18.372 personas atendidas, frente a las poco más de 2.000 del inicio de la legislatura. “Una cobertura que permite atender a personas con una dependencia en su propio entorno, evitando el desarraigo”, aseguró.

La consejera recordó también un dato relevante dado a conocer ayer, que Canarias es la única Comunidad Autónoma que tiene ya una cobertura del 100% de la asistencia a las personas con Grado III+.

La consejera ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Canarias es continuar reduciendo los tiempos de espera, resolver los expedientes históricos pendientes y consolidar un modelo de atención más ágil, eficaz y centrado en las personas y sus necesidades. “Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta que esta transformación se refleje plenamente en las estadísticas oficiales y, sobre todo, en la vida de las personas que necesitan estos servicios”, explicó.

Más del doble de prestaciones reconocidas

La mejora de los tiempos de tramitación viene acompañada de un importante incremento de la actividad del sistema. Los datos del IMSERSO reflejan que Canarias ha pasado de 45.957 prestaciones reconocidas al cierre de 2023 a 104.091 en octubre de 2026, lo que supone más que duplicar el volumen de prestaciones.

La consejera de Bienestar Social también atribuyó esta evolución a una reorganización profunda del sistema impulsada mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la simplificación administrativa y el refuerzo de los equipos profesionales.

 

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Bienestar Social aborda los derechos afectivo-sexuales y la prevención de violencias en jóvenes con discapacidad

Momento de la inauguración de las jornadas con autoridades en el escenario

Las jornadas, enmarcadas dentro de los ejes de actuación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, han sido organizadas en colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Gobierno de España y la Universidad de La Laguna ha realizado la jornada «Cuida tu sexualidad: mujeres jóvenes, discapacidades y prevención de violencias sexuales», un encuentro científico y divulgativo destinado a analizar los factores de vulnerabilidad, los derechos sexuales y las herramientas de acompañamiento para mujeres y jóvenes con discapacidad que se enmarca en el eje de actuación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La inauguración contó con la participación de la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Gutiérrez; el director general de Juventud, Daniel Morales; la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la ULL, María Inmaculada González; y la directora académica de las jornadas, Itahisa Pérez.

Dulce Gutiérrez indicó que el abordaje de la discapacidad debe realizarse siempre desde el marco de los derechos humanos y la plena ciudadanía: «Hablar de discapacidad es hablar de dignidad y de derechos en todas las facetas de la vida. La esfera afectivo-sexual y el derecho a vivir sin miedo ni violencias han sido históricamente temas silenciados o sobreprotegidos. Las mujeres jóvenes con discapacidad sufren una doble vulnerabilidad estructural -por razón de género y de capacidad- a la que las administraciones debemos dar respuesta firme con prevención, recursos y, sobre todo, escuchando su voz en primera persona».

Por su parte, Daniel Morales, remarcó el compromiso desde la Dirección General de Juventud en la concienciación y formación afectivo-sexual entre la población joven como pilar clave contra las violencias sexuales: «La sexualidad es un derecho, no un privilegio. Y las personas jóvenes con discapacidad también tienen derecho a disfrutarla de forma libre, segura y saludable. Por eso, desde Juventud apostamos por una educación afectivo-sexual inclusiva y accesible que llegue a todas las personas jóvenes y que sea una herramienta fundamental para prevenir las violencias sexuales, sin dejar a nadie atrás. Esta jornada nos permite conocer realidades, compartir herramientas y, sobre todo, escuchar a las protagonistas para mejorar la prevención de las violencias sexuales desde la educación”.

Ponencias y mesas de debate

El programa de la jornada se desarrolló a lo largo de la mañana combinando el rigor académico y la experiencia técnica.

Vulnerabilidades estructurales y autismo. Ana Laura Suárez Sánchez (Plena Inclusión) ha impartido la ponencia sobre derechos sexuales y estrategias de prevención en mujeres con discapacidad intelectual, mientras que María del Sol Fortea Sevilla (ULPGC) abordó la «vulnerabilidad invisible» en el espectro autista.

Buenas prácticas y proyectos de intervención. Se expusieron herramientas y proyectos como el Proyecto MAPA, presentado por Yaiza Afonso Higuera, y el Proyecto Cuida tu sexualidad, presentado por Noelia Hernández González). Ambos fueron moderados por Mónica Dios Rodríguez, del Laboratorio de Innovación Social ULL.

Mesa en primera persona. El encuentro concluyó con un espacio de debate en el que representantes de entidades como la ONCE, Atelsam y la Asociación Diversidad Funcional La Gomera compartieron el impacto directo de la educación sexual en su autonomía y en la prevención de violencias.

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Canarias, única autonomía con el 100% de cobertura de la ayuda de Grado III+ frente al 49% de media nacional

parte de abajo de una silla de ruedas con una persona y pies de otra que está empujando la silla

El esfuerzo realizado por el Archipiélago para mejorar la cobertura de dependencia también se ve reflejado en la reducción de los tiempos de espera, que oficialmente se sitúan a 31 de octubre en 184 días, frente a los 782 del comienzo de la legislatura

Canarias es la única comunidad autónoma de España que alcanza el 100 % de cobertura de prestaciones de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio para las personas reconocidas con Grado III+, según los datos del informe correspondiente al 31 de octubre de 2026.

En concreto, las 17 personas con Grado III+ contabilizadas en Canarias disponen de una de estas prestaciones, lo que sitúa al Archipiélago a la cabeza del conjunto de comunidades autónomas en este indicador. Además, 16 de estas 17 personas perciben una prestación efectiva con una cuantía igual o superior a 3.200 euros, lo que representa el 94,12 % del total.

Los datos contrastan con los del conjunto del país, donde existen 807 personas con Grado III+. De ellas, 401 cuentan con una prestación de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio, lo que representa una cobertura del 49,69 %. Asimismo, 307 personas reciben una prestación efectiva de al menos 3.200 euros, un 38,04 % del total.

Canarias alcanza una cobertura del 100 % en el indicador de prestaciones de asistencia personal o vinculadas al servicio, frente a la media estatal del 49,69 %, y se convierte en la única comunidad autónoma que garantiza esta cobertura para todas las personas contabilizadas con Grado III+.

Estos resultados reflejan el esfuerzo realizado para adaptar el sistema canario de dependencia a las nuevas necesidades de atención y avanzar hacia un modelo de cuidados que garantice los apoyos intensivos que precisan las personas con situaciones de dependencia extrema. Esfuerzo que también se ve reflejado en los datos del Imserso que revelan que los tiempos de espera para la concesión de una ayuda a la dependencia se sitúan, a 31 de octubre, en los 184 días oficiales, frente a los 782 días que figuraban en las estadísticas del Imserso al inicio de la legislatura.

El Grado III+ de dependencia extrema se incorporó al sistema estatal mediante el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, en desarrollo de las obligaciones establecidas por la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La nueva regulación establece una respuesta específica para las personas con necesidades de apoyo especialmente intensas, que requieren atención continuada y supervisión especializada durante las 24 horas. Para ello, contempla el acceso a una prestación económica de asistencia personal o a una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de garantizar los cuidados necesarios en el entorno habitual.

La implantación de este nuevo grado supuso un importante esfuerzo de adaptación para las comunidades autónomas, responsables de gestionar el sistema de dependencia. Los gobiernos autonómicos debían adecuar sus procedimientos de reconocimiento, articular los recursos asistenciales necesarios y garantizar el acceso efectivo a las nuevas prestaciones, además de asumir parte de su financiación.

El modelo de financiación establecido inicialmente fijó una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales para estas prestaciones. De esta cantidad, la Administración General del Estado asumiría el 50 %, mediante el nivel mínimo de protección garantizado, mientras que el 50 % restante correspondería a las comunidades autónomas.

En Canarias, la adaptación normativa se materializó mediante el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, que incorporó el Grado III+ al sistema autonómico y reguló las prestaciones correspondientes. La norma fue convalidada por el Parlamento de Canarias el 24 de marzo y las solicitudes para acceder a esta nueva categoría pudieron presentarse desde el 11 de mayo de 2026.

La regulación autonómica permite optar entre la prestación económica de asistencia personal y la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, de acuerdo con las necesidades de cada persona y los requisitos establecidos en su Programa Individual de Atención.

Los resultados del informe de octubre muestran que Canarias ha conseguido garantizar la cobertura de todas las personas reconocidas con Grado III+ a través de alguna de estas dos modalidades.

 

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Juventud e Igualdad comparten en la ULPGC experiencias y proyectos para prevenir el machismo entre la juventud

El conversatorio Aliadas reunió a profesionales y entidades para analizar los retos de las políticas públicas de juventud en la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género

La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Igualdad (ICI) participaron en el conversatorio «Políticas públicas de juventud para la prevención de las violencias machistas», celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con la Cátedra de Estudios Interdisciplinares de Igualdad y Prevención de la Violencia.

El encuentro multitudinario, enmarcado en el programa Aliadas, impulsado por la Dirección General de Juventud desde 2019, y financiado con los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sirvió para compartir experiencias, proyectos y herramientas dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas entre la población joven. La jornada permitió, además, reflexionar sobre los desafíos de las intervenciones públicas en este ámbito y la necesidad de desarrollar estrategias de prevención sostenidas en el tiempo, adaptadas a las realidades y necesidades de las nuevas generaciones.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, destacó durante su intervención la importancia de actuar antes de que se produzcan las situaciones de violencia y de trabajar desde las primeras etapas de la vida. «Si esperamos a que aparezca la violencia para actuar, ya estamos llegando tarde», señaló.

Padrón incidió también en que las políticas públicas dirigidas a la juventud deben construirse contando con sus protagonistas y teniendo en cuenta sus formas de relacionarse, sus preocupaciones y las nuevas manifestaciones de violencia, también en los espacios digitales. «No podemos seguir diseñando políticas para la juventud sin escuchar a la juventud», afirmó.

La directora del ICI subrayó que la prevención requiere mucho más que campañas de sensibilización y necesita «compromiso, continuidad y políticas públicas que respondan a la realidad que viven las personas jóvenes». En este sentido, consideró que encuentros como el celebrado en la ULPGC permiten compartir experiencias y avanzar hacia actuaciones con un impacto real en la vida de la juventud.

Por su parte, el director general de Juventud, Daniel Morales, puso en valor la consolidación del programa Aliadas y el trabajo de los equipos profesionales y las entidades que participan en su desarrollo. Morales destacó que el programa es hoy «una apuesta por trabajar desde la prevención, desde la educación, desde la igualdad y desde la colaboración entre quienes compartimos un mismo objetivo».

El director general reconoció, asimismo, la importancia de contar con el conocimiento y la experiencia de las personas que trabajan directamente en este ámbito. «La prevención de las violencias machistas no puede quedarse únicamente en las buenas intenciones. Necesita conocimiento, investigación, profesionales, recursos y, sobre todo, acciones que lleguen a la vida cotidiana de las personas jóvenes», manifestó.

Morales resaltó también el acercamiento y la colaboración cada vez más estrecha entre la Dirección General de Juventud y el Instituto Canario de Igualdad, al considerar que el trabajo conjunto permite ofrecer respuestas más adecuadas a las necesidades de la población joven. «Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos saber escuchar y aprender de quienes trabajan cada día sobre el terreno», añadió.

Durante el conversatorio se presentaron diferentes iniciativas impulsadas en la provincia de Las Palmas en el marco de Aliadas, mostrando la diversidad de propuestas y ámbitos de actuación desde los que se trabaja para construir entornos juveniles más igualitarios y libres de violencia.

El primer bloque, dedicado a proyectos y experiencias, contó con las presentaciones de Por-No Hablar, a cargo de Idaira Alemán Afonso; Acuerpar(nos). Estrategias de autodefensa frente a las violencias machistas, presentado por Idaira Martín Martínez; Sin Filtros, de Asiria Álvarez Marrero, y Harimaguadas, de Anabel Calderín Castro.

El segundo bloque, centrado en iniciativas, recursos y propuestas, incluyó la presentación del III Congreso, por Emilia Santana Ramos; el documental «Lo Estructural», a cargo de Nadia Martín García, y Brújula. Herramientas para una planificación de políticas y actuaciones de prevención de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios, presentado por Mónica Pulido Martín.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio y reflexión sobre las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer las políticas públicas de juventud frente a las violencias machistas.

Con este encuentro, el programa Aliadas continúa promoviendo la colaboración entre administraciones, profesionales, entidades y comunidad universitaria, favoreciendo la puesta en común de conocimientos y experiencias para reforzar la prevención y avanzar hacia relaciones igualitarias y libres de violencia entre la población joven de Canarias.

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Bienestar Social aprueba un sistema de incentivos para agilizar la valoración de la discapacidad

Imagen de teléfono con la tarjeta identificativa de discapacidad movil

La medida busca impulsar la dedicación en la tramitación de los expedientes, lo que conllevará la reducción de tiempos de espera y reconocerá el esfuerzo adicional del personal que participa en los procedimientos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha aprobado el Instrumento de Planificación y Gestión de la Productividad del personal de los Centros de Valoración de la Discapacidad, una herramienta destinada a mejorar la capacidad de respuesta del servicio, agilizar la resolución de expedientes y avanzar en la reducción de las listas de espera.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Discapacidad, establece un sistema de incentivos económicos vinculado al cumplimiento de objetivos de actividad, calidad técnica y eficiencia en la tramitación. Su finalidad es reconocer y compensar el esfuerzo adicional de los profesionales que intervienen en los procedimientos de reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la atención que reciben las personas usuarias.

El instrumento contempla la participación del personal médico y sanitario, psicológico y de trabajo social que realiza las valoraciones, así como del personal auxiliar y administrativo vinculado a la gestión de los expedientes.

Entre los criterios establecidos figura un estándar orientativo de ocho valoraciones diarias para el personal técnico valorador, que podrá alcanzar hasta seis valoraciones adicionales al día dentro del sistema de productividad. En los periodos de verano y Navidad, estos estándares se adaptarán a las circunstancias específicas de la jornada y la disponibilidad de personal.

En el caso del personal administrativo, la productividad se medirá mediante bloques de tareas, cuya definición y cuantificación se concretarán en el correspondiente Plan Anual de Productividad.

El sistema no se limita al volumen de actividad, sino que incorpora criterios de calidad técnica, cumplimiento de los plazos de tramitación, correcta utilización de las herramientas corporativas y adecuada atención a las personas usuarias. Así, las valoraciones deberán quedar registradas y finalizadas en las aplicaciones correspondientes, garantizando la trazabilidad de los expedientes y la calidad de los informes emitidos.

La actividad adicional tendrá carácter voluntario y podrá desarrollarse dentro o fuera de la jornada ordinaria, con las garantías establecidas en materia de jornada laboral, descansos, desconexión digital y prevención de riesgos laborales. El instrumento contempla, asimismo, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como ajustes para las jornadas parciales y las ausencias justificadas.

La aprobación de este instrumento constituye un paso en la estrategia de la Consejería para reforzar la capacidad operativa de los Centros de Valoración de la Discapacidad y dar respuesta al volumen de expedientes pendientes, mediante una herramienta que vincula el reconocimiento del desempeño profesional con la mejora de la eficacia y la calidad del servicio público.

Las cuantías económicas y las condiciones concretas de aplicación del complemento se determinarán en el Plan Anual de Productividad, en el marco de la negociación colectiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

 

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Bienestar Social destina siete millones de euros a casi un centenar de proyectos de inmigración e inclusión social

Con esta línea de subvenciones, la Consejería apuesta por el desarrollo de cerca de un centenar de programas a través de entidades del tercer sector, así como ayuntamientos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, ha destinado un total de siete millones de euros para la ejecución de cerca de un centenar de proyectos para atender a la población migrante y para promover la inclusión social.

Tal y como recoge el BOC, la mayor parte de estas subvenciones se centran en el ámbito de la intervención social, con una partida de 5.750.000 euros, mientras que 1.250.000 euros se destinan a servicios de atención a la inmigración.

La consejera del área, Candelaria Delgado, destaca que con esta línea de ayudas “se pone el acento en facilitar a las entidades sociales y a las administraciones el desarrollo de proyectos de interés público que permitan actuar en dos ámbitos de actuación clave para seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva e igualitaria”.

En este sentido, destaca que “el apoyo a las personas migrantes es un aspecto en el que se tiene que seguir trabajando, teniendo en cuenta el peso de la migración en Canarias y las necesidades de atención que presenta este colectivo”.

Por otro lado, incide en “la importancia de actuar sobre los colectivos más vulnerables, como es el caso de las personas en situación de exclusión social o la intervención con personas sin hogar, de cara a seguir avanzando hacia una inclusión social integral”.

Las subvenciones destinadas a programas de inmigración recogen un total de 23 proyectos, que incluyen diferentes ámbitos de actuación, desde acciones con mujeres migrantes hasta la promoción de la integración social, cultural y laboral del colectivo.

Por otro lado, la línea de ayudas destinadas a promover la inclusión social centra la mayor parte de los recursos en los programas de intervención y la atención a personas en situación de exclusión social.

En este caso, se contempla un crédito de 4.250.000 euros, repartido en un total de 56 proyectos, destinados tanto a actuaciones del tercer sector como a proyectos de diferentes ayuntamientos.

Aspectos como la cobertura social básica, las soluciones al ahorro energético en el hogar, el asesoramiento jurídico a personas en situación de vulnerabilidad, la generación de nuevas oportunidades o la atención a la salud mental a través de acompañamiento psicosocial son algunos de los aspectos abordados.

La intervención integral con personas sin hogar es otra de las áreas objeto de las ayudas, con una partida de 1.200.000 euros para el desarrollo de 16 actuaciones vinculadas al acompañamiento a este colectivo, la atención integral, así como los comedores sociales, entre otros aspectos.

Finalmente, los planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad son otras de las líneas objeto de ayudas, con un total de 300.000 euros destinados al desarrollo de tres proyectos por parte de los ayuntamientos de Buenavista del Norte, Telde y Tazacorte.

 

 

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Canarias inyecta 1.035 millones de euros para políticas sociales y consolida así el mayor escudo social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias supera, por primera vez, la barrera de los mil millones, lo que supone un incremento de 391 millones de euros de recursos estructurales desde el inicio de la legislatura

Canarias contará en 2027, por primera vez en su historia, con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones de euros adicionales para reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos.

Estas cuentas suponen un hito en la financiación de las políticas sociales del Archipiélago y consolidan una apuesta por dotar de recursos estables a los servicios públicos y a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó en comparecencia parlamentaria que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.

El crecimiento presupuestario adquiere todavía mayor relevancia si se observa su evolución a lo largo de la legislatura. Excluyendo los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027. Esto supone un incremento de 391,17 millones de euros, un 60,9 % más de financiación estable para las políticas sociales.

La evolución de estas cuentas se acompaña, además, de una capacidad de gestión que ha mantenido la ejecución presupuestaria por encima del 90 %. En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2025, la Consejería ejecutó 914,49 millones de euros, una cifra que superó en más de 200 millones el presupuesto inicial de aquel año. Asimismo, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones de euros mediante modificaciones presupuestarias, lo que refleja la capacidad del departamento para ampliar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades de las distintas áreas. Candelaria Delgado subrayó que “los fondos externos no se quedan en una cifra contable, sino que se transforman en prestaciones, servicios, profesionales e inversiones dirigidas a la ciudadanía”.

Uno de los ámbitos que experimenta un mayor impulso es el de la atención a la dependencia. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, lo que representa un incremento de 177,65 millones respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 120,8 % en comparación con el inicio de la legislatura.

Este refuerzo económico se suma a las mejoras introducidas en la gestión administrativa del sistema, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias.

La mejora de los procedimientos y el incremento de los recursos económicos constituyen dos elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema de dependencia con mayor capacidad de respuesta y una atención más ágil a las personas que necesitan apoyos.

Más recursos para garantizar la protección social

El área de Servicios Sociales contará con 113,33 millones de euros destinados a la Renta Canaria de Ciudadanía, que experimenta un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma la continuidad, mediante su incorporación al articulado de la ley presupuestaria, del pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas.

En el ámbito de Infancia y Familias, el presupuesto asciende a 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.

Por su parte, las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura específica a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.

El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. Además, el presupuesto incorpora una garantía especialmente relevante para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables.

Esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de violencia machista.

Con estas cuentas, el Gobierno de Canarias consolida el crecimiento de las políticas sociales y refuerza la financiación de ámbitos esenciales como la dependencia, la atención a la infancia, la protección económica de las familias, el envejecimiento activo y la igualdad. Un presupuesto que sitúa por primera vez a la Consejería por encima de los 1.000 millones de euros iniciales y que representa un incremento sustancial de los recursos estructurales destinados a garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía canaria.

“Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó la consejera.

 

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Canarias recupera la memoria histórica de la disidencia sexogenérica y aborda la realidad del sexilio

Candelaria Delgado pone en valor la importancia de “reflexionar sobre la represión que vivió durante tantos años el colectivo LGTBI+ para que no se vuelva a repetir” en el marco de la inauguración de la cuarta edición de la jornada sobre memoria histórica que organiza el Gobierno de Canarias en colaboración con la Universidad de La Laguna

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria delgado Toledo, destacó durante la inauguración este jueves de la cuarta edición de las ‘Jornadas de Memoria Histórica de la Disidencia Sexogenérica en Canarias’, la importancia de “hablar y reflexionar sobre la represión que vivió durante tantos años el colectivo LGTBI+, en Canarias y en otros lugares del mundo, para que no se vuelva a repetir”.

Candelaria Delgado explicó que esta jornada se enmarca dentro del segundo Congreso Internacional que celebra la Universidad de La Laguna “Vidas (in)visibles Géneros migrantes, sexilios y masculinidades” y aseguró que el objetivo primordial de la jornada es que “no se dé un paso atrás”. “Vamos a luchar contra todo aquel o aquella que intente dar un paso atrás en los derechos del colectivo LGTBIQA+ en Canarias”, aseguró.

La consejera anunció que las políticas públicas en materia de diversidad se han reforzado “y también quedarán reflejadas en los presupuestos para el próximo año”. Recordó también el nuevo programa Divercan, dirigido a reforzar el acompañamiento social que en la actualidad se presta al colectivo desde las entidades financiando la contratación de trabajadores sociales.

En la misma línea se expresó el director general de Diversidad, Celso Mendoza Negrín, que manifestó que este encuentro “sitúa en el centro del debate la realidad del sexilio en el Archipiélago”. “Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la visibilización de la diversidad sexogenérica, la recuperación de la memoria histórica y la construcción de una sociedad en la que la igualdad de derechos y el respeto a todas las identidades sean principios efectivos de convivencia”, declaró Mendoza al tiempo que expresó la necesidad de “rendir homenaje a todas esas personas que han tenido que sufrir sexilio y seguir recordando todo el trabajo que se hace desde esta comunidad autónoma y de otros lugares para que no se olvide”

La iniciativa, que se desarrolla a lo largo de la mañana en el Aula Magna del Aulario General del Campus de Guajara, ha reunido a especialistas del ámbito académico, responsables institucionales y representantes de colectivos vinculados a la diversidad para profundizar en la memoria histórica de las personas LGTBIQ+, las consecuencias de la represión durante el franquismo y la democracia y las experiencias de quienes se vieron obligados a abandonar sus lugares de origen por razón de su orientación sexual o identidad de género.

El programa abordó distintas dimensiones de la memoria histórica y el sexilio con las intervenciones: ‘Un caleidoscopio canario para el archivo de los sexilios transhispánicos’, a cargo de Rafael Mérida Jiménez, doctor por la Universitat de Barcelona y profesor e investigador de las universidades de Lleida y Barcelona; y ‘Sexilio en España. Investigación e informe del Ministerio de Igualdad’, que fue impartida por Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz, doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Larisa Pérez Flores, doctora en Filosofía, Cultura y Sociedad por la Universidad de La Laguna, abordó las relaciones entre cuerpos, islas y desplazamientos en la ponencia ‘Cuerpos, islas y desplazamientos. Vidas ‘cuir’ y sexilio en Canarias’.

El encuentro concluyó con una mesa redonda sobre personas migrantes en situación de sexilio, moderada por José Antonio Ramos Arteaga y con la participación de representantes de Diversas, Colectivo Gamá, ALTHAY, LIBERTRANS y LÁNZATE.

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Bienestar Social adelanta 8,88 millones a proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro

La convocatoria publicada en el BOC inicia la tramitación de las ayudas del IRPF 2026, y contempla 16 líneas de subvención para atender a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo como novedad una línea de atención e inclusión en el ámbito de la salud mental

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha publicado hoy en el BOC la convocatoria de subvenciones por un importe total de 8.886.669 euros para financiar proyectos de interés general y fines de interés social desarrollados por entidades del tercer sector en Canarias.

La convocatoria, correspondiente al ejercicio 2026 y cuya ejecución y concesión se realizará en 2027, adelanta con fondos propios parte de la financiación con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades, cuyo importe total será de 22,4 millones de euros. Su finalidad es apoyar proyectos sociales dirigidos a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, mediante actuaciones que favorezcan la inclusión, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la atención a las necesidades sociales.

La convocatoria se tramita anticipadamente y, tal y como explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado “cumplimos así con una de las demandas de las entidades para que ellas puedan tener adelantadamente la previsión de cuáles son los proyectos que pueden ser subvencionables el año que viene. La agilidad en la gestión también supone prever con antelación estas convocatorias de tal manera que las entidades no se vean con el agua al cuello en el último momento”. Delgado remarca también que “por primera vez, la convocatoria contempla una línea específica para salud mental, una novedad que incluimos porque las entidades atienden situaciones muy concretas que merecen una financiación específica, tal y como hemos acordado con ellas previamente”.

El crédito previsto se distribuye entre 16 líneas de subvención, que abarcan desde la inclusión social y laboral y la atención a las personas mayores hasta la discapacidad, la infancia y las familias, la juventud, la inmigración, la salud mental y la prevención de la violencia de género. La convocatoria contempla, asimismo, financiación para proyectos de investigación e innovación social y para inversiones.

La línea con mayor dotación es la de promoción de la inclusión social y laboral, con 1.612.333,80 euros, destinada a financiar actuaciones que incluyen la cobertura de necesidades básicas, la prevención de la exclusión residencial y diferentes iniciativas de atención e inclusión social.

La segunda mayor partida corresponde al apoyo a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con 1.451.100,42 euros. Por su parte, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores cuenta con 1.048.016,97 euros, mientras que la línea de Infancia y Familia dispone de 886.783,59 euros.

La convocatoria reserva también 825.000 euros para inversiones, 564.316,83 euros para la atención a las personas inmigrantes y 483.700,14 euros para Juventud.

Entre las restantes líneas figuran la promoción de la participación y el voluntariado, con 362.775,11 euros; la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, con 403.083,45 euros; y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, con otros 403.083,45 euros.

La distribución presupuestaria se completa con los 120.925,04 euros para diversidad;

241.850,07 euros para atención comunitaria e inclusión social en salud mental; 322.466,75 euros destinados a investigación e innovación social; los 32.246,68 euros para el pueblo gitano; 64.493,35 euros para proyectos de atención social a personas con adicciones y los 64.493,35 a los que podrán acceder las entidades que presenten proyectos de atención social a personas con VIH.

Las actuaciones subvencionables incluyen, entre otras, proyectos de emergencia social para facilitar bienes y servicios de primera necesidad; iniciativas de apoyo a personas sin hogar y prevención de la exclusión residencial; programas de atención a personas mayores y con discapacidad; y actuaciones dirigidas a la infancia, las familias y la juventud.

También se contemplan proyectos de promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia, participación y voluntariado, igualdad entre mujeres y hombres, prevención de la violencia de género, diversidad, salud mental e inclusión de personas inmigrantes, así como iniciativas de investigación e innovación social.

En el ámbito de las inversiones, se prevén ayudas para obras y adquisición de equipamiento, conforme a los límites y condiciones establecidos en la convocatoria.

Las cuantías solicitadas por proyecto deberán ajustarse a los importes mínimos y máximos establecidos para cada línea. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios de valoración y el crédito disponible.

Solicitudes y ejecución de los proyectos

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en el procedimiento habilitado para esta convocatoria. El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de prórroga, de acuerdo con las condiciones establecidas en la orden.

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