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Autorizad los convenios contra la violencia de género en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera

Las nuevas adendas permitirán incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas que el Gobierno mantiene a través del ICI con los cabildos durante este año y el siguiente

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy, jueves 8 de julio, la suscripción de las adendas de los convenios de cooperación con los cabildos insulares de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera para la consolidación y el mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en esas islas.

La pasada semana ya se autorizaron las firmas de las adendas con Gran Canaria y Tenerife. Con estas autorizaciones, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) aumentará el presupuesto que destina para este año y el siguiente, con lo que se podrán incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas de violencia de género en todas las islas.

Según contemplan las adendas a los convenios, la aportación del ICI para cada isla se aumentará en las siguientes cantidades.

Entidad 2021 2022 Total
Gran Canaria 121.378,87 121.378,87 242.757,74
Fuerteventura 12.887,14 12.887,14 25.774,28
Lanzarote 21.278,77 21.278,77 42.557,54
Tenerife 121.378,87 121.378,87 242.757,74
La Palma 14.985,04 14.985,04 29.970,08
La Gomera 4.794,60 4.794,60 9.589,20
El Hierro 3.296,71 3.296,71 6.593,42
Total 300.000,00 300.000,00 600.000,00

Aun así, en el ejercicio 2022 se podrá reajustar la anualidad en función de las disponibilidades presupuestarias y con el objetivo de adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

También se modifica la cláusula relativa a la forma de abono de la anualidad de 2021, de tal forma que el Instituto Canario de Igualdad transferirá a cada Cabildo, tras la firma de la adenda y en el plazo de un mes, un anticipo del 100%.

Entidad 2019 2020 2021 2022 Total
Gran Canaria 2.553.130,35 2.553.130,35 2.674.509,22 2.674.509,22 10.455.279,14
Fuerteventura 271.073,12 271.073,12 283.960,26  283.960,26 1.110.066,76
Lanzarote 447.585,81 447.585,81 468.864,58 468.864,58 1.832.900,78
Tenerife 2.553.130,35 2.553.130,35 2.674.509,22 2.674.509,22 10.455.279,14
La Palma 315.201,26 315.201,26 330.186,30 330.186,30 1.290.775,12
La Gomera 100.851,84 100.851,84 105.646,44 105.646,44 412.996,56
El Hierro 69.344,27 69.344,27 72.640,98 72.640,98 283.970,50
Total 6.310.317,00 6.310.317,00 6.610.317,00 6.610.317,00 25.841.268,00

Tal y como establecen los convenios firmados con cada cabildo en 2019, con las nuevas adendas el ICI realizará una inversión total en 2021 de 6.610.317 euros y la misma cantidad en 2022, para financiar la atención que cada cabildo realiza en materia de violencia de género.

Estos convenios permiten a las islas, además de la gestión (directa o indirecta) de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, (dispositivos de emergencia, casas de acogida inmediata, casas de acogida, pisos tutelados y centros de información), realizar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, actuaciones encaminadas a la formación y actualización del personal integrante de la red y la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito de sus competencias.

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El Gobierno de Canarias destina 14,5 millones de euros a la lucha contra la violencia de género

El Instituto Canario de Igualdad incrementó este año en un 5% las cuantías destinadas al Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género

“Es imposible construir una sociedad civilizada si se sigue asesinando mujeres. Nos toca como Gobierno, como Parlamento, como instituciones en todos los ámbitos, trabajar, sumar esfuerzos y cooperar de forma transversal para encontrar soluciones y políticas de prevención y protección activas. El mensaje debe ser claro: ninguna mujer puede sentirse sola ni desprotegida ante la amenaza machista”, aseguró la consejera de Igualdad, Noemí Santana, en comparecencia ante el Parlamento de Canarias.

Santana destacó el esfuerzo inversor que ha realizado el Ejecutivo canario para prevenir y proteger a las víctimas de violencia machista a través, fundamentalmente, de reforzar el Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se gestiona mediante convenios de colaboración y cofinanciación suscritos por parte del Instituto Canario de Igualdad (ICI) con los Cabildos insulares.

En el año 2019 se suscribió un convenio de carácter plurianual (2019-2022) con el objeto de garantizar y dar continuidad a los recursos que integran la Red de Centros y Servicios contra la violencia de género. En este año 2021 el importe ha aumentado en un 5% con respecto al año anterior (679.028,59 euros), situando la inversión total en 14.496.772,44 euros.

Estas cuantías han sido destinadas para distintas acciones como reforzar los servicios multidisciplinares existentes (atención social, psicológica y jurídica), la apertura de nuevas casas de acogida, atención psicoeducativa a menores víctimas de violencia de género, prevención y atención integral para mujeres y menores ante la violencia sexual o servicio de apoyo a inserción sociolaboral y emprendimiento.

La consejera de Igualdad también destacó el incremento presupuestario del Instituto Canario de Igualdad. “Un 10% cada uno de los dos años que llevamos en el Gobierno. Con este presupuesto, que ya supera los 11 millones de euros, hemos podido llevar a cabo múltiples campañas de información y prevención para las mujeres entre las que se encuentra la famosa campaña de Mascarilla-19, de la que ya hemos hablado mucho en este Parlamento, y que ya es estable y una realidad en todas las farmacias de Canarias”.

Desde el ICI también se ha procedido a la actualización de los contenidos informativos e incorporación de nuevas funcionalidades a la Aplicación para dispositivos móviles REDVICAN (Red de violencia en Canarias) dirigida a la prevención de la violencia de Género y de ayuda a las mujeres en riesgo.

Ayudas directas a víctimas de violencia de género

En el año 2020, se tramitaron 107 procedimientos de concesión por un importe total de algo más de 699.000 euros en ayudas directas a víctimas de violencia de género (artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Este año, desde enero hasta ahora, se han resuelto favorablemente un total de 67 solicitudes de ayudas, abonándose un total de 416.794,68 euros. Asimismo, se han registrado 133 solicitudes de ayuda, “con lo que se está produciendo un notable incremento con respecto a 2020, año en el que se duplicó el número de solicitudes respecto al año anterior”, aseguró Santana.

Noemí Santana también destacó el Fondo Canario de Emergencia Social para víctimas de Violencia de Género, por el que se distribuyeron 390.000 euros a través de los Cabildos, y se atendió a 266 mujeres. Además, se amplió la financiación de este fondo por importe de 719.000 euros para cubrir necesidades básicas de Víctimas de Violencia de Género derivadas de las consecuencias de la pandemia. Gracias a esta iniciativa enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se atendieron a 244 mujeres adicionales.

Plan España Te Protege

La consejera de Igualdad destacó este Plan que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad para la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias españolas. “Hemos constituido un grupo de trabajo con los Cabildos para definir el modelo a implementar en Canarias y coordinar la puesta en marcha de los mismos”, informó.

Estos centros de crisis ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año. Cumpliendo con criterios de atención permanente y actuación urgente, los centros facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado.

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El Gobierno de Canarias condena el último feminicidio en Las Palmas de Gran Canaria

Repuntan 15 puntos las llamadas de emergencia al servicio del 112 y ya suponen casi el 70% del total

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Igualdad, Noemí Santana y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, presidieron hoy martes, 13 de abril, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria y en la sede el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, sendas concentraciones de repulsa en memoria de la última víctima de violencia de género, Josefina E. P., de 85 años de edad, presuntamente asesinada por su hijo el pasado lunes, 12 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

De acuerdo al protocolo acordado por el Gobierno de Canarias, durante el acto se leyó el manifiesto de condena con el objetivo de tener presente el motivo de la lucha diaria contra la violencia machista y que “el silencio nunca más vuelva a ser la respuesta ante un caso de asesinato machista”.

Con este último asesinato ya son 97 los feminicidios por violencia de género confirmados en Canarias desde el año 2003 en el que se iniciara el cómputo oficial.

Repuntan las llamadas de emergencia respecto al año pasado

En el primer trimestre de 2021, se han registrado un total de 3.322 llamadas al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SAMVV 1-1-2 de las que el 69% fueron de emergencia (situaciones de peligro inminente). Este dato supone un incremento de 15 puntos en cuanto a las llamadas de emergencia en el último año ya que en el mismo periodo del año pasado representaron el 54% del total.

En cuanto a la edad de las víctimas, también se han registrado más llamadas de mayores de 65 años en este año. Mientras que en el primer trimestre del año pasado llamaron 58 mujeres mayores de 65 años, este año se registraron 102 llamadas durante el mismo periodo. En cuanto al tipo de agresor, más de la mitad sigue siendo la pareja pero ahora hay más hijos. El año pasado representaban un porcentaje de 2,98% del total y este año representan el 4,18%.

 

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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

RP presentación estudio ULL impacto de género crisis Covid-19

La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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La juventud canaria “conoce y sabe lo que es la igualdad entre mujeres y hombres pero no la lleva a la práctica”

El ICI analiza las respuestas de 1.179 chicas y 1.209 chicos de 14 a 29 años, y las opiniones vertidas sobre violencia de género por 86 participantes en 8 grupos de debate y 26 entrevistas

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha presentado el diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género generado a partir del análisis de las respuestas de 1.179 chicas y 1.209 chicos de 14 a 29 años, y las opiniones vertidas sobre violencia de género por 86 participantes en 8 grupos de debate y 26 entrevistas.

Fumero explicó que este diagnóstico ofrece en líneas generales “un panorama positivo” al respecto pero evidencia que la juventud canaria avanza en diferentes velocidades. “Conoce y sabe lo que es la igualdad entre mujeres y hombres -explicó- pero no lo lleva a la práctica, reconocen abiertamente las desigualdades y se posicionan en contra de la violencia de género pero hay datos que nos preocupan mucho y es que el 40% de hombres jóvenes reconoce recurrir a la pornografía como fuente de información sobre las relaciones afectivas y sexuales, se intuye que puede ser mayor el porcentaje, y el 22% ha ejercido violencia”.

En cuanto al conocimiento más cercano de este problema, un 70% de las mujeres jóvenes han vivido o conocen casos de violencia de género, el 20% de ellas declara haberla sufrido, y en torno al 40% considera bastante o muy probable sufrir violencia en el futuro.

Otro de los aspectos que Fumero calificó de preocupante es la generalización de las prácticas de control en la pareja, “las relaciones tóxicas basadas en el control, el acoso sexual, las nuevas formas de violencia, sobreexposición y humillación de las mujeres en los medios digitales; el amplio consumo de pornografía basado en prácticas sexuales de dominación, cuando no denigrantes o abiertamente violentas contra las mujeres, o las prácticas de ligue, que son uno de los principales reductos de exhibición y ejercicio de la masculinidad dominante”.

Como detalla el diagnóstico, los resultados muestran un momento de transición, “un terreno claramente en disputa” entre las inercias y la irrupción de cambios que conducen a discursos y prácticas contradictorias. Se avanza en las percepciones y posicionamientos frente a la violencia y sus raíces, pero “las prácticas aparecen muchas veces estancadas por el peso de las estructuras de dominación”.

De acuerdo a los últimos datos aportados por el INE sobre violencia de género, durante el año pasado (2019) en Canarias 271 chicos menores de 24 años fueron condenados con sentencia firme por casos de violencia de género (31 chicos más que en 2018). 3 de ellos eran adolescentes que todavía no habían cumplido la mayoría de edad.

La directora expuso que, ante los resultados de la encuesta, los retos inmediatos en la materia son “seguir trabajando para consolidar los cambios en el discurso, extenderlos a la totalidad de la población joven, y sobre todo, reforzar o crear las condiciones estructurales para que puedan traspasar la barrera del discurso y permear las prácticas. De las condiciones materiales, sociales y estructurales que se logre interponer para posibilitar la extensión y consolidación de estos cambios dependerá que estas posibilidades se conviertan en una realidad cotidiana libre de violencia de género para la juventud”.

El proceso se inició en verano del 2020

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), inició en verano del año pasado el trabajo de campo para la redacción de un diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo de este diagnóstico ha sido conocer en profundidad cómo vive y entiende la juventud canaria la violencia de género para abordar el trabajo de prevención que se impulsa desde el ICI.

La primera fase de estudio, de carácter cualitativo, se realizó mediante entrevistas y talleres en las que participaron jóvenes de diferentes ámbitos. La segunda fase consistió en la realización de más de 2.000 encuestas que se promocionaron en las redes sociales.

Al cuestionario online se respondía de forma anónima, e iba dirigido a personas de entre 14 y 29 que residieran en Canarias.

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El ICI lanza una campaña sobre el recurso ‘Mascarilla-19’ para llegar a más mujeres víctimas de violencia de género

La directora del ICI, Kika Fumero, argumenta la necesidad de una campaña en medios tradicionales que “permita llegar a muchas más mujeres que, por diferentes motivos, todavía desconocen que pueden pedir ayuda en su farmacia si lo precisan”

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) lanzará a lo largo del mes de diciembre una campaña publicitaria sobre el recurso Mascarilla-19, creado durante el confinamiento para que las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género, pidieran ayuda en las farmacias y que en Canarias se ha mantenido como un recurso estable. La campaña, que hoy inicia su andadura en redes sociales con el lema “Pide en farmacia mascarilla-19. En la farmacia sabrán que tienen que llamar al 112”, comenzará su difusión en televisión, radio y prensa escrita el próximo 10 de diciembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

La directora del ICI, Kika Fumero, argumenta que “a pesar de que este protocolo se hizo viral cuando lo pusimos en marcha en Canarias, y tuvo repercusión en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, queremos llegar a muchas más mujeres que por diferentes motivos: por brecha generacional, por cuestiones socioeconómicas o sencillamente por que son mujeres con poca o nula asiduidad al entorno digital, todavía desconocen este nuevo recurso y que por tanto pueden pedir ayuda en su farmacia si lo precisan”.

La campaña se compone de anuncios en prensa escrita y digital con las que contempla 318.000 impresiones, vídeos para las redes sociales (Facebook, Youtube e Instagram) con los que se prevé alcanzar más de 70.000 impresiones; en televisiones se emitirán 2.231 pases del anuncio (303 en televisiones auditadas), y en radio un total de 386 cuñas. También incluye la inserción de la imagen fija en soportes exteriores como mupis y marquesinas.

Fumero explica que la creatividad en el anuncio televisivo muestra las farmacias como un espacio seguro y un bucle de mujeres diferentes con el que “hemos querido transmitir el carácter estructural de la violencia de género, las conductas machistas que amparan esta violencia contra las mujeres no entienden de raza, clase, funcionalidad o edad, se reproducen en cualquier ámbito”. “Además -explica- trasladamos la violencia de género a un lugar comunitario, un asunto compartido y no una cuestión personal, concreta e individual”.

En este sentido ahonda que “una de las conclusiones más importantes de la aplicación de Mascarilla-19 durante el confinamiento, y en las que coincidimos responsables de diferentes países donde se aplicó, fue el hecho de que generara mayor conciencia social sobre la violencia de género, y sobre todo, que permitiera que la violencia de género fuera en menor medida un problema privado, de puertas adentro, y pasara a ser un problema colectivo cuya erradicación depende de todas las personas”.

En las cuñas de radio, la campaña capta la atención del oyente jugando con el hecho de que va a escuchar información relevante sobre los síntomas del coronavirus, pero al final revela algunos de los efectos secundarios de vivir con un maltratador. La idea principal es que una medida para proteger del coronavirus, es el uso de la mascarilla, y cómo solicitando una mascarilla 19, también pueden protegerse y ponerse a salvo del maltrato.

“Es evidente que las farmacias son unas perfectas aliadas -asegura la directora del ICI- siempre tenemos alguna cerca y de guardia, son un referente de la salud de las familias y ahora se han convertido en agentes activos en la erradicación de violencias machistas”. “Cuando se implantó el recurso desde algunas farmacias -recuerda- expresaron su miedo a posibles represalias, pero a medida que avanzó y vieron el gran trabajo que podían hacer para ayudar a las víctimas, olvidaron el miedo y sintieron el orgullo de ser agentes que protegen y dan la alarma para ayudar a víctimas”.

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El Hospital Dr. Negrín se suma a la prevención del maltrato en el Día de la Violencia de Género

A través de carteles con mensajes de apoyo a la mujer, profesionales del centro hospitalario y de la empresa CLECE han querido visibilizar este problema de escala mundial que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se suma a los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se celebra este miércoles, 25 de noviembre. La iniciativa llevada a cabo en el centro hospitalario parte de la empresa CLECE que ha querido recordar la igualdad de derechos de la mujer.

A través de carteles con mensajes de apoyo a la mujer, profesionales del Hospital Dr. Negrín y de la empresa CLECE han querido visibilizar este problema de escala mundial que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo. Con este gesto se busca además apoyar cambios duraderos en el ámbito legislativo, social y cultural que protejan a la mujer de todo tipo de actos violentos por su género, combatir la discriminación y fomentar la igualdad, de manera que así se pueda reforzar la autonomía y valía de las mujeres víctimas de violencia de género y maltrato.

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La DG de Justicia constata un aumento de las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

Aumentan las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, elabora un estudio de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre los primeros resultados, el estudio revela que las llamadas al 016 se han incrementado entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ), Marta Bonnet, participaron hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, acto que presentó el presidente del mismo, Juan Antonio Rodríguez, e inauguró el vicedecano de la institución, José Miguel Jaubert. Entre otros aspectos, Bonnet se refirió al estudio que lleva a cabo la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez, a través de la DGRAJ, de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus primeros resultados, reveló la directora general, figura la constatación objetiva del incremento de llamadas al 016 entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento que tuvo lugar debido a la pandemia de Covid-19.

Bonnet explicó que, mientras que el primer trimestre se registraron 681 llamadas de la propia usuaria, en el segundo la cifra llegó a 1.045. En el caso de las familias y personas allegadas, se produjeron 292 llamadas en el primer trimestre, por 392 en el segundo trimestre, y las llamadas realizadas por otras personas fueron 57 en el primer trimestre, por 73 en el segundo.

No se trata de datos esperanzadores, afirmó Vallejo, que lamentó que el confinamiento a causa de la pandemia ha exacerbado los aspectos más negativos de la violencia de género, como el secretismo o las conductas machistas que se observan entre la gente más joven.

Por su parte, la directora general indicó que se podría pensar que el periodo de confinamiento o la declaración del estado de alarma supusieron un momento de desaparición de los casos de violencia de género, pero que, en realidad, no fue así. En marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas; en abril, en pleno confinamiento, una más; en mayo, otras dos; en junio, una más, y ya en julio la cifra volvió a ascender a cuatro y se multiplicó por dos en agosto, llegando a ochos las mujeres asesinadas. La única víctima mortal de abril lo fue, además en Canarias, remarcó Bonnet.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus maltratadores, con dificultades para acceder a servicios de ayuda, advirtió Bonnet. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

Además, Bonnet, adelantó que la DGRAJ ha encargado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres un estudio sobre la perspectiva de género en las normas dictadas en materia de justicia durante el periodo de confinamiento con la intención de verificar el grado de cumplimiento del propio legislador, o del Ejecutivo cuando dicta normas jurídicas y de la observancia de la perspectiva de género. La directora general, que al igual que la viceconsejera, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su invitación a participar en la sesión inaugural de las jornadas, afirmó que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como señala Naciones Unidas, apostilló Bonnet.

En este sentido, explicó que, si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como más niñas están escolarizadas, que se obligue a menos niñas al matrimonio precoz, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, o que las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades, como el hecho de que siguen siendo generalizadas las leyes y normas sociales discriminatorias.

Vallejo también se refirió a las conquistas en el terreno legal que permiten hablar hoy día de un importante recorrido en esta materia, a pesar de los malos datos. El hecho de que las normas hayan reconocido la existencia de la violencia de género es, en sí mismo, un paso de gigante en relación al panorama anterior, explicó Vallejo, que repasó algunas situaciones en las que aún queda mucho trabajo por hacer, como la situación de las y los menores, las y los grandes olvidados en estos casos.

Bonnet afirmó que la pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto aún más el desequilibrio entre las mujeres y los hombres, y señaló que, según las Naciones Unidas, las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Además, también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan mayoritariamente en mercados laborales inseguros. Explicó que cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, especialmente en trabajos domésticos o itinerante, como la venta de productos, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

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La viceconsejera de Justicia participa en la presentación del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote

El acto tendrá lugar de manera telemática con unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, presentará el próximo 28 de octubre el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre gracias a una subvención concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez. Con motivo de este acto se celebrarán, de manera telemática, unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género.

En dichas jornadas se contará con tres ponencias que analizarán y expondrán la organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de Lanzarote, la normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al finalizar cada ponencia habrá turno para el debate entre ponentes y asistentes.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas; y el juez decano del Partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz. Posteriormente tendrá lugar la primera de las tres ponencias del día que versará sobre El Nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife: Organización y Funcionamiento y en la que participa la psicóloga-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, Daura Hernández.

La siguiente ponencia la dará la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien hablará sobre El futuro reglamento de Puntos de Encuentro Familiar, que en la actualidad se está elaborando tras haber estado abierto a consulta ciudadana. Por último, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Silvia Muñoz, cerrará la jornada con su conferencia Punto de Encuentro y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las jornadas, que son gratuitas, están dirigidas principalmente a profesionales jurídicos, aunque también están abiertas a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que que puedan tener interés en el funcionamiento, gestión, fines y objetivos de los puntos de encuentro familiar. Para asistir a ellas hay que completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.jornadaspuntodeencuentroarrecife.com.

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote está situado en el barrio de Altavista, en Arrecife, y está gestionado por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia, a través de una subvención de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Durante este 2020 la Consejería ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales en Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura, que se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En todos estos centros, las prestaciones de los servicios corren a cargo de ONG especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

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Los IML incorporan a diez profesionales de la psicología para atender a víctimas de violencia de género

La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

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