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La CAPJS celebra la modificación de la regulación legal de los contratos menores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que esta modificación tiene especial trascendencia en los pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor, y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aplaude la simplificación de los procedimientos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores.

La nueva norma modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, al resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Pérez recalca que esta modificación legal tiene especial trascendencia en aquellos pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía.

No obstante, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la virtualidad del contrato menor no debe hacer olvidar la conveniencia de una adecuada planificación de la contratación y de las ventajas que dan los sistemas de racionalización de la contratación pública, cómo pueden ser las centrales de contratación que puedan crearse en los cabildos y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que los pequeños y medianos municipios puedan adherirse.

Estos servicios especializados, puntualiza Rodríguez, procederían a la tramitación de los expedientes de manera más eficiente, en tiempo y coste, celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios.

En concreto, la norma establece que se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En los contratos menores, señala la norma, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Sin embargo, esto no será de aplicación en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

Asimismo, requiere la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y aclara que en el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Otros asuntos

Entre otros muchos asuntos, el decreto hace la transposición de distintas directivas europeas en materia de seguros; las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo; la imposición de los intercambios entre los Estados de la UE, y los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

En lo que se refiere al sistema legal de contratación pública, afirma que es en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, “inequívocamente más ambicioso y extenso”, en gran medida por imperativo de las directivas comunitarias que transpone, y que persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica.

En concreto, en lo relativo a la contratación explica que el contenido se centra en la transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas las entidades que no sean la Administración Pública, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación. La norma también señala como principios que han de regir la contratación los ya tradicionales de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia a los que, como novedad, añade el de libre competencia, y los de garantía de la unidad de mercado y de garantía de la unidad de mercado.

Además, incluye un mandato inequívoco para que se incorpore de manera transversal, tanto en la configuración como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y se impone la obligación de tomar medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por incumplimiento de estas obligaciones.

También se regulan, por primera vez, las consultas al mercado tanto para planificar las licitaciones como para informar de sus planes de contratación, y se exige, con carácter general, que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; además de imponer la obligación de contar con un perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante.

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

Con el acuerdo se da cumplimiento a la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado que tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La sesión constitutiva de la Comisión se celebrará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente decreto.

Con esta norma se da cumplimiento a dicha ley canaria, que prevé en su artículo 11 la creación de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor. Asimismo, ese artículo recoge un mandato al Ejecutivo canario para establecer reglamentariamente el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

El decreto recoge la funciones de la Comisión Técnica, entre las que están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018; elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, e informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, atañe a la Comisión Técnica la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Composición de la Comisión

El decreto, que incluye las observaciones recogidas en el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, establece que la citada Comisión estará compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y un máximo de 12 vocales, así como una persona en la Secretaría. La presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por ella.

Habrá tres vicepresidencias. La primera corresponderá a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de patrimonio cultural o la persona designada por ella; la segunda, a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de educación o la persona designada por ella, y la tercera, a una persona de entre las personas vocales representantes de las asociaciones de la memoria histórica de ámbito canario.

Respecto a las personas que ocuparán las vocalías, tres serán designadas por las asociaciones para la memoria histórica de ámbito canario, una de las cuales será la que desempeñe la Vicepresidencia tercera de la Comisión; otra persona será designada por las asociaciones canarias de menores sustraídos en el ámbito de aplicación de esta ley, y otra más por los institutos de medicina legal de ámbito canario.

Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria elegirán una persona por cada institución académica, otra será propuesta por cada uno de los archivos históricos provinciales de Canarias; una más por la Federación Canaria de Municipios y otra persona será designada por la Federación Canaria de Islas.

Además, cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones conjuntas con algún cabildo insular o corporación municipal, estas entidades designarán un máximo de dos vocales que las representen.

El Gobierno de Canarias impugna 12 acuerdos de entidades locales durante el segundo semestre de 2019

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia es la competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia durante el segundo semestre de 2019 para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, e informó de que en dicho período se han llevado a cabo 12 impugnaciones y cuatro desistimientos.

Las impugnaciones tienen que ver con actos o acuerdos del Cabildo de El Hierro y de los ayuntamientos de Garachico, Valleseco, Agulo, Mogán (2), La Orotava, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Tejeda, Garafía y Los Silos. Además, se dieron cuatro desistimientos de las acciones jurisdiccionales de impugnación de actos o actuaciones de entidades locales al desparecer el objeto del proceso.

En virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la Viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia asume las competencias en materia de administración local.

Autorizada la emisión de acciones aptas para la RIC para rehabilitar un complejo turístico en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias considera que la inversión prevista y la forma de materializar la RIC es solo apta para financiar las obras de rehabilitación y mejora del complejo, no así la adquisición

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, declaró en su reunión de este jueves la idoneidad “parcial” de la emisión de acciones por parte de la sociedad de capital riesgo A&G CAPITAL INVESTMENT PARTNERS SCR, SAU, para financiar el proyecto de adquisición y rehabilitación del Apartahotel Morasol Atlántico, en Fuerteventura, para la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Dicha sociedad, que tiene la consideración legal de entidad financiera, prevé emitir 120 nuevas acciones nominativas de 10.000 euros cada una, cuyo desembolso será dinerario y se destinará, en su totalidad, a la concesión de un préstamo participativo a Procontursa, la empresa promotora, por importe de 1.200.000 euros para la financiación parcial del proyecto de adquisición y rehabilitación del Apartahotel Morasol Atlántico. La suscripción de las acciones es lo que se pretende que sea declarada apta para materializar la RIC.

Este proyecto privado, que se pretende financiar parcialmente mediante el citado préstamo, consiste en la adquisición del complejo turístico, propiedad de la sociedad Explotaciones Turísticas Morasol, SL, entidad vinculada a Procontursa, pues ambas empresas pertenecen al mismo grupo empresarial cuya matriz es la sociedad Inherit, con un coste de adquisición de 5.208.047 euros (incluido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y la posterior rehabilitación, mejora y adaptación de las condiciones de accesibilidad del complejo, cuyo presupuesto de obra asciende a 533.076 euros.

El carácter parcial de la declaración de idoneidad viene determinado al considerar sólo válido para materializar la RIC la suscripción de acciones para financiar en exclusiva las obras de rehabilitación y mejora del complejo turístico por importe de 533.076 euros, no admitiendo la materialización de la RIC de la parte de financiación destinada a la adquisición de este, según el informe vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ya que, según informa, la doctrina administrativa ha puesto de manifiesto que en las operaciones internas dentro de un mismo grupo mercantil (como la que nos ocupa, en la que hay un simple desplazamiento patrimonial entre sociedades del mismo grupo) no existe un auténtico esfuerzo inversor, y por tanto no es susceptible de materializar la RIC.

La Ley económica del REF prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo a lo regulado en el propia ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La asistencia gratuita y el turno de oficio reciben 14,8 millones de euros en el segundo semestre de 2019

Los cuatro colegios de abogados de Canarias ingresan 12,9 millones, mientras que los dos colegios de procuradores captan 1,8 millones

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2019 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 14.839.053,30 euros.

Se cumple así con la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Esas ayudas, concedidas por la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y por el actual departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 12.997.114,84 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.841938,46 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, 5.944.764,3 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 5.653.724,85 al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 866.287,62 al de Lanzarote, y 532.338,07 al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 966.435,42 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 875.503,04 euros.

El Gobierno de Canarias concede 245.000 euros en subvenciones directas para los Puntos de Encuentro Familiar

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad otorgó en el último trimestre de 2019 un total de 425.070,02 euros en ayudas a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife, Cruz Roja, Involcan y el Consejo Canario de Colegio de Procuradores

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, concedió durante el cuarto trimestre de 2019 un total de 425.070,02 euros en subvenciones directas a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife, la Cruz Roja, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el Consejo Canario de Colegio de Procuradores. Del total del importe de las ayudas, 245.000 euros están destinados al programa de Puntos de Encuentro Familiar.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, de estas ayudas en cumplimiento de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que señala que trimestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por parte del titular del departamento respectivo.

En relación a las ayudas otorgadas para los Puntos de Encuentro Familiar, espacios neutrales que favorecen las relaciones de los menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar, la Consejería, por orden del 1 de octubre de 2019, otorgó 149.931,23 euros a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife para este programa en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la Cruz Roja Española, a través de dos órdenes del 29 de octubre de 2019, recibió 31.570,11 y 32.000 euros para el programa en El Hierro y La Palma, respectivamente; y por orden del 21 de noviembre de 2019, dicha ONG recibió 31.568,68 euros para el mismo programa en La Gomera.

Por otro lado, en una orden del 18 de noviembre de 2019, la Consejería confirió 100.000 euros al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para un proyecto de potenciación de sistemas de vigilancia y prevención relacionados con el riesgo volcánico.

Mientras, el 11 de noviembre de 2019 se subvencionó con 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos de 2019.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio destina 300.000 euros a la Feria de Artesanía de Canarias

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la suscripción de un convenio con el Cabildo de Gran Canaria, al que se encomienda la organización

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla, destinará 300.000 euros a la organización de la 36ª Feria de Artesanía de Canarias. El Gobierno de Canarias autorizó este jueves la suscripción de un convenio de encomienda de gestión con el Cabildo Insular de Gran Canaria para la organización de esta convocatoria.

Con el fin de fomentar la comercialización del producto artesano, el Cabildo de Gran Canaria ha propuesto celebrar la 36ª Feria de Artesanía de Canarias, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, entre los días 4 al 8 de diciembre de 2020, ya que el pasado año se celebró en la isla de Tenerife.

Para su organización se celebra el correspondiente convenio de encomienda de gestión con el Cabildo Insular de Gran Canaria, por la mayor proximidad y conocimiento del Cabildo respecto a las personas artesanas participantes, así como los medios humanos de los que dispone, lo que redundará en una mayor eficacia en la organización del citado evento y permitirá al Cabildo organizador la facultad para resolver cualquier problema que pudiera surgir durante la preparación o desarrollo de este.

La suscripción del convenio por parte de la consejera Yaiza Castilla requiere autorización previa del Consejo de Gobierno de Canarias, en virtud de lo previsto en el artículo 46.2 la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

Para el ejercicio de las competencias conferidas a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en materia de artesanía este departamento desarrolla programas y acciones a través de sus propios servicios administrativos o mediante la formalización de los convenios que considere oportuno establecer con otras entidades, organismos, instituciones y particulares, al amparo de la legislación vigente y con la finalidad de coordinar los distintos recursos y servicios destinados a la mejora de la situación del sector artesano de Canarias.

La Dirección General de Industria es el centro directivo competente para la gestión de la citada Feria de Artesanía y, en consecuencia, será el responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos objeto de encomienda. El jefe del Servicio de Fomento Industrial y Artesanal actuará como director de la encomienda.

Por su parte, el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene atribuidas las competencias que en materia de artesanía se establecen en la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias, entre las que figuran las de promover, subvencionar, coordinar u organizar ferias de artesanía insulares, comarcales y locales o de asociaciones que no excedan del territorio insular.

Entre los trabajos a realizar destaca la adecuación del recinto a las necesidades derivadas de la realización de la feria para poder albergar a 140 personas artesanas, además de ocho estands institucionales, uno para el Gobierno de Canarias y otro para cada cabildo insular, así como para alguna otra institución vinculada a la cultura canaria (especialmente en el área de artesanía) que se pudiese acordar invitar por parte de las entidades firmantes del convenio, con el fin de crear sinergias que puedan contribuir a la promoción de la artesanía o a la captación de visitantes.

Podrán participar en la feria las personas artesanas y empresas artesanas que estén en posesión del carné de artesano o documento de calificación de empresa artesana en vigor, inscritos, en situación de alta, en el Registro de Artesanía de Canarias. Asimismo deben tener el derecho al uso de la marca Artesanía Canaria.

El número máximo de personas artesanas seleccionados para participar será de 140.

El Gobierno de Canarias podrá invitar a una persona artesana de cada isla para la realización de un acto de reconocimiento honorífico en atención a su trayectoria o al desempeño de un oficio en riesgo de desaparición.

Alicia Vanoostende recoge las demandas de la cofradía de pescadores de Tazacorte

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, visitó junto al director general de Pesca, Carmelo Dorta, y el consejero insular de Pesca, Adrián Hernández Montoya, la Cofradía de Tazacorte en La Palma

La consejera, Alicia Vanoostende, indicó que esta visita se enmarca dentro de la ronda de contactos que desde la Consejería se están llevando a cabo con las distintas cofradías de pescadores del archipiélago y cuyo objetivo es, por un lado, conocer de primera mano las necesidades y demandas del sector viendo in situ las instalaciones y por otro, poder explicar las políticas que desde el área se están aplicando.

Durante la reunión mantenida con los representantes de la cofradía se trataron importantes temas que preocupan a todo el sector pesquero de las islas, como la distribución de las cuotas de túnidos, la orden nacional de balizamiento, la utilización de los espacios portuarios, los problemas que genera al sector la pesca furtiva, los protocolos que se han de llevar a cabo para la detección de la ciguatera, así como la necesidad de elaborar un plan de viabilidad que permita la autofinanciación de las cofradías canarias.

Por su parte, la Cofradía de Tazacorte puso sobre la mesa cuestiones que le afectan de forma particular como es la renovación y mantenimiento de varias infraestructuras como la grúa, el travelling y las cámaras de frío. En el ámbito formativo plantearon la posibilidad de ampliar la oferta formativa de la Isla incluyendo la rama de pesca en la Escuela de Capacitación Agraria. También plantearon incorporar mejoras en el protocolo de los puntos de primera venta.

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El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria se coordinan para trabajar en la atención de familias con menores

Los directores general de Derechos Sociales y de Protección a la Infancia y la Familia y la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria celebraron una reunión de trabajo sobre este asunto

“Desde el Gobierno estamos afrontando la atención de las familias en situación de exclusión social con menores a cargo con una herramienta fundamental como ha sido la modificación de la Prestación Canaria de Inserción que ha permitido incorporar a aquellas unidades de convivencia que, desde 2007 a 2019 cobraron la ayuda, y ya no la podían volver a cobrar”, afirmó el director general de Derechos Sociales, Jonás González, en el marco de la reunión de trabajo celebrada hoy con la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, María Concepción Monzón, y la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, para abordar posibles líneas de cooperación entre la oficina insular de antidesahucios y el Ejecutivo canario.

“De hecho, con el cambio de la Ley de la PCI, aproximadamente 5.600 familias con menores a cargo que antes no tenían ningún derecho a cobrar esta ayuda, a partir del 1 de enero, pueden volver a solicitarla”, indicó González, quien añadió, como una segunda línea de actuación, que el Gobierno canario trabaja con los ayuntamientos y entidades sociales para la distribución de los 18 millones de euros para pobreza que vinieron del Estado “para que lleguen cuanto antes a las familias que peor lo están pasando en Canarias”.

“Además, avanzó González, estamos valorando, en coordinación con el área de Vivienda del Gobierno canario, la posibilidad de crear un complemento de vivienda dentro de la futura Ley de Renta ciudadana, que permita a las familias hacer frente a los pagos de alquiler de una vivienda”.

Por su parte, la consejera insular de Vivienda, María Concepción Monzón, aseguró que “el punto de inflexión de la exclusión social es la pérdida de la vivienda, por eso, hacemos un llamamiento a las familias que se encuentran en situación de desahucio a que acudan a las administraciones competentes para buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde”.

En cuanto a la atención de la infancia de familias en esta situación, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, recordó que el hecho de que las familias se encuentran en una situación de dificultad económica “no es motivo para que el Gobierno asuma la tutela de los menores, por eso, es importante insistir a las familias con menores a cargo que estén pasando momentos complicados a que acudan sin miedo a los servicios sociales y poder ofrecerles alguna solución a su situación”.

Hecansa organiza unas jornadas formativas gastronómicas con el chef gomero estrella Michelin Miguel Navarro

Del 10 al 13 de febrero, un equipo del restaurante Es Fum de Mallorca dirigido por el chef canario compartirá con los alumnos sus conocimientos

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), centro adscrito a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, organiza unas jornadas gastronómicas en su Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife a cargo del chef gomero Miguel Navarro y parte su equipo en el Restaurante Es Fum.

Este conocido restaurante que ostenta una estrella Michelin está situado en el Hotel St. Regis Mardavall que la cadena Marriott tiene en la isla de Mallorca.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, agradece la colaboración de Navarro y su equipo y destaca la importancia que este tipo de actividades tiene para los alumnos de Hecansa, “no solo a nivel formativo, sino también por la importante motivación que imprimen a los estudiantes al encontrarse con referentes cercanos con los que se pueden identificar y que han logrado el éxito profesional”.

“Es una manera muy interesante de consolidar la vocación de los alumnos y alumnas y de enseñarles de una forma diferente. Uno de los sellos que han marcado la excelente formación de Hecansa a lo largo de sus 30 años de vida”, señala  Castilla.

Hasta Tenerife se desplazarán el chef ejecutivo del restaurante Es Fum, el gomero Miguel Navarro, su segundo jefe de Cocina, la Maître, la jefa de Pastelería y los responsables de Recursos Humanos de la cadena Marriott.

El Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife acogerá entre el 10 y el 13 de febrero

varias actividades dirigidas al alumnado que se enmarcan dentro de estas jornadas gastronómicas. Entre ellas, dos clases magistrales impartidas por la Maître sumiller del restaurante, la jefa de Pastelería y el chef ejecutivo y una charla a cargo de los responsables de Recursos Humanos de Marriott destinada a los alumnos de segundo curso, en la que les ofertarán puestos de prácticas.

Como plato fuerte, el jueves 13 de febrero se realizará una cena, organizada y elaborada por el equipo de Es Fum con los alumnos de Hecansa, que estarán trabajando con ellos en las cocinas desde el 11 de febrero.

 

Sobre Miguel Navarro

Nacido en La Gomera, Miguel Navarro comienza su andadura profesional a los 16 años como aprendiz en el restaurante familiar en San Sebastián de La Gomera. Posteriormente cursa sus estudios de Hostelería en Tenerife, donde trabaja en varios establecimientos hoteleros entre los que se encuentran el restaurante Mesón El Drago o el Hotel Mencey.

En el año 2000 realiza sus primeras prácticas en el restaurante tres estrellas Michelin Martín Berasategui, en el País Vasco, y en 2005 se incorpora al Hotel Ritz-Carlton Abama, donde forma parte del equipo que, bajo la dirección de Martín Berasategui, logra la primera estrella Michelin para su restaurante, MB.

Tras lograr la segunda plaza en el campeonato regional de cocineros de Canarias, en 2010 empieza a trabajar en Alemania con el chef Sven Everfeld en el restaurante con tres estrellas Michelin Aqua.  Durante tres años formó parte del equipo de Martín Berasategui en Barcelona, ejerciendo de segundo jefe de Cocina de Paolo Casagrande en el restaurante Lasarte, con tres estrellas Michelin.

También ha realizado periodos de aprendizaje en los restaurantes de tres estrellas Michelin Piazza Duomo, en Italia, y Azurmendi, en Bilbao, así como en el Celler de Can Roca, en Girona.

Desde 2017 es el chef ejecutivo del restaurante con una estrella Michelin Es Fum, situado en el Hotel St. Regis Mardavall que la cadena Marriott tiene en Mallorca.

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