El acuerdo dota al Convenio de mayor flexibilidad, garantiza su estabilidad financiera y asegura la culminación de las obras en marcha de todas las islas
Rodríguez insiste en que esta rúbrica supone un avance decisivo en la conectividad de Canarias y permite abrir la puerta al próximo Convenio Canarias-Estado
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, han firmado hoy la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027. En el acto también ha estado presente la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián.
La nueva adenda amplía la vigencia del convenio hasta 2030, introduce mayor agilidad en la gestión de las inversiones y garantiza la culminación de las actuaciones previstas. Además, permite la redistribución de remanentes, la actualización del importe total –que asciende a más de 1.400 millones de euros– y completa la incorporación de actuaciones heredadas del convenio de 2006.
Rodríguez ha destacado que la firma supone “un paso decisivo para asegurar la estabilidad financiera del convenio, adaptarlo al ritmo real de ejecución de las obras y garantizar que el Estado cumpla con Canarias y con la ciudadanía”.
Asimismo, ha subrayado que, en estos momentos, “hay obras en marcha en prácticamente todas las islas, proyectos de enorme importancia que mejoran la conectividad, la seguridad y la movilidad en cada territorio”. En este sentido, ha recordado que ya están comprometidos más de 1.000 millones de euros, adjudicados y contratados, y ha anunciado que “antes de que finalice el año licitaremos el resto del convenio”.
El consejero ha recalcado que esta adenda no solo refuerza el presente convenio, sino que abre la puerta al futuro. “Dejamos este acuerdo prácticamente en piloto automático para que siga ejecutándose y, al mismo tiempo, comenzamos a trabajar en el siguiente convenio Canarias-Estado, que debe dar continuidad a este esfuerzo y permitir seguir modernizando la red de carreteras de interés general del Archipiélago”.
Por último, Rodríguez ha recordado la trascendencia histórica de este acuerdo que, además, elimina una cláusula del convenio de 2018 que impedía la firma de nuevos. “Este es ya el tercer convenio Canarias-Estado en materia de carreteras. Cada uno ha supuesto un salto muy importante en la mejora de la conectividad del Archipiélago, y este lo está haciendo también. Para nosotros es fundamental y estamos enormemente satisfechos”.
En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos con un total de 73,3 millones de euros certificados, lo que refleja un ritmo de ejecución que ya supera el 43% y mantiene comprometido más del 73% del total previsto. “Estamos en la fase final de este acuerdo, con obras en marcha en todas las islas, y con esta adenda aseguramos que se culminen con éxito”, ha concluido Rodríguez.
El consejero y la directora de Infraestructura Viaria asisten a la convocatoria de la Comisión Bilateral para acometer el segundo libramiento anual del convenio
El Ejecutivo y el ministerio firmarán, antes de finalizar el año, una adenda que permitirá reprogramar las anualidades y modificar una cláusula que impedía la posibilidad de firmar nuevos convenios
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han participado en la reunión de la Comisión Bilateral sobre el Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027, en la que la Consejería ha certificado más de 176 millones de euros de la actual anualidad.
En la reunión también han estado presentes el director general de Carreteras del Ministerio, Juan Pedro Fernández Palomino, y la subdirectora general de Coordinación, Ana Martínez Pérez-Beato, así como otros representantes de ambas administraciones vía online.
El consejero ha destacado que “la Dirección General de Infraestructura Viaria ha ejecutado la mayor cantidad hasta la fecha, desde el año 2018, algo por lo que hemos recibido la felicitación del propio Ministerio”. Se trata del segundo encuentro, tras el celebrado el pasado mes de septiembre, en el que se realiza este segundo libramiento, de 79.240.431,61 euros, y que sumado a los 33 millones de euros correspondientes a expropiaciones de obras del convenio antiguo, suman 210 millones de euros, la anualidad máxima que se podía certificar en 2024.
Además, el Ejecutivo ha acordado con el Estado la firma de una nueva adenda al Convenio de Carreteras, que se prevé cerrar antes de final de año, que va a incluir, entre otras cuestiones, una reprogramación de las anualidades y modificar una cláusula que se recogía en el documento inicial y que impedía la posibilidad de firmar nuevos convenios.
Pablo Rodríguez ha explicado que “tras la firma del convenio acordado en 2018, se puso en cuestión que una cláusula limitaba la posibilidad de firmar nuevos convenios con obras o actuaciones incluidas en el vigente. Eso quedaría recogido en esta nueva adenda, que nos permitirá pensar ya en un nuevo horizonte, con la firma de un nuevo convenio cuando este finalice”.
Cabe destacar que en esta adenda también se propone la inclusión de nuevos proyectos, como la adecuación a la normativa europea de los túneles de Adolfo Cañas y Piedra Santa, en Gran Canaria.
Actualmente, el Gobierno ha ejecutado el 40% del convenio, con el 70% del acuerdo actual comprometido, a falta de cerca de 400 millones de euros, que quedan pendientes de licitar antes del primer semestre de 2025.
El Gobierno de España ya abonó a la Comunidad Autónoma los 134,5 millones de euros de la obra ejecutada y los otros 273 millones los abonará en las anualidades 2026 y 2027 del actual Convenio que no contaban con partida presupuestaria
“Ahora hay que trabajar de cara al futuro para que la experiencia vivida en los últimos diez años con este convenio no se repita, una situación que tiene responsables políticos: los que estaban entonces en el Gobierno central y no cumplieron con el Convenio de Carreteras”, afirmó el consejero de Obras Públicas
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha informado en la comisión celebrada en el Parlamento de Canarias que la deuda del Estado con Canarias por el anterior Convenio de Carreteras quedó cerrada el pasado 29 de diciembre cuando se firmó la adenda al actual convenio para incorporar 407 millones de euros más a las carreteras de las islas. “El pasado 29 de diciembre firmé la adenda al Convenio 2018-2027, que por cierto hemos firmado sin mayor publicidad, y con eso damos por cerrada y liquidada la deuda de 1.000 millones que mantenía el Estado con Canarias”, señaló Franquis, “lo firmamos en la fecha que tocaba y ya salió publicado tanto en el BOE como en el boletín de la Comunidad Autónoma porque algunos van por ahí diciendo que estamos estirando el conflicto de carreteras todo este tiempo hablando mucho más de publicidad que de resolución del conflicto de forma definitiva. Ahora que lo hemos resuelto no he oído a nadie, a ningún responsable político de esta comunidad, especialmente las fuerzas políticas que no son del gobierno, hacer algún comentario respecto a ese asunto. Nadie. Un asunto que ha ocupado prácticamente las portadas de la prensa, de la radio y las televisiones todos estos últimos años. Llevamos diez años hablando del Convenio de Carreteras y ahora está definitivamente resuelto. Yo sé que esto a algunos les molesta porque les hubiera gustado que este tema se siguiera extendiendo, pero lo hemos resuelto definitivamente el 29 de diciembre”.
Tras aprobar el Gobierno de España en diciembre pasado, la adenda con la que se saldaba de forma definitiva la deuda histórica de más de 1.000 millones de euros del anterior Convenio de Carreteras (2006-2017), esta adenda se firmó de manera oficial el pasado 29 de diciembre con la firma de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la del propio consejero Sebastián Franquis, poniendo fin a más de diez años de incidencias e incertidumbre en la financiación de las principales infraestructuras viarias de Canarias.
“Sabíamos que esta cuestión era uno de los principales a resolver por eso, inmediatamente al llegar al Gobierno de Canarias nos pusimos en marcha para negociar con el Gobierno de España el pago de esa deuda, en lo que hemos llamado la política del entendimiento y del acuerdo que se ha materializado con la firma de la adenda hace mes y medio”, manifestó Franquis, “cuando decimos siempre que lo fundamental es utilizar la política como instrumento útil para solucionar problemas de la ciudadanía, la negociación del pago de esta deuda es un buen ejemplo de ello, un buen ejemplo para mostrar lo que significa la política útil y lo que significa el diálogo y el entendimiento. Nos comprometimos cerrar este asunto en esta Legislatura y así lo hemos hecho”
Para dar cumplimiento a este compromiso para liquidar la deuda, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el abono a la Comunidad Autónoma de Canarias de 407.464.744 euros de la deuda por obra no ejecutada del convenio anterior. Este pago se ejecutó en enero en dos partidas. Por un lado, el pago de 134.475.989 euros de las obras del anterior convenio de carreteras que fueron ejecutadas por el Gobierno de Canarias con fondos propios entre los años 2018-2022.
El otro pago por parte del Estado, con el que se completa la deuda de 407,4 millones de euros, corresponde a la suscripción de la adenda al actual convenio de carreteras por un importe de 272.988.755 euros. La adenda, de casi 273 millones de euros, se liquidará en dos anualidades a repartir entre los años 2026 y 2027 del actual Convenio de Carreteras (2018-2027), anualidades que hasta ahora no contaban con ninguna aportación dineraria. Con esta adenda, el actual Convenio pasará de los 1.200 millones firmados en 2018 a disponer de 1.473 millones de euros.
“El nivel de inversión en carreteras estará, con lo que ya nos han pagado y lo que está previsto ingresar por esa adenda en el actual Convenio de Carreteras, en torno a los 280, y en algunos casos, los 300 millones de euros de inversión por año en infraestructuras viales. Canarias en toda su historia no ha superado nunca los 220 millones de euros en ejecución en carreteras en un solo año”, explicó el consejero Sebastián Franquis, “por eso vamos a distribuir los 273 millones que ya están comprometidos por la adenda en esas dos anualidades que no tienen ficha presupuestaria ahora mismo”.
La deuda por los incumplimientos del Estado con Canarias cuando gobernaba el Partido Popular a nivel nacional superó los 1.000 millones al juntarse la deuda por obra adelantada y ejecutada por el Gobierno canario con fondos propios entre 2012 y 2018 (500 millones más los intereses), con la deuda de más de 400 millones por la obra que no se pudo empezar por falta de presupuesto del Gobierno de España.
Esa deuda fue reclamada por la administración regional por la vía judicial, que dio la razón a Canarias frente al Estado. Sin embargo, el anterior Gobierno de España en manos del Partido Popular, puso siempre pegas a este pago, por lo que tuvo que ser el actual Gobierno de Canarias el que, siempre desde la colaboración y el diálogo, resolvió esta deuda con el Gobierno estatal liderado por Pedro Sánchez.
“Lo fundamental es que hemos resuelto un conflicto económico y político con el Gobierno de España y lo hemos resuelto de la mejor manera posible, utilizando la política para lo que debe ser, para resolver los problemas de la ciudadanía. Lo hemos hecho con el diálogo y con el entendimiento, alejados del ruido, del escándalo, que es a lo que estaban acostumbrados otros, precisamente para ocultar su déficit de gestión a la hora de solucionar este asunto y otros asuntos de nuestra Comunidad autónoma”, añadió Sebastián Franquis, “hemos resuelto este problema de forma definitiva y, afortunadamente para Canarias, positivamente. Ahora hay que trabajar de cara al futuro, para que la experiencia vivida con este convenio no se repita en los próximos años y evitarnos nuevos problemas. Porque esta situación que hemos vivido en los últimos diez años tiene, lógicamente, responsables políticos: los que estaban en el Gobierno central y no cumplieron con el Convenio de Carreteras con Canarias, que fueron recortando y recortando presupuestos en infraestructuras a esta Comunidad, algo que no se atrevieron a hacer en otras comunidades del Estado”.
El presidente autonómico resalta la aprobación de la adenda al actual convenio por 407,5 millones, que se suman a los 38 ya abonados y a los 500 ya reconocidos e incluidos en los Presupuestos del Estado para Canarias en 2021, 2022 y 2023
Junto con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, Torres recalca el acierto de apostar por la negociación para resolver un problema de 10 años
El jefe del Ejecutivo cree bien enfocadas las medidas aprobadas hoy por el Gobierno de España para seguir afrontando la inflación
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó este mediodía la importancia de que el Consejo de Ministros de hoy haya resuelto, de forma definitiva, el conflicto de carreteras originado desde hace 10 años por incumplimiento del Ejecutivo español presidido por Mariano Rajoy del convenio 2006-2017. Torres compareció en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. Según remarcó Torres, el respaldo a la firma de una adenda por 407,5 millones de euros en las próximas semanas demuestra el acierto de la apuesta de ambos gobiernos por el diálogo y la negociación, a la vez que “zanja una injusticia que cometió el Gobierno del PP solo con la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Torres cree muy importante que se ponga “punto final a este conflicto con la autorización de esa adenda”, cuya cantidad (407 millones) se suma a los 500 millones de euros ya reconocidos e incluidos en los presupuestos regionales de 2021 (100 millones), 2022 (200) y 2023 (otros 200 millones más 40 por intereses de demora), previa transferencia del Estado. El presidente recordó el daño que supuso el incumplimiento de aquel acuerdo por parte del Gobierno de Rajoy “porque hubo que parar o frenar obras adjudicadas, algo que solo se hizo con Canarias. La sentencia fue contundente, pues no se puede eliminar un convenio cuando hay obras ejecutándose por mucho que se acojan a la crisis, aparte de que se incumplía el REF, iba en contra de nuestro fuero y perjudicaba la economía y la conectividad”. Según remarcó, “se pisoteó a una Comunidad y, por eso, fue una gran decisión entonces acudir a la justicia”.
No obstante, el jefe del Ejecutivo canario considera aún más importante que, “ahora, y sin ir de nuevo a la justicia, se resuelve el conflicto con la negociación”. Torres espera que lo ocurrido “no vuelva a producirse, pero que tampoco se olvide, pues el PP dice que el Gobierno de España incumple ahora el REF sin ponerse rojo. Son mil millones que quedan resueltos”, insistió.
500 millones para gasto ordinario: financiación de servicios esenciales y obras
Por su parte, Román Rodríguez recordó que, en 2018, los 500 millones reconocidos se colocaron en la contabilidad nacional como superávit de Canarias y que el Gobierno regional esto no lo aceptó, “pues eso no habría impactado en la vida de los canarios ya que iría solo a amortizar deuda pública de la Comunidad Autónoma. Por eso, suscribimos un acuerdo y reclamamos que se pudieran destinar esos 500 millones a gasto ordinario de cualquier ámbito competencial, así como que se buscara una fórmula para que lo conveniado y no ejecutado también se traspasara a la Comunidad, algo que hoy se cumple, aunque no era sencillo”.
Torres: “Con la adenda autorizada hoy al Convenio de Carreteras se resuelve por fin un problema de 1.000 millones»
Rodríguez insistió en que se ha resuelto algo “que genera Rajoy y que no resuelve el Gobierno de Canarias de 2015 a 2019, sino ahora nosotros. Había 500 millones en el limbo y se han gastado en la prestación de servicios y en obras desde 2021, mientras que hoy se han aprobado los 445 millones, de los que ya se han ejecutado 38 (la resta es la cifra de 407 millones)”.
En su intervención, Sebastián Franquis explicó que, en 2019, se certificó obra ejecutada antes de 2018 por esos 38 millones, por lo que la adenda se eleva a 407, “que son los aprobados hoy por el Consejo de Ministros”. El consejero recordó que, hace un mes, el Gobierno central autorizó a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a firmar la adenda y que el Ejecutivo regional puede certificar otros 134 millones de obra ejecutada, cifra que ahora se adelanta, “con lo que se salda la deuda sobre trabajos ejecutados y certificados (los 407 millones)”. De esos 134, 125 se certificaron el 15 de septiembre pasado y con otros 9 se hará en enero próximo.
Franquis también remarcó la importancia de resolver este conflicto de hace una década utilizando la política, el diálogo y el entendimiento. Según indicó, la firma de la adenda se prevé para las próximas semanas.
El consejero explicó que, para dar cumplimiento al compromiso de liquidar la deuda, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy el abono a Canarias de 407 millones de euros de la deuda por obra no ejecutada del convenio anterior (2006-2017). Ese pago se realizará en dos partidas. Por un lado, el abono casi inmediato y por adelantado de 134,5 millones de euros de las obras del anterior convenio de carreteras que no fueron ejecutadas antes de que venciera el citado convenio (2017) por falta de financiación del Gobierno estatal. El Gobierno de Canarias finalmente ha estado ejecutando esas obras del convenio anterior que se habían quedado descolgadas entre los años 2019 y 2022 con fondos propios.
El otro pago por parte del Estado, con el que se completa la deuda de 407 millones de euros, corresponde a la suscripción de la adenda al actual convenio de carreteras por un importe de 273 millones de euros. La adenda se liquidará en dos anualidades a repartir entre los años 2026 y 2027 del actual Convenio de Carreteras (2018-2027), anualidades que hasta ahora no contaban con ninguna aportación dineraria. Con esta adenda, el actual Convenio de Carreteras pasará de los 1.200 millones firmados en 2018 a disponer de 1.473 millones de euros.
La deuda del Gobierno de España con Canarias en materia de carreteras por los incumplimientos del anterior Convenio de Carreteras, 2006-2017, ascendía a principios de la legislatura a más de 1.000 millones de euros, tanto por obras ejecutadas (419 millones) entre 2012 y 2014 con fondos propios de la Comunidad como por la obra que no se pudo ejecutar por falta de fondos estatales (445 millones). Además, la deuda por obra ejecutada con recursos propios generó unos intereses de demora de 139,7 millones de euros; por tanto, la deuda por obra ejecutada asciende a 559,2 millones de euros. Esta deuda fue reclamada por la Administración regional por la vía judicial, que dio la razón a Canarias frente al Estado. Sin embargo, el anterior Gobierno de España, en manos del Partido Popular, puso siempre pegas a ese pago, por lo que tuvo que ser el actual Gobierno de Canarias el que, siempre desde la colaboración y el diálogo, resolviera el abono de esa partida con el Gobierno estatal. Con estos acuerdos del Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno de Canarias da por solucionada y liquidada la deuda que el Estado mantenía con esta Comunidad Autónoma.
Medidas contra la inflación del Gobierno central
Torres también se refirió al tercer paquete de medidas aprobadas hoy por el Gobierno de España para enfrentar la inflación desde la invasión rusa de Ucrania y remarcó su efecto en Canarias. No obstante, y como también hiciera el consejero de Hacienda, recordó que en Canarias no hay margen para rebajar los impuestos energéticos, al combustible o a los alimentos, ya que el IGIC está a cero en estos apartados. Además, considera un acierto que, como está haciendo el Gobierno de las islas, haya ayudas a los colectivos más afectados, como los agricultores o transportistas (a los que se les mantiene la subvención de 20 céntimos por litro de carburante), así como que se prorroguen iniciativas para evitar los desahucios, los cortes de luz y otros servicios básicos a las familias que no pueden afrontar estos gastos.
El presidente subrayó que, entre las iniciativas, hay un paquete de medidas prorrogadas para los afectados por el volcán de La Palma y expuso que, pese a las dificultades, Canarias ha mejorado su escudo social y ha impedido que unas 300.000 personas entren en riesgo de pobreza. Asimismo, recordó el paquete fiscal aprobado por su Gobierno con el Presupuesto de 2023 para rentas inferiores a 50.000 euros, los buenos registros de paro y de afiliación a la Seguridad Social, los datos del turismo en la temporada de inverno o los avances en la diversificación de la economía.
El consejero Sebastián Franquis califica el acuerdo del Consejo de Ministros como “una magnífica noticia” porque se va a poder poner fin definitivamente a la deuda del Convenio de Carreteras que dura más de una década
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha valorado hoy el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado ayer por el que se autoriza el gasto plurianual de 407,4 millones de euros en futuros ejercicios presupuestarios del Estado para hacer frente al pago de la Adenda sobre el Convenio de Carreteras 2018-2027 acordada entre ambos gobiernos. El consejero destacó que esta autorización garantiza el pago de la adenda acordada y, por tanto, la liquidación de la deuda que mantiene el Estado con Canarias por los recortes a los que fue sometido el anterior Convenio de Carreteras durante los gobiernos que presidió el Partido Popular.
“Estamos ante una gran noticia porque es el paso decisivo hacia la firma de la Adenda con la que vamos a acabar con una deuda que el Estado mantiene con Canarias desde hace 10 años”, aseguró Franquis, “es una magnífica noticia porque, tras el acuerdo de ayer del Consejo de Ministros, prácticamente se cierra de forma definitiva este conflicto del Convenio de Carreteras de más de una década, y porque se cumplen los plazos que había previsto el Gobierno canario de firmar la Adenda antes de final de año tras autorizar a la ministra a firmar este convenio”.
Según explicó el consejero, tras la autorización del gasto plurianual aprobada ayer en Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene ahora vía libre para tramitar la Adenda acordada y proceder a su firma. Gracias a esta Adenda, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda dispondrá de 407,4 millones de euros adicionales a los 1.200 millones del Convenio de Carreteras firmado en 2018. Estas anualidades se ingresarán a Canarias en las anualidades 2026 y 2027, que en el Convenio firmado en 2018 carecían de ficha presupuestaria. Gracias a esta adenda el actual Convenio pasará finalmente a disponer de 1.607,4 millones de euros.
El consejero de Obras Públicas explicó que con la Adenda pactada con el Ministerio se resuelve la deuda del Convenio de Carreteras por obra que no se pudo ejecutar en su momento ante la falta de presupuesto entre los años 2012 y 2018 debido a los recortes que ejecutó el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy a las obras de carreteras en Canarias.
“Este no ha sido un logro fácil, pero hemos puesto en valor la política y la negociación para resolver problemas a los ciudadanos y no crearlos”, afirmó Franquis, “nosotros, al llegar al Gobierno, entendimos que la deuda por las obras que no estaban certificadas era mejor negociarla, porque no teníamos garantías de que se pudiera ganar en los tribunales. Así lo hicimos, negociando y dialogando, y estamos a punto de firmar una adenda que soluciona toda la deuda”.
El consejero Franquis recordó que se ha logrado agilizar la tramitación de la Adenda tras la reunión mantenida en septiembre con la ministra de Hacienda y tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta entre ambos gobiernos celebrada en octubre, como reconoce el acuerdo aprobado ayer en el Consejo de Ministros: “La Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio acordó el pasado 4 de octubre la tramitación de una nueva Adenda al convenio vigente, que tiene por objeto redistribuir nuevamente las anualidades, incrementar el presupuesto del convenio para asumir el déficit de financiación derivado del convenio con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, suscrito el 31 de enero de 2006 y modificar el anexo de las actuaciones objeto de financiación”.
El Instituto Canario de Vivienda ha enviado a los 11 ayuntamientos donde se localizan los 23 ARRU afectados, las adendas que les permitirán finalizar este año unas obras encuadradas dentro del Plan Estatal de Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, y a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), gestiona con once municipios de las islas la tramitación de las prórrogas de un año que el Gobierno de España ha concedido para concluir los proyectos de rehabilitación y renovación de más de 3.500 casas del parque público de vivienda en el Archipiélago. El Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Vivienda autorizó, a petición del Ejecutivo canario, el pasado mes de febrero las adendas a 23 ARRU (áreas de rehabilitación y regeneración urbana) que están incluidos en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016 y que aún no han sido concluidas.
El ICAVI ha enviado las citadas adendas a los alcaldes de los once municipios afectados para que sean aceptadas y firmadas por los mismos, y una vez suscritas por los ayuntamientos firmarlas también por los cabildos implicados, por el propio Gobierno de Canarias y formalizar ante el Ministerio la prórroga de los 23 ARRU, una operación que garantiza a las administraciones municipales seguir disponiendo de los fondos ya aportados por el Estado y por el Ejecutivo regional para acabar las obras que aún no se han concluido.
En este Plan Estatal, que se financia con aportaciones de varias administraciones, el Ejecutivo regional ha invertido 13.968.969,85 euros en los últimos años, el 30% de los fondos, para fomentar la actualización del parque público canario.
Los municipios que se beneficiarán de esta prórroga de un año para finalizar sus proyectos de rehabilitación son los siguientes:
– En el municipio de Santa Cruz de Tenerife se prorrogan los ARRU del barrio de la Salud II, Barrio de la Victoria II, Barrio de Miramar III, Santa María del Mar III, García Escámez y Nuestra Señora de la Candelaria.
– En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el ARRU de La Vega de San José.
– En el municipio de Santa Cruz de La Palma, el ARRU de Urbanización de Benahoare.
– En el municipio de San Cristóbal de La Laguna, los ARRU de Princesa Yballa-La Florida, Francisco Javier Centurión, El Cardonal, El Cardonal II, La Verdellada IV y La Verdellada V.
– En el municipio de Telde, los ARRU de Valle Jinamar y Valle Jinamar II.
– En el municipio de Candelaria, el ARRU de Antón Guanche.
– En el municipio de El Tanque, el ARRU de El Lance.
– En el municipio de Vallehermoso, el ARRU de Casco histórico de Vallehermoso.
– En el municipio de Santa María de Guía, el ARRU de La Atalaya-Becerril.ZA
– En el municipio de Gáldar, el ARRU de La Montaña.
– En el municipio de Mogán, el ARRU de Caso Antiguo Los Riscos.
El consejero Sebastián Franquis ha recordado que la rehabilitación de vivienda es uno de los puntales sobre el que se ha elaborado el Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias que se firmó hace dos semanas, y que también jugará un papel protagonista en el nuevo Plan de Vivienda de Canarias.
“La rehabilitación de viviendas es uno de los ejes sobre el que se articula el Pacto y que también tendrá su reflejo en el Plan de Vivienda que se está terminando de elaborar, la rehabilitación entendida como fórmula para regenerar no sólo viviendas, sino barrios deteriorados, adaptar los edificios a las nuevas exigencias de accesibilidad y sostenimiento ambiental o incluso, para estimular un sector productivo tan importante como el de la construcción. Por eso en el ICAVI incluimos una partida de 4.000.000 de euros para fomentar nuevos ARRU en los municipios del Archipiélago”, aseguró Franquis.
