Logo del Gobierno de Canarias

ACTUALIZACION:El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública

Noticia actualizada el 15/11/2023 por obligación de comunicación de proyectos financiados con  fondos europeos

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Todo ello en el marco del componente 11 e inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la línea estratégica 1, relativa a la Administración orientada a la ciudadanía

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

 

Nota actualizada- Fondos Next Generation

 

Etiquetas

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

Etiquetas

Educación reconoce a los mejores alumnos y alumnas de Formación Profesional de grado superior de Canarias

Certificado diploma

La distinción constará en el expediente y en la certificación académica personal del alumnado que lo recibe, quien podrá optar al Premio Nacional

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha concedido los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior en la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes al curso 2019-2020 a 21 estudiantes. Con esta resolución se acuerda consignar esta distinción en el expediente académico y en la certificación académica personal de estas alumnas y alumnos, quienes podrán optar, previa inscripción, al Premio Nacional.

Con estos galardones se reconoce la trayectoria académica y profesional basada en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación del alumnado que finaliza dichos estudios, estableciéndose un procedimiento de selección de las personas candidatas con un doble nivel de concurrencia.

Existe un primer nivel en cada comunidad autónoma en el que se conceden los Premios Extraordinarios, que luego dan acceso a los nacionales.

Por este motivo, a fin de concretar ese primer nivel que da acceso al segundo nivel (el nacional), se han creado y convocados los que se otorgan en Canarias, que también tienen una periodicidad anual.

Relación del alumnado premiado

En la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, el premio recayó en Yoné Arteaga Gutiérrez, del CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur), mientras que en la de Administración y Gestión, fue para Yamileth Lorena González Fernández, del IES Santa Úrsula.

En Comercio y Marketing, se distinguió a Teodoro Gorrín Roberts, del IES Luis Diego Cuscoy, y en Edificación y Obra Civil, a Domingo Pinchiori Suárez, del IES Geneto.

Aarón Luis González, del IES San Marcos, se impuso en la categoría de Electricidad y Electrónica, mientras que Álvaro Gutiérrez Melián, del CIFP Zonzamas, lo hizo en Energía y Agua.

En la familia profesional de Fabricación Mecánica fue premiado Juan García Quintero, del IES Virgen de la Candelaria, y Federica Rubino, del CIFP Zonzamas, en la de Hostelería y Turismo.

En Imagen Personal, la vencedora fue Sandra Rodríguez Palenzuela, del IES María Pérez Trujillo, mientras que José Antonio Acosta Alonso, del IES La Guancha, se impuso en Imagen y Sonido.

Raquel María Arco Sarmiento, del CIFP Zonzamas, consiguió el primer puesto en Industrias Alimentarias, y Emmanuel Fernando González Aguirre, del IES Las Galletas, se hizo con la victoria en la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

En Instalación y Mantenimiento se impuso Cristo Regalado Machado, del IES Luis Diego Cuscoy, mientras que en Madera, Mueble y Corcho, el ganador fue Octavio Hernández Perera, del IES Ana Luisa Benítez.

Eduardo Teodoro Gonzalo Pérez, del CIFP Los Gladiolos, se alzó con la primera posición en la categoría de Mantenimiento y Servicios a la Producción, y Alba Victoria de León Hernanz, del IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, consiguió imponerse en Marítima-Pesquera.

En Química, el premio fue para Víctor Leite Dos Santos, del IES Politécnico de Las Palmas, mientras que en Sanidad se distinguió a Javier Romero Hernández, del CESUR Centro Superior de Formación Europa Sur.

En la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recibió el premio Francisco Alejandro Lázaro Santana, del IES Pérez Galdós, mientras que Miguel González Montesinos, del IES Virgen de las Nieves, obtuvo la distinción en la categoría de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Patricia Carmen González Fernández, del CIFP Las Indias, se impuso en Textil, Confección y Piel.

Etiquetas

La ACPMN verificó 3.481 restablecimientos efectivos del orden jurídico perturbado en Canarias entre 2001 y 2020

La Agencia de Protección del Medio Natural supervisó 250 restablecimientos durante el año 2020, entre reposiciones de la realidad física alterada y legalizaciones de lo ya ejecutado

En lo que corresponde a 2020, 121 casos correspondieron a infracciones de la Ley de Residuos, lo que representa casi la mitad de los expedientes restablecidos durante el pasado año

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha verificado en Canarias, desde el año 2001 hasta el año 2020, 3.481 restablecimientos efectivos del orden jurídico perturbado, distinguiendo entre legalizaciones  y restablecimientos de la realidad física alterada, forzosos y voluntarios. De esta cifra total, en 2.143 casos (62%) se trató de una reposición voluntaria, las reposiciones forzosas supusieron un 2%, con 87 expedientes; mientras que las legalizaciones sumaron 1.251, un 36% del total.

El responsable del departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que “por provincias, en Santa Cruz de Tenerife desde el año 2001 hasta el 2020 la ACPMN supervisó 2.318 expedientes de restablecimiento: 1.201 reposiciones voluntarias (casi un 52% del total), 1.061 legalizaciones de lo ejecutado (46%) y 56 reposiciones forzosas (2%). En la provincia occidental, fueron en el mismo período: 1.163 expedientes: 942 correspondieron a reposiciones voluntarias de la realidad física alterada (81%), 190 legalizaciones (16%) y 31 reposiciones forzosas, aproximadamente un 2% del total”.

Durante el pasado año 2020, la ACPMN verificó en 250 expedientes el efectivo restablecimiento del orden jurídico perturbado.

El trabajo de la ACPMN incluyó tanto la supervisión de aquellos casos en los que se repone la realidad física alterada, como aquellos otros en los que se comprueba la legalización de las obras ya ejecutadas. Estos datos aportados por el Servicio de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada fueron analizados durante la última reunión de los miembros del Consejo y la Asamblea de este organismo consorcial dirigido por Ángel Rafael Fariña.

De esta cifra, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, destacó cómo en 121 casos (48 en la provincia occidental y 73 en la oriental) se trató de infracciones a la Ley de Residuos, lo que representa  casi la mitad de los expedientes restablecidos durante el pasado año.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife se supervisaron el pasado año 149 expedientes de restablecimiento: 85 reposiciones voluntarias y 64 legalizaciones. En el caso de Las Palmas, se comprobó el restablecimiento de la realidad alterada en 101 casos, de los que 83 correspondieron a reposiciones voluntarias y 18 legalizaciones. En ninguna de ambas provincias se supervisaron el pasado año actuaciones de reposición forzosa.

Etiquetas