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Canarias triplica las resoluciones de discapacidad y reduce los tiempos de espera en todas las islas

Candelaria Delgado

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca en el Parlamento que las resoluciones pasan de 6.295 en 2023 a 17.265 en 2025 y que la lista de espera comienza a descender tras años de colapso

El Gobierno de Canarias ha logrado un cambio de tendencia en el sistema de reconocimiento de la discapacidad, con un incremento sostenido de resoluciones y una reducción de los tiempos de espera en todas las islas. Entre 2023 y 2025, el número de expedientes resueltos prácticamente se ha triplicado, lo que permite afirmar, por primera vez en años, que la lista de espera deja de crecer y comienza a bajar.

Entre 2020 y 2025 se registraron en Canarias 89.964 solicitudes de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad, frente a 67.271 resoluciones. Esta diferencia acumulada explica los retrasos de varios años que han sufrido miles de personas y sus familias. El punto más crítico se produjo en 2023, cuando entraron 19.757 solicitudes y solo se resolvieron 6.345, aproximadamente un tercio.

Así lo ha expuesto la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el Pleno del Parlamento celebrado hoy (martes 10), donde ha destacado que la situación se ha revertido: “La mejora es medible y sostenida y surge de la combinación de una normativa que simplifica la tramitación, una gestión digital basada en datos y un refuerzo efectivo de los equipos permite, por primera vez, resolver más expedientes de los que entran en todas las islas”, señaló.

Delgado explicó que el Gobierno de Canarias ha impulsado un conjunto de medidas estructurales orientadas a aumentar la capacidad del sistema y evitar que el atasco vuelva a reproducirse. “La primera ha sido la aprobación de un nuevo marco normativo, ratificado por el Parlamento, que permite el reconocimiento directo de determinados grados de discapacidad en supuestos claros, cuando existe un informe médico concluyente y la patología está prevista en la norma. Esta medida evita exploraciones innecesarias, libera agenda y permite concentrar el trabajo presencial en los casos más complejos, acortando plazos sin perder garantías”.

La segunda línea de actuación ha sido la modernización de la gestión. “El sistema cuenta ahora con una herramienta digital de tramitación que permite el seguimiento de expedientes en tiempo real y con cuadros de mando mensuales que miden entradas, resoluciones y carga pendiente. Esta gestión basada en datos permite detectar cuellos de botella y redistribuir recursos isla por isla, sin esperar al cierre anual”, detalló la consejera de Bienestar Social.

Asimismo, Candelaria Delgado explicó que la tercera decisión ha sido una reorganización de los equipos orientada a resultados, reforzando las unidades con mayor presión de expedientes —especialmente en Tenerife y Gran Canaria— y priorizando los expedientes más antiguos y los casos de mayor vulnerabilidad. El plan de choque se ha centrado de forma directa en reducir la lista de espera acumulada.

“Todo esto ha permitido mejorar la gestión y la atención a las personas”, señaló Delgado, que indicó que en 2023 se resolvieron 6.345 expedientes; en 2024, 11.420; y en 2025 se alcanzaron 17.265 resoluciones. El avance es especialmente significativo en el primer reconocimiento del grado de discapacidad, que pasa de 3.937 resoluciones en 2023 a 12.699 en 2025. Las revisiones también aumentan, contribuyendo a mantener el sistema actualizado.

Los avances se reflejan también en los tiempos de espera. En 2025, todas las islas mejoraron respecto a 2024 y el promedio regional baja a 565 días, frente a los 732 días de 2023. En ese sentido, Candelaria Delgado destacó que el sistema ha pasado de la acumulación estructural a una mejora medible y sostenida, resolviendo ya más expedientes de los que entran.

La igualdad territorial, otro eje clave.

El Gobierno ha consolidado equipos estables de valoración en islas no capitalinas como Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los cabildos, para evitar desplazamientos, reducir costes y garantizar una atención homogénea en todo el Archipiélago. Además, dentro del proyecto ITINERA, financiado con el Fondo Social Europeo y con una inversión anual de un millón de euros, se han puesto en marcha equipos itinerantes de valoración con el objetivo de agilizar y descentralizar el procedimiento.

Estos equipos, integrados por trabajadoras sociales, psicología, fisioterapia y personal administrativo, ya operan en municipios como Garachico, Santa Úrsula, San Miguel, Gáldar y Agüimes, con una previsión de atención a 11.500 personas. También se desplazan otros equipos a El Hierro, La Gomera y La Palma para garantizar la proximidad del servicio en todas las islas.

Por otra parte, la Consejería de Bienestar Social ha abierto oficinas permanentes en Lanzarote y Fuerteventura, de acuerdo con los cabildos de estas islas, para acelerar las valoraciones de discapacidad en estos territorios.

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El Ejecutivo refuerza la protección del derecho a la vivienda con un nuevo decreto que prioriza el arraigo

El consejero Pablo Rodríguez subraya que la norma impulsada por este equipo de gobierno con un nuevo decreto sustituye el sorteo por un sistema de adjudicación basado en criterios objetivos de necesidad

El nuevo marco introduce requisitos de arraigo y residencia para proteger el derecho de acceso a la vivienda de la población residente

Se refuerza el carácter social del sistema con mayores reservas para colectivos prioritarios

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado hoy en el Parlamento de Canarias el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y del régimen de adjudicación de viviendas públicas, destacando que la norma supone “un cambio jurídico de fondo” orientado a garantizar un acceso más equitativo, transparente y vinculado a la realidad social del Archipiélago.

Durante su intervención parlamentaria, el consejero ha indicado que el decreto convierte el Registro de Demandantes en un instrumento de planificación del acceso a la vivienda pública, dejando atrás su carácter meramente formal e incorporando el arraigo como requisito estructural del sistema mediante la exigencia de al menos cuatro años de vecindad administrativa para la inscripción.

Rodríguez ha señalado además que el nuevo modelo sustituye el sistema de adjudicación basado en el sorteo por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes, reforzando así la justicia social, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso a las viviendas protegidas.

El consejero ha destacado además que la norma refuerza los requisitos de residencia para acceder a la adjudicación de viviendas públicas, estableciendo la necesidad de acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias —o quince en caso de residencia discontinua—, así como una vinculación efectiva con el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo real en el territorio.

Asimismo, el decreto incrementa los porcentajes de reserva para colectivos prioritarios, ampliando el cupo destinado a jóvenes, personas mayores, personas con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda.

Con esta iniciativa normativa, el Gobierno de Canarias avanza en la modernización del marco jurídico de la vivienda protegida, consolidando un modelo que prioriza la necesidad habitacional, la equidad en el acceso y la función social del parque público de vivienda.

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Un nuevo protocolo permitirá distinguir los riesgos de la desaparición de un menor desde el primer momento

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, precisó que de las denuncias activas sobre las desapariciones de menores de los recursos de la administración, algunas se refieren a ausencias de horas o retrasos

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, precisó este miércoles que no todas las denuncias por desapariciones de menores de los centros y recursos del Gobierno tienen el mismo nivel de gravedad e insistió en la importancia de averiguar qué hay detrás de las desapariciones reincidentes. “Hablamos de 3.330 denuncias activas -matizó- que afectan a las desapariciones de 1.140 menores que efectivamente, en algún momento, han podido desaparecer, un fin de semana, llegan tarde, unas horas, días… Al no entender lo que hay detrás de las cifras se puede generar alarma”.

La responsable de Infancia realizó estas declaraciones antes de la inauguración de las de la jornada de formación sobre personas desaparecidas celebrada este miércoles con el personal de los centros y recursos de Tenerife y que el pasado martes tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Sandra Rodríguez destacó la importancia del nuevo Protocolo Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organizada por la Dirección general de Protección a la Infancia y Familias y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que se ha trasladado a cada responsable de los centros de acogida, y en el que se establece un conjunto de medidas que buscan ofrecer una respuesta ágil a las desapariciones de personas, en este caso, menores, diferenciando entre si se trata de una desaparición consciente o voluntaria, involuntaria o delictiva.

“Con este protocolo único -manifestó- contamos con un formulario para distinguir los riesgos de cada denuncia con lo que tendremos un feedback inmediato desde el momento que se presenta la denuncia. Es un paso muy importante para diferenciar qué situación se da en cada caso ya que no es lo mismo una ausencia o un retraso”. La directora también resaltó la agilidad de esta coordinación inmediata, que se va actualizando a medida que pasan las horas, y entre otras cosas permite comunicar también de manera inmediata cuando el menor ha regresado al recurso alojativo.

La iniciativa formativa, impartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organizada por la Dirección general de Protección a la Infancia y Familias y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha tenido como objetivo formar a cada responsable de los centros de acogida y protección de menores y facilitarles las herramientas para determinar la tipología de ausencia en que se encuentra la persona menor así establecer los canales de comunicación con las Fuerzas y cuerpos de Seguridad a través del formulario único de denuncias previsto en nuevo ‘Protocolo Unificado de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas’, aprobado mediante la Instrucción 13/2025, de fecha 13 de noviembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sandra Rodríguez recordó que “esta jornada forma parte de las estrategias del Gobierno de Canarias para formar a los trabajadores y trabajadoras de las entidades en diversos aspectos de la guarda de los menores. Así como se hacen cursos de prevención y detección de situaciones de vulnerabilidad como las violencias sexuales; en este caso se facilitan herramientas de actuación de cara a las posibles fugas. La colaboración con las distintas fuerzas del orden siempre ha estado presente, y esta organización conjunta de la jornada es una muestra más de ello”, aseguró.

En el transcurso de la jornada, dirigida a responsables de los centros de acogida de menores, se abordó los datos del Informe Anual de Personas Desaparecidas en España relativo al año 2024, así como se explicaron los procedimientos de desaparición de personas menores en el ámbito de las fuerzas de seguridad estatal y canaria, entre otros temas.

 

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Bienestar Social implica a las personas mayores en el diseño y gestión de las actividades de sus centros de día

La Dirección General de Mayores y Participación Activa recoge las aportaciones para llevarlas al Parlamento de Canarias y presenta el plan Maresía durante la reunión de la Junta de Mayores

La Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias ha celebrado hoy (martes 27) la reunión de la Junta de los centros de día de mayores de Tenerife en la que han tomado parte cerca de un centenar de personas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, asistieron al acto, donde informaron sobre el plan Maresía, que vertebra toda la actividad durante el presente año, y recogieron las aportaciones realizadas por los mayores para el diseño y gestión de las actividades en los centros de día.

Junta de los Centros de Día de mayores
La consejera y la directora en la junta

Candelaria Delgado señaló que “hemos mantenido este encuentro hoy en Tenerife -ayer se celebró en Gran Canaria- para implicar a las personas mayores en el diseño de las actividades, servicios y espacios en los centros de día. Les hemos presentado las actividades que contempla el plan Maresía y si están de acuerdo y se ajustan a los deseos que nos manifestaron, validan el trabajo que estamos haciendo y podremos llevar este Plan para su aprobación en el Parlamento de Canarias”.

También explicó que “estamos modificando la Ley del Mayor, que data del 97, y en muchos aspectos se puede mantener, pero en otros tienen que ser actualizados con la nueva normativa y queremos hacerlo en consenso con ellos con sus aportaciones”.

Verónica Meseguer fue la encargada de explicar el plan Maresía, así como las actividades que se desarrollarán en los veinticuatro centros de día y los aspectos como la app, pantallas digitales y el plan de infraestructuras. Además, se abordaron aspectos como los reglamentos y convenios de los centros.

“El plan Maresía integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias. Se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional”, señaló Meseguer.

“Nuestros objetivos son romper los estereotipos asociados al envejecimiento y sustituir la etiqueta de anciano por la de persona sabia, activa y vital. También promovemos la integración intergeneracional real, mediante experiencias compartidas con jóvenes, adultos y mayores”, resaltó. Asimismo, señaló que la Dirección General de Mayores y Participación Activa está actualizando los contenidos y formatos de las actividades dirigidas al mayor, conectándolos con las tendencias sociales, tecnológicas y culturales del presente.

“Queremos fomentar el sentido de pertenencia, orgullo y propósito dentro de los centros de mayores, como espacios vivos del pueblo y hacer real la participación activa del mayor en las políticas regionales. Se trata de empoderar a las personas mayores en su cuidado personal para aliviar la atención sanitaria y la dependencia ulterior, de tal forma que tenga una vida plena”, finalizó la directora general de Mayores y Participación Activa.

Los centros de día de mayores que han participado en la reunión son los de Santa Cruz de Tenerife (Isidro Rodríguez Castro y Santa Cruz II), Güímar, San Miguel de Abona, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos, El Hierro y Santa Cruz de La Palma.

 

 

 

 

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Bienestar Social firma el convenio de dependencia con El Hierro y completa así el trámite con los siete cabildos

La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado el último convenio que quedaba por firmar en el que se aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad, el convenio con el Cabildo de El Hierro. Quedan así firmados los siete acuerdos entre el Ejecutivo autonómico y las siete instituciones insulares.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

El Cabildo de El Hierro financia con este acuerdo 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas financiadas en 2025. La aportación de la CAC para las cuatro anualidades que contempla este acuerdo es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la aportación de la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera ya tienen firmados sus convenios de dependencia

La aportación total del Gobierno de Canarias solo para estos cuatro cabildos es de más de 600 millones de euros
La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad. A inicios de esta semana fueron firmados los de Lanzarote y Tenerife.

En total, y hasta el año 2028, los convenios suponen una inversión del Gobierno de Canarias de 604.183.389 €, que incluye la partida que con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2025 financiará plazas y servicios ofrecidos por los cabildos en las islas correspondientes, importe al que se suma la aportación de cada una de las administraciones insulares.

Desglosados por convenios, el de Fuerteventura implica la financiación de 308 plazas, de las cuales, en este 2025 hay 31 nuevas. Esto supone un total de 26.484.957,24 euros de aportación plurianual por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otro 21,94% del coste total de aportación insular.

En cuanto a Gran Canaria, este 2025 incluyó 722 nuevas plazas (298 de centros de días y 424 de centros residenciales) con respecto a las financiadas hasta 2024, por lo que cuenta con un total de 4.328 plazas financiadas a través de este convenio. La aportación de la administración regional a este convenio es de 433.647.844,61 euros, que se sumarán a los 181.632.769,42 euros de aportación insular hasta 2028, lo que supone el 29,52% del total de la financiación.

La Palma, por su parte, financia el 24,57% del total del importe del convenio, cuyo importe asciende a 159.598.971,71 hasta 2028 para financiar 1004 plazas (461 en centros de día y 543 en centros residenciales) y otros servicios. La comunidad autónoma soporta el 75,43% del importe de la financiación del convenio que, como se ha señalado, en todos los casos, también introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

En La Gomera, la financiación de la CAC asciende del 69,27%, con una aportación de 23.666.091,38 euros hasta 2028, para la financiación del coste de diversos servicios y un total de 236 plazas en 2025.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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El Gobierno de Canarias reabre el Centro de Mayores de Agaete tras invertir 195.000 euros en sus mejoras

Los trabajos han consistido en la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad, la adecuación de las instalaciones de baja tensión y la instalación del sistema de protección contra incendios

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reabierto el Centro de Mayores de Agaete (Gran Canaria) tras invertir unos 195.000 euros, aproximadamente, en sus mejoras. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, visitaron el centro para comprobar los trabajos realizados en la instalación, donde desarrollan numerosas actividades unas 560 personas mayores del municipio.

Candil indicó que “es una gran noticia que se reabra este centro tras llevar seis años cerrado tras solventar todos los problemas administrativos y de seguridad que obligaron a su cierre. No ha sido fácil porque nos encontramos dificultades, pero hoy podemos celebrar que la instalación ya cumple toda la normativa y puede ser disfrutada con seguridad por todas las personas mayores de Agaete”.

Por su parte, Verónica Meseguer señaló que “hemos trabajado de forma intensa para resolver los problemas administrativos y técnicos que tenía esta infraestructura. Para ello nos hemos coordinado con múltiples departamentos, empresas y organismos reguladores y hoy podemos decir que el centro ya está reabierto para las personas mayores”. Meseguer explicó que la intervención “se enmarca dentro del plan Maresía que hemos puesto en marcha a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias”. En concreto, la actuación se incluye en el tercer eje denominado ‘Plan de Infraestructura Espacios Seguros’, que tiene como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los 24 Centros de Día de Mayores de Canarias.

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario explicó que “es un día muy importante para el municipio de Agaete. Estamos en un lugar de encuentro donde se hacen muchas actividades y tengo que agradecer a la consejera, al viceconsejero y a la directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias el esfuerzo para abrir el centro lo antes posible.

“Este es un centro de día del Gobierno de Canarias y se ha reabierto antes de lo que estaba previsto porque pensábamos que era un problema que se iba a resolver, pero sé lo que han trabajado tanto el viceconsejero como la directora general para que hoy en día sea una realidad. Así que hoy es un día de agradecimiento y de felicitación y de alegría para nuestros mayores”, explicó la alcaldesa.

El Centro de Día de Mayores de Agaete ha sido objeto de una profunda modernización que incluye la adecuación y legalización de las instalaciones de baja tensión, la instalación del sistema completo de protección contra incendios, la instalación y legalización de ascensor para garantizar la accesibilidad y un estudio de viabilidad de placas fotovoltaicas.

La instalación fue cerrada en 2020 porque incumplía la normativa contra incendios y otros aspectos relacionados con la seguridad. Hasta hoy, el Ayuntamiento de Agaete había habilitado otros espacios para el desarrollo de las actividades de las personas mayores del municipio.

 

 

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Bienestar Social pone en marcha el equipo itinerante de valoración de la discapacidad de Gáldar

La Dirección General de Discapacidad también impulsa este servicio en los municipios de Garachico, San Miguel, Santa Úrsula y Agüimes. Los equipos están integrados por profesionales de trabajo social, psicología y sanidad y han recibido formación específica

 

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad, ha puesto en marcha hoy (lunes 22) el equipo itinerante del servicio de valoración de la discapacidad de Gáldar con el objetivo de agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que desplazarse de su municipio. La iniciativa se enmarca en el proyecto Itinera y está financiada a través del Fondo Social Europeo con una inversión anual de un millón de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Delgado explicó que el equipo de valoración está formado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo y señaló que “con este centro en Gáldar atenderemos a la comarca norte y en breve abriremos el de Agüimes para la comarca sur. Hemos creado estos equipos itinerantes, tanto en Tenerife -en los municipios de Garachico, Santa Úrsula y San Miguel- como en Gran Canaria -en Gáldar y Agüimes-, para acercar a las personas con discapacidad los servicios que presta la Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Discapacidad”.

“Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Gáldar y, especialmente a su alcalde, su implicación para poder poner este centro en funcionamiento que, además, está integrado dentro del centro de servicios sociales del ayuntamiento, con lo cual, si hiciera falta alguna información del propio ayuntamiento, pues lo tendría al lado”, aseguró Delgado. Además, la consejera de Bienestar indicó que “con esto cumplimos el mandato que nos ha dado el presidente, Fernando Clavijo, que es poner a las personas en el centro de la acción política. De hecho, se ha creado la Dirección General de Discapacidad en esta legislatura con el objetivo atender a las personas. Con estos equipos de valoración lo que logramos es acercar esos servicios y que las personas obtengan los beneficios que da el tener ese certificado de discapacidad”.

“Ya pusimos en marcha una experiencia piloto en El Hierro y La Palma y para el año que viene constituiremos esos equipos itinerantes que precisamente irán a poder bajar esas listas de espera que tenemos en el área de discapacidad y que nos permitirán, antes de terminar la legislatura, alcanzar los seis meses que establece la ley para obtener ese grado de discapacidad”, señaló Delgado.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, aseguró que “es un día importante para la comarca norte, no solo para Gáldar, que es quien acoge este servicio. En el norte de Gran Canaria siempre reivindicamos acercar la administración a la ciudadanía por la lejanía, por la orografía e incluso por el envejecimiento de la población y reclamamos que los servicios lleguen cada vez más a la comarca norte. Y agradezco a la consejera del área, a Candelaria Delgado y a su equipo, que ha tenido desde el minuto uno una predisposición, para llegar a todas las comarcas. En este caso, a la del norte con la infraestructura de Gáldar y al sur-sureste con la de Agüimes”. y evidentemente en la capital.

“La Administración avanza y no deja a la gente más débil atrás, sino todo lo contrario, poniéndolo en el eje, en el centro. Y repito que desde que el Gobierno de Canarias tocó la puerta del ayuntamiento pusimos nuestros medios y nuestras infraestructuras para acoger este servicio. Eso servirá para que los ayuntamientos del norte no tengan que desplazar a sus ciudadanos a Las Palmas para algo tan elemental como es una valoración de la discapacidad, lo que supone un avance para todos”.

Por su parte, Dulce Gutiérrez indicó que los equipos de valoración “también informarán a las personas con discapacidad de las acciones que se están desarrollando en la isla y de los servicios que se le pueden prestar a partir de que obtengan ese grado de discapacidad. Por eso es muy importante que esa información esté lo más cercana a las personas con discapacidad y, sobre todo, en este entorno de la zona norte de la isla de Gran Canaria”.

Equipos

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Itinera que permite la realización por parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, de entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes. Además, el personal realizará toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad. Cada equipo de valoración de la discapacidad está integrado por dos profesionales en materia de trabajo social, un psicólogo y un profesional sanitario que han realizado una formación específica para poder realizar su labor.

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El Gobierno felicita al Consejo de la Juventud tras su reconocimiento en los X Premios de Castilla y León

Este reconocimiento pone en valor su trayectoria en la defensa activa de los valores de la juventud, así como su papel como órgano de representación y participación juvenil

El Gobierno de Canarias felicita al Consejo de la Juventud de Canarias tras ser distinguido con un Reconocimiento Institucional en los X Premios Juventud de Castilla y León 2025, unos galardones convocados y organizados por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

El reconocimiento se entregó el pasado sábado en Baltanás (Palencia) y pone en valor el compromiso, la colaboración y la trayectoria del Consejo de la Juventud de Canarias en la defensa activa de los valores de la juventud, así como su papel como órgano de representación y participación juvenil.

Durante el acto de entrega, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Fernández, felicitó expresamente al Consejo de la Juventud de Canarias, destacándolo como ejemplo de compromiso, cooperación institucional y fortalecimiento del asociacionismo juvenil.

La Presidenta del consejo de la juventud de Canarias, Eliana Parrilla, recibió el premio
La Presidenta del consejo de la juventud de Canarias, Eliana Parrilla, recibió el premio

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señala que “este reconocimiento supone un orgullo para Canarias y un respaldo al trabajo que se realiza desde el Consejo de la Juventud de Canarias como espacio de participación, diálogo y representación de las personas jóvenes”.

Delgado subraya que “el Gobierno de Canarias mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento del Consejo de la Juventud como interlocutor clave en la construcción de políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de la juventud”.

Por su parte, el director general de Juventud, Daniel Morales García, destaca que “este reconocimiento institucional refuerza el valor del trabajo que desarrolla el Consejo de la Juventud de Canarias y supone un impulso a su trayectoria en la promoción de la participación juvenil, el asociacionismo y la cooperación institucional”.

Morales añade que “desde la Dirección General de Juventud seguimos trabajando de la mano del Consejo de la Juventud de Canarias, convencidos de que el diálogo estructurado y la colaboración institucional son herramientas fundamentales para avanzar en políticas de juventud más eficaces y participadas”.

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Bienestar Social impulsa un cambio estructural en el reconocimiento de la discapacidad y reduce la lista de espera

La nueva normativa, la digitalización del procedimiento y el refuerzo de los equipos permiten resolver más expedientes de los que se reciben en 2025

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en esta legislatura un cambio profundo en el sistema de reconocimiento de la discapacidad, orientado a garantizar derechos que no pueden seguir esperando y a dar respuesta a miles de personas que llevaban años pendientes de una resolución administrativa.

Así lo han explicado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, durante el foro ‘Canarias accesible. Conectando personas. Eliminando barreras’, un espacio de diálogo sobre inclusión y accesibilidad en la sociedad canaria’ celebrado hoy (jueves 18).

En el encuentro también han participado el secretario de la FASICAN (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias), Rony Ramos; el vicepresidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN-CANARIAS), Fernando Rodríguez; el director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Déniz; y el presidente provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Heliodoro González.

Candelaria Delgado repasó todas las acciones que se han desarrollado desde el área de discapacidad como la puesta en marcha de equipos itinerantes de valoración, la Aplicación que permite llevar el certificado de discapacidad en el móvil con la que “ya más de 137.000 personas pueden acceder a su grado de discapacidad sin tener que llevar su resolución en papel”, la instalación de más de 200 bucles magnéticos en centros públicos y 75 sillas anfibias a través de los fondos Next Generation, y destacó  “la puesta en marcha de un decreto de simplificación administrativa que va marcar un antes y un después y va a suponer que las personas con discapacidad accedan antes a sus derechos” así como la Ley de accesibilidad que ya se está tramitando en el Parlamento de Canarias.

Candelaria Delgado manifestó que “desde el Gobierno de Canarias estamos trabajando desde el minuto uno para poner la discapacidad en el centro de la acción pública y lograr la plena inclusión”.

La consejera adelantó que Canarias será la sede el próximo año del congreso estatal del CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad.

Por su parte, Dulce Gutiérrez señaló que “al principio de la legislatura encontramos una situación bastante complicada era un área opacada por otras direcciones generales y había que poner los cimientos para avanzar.” La directora puso en valor todas las medidas adoptadas desde la creación de la Dirección General de Discapacidad y reconoció que “lo importante es saber cuál es la visión del colectivo de las personas con discapacidad y las entidades que trabajan con ellas y yo creo que el balance es positivo, hay muchísimo por hacer, pero teniendo en cuenta de donde partíamos, el avance ha sido importante”.

Entre 2020 y 2025, el sistema canario de reconocimiento de la discapacidad recibió cerca de 90.000 solicitudes de reconocimiento o revisión de grado. Durante ese periodo, y especialmente en los años previos al cambio de legislatura, se resolvieron menos expedientes de los que se presentaban, lo que provocó un incremento continuo de la lista de espera. En 2023 se registró el peor dato de la serie histórica, con apenas un tercio de solicitudes resueltas y meses sin valoraciones activas.

Desde julio de 2023, el Ejecutivo autonómico ha abordado esta situación como una cuestión de derechos y no como un problema meramente técnico. Una de las primeras decisiones fue la creación de una Dirección General específica de Discapacidad, con el objetivo de afrontar el problema de forma estructural y alineada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el nuevo baremo estatal aprobado en el Real Decreto 888/2022.

El principal punto de inflexión llegó con la aprobación y convalidación parlamentaria del nuevo Decreto-ley canario de discapacidad, que supone un cambio de modelo. La norma persigue tres objetivos fundamentales: reducir de forma drástica los tiempos de espera, modernizar el procedimiento mediante herramientas digitales y garantizar criterios homogéneos en todo el territorio.

Por primera vez en Canarias se establece un procedimiento especial que permite el reconocimiento directo de determinados grados de discapacidad —33 %, 65 % o 75 %— cuando existe un informe médico concluyente y la patología figura en el anexo correspondiente. Esta medida evita exploraciones innecesarias, optimiza el trabajo de los equipos de valoración y acelera la activación de los derechos asociados. El modelo ha sido reconocido por el Estado y ha despertado el interés de otras comunidades autónomas.

El decreto incorpora además criterios de prioridad más amplios y justos. La atención preferente se extiende ahora a menores y adolescentes hasta los 18 años y se incluyen de forma expresa las situaciones sociales graves, reconociendo el impacto añadido de la discapacidad cuando se combina con pobreza, desempleo o fragilidad familiar.

La reforma normativa se ha acompañado de una modernización integral de la gestión. Actualmente, más de 137.000 personas en Canarias pueden acreditar su discapacidad a través de una tarjeta digital accesible desde el teléfono móvil, con código verificable y sin necesidad de certificados en papel. El procedimiento se ha digitalizado de principio a fin, incorporando sistemas de seguimiento en tiempo real y cuadros de mando mensuales que permiten analizar entradas, resoluciones y cuellos de botella con datos objetivos.

Asimismo, se ha reforzado y reorganizado a los equipos de valoración, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde se concentraba la mayor bolsa de espera, y se han activado planes de choque para resolver los expedientes más antiguos y los casos de mayor vulnerabilidad. La igualdad territorial ha sido otro eje prioritario, con el despliegue de equipos itinerantes como el programa ITINERA y la consolidación de equipos estables en islas no capitalinas, en coordinación con cabildos y ayuntamientos.

La política de discapacidad del Gobierno de Canarias se ha extendido también al ámbito de la accesibilidad y la inclusión. Gracias a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se han instalado más de 250 bucles magnéticos en espacios de atención al público, se han adquirido sillas anfibias para playas accesibles y se ha reforzado la colaboración con el tercer sector, con una inversión superior a los 4,8 millones de euros en 2025, duplicando el número de proyectos financiados con cargo al IRPF.

Los resultados comienzan a ser visibles. En los primeros diez meses de 2025 se han resuelto muchos más expedientes de los que han entrado, con un saldo positivo superior a 6.500, lo que ha permitido iniciar, por primera vez, una reducción efectiva de la lista de espera.

El Gobierno de Canarias reafirma así su compromiso con una política de discapacidad basada en la simplificación de procedimientos, la prioridad real, la gestión con datos y la garantía de que ningún derecho dependa del lugar de residencia.

 

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